En la aldea
07 junio 2023

ūüé•Partida ‚Äúsecreta‚ÄĚ, principio y fin de un gasto que sirvi√≥ a la estabilidad de la naci√≥n

En contraste con la opacidad que cubre en la actualidad el tesoro nacional, los gobiernos democr√°ticos se sirvieron de recursos, los √ļnicos secretos en aquellos presupuestos de la naci√≥n, para neutralizar golpes, subversi√≥n y otros riesgos que atentaran contra la seguridad y defensa del Estado. Hoy, por ejemplo, se conoce de casos como el ‚Äúextrav√≠o‚ÄĚ de m√°s de 120 mil millones de d√≥lares del Fonden, creado en 2003, se√Īala uno de los expertos consultados.

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En febrero de 1995, los expresidentes Rafael Caldera, Luis Herrera Camp√≠ns y Jaime Lusinchi, y el interino en ejercicio, Ram√≥n J. Vel√°squez, rindieron declaraci√≥n, en calidad de testigos-expertos, en el juicio que la Corte Suprema de Justicia segu√≠a a Carlos Andr√©s P√©rez, sobre el manejo irregular de 250 millones de bol√≠vares de la partida ‚Äúsecreta‚ÄĚ, en su gobierno.¬†¬†

Respondieron el cuestionario que promovió el equipo defensor Pérez, de su ministro Reinaldo Figueredo, y de otros enjuiciados, con el cual querían dejar por sentado cuál funcionario era el responsable de la política de seguridad y defensa de Estado y, en consecuencia, de sus gastos.

‚ÄúAlgunos¬† contestaron con cierto guabineo‚ÄĚ, recordaron abogados. Pero todos lo hicieron.

Los mandatarios reafirmaron -los tres primeros, por escrito-, lo que en la ley estaba claro: el jefe de Estado es el √ļnico responsable de fijar los objetivos para el resguardo de la estabilidad y la paz; y que aquel pod√≠a usar los recursos ‚Äúsecretos‚ÄĚ tambi√©n fuera del territorio nacional.

‚ÄúSolamente la Ley Org√°nica de Administraci√≥n Financiera del Sector P√ļblico, promulgada en el a√Īo 2000, sin contar con otra legislaci√≥n, ha tenido 17 reformas en los √ļltimos 20 a√Īos, para diluir la fiscalizaci√≥n‚ÄĚ

Nelson Chitty La Roche, abogado

Pero el presidente Vel√°squez, presente en el estrado, precis√≥ algo m√°s. A viva voz, habl√≥ de unos usos de los dineros que hasta entonces eran velados: ‚ÄúPor conocimiento no solo de la historia venezolana, sino de lo que significa la seguridad y defensa de todo Estado, considero que la vigilancia de la estabilidad nacional, que se traduce en defensa del Estado, de sus instituciones, debe ser permanente porque son permanentes las amenazas que sobre el Estado se ciernen‚ÄĚ.

Y prosigui√≥: ‚ÄúSiempre un pa√≠s como Venezuela, de una excepcional posici√≥n y de gran inter√©s para el resto del mundo, debe velar por la estabilidad del Estado. En un tiempo fueron conspiraciones militares, intentos de atentados contra jefes de Estado; hoy, son amenazas de otra naturaleza, dentro del contexto mundial y continental‚ÄĚ.

Secretos a voces

Desde aquel episodio judicial que se consider√≥ un hecho sin precedente, aunque fue desestimado por el alto tribunal, se hizo relevante el uso de la ‚Äúpartida de gastos restringidos‚ÄĚ asignada al Ministerio de Relaciones Interiores, aunque tambi√©n la recib√≠an los despachos de Defensa, Exteriores y, eventualmente, Hacienda y Justicia.¬†¬†

Y qued√≥ de manifiesto que todos los gobiernos democr√°ticos, desde 1958 hasta 1999, la usaron estrat√©gicamente, en el marco de la pol√≠tica de seguridad y defensa nacional. Por aquellos a√Īos, la partida fue un porcentaje decimal indicado por el Ejecutivo dentro del proyecto de presupuesto nacional de cada a√Īo, que el Congreso Nacional debati√≥ y mostr√≥ p√ļblicamente, durante a√Īos. En la actualidad, de su existencia y uso nada se sabe.

