🎥Partida “secreta”, principio y fin de un gasto que sirvió a la estabilidad de la nación

En febrero de 1995, los expresidentes Rafael Caldera, Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, y el interino en ejercicio, Ramón J. Velásquez, rindieron declaración, en calidad de testigos-expertos, en el juicio que la Corte Suprema de Justicia seguía a Carlos Andrés Pérez, sobre el manejo irregular de 250 millones de bolívares de la partida “secreta”, en su gobierno.  

Respondieron el cuestionario que promovió el equipo defensor Pérez, de su ministro Reinaldo Figueredo, y de otros enjuiciados, con el cual querían dejar por sentado cuál funcionario era el responsable de la política de seguridad y defensa de Estado y, en consecuencia, de sus gastos.

“Algunos  contestaron con cierto guabineo”, recordaron abogados. Pero todos lo hicieron.

Los mandatarios reafirmaron -los tres primeros, por escrito-, lo que en la ley estaba claro: el jefe de Estado es el único responsable de fijar los objetivos para el resguardo de la estabilidad y la paz; y que aquel podía usar los recursos “secretos” también fuera del territorio nacional.

Pero el presidente Velásquez, presente en el estrado, precisó algo más. A viva voz, habló de unos usos de los dineros que hasta entonces eran velados: “Por conocimiento no solo de la historia venezolana, sino de lo que significa la seguridad y defensa de todo Estado, considero que la vigilancia de la estabilidad nacional, que se traduce en defensa del Estado, de sus instituciones, debe ser permanente porque son permanentes las amenazas que sobre el Estado se ciernen”.

Y prosiguió: “Siempre un país como Venezuela, de una excepcional posición y de gran interés para el resto del mundo, debe velar por la estabilidad del Estado. En un tiempo fueron conspiraciones militares, intentos de atentados contra jefes de Estado; hoy, son amenazas de otra naturaleza, dentro del contexto mundial y continental”.

Secretos a voces

Desde aquel episodio judicial que se consideró un hecho sin precedente, aunque fue desestimado por el alto tribunal, se hizo relevante el uso de la “partida de gastos restringidos” asignada al Ministerio de Relaciones Interiores, aunque también la recibían los despachos de Defensa, Exteriores y, eventualmente, Hacienda y Justicia.  

Y quedó de manifiesto que todos los gobiernos democráticos, desde 1958 hasta 1999, la usaron estratégicamente, en el marco de la política de seguridad y defensa nacional. Por aquellos años, la partida fue un porcentaje decimal indicado por el Ejecutivo dentro del proyecto de presupuesto nacional de cada año, que el Congreso Nacional debatió y mostró públicamente, durante años. En la actualidad, de su existencia y uso nada se sabe.

Estudiosos del tema aseguran que la cantidad de esos recursos aumentó progresivamente en los gobiernos sucesivos, aunque se desconoce el monto preciso y cuántas veces la gastaron, debido su carácter reservado y discrecional. La partida de gastos restringidos apareció en el año 1937, cuando el presidente Eleazar López Contreras la creó únicamente para el Ministerio de Hacienda. Lidió con tiempos de transformación institucional laboral muy compleja.

Más tarde, Isaías Medina Angarita, en su gobierno (1941-1945), la bautizó con el nombre de Presupuesto para Gastos Secretos, Dádivas, Pensiones y Emolumentos de Seguridad de Estado. Esto sirvió a los gobiernos democráticos, a partir de 1958, no solo para neutralizar golpes militares, presencia de guerrilla armada, inclusive fuera del territorio nacional, y acciones de soberanía, sino también para amparar “ayudas” presidenciales y ministeriales, con el fin de financiar gastos médicos a compañeros, camaradas y compadres.

La historia reciente refiere que en solo dos ocasiones, en más de 50 años, su uso fue objeto de investigación penal. Fueron el caso de los jeeps, del expresidente Jaime Lusinchi (1988); y el de la Operación Orquídea o División 33 (1990), de Carlos Andrés Pérez. Y que solo esta última fue manejada, en medio de escarceos militares y políticos, para acabar con el mandato constitucional de un presidente.

Usos reservados

“Es obvio que todos los jefes de Estado usaron las partidas secretas estratégicamente, porque los gastos secretos son estrategias, para fortalecer las políticas y sus aliados y  enfrentar cualquier riesgo que encarnaron actores antagónicos a los que tenían que neutralizar y alejar”, señala la abogada Beatriz Di Totto.

Refiere el caso del presidente Rómulo Betancourt, el primero de la etapa democrática (1958) y su estrategia ante varios frentes simultáneos. Del perezjimenismo derrocado, la guerrilla azuzada por Cuba, y su adversario, Rafael Leonidas Trujillo, dictador dominicano, dejó testimonio el documental Rómulo Resiste.

“Creó y fortaleció una estructura armada para defender la democracia; diseñó el entubamiento de juicios penales contra aliados de Pérez Jiménez y guerrilleros, de allí no salió nadie; y favoreció la compra de medios afines a valores democráticos”.

