Alberto Arteaga Sánchez: “Carlos Andrés Pérez se buscó su propio verdugo”

El 20 de mayo de 1993, el presidente Carlos Andrés Pérez fue informado, en Miraflores, de que la Corte Suprema de Justicia, con mayoría de los 15 magistrados, había acordado enjuiciarlo. Faltaban seis meses para culminar su mandato. Se mostró inalterable, porque ya estaba preparado, dicen allegados. “Confieso que hubiera preferido otra muerte”, dijo públicamente.

Una acusación que el fiscal general Ramón Escovar Salom presentó el 11 de marzo, sobre presuntas irregularidades en la rectificación presupuestaria de 250 millones de bolívares de la partida reservada o secreta del Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) convertidos en 17.241.379,31 dólares a la tasa de cambio de 14,50 bolívares, fue el fundamento judicial para determinar, en apenas dos meses, que el presidente, junto a dos de sus ministros y dos funcionarios, incurrió en malversación y peculado, previstos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (1982), derogada en la actualidad.

Pérez no conoció con antelación la decisión de antejuicio, aunque era pública en los corrillos judiciales, ni tampoco la Corte le notificó oficialmente la acusación, se asegura. Aunque cueste creerlo.

Pero esa primera sentencia de la Corte en pleno, de la que se cumplen 30 años, sirvió para sacar del poder, en apenas tres meses, al presidente más polémico de los años democráticos, electo por segunda vez en 1988 con una votación récord de 3.868.843 sufragios, y superviviente de dos intentonas golpistas (1992) y del Caracazo (1989)

Alberto Arteaga Sánchez, su principal defensor y vocero del equipo de abogados de los cinco implicados, no ve hoy con suspicacia que la Corte, en tiempos de severo retardo procesal, haya escogido el mes de mayo de cada año para dictar con celeridad sus fallos, durante los cuatro que duró el juicio. En cambio, afirma que, en sus más de 50 años de abogado penalista -ocho de ellos como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (1983-1987 y 1987-1990)- no conoce ningún otro proceso judicial más “aberrado”, en el alto tribunal. Y no porque se trate de la partida secreta, una opaca porción del presupuesto anual reservado para la política de seguridad y defensa nacional de los gobiernos de la época.

“Fue una auténtica y burda farsa, una invasión de la justicia”, señala, que funcionó además para sellar la reputación de Pérez como el más vil corrupto, a pesar de que la propia Corte, tres años más tarde, descartó que se hubiese enriquecido. “Imagínese que hoy desparecen más de 3.000 millones de dólares”.

Con base en dudosos indicios y en tres meses, Pérez fue suspendido del ejercicio presidencial y defenestrado por el Congreso, sin sentencia definitiva. Además, en tres años, terminó encarcelado; expulsado de su partido Acción Democrática (AD); condenado a “resarcir el daño al patrimonio público” con 603 mil dólares que se negó a pagar a la Corte Suprema; y su liderazgo borrado del escenario político nacional e internacional. 

Arteaga está convencido de que si el presidente Carlos Andrés Pérez (1922- 2010) no hubiese estado tan dispuesto, como lo estuvo, a iniciar rectificaciones y cambios para atender los reclamos del país, incluso en la Corte Suprema, nada de eso le hubiese ocurrido.

“Pérez se buscó su propio verdugo”.

Con ojo jurídico

-¿Carlos Andrés Pérez no fue corrupto?

-Fue un hombre dado y entregado a la política, eso era lo que llenaba su vida, a tiempo completo, cuando lo conocí el 21 de mayo de 1993, un día después de declararse el antejuicio; sus ambiciones no eran de dinero. Mi conocimiento de Pérez fue la de un hombre en esa circunstancia. Pérez, con sus ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo, y los funcionarios Carlos Vera, del MRI; y Oscar Barreto, del Banco Central de Venezuela (BCV), no fueron investigados, juzgados y condenados por hechos acreditados como delitos, ni demostradas plenamente su culpabilidad. Fueron, sencillamente, ajusticiados.

-¿Dónde comienza la burda farsa?

