La Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela que convocó el gobierno de Colombia en Bogotá es parte de la secuencia que se inició con la reapertura de relaciones diplomáticas desde el mismo día de la juramentación de Gustavo Petro. Le siguieron cuatro encuentros presidenciales en territorio venezolano y la invitación a Nicolás Maduro como garante de los diálogos de paz con el ELN, que se instalaron con un encuentro en Caracas.
Petro se mueve por la recuperación de relaciones económicas, el freno del flujo migratorio y la seguridad fronteriza en todas sus vertientes, también en procura de seguridad jurídica que favorezca las condiciones de vida de sus connacionales en Venezuela. Pero lo más urgente e importante se relaciona con su proyecto de “paz total” o, al menos, de paz con el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. En todo esto la cooperación del gobierno venezolano es indispensable, pero especialmente en el último punto, por la ya crónica penetración territorial, económica y política de guerrillas disidentes y otros grupos armados transfronterizos que actúan en y desde Venezuela.
Para el gobierno de Maduro, el restablecimiento de relaciones con Colombia es parte de su interés por normalizar su presencia internacional, y ampliar su limitado margen de maniobra exterior, haciendo las mínimas concesiones posibles y a la sombra de las presiones políticas a su alcance.
“Cómo el argumento de la protección se fue convirtiendo, rápidamente a partir de 1999, en pretexto para cultivar afinidades políticas y abonar el terreno para toda suerte de ilícitos, violencias, corrupción, e inseguridad, así como para el abandono de las poblaciones fronterizas a esa terrible suerte”
Lo cierto es que el reacercamiento -pese a las afinidades que muchos observadores daban por sentadas entre Petro y Maduro en medio de la “nueva marea rosa”- ha estado condicionado por las dificultades en todos los ámbitos para la normalización de vínculos. Esto tiene antecedentes en tensiones y obstáculos políticos y económicos previos a la suspensión de las relaciones diplomáticas de 2019, casi en su totalidad propiciados por la erosión material e institucional venezolana desde 1999, cuadro que se ha agravado aceleradamente en los últimos diez años.
No es extraño que, en paralelo a lo bilateral, haya habido otras iniciativas desde Bogotá con las que Petro busca atender los intereses en la relación con Venezuela y los condicionamientos y presiones desde el gobierno venezolano, que tocan aspectos relevantes para sus prioridades nacionales y para la proyección internacional que tan explícitamente ha estado procurando. A ese balance y al de las reorientaciones internas e internacionales que propone, conviene un estado de gobernabilidad democrática “aceptable” en Venezuela, sin deteriorar sus vínculos con el gobierno de Maduro a la vez que cuidando los de Colombia con Estados Unidos y Europa, y los de otros “progresismos”. Con ese sentido, se produjo en noviembre la reunión en París -entre representantes del gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria, facilitado por el propio Petro y los presidentes Emmanuel Macron y Alberto Fernández -para alentar el reinicio de negociaciones en México. Un impulso que tuvo corta vida. Ahora se ha sumado la Conferencia en Bogotá, anunciada en medio de mensajes sobre “cero sanciones y más democracia”, “más democracia y cero sanciones”, pero finalmente de las dos cosas “en paralelo”. La Conferencia -a la que asistieron representantes de diversos niveles de casi dos decenas de países y el Alto Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell -cerró con la breve declaración que leyó el canciller Álvaro Leyva. Allí se recogió el acuerdo sobre la necesidad de un cronograma para el logro de elecciones libres, la reanudación de las negociaciones mediadas por Noruega, el levantamiento gradual de sanciones a medida que vayan avanzando los acuerdos, y el envío a Venezuela de una Comisión de países para hacer seguimiento a las conclusiones y comunicarlas al Gobierno, los sectores de oposición y de sociedad civil. Pero además fue expresamente señalado por el Canciller que el discurso inicial del Presidente sería marco de referencia para el cumplimiento de lo acordado en Bogotá. Discurso en el que Petro insistió en que el punto de partida debía ser el retorno de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde una concepción de democracia y derechos humanos, al margen de la Carta Democrática Interamericana, que ha formulado en varias ocasiones y reiteró días antes en el Consejo Permanente de la OEA.
Un recuento al revés
La nueva secuencia de acercamiento en las relaciones entre Venezuela y Colombia, tras un período de ruptura en el que no dejaron de multiplicarse problemas ni de perderse oportunidades para los dos países, incorpora múltiples asuntos: algunos más visibles que otros, pero prácticamente todos con referencias relevantes en ciclos previos de tensión y reacercamiento. En lo que va de siglo, a medida que se han acumulado y agravado problemas, parecieran requerirse esfuerzos binacionales mucho mayores -en coherencia y consistencia- que en los momentos más difíciles del pasado. Aun desde la casi certeza de que el reto presente es de otra escala y complejidad, es interesante mirar atrás y buscar referencias y secuencias en la evolución de las relaciones bilaterales.
En lugar de pretender una enorme y siempre incompleta cronología, puede ser menos pesado y más útil una suerte de ejercicio cronológico “al revés”, al menos en lo de pensarlo a partir de los asuntos hoy más notables, entre acciones y omisiones, para la relación bilateral. Sin descartar mirar más atrás cuando convenga, quizás alcance comenzar por la revisión de los ciclos de acercamientos y tensiones desde la segunda mitad hasta finales del siglo XX y, en particular, los ciclos más cortos, intensos y costosos para los dos países que se produjeron en adelante, fueron desde la llegada de Hugo Chávez al poder. Son muchos los asuntos que hoy son muy relevantes en las relaciones bilaterales y en el intento de recomponerlas. Valga comenzar con esta entrega el ejercicio de identificar conexiones hacia el pasado, a partir de lo que ilustra la convocatoria, desarrollo y declaración final de la Conferencia Internacional del 25 de abril.
