Aunque originalmente fue concebido como jornada para la conmemoración de la lucha por derechos laborales, y para insistir en dichas reivindicaciones donde haya lugar, lo cierto es que para millones de personas alrededor del mundo, incluyendo Venezuela, el Día del Trabajador es un asueto ordinario. Es decir, un día para el reposo y la distensión. Lo que menos quiere el ciudadano común en esas 24 horas es pensar en lo que sea que le genere estrés o ansiedad. Pero en nuestro país eso es bastante difícil un 1 de Mayo o cualquier otro de los 364 días del año, con tantas preocupaciones derivadas del desplome en la calidad de vida. Para colmo, los actos oficialistas del Día del Trabajador pueden ser sobre todo preocupantes para cualquier ciudadano bien informado. Celebración especialmente significativa para el imaginario de izquierda socialista, es un momento ideal para que los jerarcas chavistas hagan gala de sus visiones más dogmáticas y por lo tanto más dañinas para el país. Durante lo peor de la crisis económica, la medida por antonomasia en ese sentido era el decreto de aumento de salario mínimo, cubierto con financiamiento monetario que aceleraba la inflación y hacía del propio aumento sal y agua en cuestión de días.
Como sabemos, a partir de 2019 hubo un giro en la política económica del chavismo que dio al traste con buena parte de las directrices marxistoides. El ritmo de los aumentos salariales nominales se redujo de manera drástica, en el marco de una contracción generalizada del gasto público. Así, la inflación bajó considerablemente, pero una consecuencia fue la condena a los trabajadores públicos y a los pensionados a percibir un ingreso misérrimo y divorciado de los precios de bienes y servicios. El malestar social se recrudeció. Desde el año pasado ha habido un sinfín de protestas exigiendo sueldos dignos. Por eso había mucha expectativa para este 1 de Mayo. Por un lado estaban los trabajadores empobrecidos, con su demanda de un salario que alcance para una vida decente. Por el otro, personas preocupadas porque el hipotético aumento tenga el mismo efecto inflacionario de antaño.
Finalmente, no hubo aumento salarial, ni en la pensión. Solo del Cestaticket y del “Bono de Guerra Económica”. La reacción entre los “beneficiarios” fue abrumadoramente negativa. Tanto así que frente al mismo Nicolás Maduro, maestro de la triste ceremonia, hubo gestos de decepción por parte de los trabajadores congregados, como quedó captado en videos que se hicieron virales. En cuanto al otro grupo interesado, pues al momento de escribir estas líneas es temprano para saber si sus temores se harán realidad. Eso sí: luego de tres meses de estabilidad en el tipo de cambio y el consiguiente freno en el aumento de precios, el dólar no oficial pasó la barrera de los 26 bolívares, así que no debe sorprender si, para el momento de la publicación de estas líneas, el panorama haya cambiado del todo.
“Solo quedó dinero para el grupo privilegiado. Esto explica el surgimiento de fortunas al calor de negocios con el Estado venezolano, incluso durante lo peor de la crisis económica”
De cualquier forma, tenemos dos inquietudes a primera vista confrontadas, pero la tensión es artificial, puesto que ambas son legítimas y se deben a una gestión gubernamental terrible. Y aunque, propaganda chavista aparte, parece haber un consenso en torno al rechazo a la decisión de Miraflores, surgió una discusión pública sobre cuál sería la manera correcta de acometer el problema salarial venezolano, incluso entre economistas especializados en la materia. Algunos sostienen que el Gobierno cuenta con los recursos para un alza sustancial de sueldos, sin repercutir negativamente en los indicadores macroeconómicos. Otros plantean lo contrario y consideran que la única vía sería el financiamiento monetario, por lo que el incremento deseado sería una concesión demagógica.
Con todo respeto a los interlocutores involucrados, este debate me parece algo fútil. No creo que la disponibilidad de recursos sea el quid de la cuestión. Creo que ello corresponde a otra palabra que empieza con las mismas cinco letras: disposición. Puede ser que los miles de millones de dólares que unos cabecillas chavistas se robaron, según el propio chavismo en campaña “contra la corrupción”, no alcancen para dotar a los trabajadores que protestan del ingreso que reclaman. Pero si hubiera la más mínima pizca de interés en la elite gobernante por mejorar la condición de vida, esas personas hubieran encaminado parte sustancial o todos esos fondos en tal dirección. Ah, y asumir que semejante vicio corresponde solo a la facción caída en desgracia es ignorar la magnitud de la corrupción en Venezuela, pues sigue habiendo incontables denuncias desatendidas.
¿A qué se debe tanta tacañería? Una teoría a la que, quizá habrán notado, vuelvo mucho es la del selectorado, formulada por los politólogos Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith. La frecuento porque, a mi juicio, es una de las exposiciones más brillantes del funcionamiento de los regímenes autoritarios. Si no están familiarizados con ella, pues en resumen argumenta que los gobiernos de este tipo necesitan asegurarse la lealtad de un grupo pequeño de individuos que garantice su permanencia en el poder ad infinitum, incluso si la voluntad ciudadana mayoritaria se opone. Para ello, tienen que darles prioridad en la distribución de recursos públicos que los mantengan satisfechos, de manera que supriman de buena gana el descontento masivo.
Mientras el chavismo vivió del ingreso inmenso del último boom petrolero, hubo dinero para distribuir prioritariamente entre la coalición ganadora, pero también entre toda la población, simulando así una prosperidad generalizada. Pero cuando esa bonanza se terminó, solo quedódinero para el grupo privilegiado. Esto explica el surgimiento de fortunas al calor de negocios con el Estado venezolano, incluso durante lo peor de la crisis económica, cuando las masas se empobrecieron al punto de pasar hambre en no pocos casos. Aunque la liberalización limitada en los últimos años produjo una mejora en los indicadores macroeconómicos y una contracción de la pobreza, seguimos en esa misma situación. Los ingresos del Estado son muy pocos, comparados con el pasado. Y con lo que tiene, el Gobierno privilegia a los de siempre. La peor parte la llevan los empleados públicos que son justamente los que más protestan.
Para que el Gobierno emprenda una recuperación socioeconómica más amplia, tendría que empezar por abandonar el presente sistema extractivo de economía política y reemplazarlo por uno inclusivo, en palabras de los economistas Daron Acemoglu y James Robinson. Pero claro, tal cosa supondría el fin de las canonjías para quienes mantienen a la elite gobernante. Sin tal apoyo, esta no puede seguir gobernando sin escuchar los deseos de la ciudadanía. Sería, en otras palabras, el fin del régimen antidemocrático.
Espero que con esto quede claro por qué el chavismo se resiste tanto a brindar sueldos decentes. Incluso si contara con los recursos, solo lo haría si tiene muchos más para repartir entre sus sostenedores. Con semejante condicionamiento, no hay ninguna certeza sobre la estabilidad financiera de millones de personas. Sin un cambio político, este es otro entre millones de problemas que nunca se resolverá del todo.