-La farsa comenzó con la denuncia pública de José Vicente Rangel, el 8 noviembre de 1992. Esta dio lugar a las investigaciones del Congreso 10 días después. El fiscal Escovar Salom, que había sido apoyado por Pérez para asumir ese despacho, recogió la denuncia y la concretó en la solicitud de antejuicio que llevó a la Corte, el 11 de marzo de 1993. Aparecieron ‘Los Notables’ y una corriente de opinión que Jesús Petit Da Costa, entonces Procurador del segundo gobierno de Rafael Caldera, llamó “el clamor de la muchedumbre”. En un artículo refirió que “el pueblo entero ha bajado el pulgar”.

-¿En qué consistió?

-Para cumplir una formalidad, se hizo sobre la base de una rectificación presupuestaria llevada a cabo en forma absolutamente legal el 22 de febrero de 1989, por 250 millones de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. Se hizo con errores admitidos y corregidos en la tramitación ante el Banco Central de Venezuela.

-¿Fueron acusados por eso?

-Por esos hechos, el presidente y sus colaboradores fueron acusados por peculado y malversación. Aunque, luego, en la sentencia definitiva, en mayo de 1996, fueron absueltos del primer delito, que implica apropiación o enriquecimiento personal con dineros públicos. Pero fueron condenados por el segundo que se concreta en un desorden administrativo o en la aplicación de fondos públicos con fines diversos a los previstos, sin observancia de la normativa presupuestaria. El último acto de consumación habría sido, según la Corte, el envío y pago a funcionarios de la policía con dineros de esa rectificación presupuestaria, hecha en 1989 para la ‘Operación Orquídea’, una misión de cooperación con Nicaragua en 1990 con motivo de la toma de posesión de la presidenta Violeta Chamorro.

-¿Pero no hubo malversación?

-No la hubo. Lo que hubo fue una manipulación incorrecta de la tramitación presupuestaria, pero en la acusación hubo el aprovechamiento alevoso de unos cheques que ya habían sido anulados, con el sello debido. El manejo ante la opinión pública fue que habían desaparecido o Pérez había robado los 250 millones de bolívares de la partida secreta para beneficio personal. Todo fue absurdo. Además, la rectificación presupuestaria se hizo en 1989 y la toma de posesión de Chamorro fue un año después, lo que quiere decir que la rectificación no estaba vinculada con la presidenta electa. En ese engaño se fundamentó el informe del Contralor, en el que se concluye que hubo malversación. Y la Corte lo dio por probado, con nueve votos a favor. Seis magistrados salvaron su voto.

-¿Hubo errores jurídicos en el fallo?

-No podían existir los delitos de malversación y peculado a la vez porque los fondos o se usan para destino público o para el privado. También, la Corte mezcló, en la supuesta malversación, el dinero para sufragar los viáticos de los policías con la desviación de los caudales del MRI al Ministerio de la Secretaría. Al final, la Corte en sentencia definitiva con el voto favorable de 11 magistrados y de cuatro en contra, los condenó a dos años y cuatro meses de prisión, solamente por malversación agravada, pero con base en unos cheques a nombre del ministerio de la Secretaría de la Presidencia, que habían sido anulados en 1989. 

-¿Cuál fue el destino de Pérez y sus ministros?

-Pérez cumplió rigurosamente la condena: tres meses en el Internado Judicial de El Junquito y el resto en casa por cárcel, en su residencia La Ahumada en El Hatillo. Alejandro Izaguirre, preso también en El Junquito, fue indultado durante el juicio para acentuar la venganza política selectiva, con el revestimiento de una apariencia de justicia. Figueredo fue juzgado en ausencia.

“Aberraciones” del proceso

-¿Cuáles fueron los desatinos jurídicos?

-Uno de los policías (pide reservar su nombre) que declaró en el juicio mostró algo artificioso: tenía una agenda donde había anotado los seriales de los dólares que había recibido en 1990. Eso se valoró en la sentencia sin ser objeto de experticias grafoquímicas, para determinar si la edad de la tinta empleada en sus anotaciones correspondía con la fecha en que recibió los viáticos. Esto lo alegó Alfredo Ducharme, uno de los magistrados en su voto salvado. Pero no fue lo único. El testigo incluyó en su relación un billete de 500 dólares que estaba fuera de circulación desde hace más de 15 años.

