A las 7 de la noche del viernes 31 de marzo, en plena vorágine de la cruzada anticorrupción desatada desde el 17 de marzo, Jorge Rodríguez tuvo tiempo para bautizar su segundo poemario, que tituló Río Quemado y dedicó a la memoria de su padre asesinado.
De verbo encendido e incendiario desde lo más alto de la Asamblea Nacional (que preside), Rodríguez agradeció con palabras de poeta a los asistentes al acto celebrado en los jardines del Capitolio por ese “río de ternura” con que lo acompañaron. Allí estaba su hermana Delcy, Vicepresidenta de la República; un poco más allá, el también poeta Tarek William Saab, atareado Fiscal General en lucha sin cuartel contra conspiraciones de todo tipo y devenido en declamador de oficios jurídicos. Una muestra de la cooperación entre altos poderes públicos del Estado -aunque sea para desconectar-, de la que se ufana Saab y que asegurará -lo ha dicho él, rostro de piedra, mirada en el horizonte- el éxito contra la “más escabrosa” trama jamás enfrentada.
El día antes, Nicolás Maduro, a quien todo el liderazgo en pie de la revolución bolivariana reconoce al frente de la cruzada, como el Cid Campeador con la espada blandida contra los infieles, envió en la noche antes de irse a la cama a ver si pega un ojo ante tanto supuesto o verdadero sobresalto, el siguiente mensaje: “¡Pueblo de Venezuela! Lo reitero: Nervios de acero, calma y cordura y máxima conciencia popular. A los corruptos los vamos a castigar con el poder de la justicia y la ley. ¡Sea quien Sea! ¡Caiga quien Caiga¡ No permitiremos que se le robe al pueblo”, escribió en Twitter.
“El abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, identifica una manera de actuación del Estado que evidencia que el sistema no está diseñado para cumplir la Constitución. ‘Es una falla estructural’, comenta”
El pueblo en verdad ya fue robado porque de lo contrario no habría corruptos, ni necesidad de castigo, aunque sí, señor Maduro, nervios de acero para soportar cada día de privaciones y desamparo ante la ley y el Estado. Nervios de acero para salir a la calle o prender la tele y enterarse, o medio enterarse, de lo que ocurre.
Un viejo conocido en los ambientes revolucionarios, el militar bolivariano Rafael Isea quien participó junto a Hugo Chávez en la fallida intentona golpista del 4 de febrero de 1992, luego gobernador de Aragua -cargo que después ocupó Tareck El Aissami– y ahora en el exilio tras declarar como testigo protegido de la DEA, no cree ni una sola proclama heroica de la cruzada de Maduro, y ha atosigado a preguntas al Fiscal Saab.
“Ciudadano fiscal general (escrito en minúscula en la cuenta de Twitter de Isea), otra duda. Los detenidos e imputados por corrupción están alojados en el piso 11 del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia). Comen a la carta y hasta socializan. Es esto normal? Por qué no están en celdas mientras esperan juicio? Qué hacen allí? “.
Lo de Isea no hay que tomarlo al pie de la letra, sin embargo es muy posible que aún conserve contactos discretos e informados en las altas esferas del poder. Lo que nos muestran en cámara, con uniformes anaranjados, quizás sea detrás del escenario otra cosa.
Hay evidencia de tratos privilegiados, que han estado a la vista de todos. Aunque a los detenidos se les ha humillado de palabra -“alimañas, criminales y desfachatados”, los ha llamado el Fiscal poeta, extralimitando verbo y rol-, durante el acto de presentación fue visible que no estaban esposados, algunos ponían sus manos en la espalda para que pareciera tal cosa. ¿Un fingimiento acordado con sus captores?
Un trato que contrasta con el de cualquier otro imputado: por ejemplo, la jueza María Lourdes Afiuni, quien además de haber sido detenida arbitrariamente y condenada por un delito inexistente, era esposada cada vez que era llevada ante el tribunal. O el de esa señora en Guaparo, Carabobo, que se robó un kilo de arroz y una lata de sardinas y fue reseñada y fotografiada de espalda con sus manos esposadas.
