Hace pocos días recordábamos a Jairo Ortiz, un joven estudiante de 19 años que, en 2017, fue la primera víctima de la violenta, criminal y salvaje represión de los grupos (oficiales y parapoliciales) que Nicolás Maduro envió para acabar con las protestas que duraron meses ese año. Jairo fue el primero, pero después lamentablemente le siguieron más de 150 inocentes, además de miles de presos, heridos y perseguidos por ese aparato propio de los regímenes de terror de las dictaduras más crueles del cono Sur del siglo pasado, pero potenciado. Actualizado. Mejorado (para el mal).
El recuerdo de esos tiempos para los -muchos- que participamos, nuestras familias, los reporteros que cubrieron (en calle y oficina) y los defensores de derechos humanos que han escuchado, escrito y relatado cada historia, no se borra. Simplemente no podemos olvidar. Y está claro que es así pues la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS por sus siglas en inglés) de la Corte Penal Internacional (CPI) recibió más de 2.000 formularios y videos con las opiniones y observaciones de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Cantidad inusual para este tipo de casos.
Todo ello llevó a que, en documento fechado el 31 de marzo de 2023, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a cargo de Karim Khan, solicitara a la Sala de Cuestiones Preliminares la reanudación de la investigación sobre la Situación de Venezuela. El documento de 22 páginas deja claro -de nuevo- que se cometieron crímenes de lesa humanidad en el país. En su investigación, la Fiscalía afirma que “miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada”. Habló de torturas y violencia sexual incluida la violación. Las víctimas, describe el documento, fueron sometidas a “palizas, asfixia, casi ahogamiento y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.
Recordemos: Hablamos de crímenes de lesa humanidad porque se trata de un plan sistemático ordenado por la cabeza del régimen (Nicolás Maduro) y ejecutado por cuadros altos, medios y bajos. La “cadena de mando” bien descrita por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela.
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Al doloroso recuerdo de los asesinatos de 2017, que cada abril se hace más fuerte, lo acompañó otra dramática situación que hasta la fecha no tiene respuestas. El pasado 27 de marzo, 39 migrantes fueron encerrados arbitrariamente en celdas en Ciudad Juárez (frontera entre México y los Estados Unidos) por autoridades mexicanas. Las mismas autoridades que, cuando comenzó un incendio, los dejaron allí, quemándose vivos. Fue un crimen de Estado, pues. Uno en el que murieron siete venezolanos y donde el Gobierno (el que dice ser “nuestro gobierno”) no dio una nota de condolencias ni exigió una respuesta a las autoridades correspondientes. Uno en el que Andrés Manuel López Obrador decidió culpar a las víctimas. Siempre son los otros según la izquierda autocrática. ¿Ellos? Ellos nunca.
Nuestra migración, que es la segunda más grande del mundo, no solo no ha parado, sino que pareciera aumentar nuevamente, pero ahora con los países cerrándonos las puertas y con otros tantos creyendo la mentira de “Venezuela se arregló”. Sí, esa propaganda hace más daño de lo que muchos creen. De acuerdo con datos de la Dirección de Migración Panamá, 30.250 venezolanos cruzaron la Selva del Darién en el primer trimestre de 2023. Más de 10.000 por mes, más de 300 por día, 14 por hora. Ese es el cálculo de nuestro dolor.
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A todas estas desgracias hay que sumar las que le suceden diariamente a la gran mayoría de los venezolanos dentro del país, por diseño político. Porque sí, la Emergencia Humanitaria Compleja (que inició mucho, mucho antes de las sanciones) es decisión de quienes mantienen -de facto- el poder. Han creado su propia élite (o “nueva clase”) que vende la Venezuela inexistente y necesitan al resto de la población sometida. Es el manual. Es el sistema. Es su forma de perdurar en el tiempo a pesar de no contar con el apoyo de la gente que ya desde 2015 saben, con certeza, perdieron.
Por eso deciden, también, atacar a las ONG. A todas, pues, aunque los golpes son más duros contra aquellas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, la ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines, o simplemente “Ley Anti-Sociedad”, busca acabar con cualquier forma de asociación. El objetivo es aislar a la ciudadanía. El modelo que hoy se gesta lo estamos viendo ya en Nicaragua.
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Todo esto sucede en medio de una persecución interna dentro de la cúpula del poder. Una “Purguetta” (mezcla de purga con vendetta), lo catalogó Milagros Socorro, o el “Escándalo en la cueva de Alí Babá”, lo tituló César Miguel Rondón. Claro que, para la fecha, ya sabemos que los 40 ladrones quedaron ampliamente superados.
La feroz campaña “anticorrupción” (así, entre comillas) emprendida por el régimen de Maduro tiene un blanco claro: Tareck El Aissami, hasta hace poco Ministro de Petróleo y uno de los hombres más poderosos del chavismo. Todo o casi todo su entorno ha sido detenido o está siendo buscado dentro y fuera del país. ¿Qué hay detrás de todo esto? Todavía hay mucho por ver, pero claramente acabar con la corrupción no es, pues esta estructura creada por Hugo Chávez y profundizada por el heredero “pleno como la Luna llena” no es posible si no es corrupta, si no es mafiosa.