-¿Cuáles fueron las actuaciones más irregulares en este proceso?

-Lo que quedó en evidencia en todo este proceso fue el desconocimiento absoluto de las normas jurídicas, los derechos fundamentales que deben ser respetados. No hubo audiencia en la Corte Suprema para escuchar a Pérez, porque no estaba en vigencia aún la Constitución garantista de 1999, como sí la hubo en el caso de Miquelena, pero en el de Pérez se preparó todo el proceso ante la opinión pública. 

-¿Hubo alguna reacción contra eso?

-En su voto salvado en la sentencia definitiva, la magistrada Hildegard Rondón de Sansó, quien en la primera vez votó a favor del enjuiciamiento, expresó que todo el proceso, previo al fallo último, se debatió en la prensa, antes de su publicación por la Corte Suprema. Escribió: “En este proceso la manipulación de la opinión pública estuvo sobre todo en aportar imputaciones que no figuraban en los autos, a fin de condicionar a la opinión pública a exigir decisiones sobre hechos ajenos al juicio. La Corte desperdició nuevamente la oportunidad de elevarse en el criterio del país y de la comunidad jurídica internacional, dictando un fallo apegado al derecho y a la justicia”.

-¿Qué alegaron los otros magistrados que salvaron su voto?

-Varios magistrados que salvaron sus votos, conscientes de que lo que advertían carecía de todo sentido en su momento y, sin mayores aspavientos, indicaron la necesidad de dejar su testimonio para la historia. Destacaron que se desestimaron testigos expertos altamente calificados como especialistas en materia de seguridad y de expresidentes de Venezuela. Se resaltó “la carencia argumentativa”, “las deficiencias probatorias”, la “prescindencia de consideraciones sobre la seguridad, defensa y secreto de Estado, esencia de este proceso” y la advertencia de que “procesos como este no deben repetirse”. También se señaló la omisión de toda referencia a la anulación de los cheques, emitidos a nombre del Ministerio de la Secretaria de la Presidencia, y la no admisibilidad por parte del juzagador, de una “sentencia política”.

-¿El proceso entonces fue concebido para sacar a Pérez del poder?

 -La única finalidad de esta acción era sacar a Pérez de la Presidencia de la República. Como Pérez no quiso renunciar, había que buscar una estrategia jurídica que lo permitiera.  Alguna “mente jurídica” pensó que se hiciera todo el proceso hasta la suspensión de su cargo (21 de mayo 1993) y a los tres meses declarar su vacante absoluta. Todo esto fue un verdadero golpe judicial.

Lo humano del proceso

-¿Cómo lo contactaron?

-Cuando llegaba a mi casa de una jornada de derecho realizada en Margarita recibí una llamada telefónica de La Casona, el 21 de mayo, un día después de la sentencia del antejuicio. Me extrañó porque nunca tuve ningún tipo de relación con esa residencia ni con el Palacio de gobierno. El presidente Pérez quería hablar conmigo para que entrara en la defensa. Antes, unas personas cercanas a él habían hablado conmigo porque yo había escrito un artículo en el que analicé en forma general las imputaciones en ese caso, basado en lo que publicaban los medios.

-¿Conocía a Carlos Andrés Pérez?

-Una persona que se dedica a la academia durante años, exdecano de la Facultad de Derecho y profesor titular de la UCV, a nadie le interesa. Creo que ese Pérez que conocí buscaba un abogado no cercano o de partido, como lo eran David Morales Bello o Augusto Matheus Pinto. Yo no era de partidos.

-¿Cómo fue su primer contacto con Pérez?

-Fui a La Casona en medio de aquella conmoción que se vivía por la decisión de la Corte. Al llegar a la residencia presidencial vi un gran estacionamiento vacío, no había prácticamente nadie, excepto una escasa guardia de edecanes. Cuando entré, Pérez estaba sentado al fondo de un salón muy grande, acompañado de alguno de sus ministros y su abogado Rafael Pérez Perdomo. Me dijo que quería saber si yo aceptaba su defensa. Le dije que estaba dispuesto a participar en la defensa, pero que suponía que como dirigente de trayectoria habría pensado en que esto era un juicio político, que no se resolvería ajustada a derecho. Y le sugerí que nombrara a defensores públicos de presos, para poner de relieve el enjuiciamiento político de un hombre que ya había expresado su decisión de someterse al proceso penal. 