A Rafael Caldera, en su primer gobierno (1969-1974), correspondió continuar la política de seguridad y defensa que Betancourt y luego Raúl Leoni habían empezado, pero con un giro impuesto por los tiempos: favorecer y garantizar el clima para la pacificación. “Lo hizo hasta con actores cubanos que estaban en el país”, dice un veterano exfuncionario de seguridad.

También Luis Herrera, entre la devaluación y las obras del Metro de Caracas, usó la partida secreta del ministerio de Relaciones Exteriores, “que era pequeña”, para enviar funcionarios de inteligencia venezolana al conflicto centroamericano, principalmente a El Salvador. En este país se concretó la Operación Centauro (1980), de lo cual dio cuenta la posterior desclasificación de archivos de los Estados Unidos. “El canciller Arístides Calvani fue el gran artífice de la política para ese país centroamericano”.

Pero el caso de la Corbeta de Caldas (1987), durante el gobierno de Jaime Lusinchi, un año antes del escándalo de los jeeps, fue el más conocido y emblemático. Venezuela y Colombia estuvieron a punto de iniciar un conflicto armado. “Durante su gobierno se hicieron siete rectificaciones de la partida de gastos”, refiere un exdiputado de la época.

El 9 de agosto, el buque venezolano Libertad le hizo frente, en ejercicio de soberanía, a  la corbeta de la Marina colombiana, que había incursionado en aguas del Golfo, zona sin delimitación, luego de varios días de aproximación. Los nueve días posteriores fueron de abierta hostilidad, debido a que cada embarcación alegaba estar en aguas jurisdiccionales.

Venezuela desplegó tropas alineadas en la frontera, de manera sorpresiva, y el  presidente Virgilio Barco, el 17 de agosto, ordenó la retirada de su embarcación. “Lusinchi ordenó que los recursos  de defensa, como disponer de gasolina, se aseguraran en el exterior. La partida secreta se usó con todo; los gastos extraordinarios en defensa de la soberanía se pagaron con esos recursos, lógicamente. La idea era contar con lo que se necesitara, de manera inesperada, por una vía inesperada”, recordó un exfuncionario.

Nunca se reveló si la supuesta popularidad súbita con la que finalizó aquel gobierno, cuestionado por casos de corrupción y masacres de civiles en varias localidades, fue financiada con aquellos dineros reservados.  

De aquellos secretos a la mayor opacidad

Desde el caso de Pérez y el gasto de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores para contribuir con la estabilidad política en Nicaragua, se planteó públicamente un debate sobre si se debía o no aumentar el control de los gastos, por más secretos que fuesen, en algunos casos.

La Contraloría General, único órgano responsable de ejercer el control previo y posterior del presupuesto, no tiene facultad legal para conocer todos los gastos considerados de seguridad y defensa del Estado. La mayoría está exceptuada de fiscalización, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Orgánica de Contraloría General (artículo 80).

El dilema sigue planteado, ahora con más razón, coinciden en afirmar abogados y exdiputados.

“Tenemos que pensar con racionalidad si esa herramienta es necesaria para que los gobernantes no sean saboteados y arponeados, que es la tesis de Moisés Naím; o si se elimina y se deja a un gobierno al descampado. Luego se vería la parte ética”, reflexiona la abogada Beatriz Di Totto, quien integró la defensa del exministro de Pérez, Reinaldo Figueredo Planchart.

Para Gustavo Linares Benzo, especialista en Derecho Administrativo, los venezolanos han recorrido desde existir partidas reservadas tradicionalmente en los ministerios, hasta tener en 2022 seis años sin conocer los gastos previstos en la Ley de Presupuesto.

“La Ley Antibloqueo, y es lo grave, canoniza todas las irregularidades anteriores. Lo que pasa es que esta Ley aparece en un estado, virtualmente, de guerra que es lo que existe hoy. Yo, como profesor de derecho, tengo que explicar que si un país pone una recompensa por una cabeza, eso es un acto de guerra. Pero a partir de allí entra otra juridicidad”.

El abogado Nelson Chitty La Roche, expresidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados que desde el Congreso inició la investigación, en noviembre de 1992, señala que en la vida pública no hay nada que no requiera de un chequeo formal. “La administración pública gasta más allá de los controles formales y provee más allá de los gastos formales”.

Pero haber iniciado la investigación de los gastos de seguridad de Estado de la partida de Relaciones Interiores, para 1989, representaba 0,49% del total del presupuesto, ya es cosa del pasado, advierte.

“Ahora existen facetas opacas que en la democracia no existían. Ahora todo es secreto, legalmente secreto”. Cita dos ejemplos significativos de los últimos años: el “extravío” de más de 120 mil millones de dólares del Fonden, creado en 2003, y la “desaparición” de más de 21.000 millones de dólares en el esquema de corrupción PDVSA-Cripto, más recientemente. Y es una cifra que pica y se extenderá indefinidamente, sugiere. Sin partidas secretas. “Solamente la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, promulgada en el año 2000, sin contar con otra legislación, ha tenido 17 reformas en los últimos 20 años, para diluir la fiscalización”.