Estudiosos del tema aseguran que la cantidad de esos recursos aument√≥ progresivamente en los gobiernos sucesivos, aunque se desconoce el monto preciso y cu√°ntas veces la gastaron, debido su car√°cter reservado y discrecional. La partida de gastos restringidos apareci√≥ en el a√Īo 1937, cuando el presidente Eleazar L√≥pez Contreras la cre√≥ √ļnicamente para el Ministerio de Hacienda. Lidi√≥ con tiempos de transformaci√≥n institucional laboral muy compleja.

M√°s tarde, Isa√≠as Medina Angarita, en su gobierno (1941-1945), la bautiz√≥ con el nombre de Presupuesto para Gastos Secretos, D√°divas, Pensiones y Emolumentos de Seguridad de Estado. Esto sirvi√≥ a los gobiernos democr√°ticos, a partir de 1958, no solo para neutralizar golpes militares, presencia de guerrilla armada, inclusive fuera del territorio nacional, y acciones de soberan√≠a, sino tambi√©n para amparar ‚Äúayudas‚ÄĚ presidenciales y ministeriales, con el fin de financiar gastos m√©dicos a compa√Īeros, camaradas y compadres.

La historia reciente refiere que en solo dos ocasiones, en m√°s de 50 a√Īos, su uso fue objeto de investigaci√≥n penal. Fueron el caso de los jeeps, del expresidente Jaime Lusinchi (1988); y el de la Operaci√≥n Orqu√≠dea o Divisi√≥n 33 (1990), de Carlos Andr√©s P√©rez. Y que solo esta √ļltima fue manejada, en medio de escarceos militares y pol√≠ticos, para acabar con el mandato constitucional de un presidente.

Usos reservados

‚ÄúEs obvio que todos los jefes de Estado usaron las partidas secretas estrat√©gicamente, porque los gastos secretos son estrategias, para fortalecer las pol√≠ticas y sus aliados y¬† enfrentar cualquier riesgo que encarnaron actores antag√≥nicos a los que ten√≠an que neutralizar y alejar‚ÄĚ, se√Īala la abogada Beatriz Di Totto.

Refiere el caso del presidente Rómulo Betancourt, el primero de la etapa democrática (1958) y su estrategia ante varios frentes simultáneos. Del perezjimenismo derrocado, la guerrilla azuzada por Cuba, y su adversario, Rafael Leonidas Trujillo, dictador dominicano, dejó testimonio el documental Rómulo Resiste.

‚ÄúCre√≥ y fortaleci√≥ una estructura armada para defender la democracia; dise√Ī√≥ el entubamiento de juicios penales contra aliados de P√©rez Jim√©nez y guerrilleros, de all√≠ no sali√≥ nadie; y favoreci√≥ la compra de medios afines a valores democr√°ticos‚ÄĚ.

A Rafael Caldera, en su primer gobierno (1969-1974), correspondi√≥ continuar la pol√≠tica de seguridad y defensa que Betancourt y luego Ra√ļl Leoni hab√≠an empezado, pero con un giro impuesto por los tiempos: favorecer y garantizar el clima para la pacificaci√≥n. ‚ÄúLo hizo hasta con actores cubanos que estaban en el pa√≠s‚ÄĚ, dice un veterano exfuncionario de seguridad.

Tambi√©n Luis Herrera, entre la devaluaci√≥n y las obras del Metro de Caracas, us√≥ la partida secreta del ministerio de Relaciones Exteriores, ‚Äúque era peque√Īa‚ÄĚ, para enviar funcionarios de inteligencia venezolana al conflicto centroamericano, principalmente a El Salvador. En este pa√≠s se concret√≥ la Operaci√≥n Centauro (1980), de lo cual dio cuenta la posterior desclasificaci√≥n de archivos de los Estados Unidos. ‚ÄúEl canciller Ar√≠stides Calvani fue el gran art√≠fice de la pol√≠tica para ese pa√≠s centroamericano‚ÄĚ.

Pero el caso de la Corbeta de Caldas (1987), durante el gobierno de Jaime Lusinchi, un a√Īo antes del esc√°ndalo de los jeeps, fue el m√°s conocido y emblem√°tico. Venezuela y Colombia estuvieron a punto de iniciar un conflicto armado. ‚ÄúDurante su gobierno se hicieron siete rectificaciones de la partida de gastos‚ÄĚ, refiere un exdiputado de la √©poca.

El 9 de agosto, el buque venezolano Libertad le hizo frente, en ejercicio de soberanía, a  la corbeta de la Marina colombiana, que había incursionado en aguas del Golfo, zona sin delimitación, luego de varios días de aproximación. Los nueve días posteriores fueron de abierta hostilidad, debido a que cada embarcación alegaba estar en aguas jurisdiccionales.