-¿Lo vio preocupado?

-Pérez se mostró dueño de sí mismo. Fue siempre muy aplomado en todo momento, inclusive cuando allanaron su oficina en la Torre Las Delicias, donde buscaban hasta en el techo para ver si encontraban alguna evidencia. Desde el comienzo su respuesta fue que era una maniobra en su contra; estaba convencido de que no había manera de que él pudiera ser sometido a proceso y ser condenado por algo -lo tenía claro-, en lo que no había nada ilegal.

-¿Qué significó para usted esa defensa y vivir un juicio que considera un garabato legal?

-Fue un cambio significativo en mi vida. Yo estaba dedicado a la universidad y el caso me dio exposición pública. El señalamiento era ‘ese es el abogado de Carlos Andrés Pérez’ con una connotación peyorativa, por cierto, distinta a la que hay actualmente y que ya no es de condena. A mí me llamaba al escritorio Gabriel García Márquez para enterarse cómo iba el juicio contra Pérez, porque le tenía una gran estima.

-¿Lo llamó Fidel alguna vez?

-No, la verdad no. Él le escribió una carta a Pérez, como lo hizo también cuando las intentonas de golpe de Estado, supe después.

De la “otra muerte” a buscar verdugos

-¿Cómo pudo un hombre tan hábil como Pérez aceptar la salida de magistrados afectos a AD y a él, a petición de “Los Notables”?

-Quizá no lo interpreten adecuadamente, pero Pérez buscó su propio verdugo. Él presiono a la Corte Suprema (que presidía Otto Marín Gómez) para iniciar cambios, no para que fuese un tribunal a su favor. Luego de la intentona del 4 de febrero, en medio del descontento popular, convocó a los magistrados a Miraflores. Había necesidad de cambios de rumbo en la política, de rectificar a través de consejos consultivos. Pero no todos acudieron. El resultado de aquella reunión fue el de procesar las jubilaciones de magistrados que, si hacemos cálculos políticos hubieran sido votos favorables para obtener la mayoría y que no prosperara el antejuicio. Hubiesen bastado dos votos más. Pero Pérez presionó en otro sentido, entendió que el país requería un cambio también en la Corte Suprema, la que al final lo enjuició.

-¿Cómo asumió Pérez salir del cargo por un “golpe judicial”, lo que no logró el golpe político de 1992?

-Durante el juicio y hasta el final nunca pensó que la sentencia pudiera condenarlo. Siempre pensó que no había bases jurídicas para su procesamiento. Había buscado los mejores hombres para que lo acompañaran en el Gabinete, dejando a un lado a su propio partido, cosa que esta organización no le perdonó.

-¿Hubo alguna otra retaliación política en su contra?

-Las fuerzas políticas actuaron contra de él. Su propio partido fue uno de los principales ejecutores, y estando preso en El Junquito, aún sin haber sido sentenciado, lo expulsó de sus filas. En realidad Pérez fue un hombre sin odios, que pensó que los odios de los otros prescribían; porque él pudo haber atravesado etapas de choque, pero fue generoso, al extremo de llamar en su segundo gobierno a adversarios políticos.

-¿Qué destaca de Pérez, 30 años después del antejuicio?

-Es lamentable que, aunque se haya minimizado, nadie le quite de encima la macha de que él se aprovechó de los dineros públicos, a pesar de que él se sometió voluntariamente al proceso penal, no huyó del país y fue preso sin haberse robado absolutamente nada y teniendo los magistrados en contra. Este lamentablemente fue el precedente, en  democracia, de muchos otros disparates que se han producido después. En una carta que me remitió el 5 de junio de 2000, Pérez demostró una gran condición humana. Una de las cosas que más le preocupaba del proceso es que hubiesen involucrado a Alejandro Izaguirre, un hombre de una honorabilidad y condiciones espirituales probadas; a Figueredo, en ausencia, y a Leiva y Barreto. Sabía que el objetivo era él. Me habló del “desastre institucional” que vivía el país e hizo una consideración de mi ejercicio profesional en medio del caos. Y hasta ese momento, 10 años antes de morir, fue optimista.