“Esos vínculos tan opacos y perturbadores, se fueron haciendo parte de la agenda política, y no precisamente para la cooperación binacional, sino para su condicionamiento desde Venezuela”
No es la primera vez que el gobierno de uno u otro país asume alguna participación en asuntos políticos críticos para el vecino, como lo recogen las referencias del esquemático recuento que acompaña a estas líneas.
Allí se resume lo más significativo de la participación de Venezuela en diferentes momentos, desde la última década del siglo pasado, no solo como mediador, garante o miembro de un grupo de países amigos en negociaciones de secuestros y procesos de paz. También, y cada vez más a partir de 1999, como incidencia perturbadora: tanto por los acercamientos y vinculaciones con las guerrillas como por la presencia y actuación de estas en y desde territorio venezolano.
En el caso de Colombia, ante la erosión de los Derechos Humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, actuó muy activamente como testigo en diálogos por invitación del gobierno venezolano, pero también como miembro muy activo entre la OEA y la fenecida Unión de Naciones Suramericanas (que ahora se quiere recrear) y en el Grupo de Lima. Ya antes, algunas de las participaciones de Venezuela en las conversaciones con grupos guerrilleros fueron procuradas por Colombia. Otras gestiones no fueron autorizadas, conviene recordarlo en vista de la gravedad de los efectos que esto fue teniendo en detrimento de las relaciones entre los dos países, así como de la significación de los avances de la presencia y las actividades de grupos armados en Venezuela, con sus múltiples consecuencias humanas, materiales y de seguridad.
A partir de la secuencia adjunta sobre relevantes actuaciones de uno y otro país en temas políticamente muy críticos, se puede comprender la complejidad del tema de la violencia desde los primeros intentos venezolanos de contribuir a una solución; a la vez que de protegerse del desbordamiento de la violencia guerrillera. Pero también se puede explicar cómo el argumento de la protección se fue convirtiendo, rápidamente a partir de 1999, en pretexto para cultivar afinidades políticas y abonar el terreno para toda suerte de ilícitos, violencias, corrupción, e inseguridad, así como para el abandono de las poblaciones fronterizas a esa terrible suerte. Y, a la vez, esos vínculos tan opacos y perturbadores, se fueron haciendo parte de la agenda política, y no precisamente para la cooperación binacional, sino para su condicionamiento desde Venezuela.
Tan o más crítica políticamente ha sido la otra vertiente que se lee en la secuencia: la del papel de Colombia ante la erosión de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela. Lo fue en el reacercamiento a Chávez que, tras una breve ruptura de relaciones, propició Juan Manuel Santos en agosto de 2010 al suceder a Álvaro Uribe en la Presidencia. Las relaciones propiciadas y gestionadas con mucho cuidado por Santos y la canciller María Ángela Holguín fueron muy cuidadas, fluidas y abundantes en encuentros, actas y comisiones.
Así fue, con pocos altibajos, mientras duró el proceso más complejo de las negociaciones de paz con las FARC, sin duda facilitadas por el apoyo que el gobierno venezolano -al igual que desde antes el de Cuba, tan cercano- ofreció en la logística de movilizaciones desde o a través de su territorio y en el papel de su representante como acompañante en los encuentros en La Habana. Pero pronto se tensaron las relaciones. A los reclamos del gobierno de Santos a partir de 2015 por el cierre de fronteras y la deportación masiva de colombianos por el gobierno de Maduro, se sumaron sus posiciones y apoyos a las críticas, informes, resoluciones sobre el acelerado deterioro del Estado de Derecho en Venezuela. Junto al largo cierre de pasos fronterizos (que no afectaron movimientos y transacciones ilícitas) se desvaneció la disposición de respaldo venezolano al proceso de paz, mientras disidencias y frentes de insurgentes, sus actividades y negocios ilícitos se reinstalaban en territorio venezolano.
Dónde estamos
Ahora vuelve a estar planteado el reacercamiento y la normalización en condiciones mucho más complicadas para las negociaciones de paz que las que rodearon a las impulsadas por el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. También en un contexto de mayor deterioro político, económico, social y de seguridad en Venezuela. Son esas las condiciones que en el presente más pesan en la reconstrucción de las relaciones entre los dos países, marcada por la importancia que para las ambiciones del plan de paz total tiene la cooperación venezolana, y por el interés del gobierno de Maduro en ganar movilidad y legitimidad evitando hacer concesiones que pongan en riesgo su control del poder.
De vuelta al presente y al comienzo de esta nota la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela se produce en un momento particularmente problemático, en el que no solo está en juego la ya largamente maltrecha relación bilateral, sino la superación o agravamiento de los problemas más difíciles para las dos sociedades: de un lado, violencia, ilícitos y criminalidad; del otro, pérdida del Estado de Derecho y la democracia. Y ambos tienden a mezclarse, a retroalimentarse.
Para Venezuela, lo positivo de esta Conferencia es que -pese a lo conciso de la agenda declarada en el comunicado oficial- ha reactivado la atención sobre nuestra situación y sumado coincidencias internacionales importantes: tanto para la reanudación de las negociaciones venezolanas en los términos acordados en México en 2021, como para hacer del alivio de sanciones un instrumento útil para la recuperación de Venezuela. Pero a la vez, en la perspectiva de la secuencia que han recorrido estas líneas, su debilidad puede estar no solo en los complejos equilibrios desde los que el gobierno de Petro ha abierto canales con el gobierno venezolano, sino en las redefiniciones que ha estado proponiendo sobre derechos humanos y democracia que debilitan su protección internacional.