Ante el evidente e irrefutable fracaso del país en manos de un Estado concentrado, centralizado y totalitario, no queda más que comenzar a pensar en el abrupto camino que implica desestatizar o en otras palabras entregar el poder a la ciudadanía y convertir el superpoderoso Estado en una entidad a su servicio.
El peligro surge de las entrañas de la tierra ante la aspiración de transformar nuestro país en otro, regido por un contrato social con el poder en manos de una ciudadanía responsable dotada de la fuerza necesaria para derribar toda la estructura de privilegios que concentran los presidentes de esta República y sus aliados de turno. Es como llegar a la madurez política, después de haber vivido una adolescencia irresponsable en la cual ocurren episodios asombrosos, tal como el más reciente: ¿Es notable que persiste una duda sobre el desfalco en PDVSA, 3 mil millones de dólares o 21 mil millones de dólares? Eso lo sabremos pronto, pero ya es una faena cumplida por aquellos que actúan sin que se les impongan controles, sin presión para rendir cuentas. Este enorme desfalco se abre con visos de ser más una maniobra electoral, propagandística y no expresión de un legítimo afán por poner orden y restaurar heridas.
“Este enorme desfalco se abre con visos de ser más una maniobra electoral, propagandística y no expresión de un legítimo afán por poner orden”
Me inclino fuertemente ante el fraude como maniobra propagandística. El afán repentino de descubrir actos delincuenciales está muy acotado, limitado a los que no son familia y allegados íntimos. El monto es muy escandaloso para un país que le concede a los ciudadanos un salario mínimo de 5 dólares. Es imposible que el desfalco fuese ignorado dentro de un régimen lleno de desconfianza, zancadillas, envidias y etc., etc.
La desestatización es un camino muy difícil, impostergable como tarea insoslayable para los ciudadanos que aspiran vivir en democracia. Debería empezar por la economía. Plantear los límites de la intervención del Estado en el proceso económico versus la capacidad de controlar los procesos a través de sus más legitimas instituciones: productores, consumidores, industriales, agricultores, comerciantes, científicos, servicios y todos los que intervienen en la generación de riqueza. En Venezuela, las empresas producen y el Estado entraba, multa, saquea, expolia, aplica maniobras corruptas para apoderarse de tajadas. El principal enemigo de los que producen es el funcionario público del Estado rapaz que solo persigue apoderarse de una porción de lo producido, sin importarle el bienestar ciudadano. Este poder lo tiene el Estado por el carácter de responsable de la economía que le otorgan nuestras leyes. Habría que trasmitir a los venezolanos la necesidad de realizar una enmienda o cualquier otro procedimiento jurídico que anule lo pautado en los Artículos 302 y 303 de nuestra Constitución:
Artículo 302: “El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico”.
Artículo 303: “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.”.
El bienestar de la sociedad no depende de la existencia de un Estado dueño, controlador, receptor y distribuidor de la riqueza nacional como lo es en la práctica, amparado por estas leyes. Esta es una función indelegable de las instituciones ciudadanas bajo una definición estratégica que coloque todos los beneficios en favor de la población en tiempo presente y futuro.
Desestatizar introduce otro tema candente: ¿Cómo avanzar hacia un modelo de gobierno que garantice deberes, derechos ciudadanos y actúe en pro de un bienestar derivado de la participación de la ciudadana en su construcción? Un régimen distinto que respalde la fundación de un nuevo modelo que elimine el hiperpresidencialismo, obligue la rendición de cuentas a la ciudadanía y funde el equilibrio de poderes necesarios para garantizar la democracia, condiciones imprescindibles para alcanzar una jefatura de Estado con legitimidad electoral, poder político real, y competencias efectivas, con clara limitación de sus facultades y un equilibrio estable entre los distintos poderes (Gerardo Fernández).