Los detenidos por la cruzada anticorrupción no fueron, además, presentados en tribunales sino en un lugar especial identificado como Coordinación de Operaciones Aeronáuticas, adornado en su interior con sillas como de fiesta de cumpleaños como mostraron las imágenes de Venezolana de Televisión. Tampoco se conocieron los nombres ni la cantidad de los detenidos hasta días después de efectivamente ser apresados.
¿Por qué?, ¿no estaban seguros de a quiénes detenían o había algunos con algún fuero o protección especial? De hecho la asociación civil Acceso a la Justicia llama la atención acerca de que fueron privadas de libertad 23 personas pero habían sido detenidas 25. Isea le pregunta al Fiscal por un ciudadano identificado como Fernando Bermúdez quien habría sido detenido pero no presentado.
La trama 31
Cuando el fiscal Tarek William Saab dio su rueda de prensa el pasado 25 de marzo para informar sobre la modalidad del caso que llamó PDVSA-Cripto, hizo un recuento de las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público desde agosto de 2017 que abarcó treinta (30) tramas de corrupción. Todas sin excepción vinculadas a la industria petrolera.
Saab observa donde hay un desfalco -cuya magnitud se desconoce- un “control sistemático” del Estado. Y da resultados de sus pesquisas: 194 personas judicializadas, 75 condenadas. Y luego, una pregunta: “¿Qué otro país puede mostrar cifras de este nivel?”, dijo, como un desafío a una audiencia de periodistas con derecho limitado a preguntar.
El Fiscal -que en sus tiempos de ciudadano de a pie dijo ser defensor de los Derechos Humanos- cree que la sola formulación de la pregunta basta para probar la pulcritud del Estado venezolano o, al menos, del Ministerio Público que dirige.
La respuesta es ningún otro país, señor Fiscal. Tiene usted razón. Ninguna nación puede soportar cinco tramas de corrupción por año en la industria de la que depende la salud financiera y el bienestar de su pueblo. Eso solo puede ocurrir en una, la que todos sabemos: Venezuela. Las consecuencias están a la vista de sus ciudadanos y de todo el país. Del mundo. Como decía el “comandante eterno”: “de quien quiera ver”.
Incluso son más de cinco tramas de corrupción por año, porque la 31, así la enumeró el propio Fiscal, está en plena marcha y frente a la cual Saab anuncia la “batalla histórica” nunca antes librada, “la más clara, dura, difícil y peligrosa” batalla. ¿De qué nos estamos perdiendo, señor Fiscal?, ¿con qué seremos sorprendidos los próximos días?
El Fiscal hizo un encomiable esfuerzo para tratar de transmitir la idea de que es cierto que hay una “inmundicia” en alguna parte del sistema, que causa un daño terrible en las circunstancias que vive el país -eso dijo- pero por encima de todo está el afán investigativo y fiscalizador del Ministerio Público que no impidió un nuevo robo -eso no lo dijo- que involucra a personajes de los tres poderes tradicionales: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, además de la lastimosa empresa petrolera que opera como una taguara, sin el mínimo control administrativo, sin normativas, ni garantías.
Saab también intentó presentar los hechos alejados de cualquier color político. Y, prueba de ese intento de imparcialidad, nombró los colores: “no es una corrupción blanca, morena, trigueña, gris, no, no… todas son execrables”. ¿Inclusive el rojo, señor Fiscal? Qué difícil es dar con ese color.
Cuando el Fiscal General relató los hechos de la nueva trama de corrupción -la 31 en seis años en la industria petrolera, no hay que olvidarlo- la Fiscalía y los órganos auxiliares de justicia -en este caso la Policía Nacional Anticorrupción, un cuerpo sin rostro, amparado en el secretismo de sus actividades- ya habían incurrido en nuevas violaciones a la ley en relación a los detenidos, sean finalmente culpables o exonerados.
El abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, identifica una manera de actuación del Estado que evidencia que el sistema no está diseñado para cumplir la Constitución. “Es una falla estructural”, comenta. En el caso de PDVSA-Cripto, Acceso a la Justicia advierte varias razones que hacen dudar de las acciones ejecutadas y presentadas por el Estado.
Una primera razón es que toda persona detenida en flagrancia deber ser llevada ante la autoridad judicial en las siguientes 48 horas, tiempo que se estiró a más de una semana; tampoco se respetó el principio de la presunción de inocencia, porque antes de la realización del juicio el Fiscal ya afirmó que le caerían a los imputados la máxima pena y, además, se violó el debido proceso, que implica para los señalados la posibilidad de defenderse y de conocer de qué se les acusa. Daniels tampoco deja de lado el intento de banalizar el proceso de supuesta lucha contra la corrupción con el protagonismo de las “muñecas de la mafia”, así las llamó Saab, que no son causa sino consecuencia del deterioro moral y administrativo.
En un país en el que se restringe el acceso a la información y se castiga su divulgación; en el que ningún poder es independiente y menos el judicial; es el Estado desde el poder Ejecutivo, desde la Asamblea Nacional, desde los altos mandos militares el que ordena y dirige las investigaciones, señala a los responsables, los detiene y tipifica los delitos y establece la verdad y las penas antes de que comience el juicio. Es la muerte de las leyes, la Constitución y la democracia.
Una verdad establecida por el Fiscal en esta mega trama que salta de un poder a otro del Estado es que el “jefe principal de la estructura de corrupción” es Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA. Un coronel del Ejército -este dato no lo mencionó Saab- que ha ejercido cargos en la administración pública desde 2014. Habría recibido 18 nombramientos oficiales, de acuerdo al sitio web Armando.info. No hay que preguntar por Tareck El Aissami: está exonerado. ¿Será el principal cantante de la presentación PDVSA-Cripto? Hay mucho por saber que tal vez nunca se sepa.
“Son unos traidores”
Los detenidos en la primera fase de investigación fueron imputados por los delitos de apropiación o distracción de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación, y valimiento de relaciones o influencias. En el caso de quienes actuaban como funcionarios públicos se les añadió el delito de traición a la patria que, efectivamente, establece una pena de hasta 30 años de prisión. La más dura de todas.
Establecido en el artículo 128 del Código Penal, la traición a la patria que se le aplicaría a “Cualquiera que, de acuerdo con una Nación extranjera o con enemigos exteriores, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o la hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de veinte a treinta años”.
Nada en la argumentación de Saab en la presentación del caso conduce, en principio, a establecer una relación entre los imputados y lo expresado en el referido artículo del Código Penal. “Son unos traidores”, dijo Saab, sin citar el texto legal, ni advertir las implicaciones que tiene la letra de la ley.
El delito de traición a la patria exige, de acuerdo a la interpretación de Acceso a la Justicia, que haya una nación o enemigo extranjero involucrados. “No basta con causar daño al país, tendría que hacerlo en beneficio de otro país. Habría que probar que existió una connivencia con ese Estado”, explicó Daniels.
El expediente de traición a la patria también se esgrime -y Saab no lo olvidó en su comparecencia del 25 de marzo- contra quienes participaron en el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. En el lenguaje de Saab, en su rol de Fiscal, no de poeta, el gobierno interino es “una banda criminal” contra la que el Ministerio Público ha abierto 22 investigaciones por los siguientes delitos:
-Usurpación de funciones
-Legitimación de capitales
-Terrorismo
-Tráfico de armas
-Corrupción y asociación
-Traición a la patria
También en este caso, el Fiscal dispone de cifras: han sido emitidas 288 órdenes de aprehensión, 129 personas han sido detenidas y acusadas, 13 personas están con solicitud de extradición, 63 personas han sido condenadas, se han practicado 137 allanamientos y se han realizado 149 incautaciones. El gobierno interino está en la mira del Fiscal del régimen. ¿Llevará un caso al otro?, ¿tiene o no tiene color político la cruzada anticorrupción?