“Se ha escrito sobre la migración, que de acuerdo con la Plataforma R4V ya supera los 7,2 millones de connacionales (lo que es igual a dos veces la población de Uruguay, Puerto Rico o Qatar)”
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (2022), Venezuela es el país más corrupto del continente y, en el mundo, solo lo superan Sudán del Sur, Siria y Somalia. Los siguientes peores evaluados de la región son Haití y Nicaragua. Autocracia y corrupción van de la mano. No es casualidad que regímenes como el de Maduro, Daniel Ortega o Vladímir Putin sean tan corruptos. Es parte de su estrategia hegemónica para mantenerse; de hecho, así lo explica Moisés Naím: “Utilizan la corrupción como una herramienta para aumentar su poder”.
Naím califica la corrupción en tres clases: Lo que define como la “normal” (sobornos de funcionarios); la cleptocracia (gobernantes que reparten recursos de la corrupción, por ejemplo, los Kirchner en Argentina); y el Estado mafioso, que ocurre cuando el gobierno es el eje principal de la corrupción. Este último (Estado mafioso), es lo que vemos en Venezuela, y es el sostén del régimen de Nicolás Maduro. Es, también, la razón por la cual asegurar que darles más recursos significaría mejorar la calidad de vida de los venezolanos es una falacia cómodamente desmontable. Mucho más cuando repasamos los montos obscenos que se han mencionado durante las últimas semanas: Al menos 21 mil millones de dólares “perdidos” entre tanta corrupción. Es siete veces el monto que la ONU administraría como urgencia para paliar la Emergencia Humanitaria Compleja.
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Hasta acá se ha escrito sobre el recuerdo de las protestas y las víctimas, así como la investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad de un régimen que hoy mantiene a 283 presos políticos, de acuerdo con datos de la ONG Foro Penal. Cabe destacar que, de ellos, 20 son mujeres y, tal como ha reseñado Kaoru Yonekura en el especial de este portal denominado “Las presas de Maduro” que son, como los hombres, constantemente torturadas, vejadas, y sus familiares violentados física y psicológicamente.
También se ha escrito sobre la persecución y criminalización contra las ONG y las razones del régimen para ello. Además, tengamos en cuenta en este punto una cuestión adicional: ¿Cómo implementaría la ONU las ayudas necesarias sin, por ejemplo, el trabajo de Susana Raffalli?
Se ha escrito sobre la migración, que de acuerdo con la Plataforma R4V ya supera los 7,2 millones de connacionales (lo que es igual a dos veces la población de Uruguay, Puerto Rico o Qatar), y con ello las penurias que pasan los que cruzan fronteras, selvas (como el Darién) o los que encuentran la muerte, como ocurrió recientemente en México.
Se ha escrito sobre los corruptos persiguiendo a otros corruptos porque alguien tomó el dinero que no debía y Maduro, que de tonto no tiene nada, aprovecha para sacar de la presidencia de la mayor empresa del país al sujeto que tiene contactos con grupos como Hezbollah. En épocas donde caer bien en Washington está de moda, un pequeño gesto nunca está de más, ¿no? Lo cierto es que, detrás de cada aprehensión, informe o rueda de prensa del fiscal poeta, la cifra que ellos mismos dicen que robaron (es decir, una mucha menor a la real) es cada vez más grande, más ridícula, más ilógica. Una cachetada a cada niño que hoy tiene problemas en su crecimiento por no poder comer bien.
Toda esta información trágica, dolorosa y profundamente desesperante para los venezolanos (dentro y fuera, porque ambos somos víctimas por igual), debería ser repetida constantemente por quienes tienen (o dicen tener) las dos labores más importantes frente a regímenes autocráticos y violadores de derechos humanos: comunicar y enfrentarlos políticamente.
Y, aunque en Venezuela hay muchísima gente dedicada a ello, a informar, a recopilar datos, a retar al régimen, a generar debates incómodos y a proponer formas de avanzar hacia la libertad; también hay muchos que, sin asumirse parte del sistema o incluso autodefiniéndose como opositores, optan por callar todo lo ya comentado (sin molestar jamás al poder), sugiriendo siempre con cierta suavidad que los responsables somos las propias víctimas.
“Se ha escrito sobre los corruptos persiguiendo a otros corruptos porque alguien tomó el dinero que no debía, y Maduro aprovecha para sacar de la presidencia de la mayor empresa del país al sujeto que tiene contactos con grupos como Hezbollah”
Si Maduro decidió avanzar hacia una autocracia cerrada desde 2015 fue porque la Asamblea Nacional no acató el espurio fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Si decidieron reprimir y asesinar a más de 40 inocentes en 2014 o más de 150 en 2017 fue porque la “oposición violenta” tomó la terrible decisión de protestar. Si hay corrupción es porque los Estados Unidos sancionó al chavismo (porque, supongo que antes de 2019 nunca hubo corrupción, según este pensamiento). Y así, todo tiene justificación para quienes están en el poder.