Los candidatos en las futuras elecciones primarias pueden abrir el debate ante la opinión pública, comenzar a preguntar: ¿Estoy de acuerdo con tener un presidente que gobierne sin límites y controles, que discrecionalmente elija a sus colaboradores del seno de sus parientes y camaradas ideológicos?, ¿favorece a los ciudadanos que el Poder Judicial y Legislativo no sean interdependientes, que los jueces sean mandaderos y el Tribunal Supremo de Justicia una oficina que cumpla órdenes?, ¿cuál es la verdadera función de las Fuerzas Armadas, es un cuerpo protector del presidente y sus cofradías o es una institución que defiende la democracia, el territorio y otorga seguridad a los ciudadanos?, ¿cuál es el leitmotiv del discurso del ministro de Defensa, defender la democracia y las libertades o amenazar a la oposición invocando una condición de veto a la alternabilidad política?, ¿las FAN son comunistas -sin patria- o venezolanas, a quién sirven, qué protegen?
Y, lo más realista: ¿Por qué Venezuela está arruinada? Millones de venezolanos huyendo, soportando agravios, indefensos, victimizados, con muy escasas oportunidades de cumplir sus expectativas en un mundo difícil, áspero, mayormente hostil para todos y más para los que carecen de raíces en otras tierras. Permanecemos inermes ante la fuga de gente desesperada conveniente al régimen al aliviarle las cargas y demandas sin hacer nada para detenerlo. Por el contrario, lo alienta con desidia y maltrato y solo pone una demagógica oferta de ‘plan regreso’, sin alternativas de cambio.
Y, dentro del país, todos aquellos que quieren continuar produciendo, manteniendo sus empresas en pie, sometidos día a día a todo tipo de sanciones, chantajes, medidas coercitivas, cometidas por un funcionariado lleno de reconcomio hacia aquellos que se mantienen produciendo. La viabilidad de la desestatización se vincula directamente con la inquietud de los ciudadanos de responder estas preguntas, conocer, responsabilizarse y buscar alternativas ante una manera de gobernar que anula la presencia del ciudadano y la civilidad.
Sí, debemos reconocer que desestatizar es una tarea difícil porque siempre hemos vivido bajo la égida de un Estado dueño de la riqueza, gran distribuidor, controlador de todo, hasta de la educación. Hoy decidió arruinar el sistema de universidades autónomas y crear una estructura paralela que engaña a la juventud ofreciendo títulos desvalorizados interna e internacionalmente, mata de hambre a maestros y egresados y propicia su expulsión. Un régimen corrupto, sin controles, enriqueciendo ilícitamente a personas y grupos sin límites éticos.
Estos interrogantes, y la consecuente toma de conciencia de los venezolanos, tornan imprescindible iniciar el proceso de desestatización y limitación de la intromisión del Estado en todos los órdenes de existencia del país: en la economía, la educación, la propiedad, la cultura, la libertad, y en nuestras vidas. Hay que forcejear para liberar los medios de comunicación de la apropiación y control público. A la par, desmilitarizar la función pública restituyendo los cuerpos armados a la posición que les corresponde constitucionalmente. Esforzarse en la educación ciudadana sobre el verdadero rol del Estado, como servidor público, reconocer sus reales ámbitos de participación, los límites y controles que deben existir sobre el poder público, la responsabilidad ciudadana en la preservación y cumplimiento idóneo de las funciones de un Estado democrático, en la legitimidad y transparencia de los procesos electorales. Divulgar y hacer público el conocimiento del genuino rol de la Fuerzas Armadas, tanto a nivel general de la ciudadanía como al interior de los cuerpos armados.
Como síntesis de estas aspiraciones que debemos compartir, sin alternativas, hay que avanzar a un nuevo Contrato Social que garantice la unidad nacional en torno al respeto a los derechos y obligaciones ciudadanas que coloque al Estado y sus instituciones como servidores de la nación. Insistamos para que nuestros candidatos a participar en las elecciones primarias nos hablen de reales y profundas aspiraciones, busquen respuestas a las preguntas candentes, expongan ideas de cambio verdadero y con ello impulsen un proceso indetenible de desestatización.