Venezuela despleg√≥ tropas alineadas en la frontera, de manera sorpresiva, y el¬† presidente Virgilio Barco, el 17 de agosto, orden√≥ la retirada de su embarcaci√≥n. ‚ÄúLusinchi orden√≥ que los recursos¬† de defensa, como disponer de gasolina, se aseguraran en el exterior. La partida secreta se us√≥ con todo; los gastos extraordinarios en defensa de la soberan√≠a se pagaron con esos recursos, l√≥gicamente. La idea era contar con lo que se necesitara, de manera inesperada, por una v√≠a inesperada‚ÄĚ, record√≥ un exfuncionario.

Nunca se revel√≥ si la supuesta popularidad s√ļbita con la que finaliz√≥ aquel gobierno, cuestionado por casos de corrupci√≥n y masacres de civiles en varias localidades, fue financiada con aquellos dineros reservados.¬†¬†

De aquellos secretos a la mayor opacidad

Desde el caso de P√©rez y el gasto de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores para contribuir con la estabilidad pol√≠tica en Nicaragua, se plante√≥ p√ļblicamente un debate sobre si se deb√≠a o no aumentar el control de los gastos, por m√°s secretos que fuesen, en algunos casos.

La Contralor√≠a General, √ļnico √≥rgano responsable de ejercer el control previo y posterior del presupuesto, no tiene facultad legal para conocer todos los gastos considerados de seguridad y defensa del Estado. La mayor√≠a est√° exceptuada de fiscalizaci√≥n, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Org√°nica de Contralor√≠a General (art√≠culo 80).

El dilema sigue planteado, ahora con más razón, coinciden en afirmar abogados y exdiputados.

‚ÄúTenemos que pensar con racionalidad si esa herramienta es necesaria para que los gobernantes no sean saboteados y arponeados, que es la tesis de Mois√©s Na√≠m; o si se elimina y se deja a un gobierno al descampado. Luego se ver√≠a la parte √©tica‚ÄĚ, reflexiona la abogada Beatriz Di Totto, quien integr√≥ la defensa del exministro de P√©rez, Reinaldo Figueredo Planchart.

Para Gustavo Linares Benzo, especialista en Derecho Administrativo, los venezolanos han recorrido desde existir partidas reservadas tradicionalmente en los ministerios, hasta tener en 2022 seis a√Īos sin conocer los gastos previstos en la Ley de Presupuesto.

‚ÄúLa Ley Antibloqueo, y es lo grave, canoniza todas las irregularidades anteriores. Lo que pasa es que esta Ley aparece en un estado, virtualmente, de guerra que es lo que existe hoy. Yo, como profesor de derecho, tengo que explicar que si un pa√≠s pone una recompensa por una cabeza, eso es un acto de guerra. Pero a partir de all√≠ entra otra juridicidad‚ÄĚ.

El abogado Nelson Chitty La Roche, expresidente de la Comisi√≥n de Contralor√≠a de la C√°mara de Diputados que desde el Congreso inici√≥ la investigaci√≥n, en noviembre de 1992, se√Īala que en la vida p√ļblica no hay nada que no requiera de un chequeo formal. ‚ÄúLa administraci√≥n p√ļblica gasta m√°s all√° de los controles formales y provee m√°s all√° de los gastos formales‚ÄĚ.

Pero haber iniciado la investigación de los gastos de seguridad de Estado de la partida de Relaciones Interiores, para 1989, representaba 0,49% del total del presupuesto, ya es cosa del pasado, advierte.

‚ÄúAhora existen facetas opacas que en la democracia no exist√≠an. Ahora todo es secreto, legalmente secreto‚ÄĚ. Cita dos ejemplos significativos de los √ļltimos a√Īos: el ‚Äúextrav√≠o‚ÄĚ de m√°s de 120 mil millones de d√≥lares del Fonden, creado en 2003, y la ‚Äúdesaparici√≥n‚ÄĚ de m√°s de 21.000 millones de d√≥lares en el esquema de corrupci√≥n PDVSA-Cripto, m√°s recientemente. Y es una cifra que pica y se extender√° indefinidamente, sugiere. Sin partidas secretas. ‚ÄúSolamente la Ley Org√°nica de Administraci√≥n Financiera del Sector P√ļblico, promulgada en el a√Īo 2000, sin contar con otra legislaci√≥n, ha tenido 17 reformas en los √ļltimos 20 a√Īos, para diluir la fiscalizaci√≥n‚ÄĚ.

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*El video fue facilitado por la autora, Olgalinda Pimentel, al editor de La Gran Aldea

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