Contaba siempre Pompeyo Márquez que, para poder firmar sus columnas nacionales e internacionales durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez usaba un seudónimo: Santos Yorme (Santos por Santos Luzardo, el protagonista de Doña Bárbara, y Yorme, una combinación de PompeYoMáRquEz). Hoy día, cuando vivimos un régimen mucho más cruel que el de ese momento, resulta ser que los seudónimos, ya no en periódicos sino en Twitter, son usados para atacar a las víctimas y defender al poder. Ya no usan a personajes escritos por Rómulo Gallegos, desde luego, ahora son más “divas”… o “divos”, mejor dicho.
Estamos, entonces, frente a una situación más compleja: Una autocracia que cercena todas las libertades y comete crímenes de lesa humanidad, y cuenta con propagandistas encargados de aliviar la carga que supone asesinar por hambre, falta de medicinas, la expulsión de millones, represión y torturas, “volteando la tortilla” para hacer ver que somos, quienes pedimos democracia y libertad, los equivocados.
Estos personajes son incapaces de hablar sobre la mansión de seis millones de euros que Maikel Moreno tenía en la región de Toscana, en Italia, embargada recientemente. Tampoco hablan sobre la investigación de Transparencia Venezuela que retrata las obras inconclusas y abandonadas durante los regímenes de Chávez y Maduro que han costado al país, aproximadamente, 316 mil millones de dólares (es decir, el doble de nuestra actual deuda externa). Y sobre las casas clandestinas de la DGCIM en Caracas, mucho menos. De lo que sí hablan constantemente es sobre las sanciones. Es su tema diario. Es su respuesta a cualquier mal que pueda existir en Venezuela. No es el régimen autocrático que ya lleva 24 años, no, son las sanciones.
Por eso, el video que hace poco publicó la colega Ana Milagros Parra en su cuenta de TikTok causó tanto revuelo dentro de este grupo. Los descolocó. Parra, allí, usando un formato propio de esta red social, explica (mientras se maquilla) la razón por la cual llegaron, principalmente, las sanciones. Y es que eso, al parecer, se les olvida a muchos. Y no es poca cosa. Fue durante el gobierno de Barack Obama (2015) cuando, a través de un decreto, se declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América”. Las razones expuestas en ese momento, como bien menciona en este video Ana Milagros, todavía siguen vigentes: Violaciones a los Derechos Humanos, corrupción y lavado de dinero. Todo eso, descrito más arriba.
“Es que no sacaron a Maduro”. Desde luego, esa no es la finalidad de las sanciones, aunque bien usadas pueden servir para lograr una transición, como ha ocurrido en otros casos (Timor Oriental, El Salvador, Polonia). Y para ello requiere que las fuerzas (dentro y fuera) trabajen con precisión y al unísono, cosa que no ha ocurrido. También requiere que el régimen (o miembros del mismo) sientan la necesidad de avanzar hacia dicha transición. Pregunto yo, ¿cuál sería la necesidad de hacerlo sin sanciones, que ha sido la única razón por la cual han accedido a sentarse en una mesa de negociación?
Por otro lado, como resalta Jesús Lara en Twitter, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una oficina de inteligencia financiera que busca evitar que el propio dinero de Estados Unidos y sus empresas ayude a financiar al terrorismo o sus enemigos en otras partes del mundo, basada en la Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA). Léase bien, dice Lara, “OFAC pide a las empresas en Estados Unidos o empresas extranjeras con oficinas y negocios en Estados Unidos no financiar regímenes con grises y oscuros manejos de dinero que pueden terminar en y cito: Irán, Cuba, Corea del Norte, Jordania, Líbano, casualidad todos socios de El Aissami” (…) “Entonces, las sanciones no es algo que pidió Guaidó o le nació del copete a Trump, la oficina de Globalización de Objetivos vio nexos claros del régimen de Maduro a través de El Aissami con el Hezbollah, el Hamas y el fundamentalismo islámico, pero a su vez, con Narcotráfico”.
El otro argumento que esgrimen constantemente desde estos grupos, buscando sumar a muchos venezolanos desesperados por la terrible situación del país, es que son las sanciones las que dañan al país. Venden que, sin estas, mejoraría sustancialmente la vida del venezolano. ¿Cómo pueden asegurar tal cosa?, ¿olvidan convenientemente la Venezuela de 2016, 2017 y 2018? Literalmente los venezolanos sobrevivían comiendo mango y yuca.
No es por las sanciones que en Venezuela falta combustible (cosa que ocurre en muchos estados hace varios años), sino porque así lo decide Maduro. No podemos olvidar que, mientras el país estaba paralizado porque no había combustible, el 50% de la gasolina que producía Venezuela se enviaba, sin falta, a Cuba. ¿De eso tampoco vamos a hablar?
En cualquier caso, los docentes, que han sido seguramente los más afectados, ya contestaron a la propaganda, y lo hicieron en la calle exigiendo sus derechos: “No hay bloqueo, es un saqueo”.
Si molesta al poder y sus propagandistas, ahí es.
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*Politólogo de la Universidad Central de Venezuela.
@WalterVMG