Venezuela y Colombia: de una a otra normalidad (1)

Ante la oleada de normalización internacional de relaciones con Venezuela, conviene reconocer que no todas tienen los mismos alcances y propósitos. No solo en cuanto a los aspectos formales, sino en las disposiciones ante las condiciones políticas prevalecientes en Venezuela. Esto último, que ya se vio reflejado en la muy limitada declaración al final de la Conferencia sobre Venezuela en Bogotá, se confirmó, desde en Brasilia en la proyección de las expresas divergencias de los presidentes Gabriel Boric y Luis Lacalle Pou ante la interpretación brasileña del autoritarismo en Venezuela como mera narrativa de sus adversarios. Aún en medio de las divergencias, las diversas normalizaciones en marcha han encontrado aliento en los riesgos, oportunidades y exigencias ante la guerra en Europa, las preocupaciones geopolíticas de cada cual, su búsqueda de recuperación económica, sus necesidades energéticas y especialmente, y en suma, sus prioridades para favorecer gobernabilidad interior y su proyección exterior.

Entre todas las iniciativas latinoamericanas, aparte de la del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, tan a la vista en estos días, es muy importante la del presidente Gustavo Petro. Lo es, para comenzar, por su muy significativa dimensión de política nacional: para el ya complicado proyecto de paz total de Petro y su gobernabilidad, así como para la legitimación internacional sin condiciones a la que aspira Nicolás Maduro.

Para entender, o intentar entender, lo que se va configurando en la práctica como normalización de relaciones con Colombia puede ser útil la mirada retrospectiva a lo que, tras momentos críticos previos, quedaba anotado en la agenda del reacercamiento. Esa mirada parece confirmar que los propósitos y alcances de las reconciliaciones fueron empobreciéndose, especialmente cuando se hace el contraste entre el presente y el pasado no tan lejano.

Normalizar institucionalizando

En el último tercio del siglo XX, si bien la delimitación de áreas marinas y submarinas en la zona noroccidental del Golfo de Venezuela se convirtió en asunto muy sensible y fuertemente condicionador de las relaciones, estuvo lejos de ser la única ligazón entre los gobiernos y, mucho menos, entre los dos países.

Las relaciones de los dos vecinos con una frontera tan amplia y bastante activa, así como con preocupaciones regionales de interés común, no se reducía a la cuestión del Golfo. La normalidad que en la década de 1960 se proponían cultivar los gobiernos venezolanos en sus relaciones con Colombia quedó muy bien recogida en 1969, a comienzos del primer gobierno de Rafael Caldera, en la Declaración de Sochagota. Este documento no solo expresaba el acuerdo en reanudar las negociaciones de delimitación que se habían iniciado a raíz del otorgamiento, por parte de Colombia, de concesiones petroleras para la explotación de petróleo en áreas interiores del Golfo de Venezuela. También incluía un programa de trabajo para cultivar intereses comunes en las relaciones bilaterales y en la cooperación fronteriza. Con todo, entre 1969 y 1980, la sucesión de conversaciones sobre delimitación concluidas sin acuerdo no sólo reforzó la centralidad de este tema, sino la insistencia desde Bogotá para que se activara el Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial de 1939 aunque, como repetidas veces alegaría el Gobierno de Venezuela entonces y en adelante, sus procedimientos no eran aplicables a asuntos de interés vital.

De la secuencia de negociaciones e interrupciones, es particularmente oportuno recordar el escalamiento de tensiones que se manifestó en la grave situación conocida como la “Crisis de la Corbeta Caldas”, por la que entre el 9 y el 18 de agosto de 1987 estuvo muy cercana la confrontación militar. Es especialmente oportuno llamar la atención sobre esta crisis porque, después de superada no sólo se sostuvo enérgica y consistentemente el rechazo desde Venezuela a la incursión militar, sino que se insistió en el modo más adecuado de tratar el tema de la delimitación de áreas marinas y submarinas junto a todos los muchos asuntos urgidos de atención binacional, como ya se había propuesto dos años antes en la Declaración del Arauca.

Lo que siguió merece ser recordado como un esfuerzo de institucionalización orientado a lograr una nueva y mejor normalidad en las relaciones con Colombia. Entre 1989 y 1990, con las declaraciones de Caracas y Ureña y el Acta de San Pedro Alejandrino los gobiernos de Virgilio Barco Vargas y Carlos Andrés Pérez lo pusieron en marcha. Para ello integraron todas las dimensiones de las relaciones; abordándolas de modo global para equilibrar la atención sobre la cada vez más voluminosa y problemática agenda pendiente, y abriendo esa agenda y su tratamiento a especialistas, actores y sectores relevantes para el cultivo de las relaciones entre los dos países. Esto permitiría ampliar la necesaria atención presidencial y gubernamental en beneficio de posiciones, decisiones y políticas de Estado. A la vez, estimularía vínculos cada vez más fluidos y complementarios entre las dos sociedades, en búsqueda de eficacia y legitimidad en la atención a los problemas y oportunidades comunes. Así fue concebido y en parte significativa logrado, por un tiempo, a través del trabajo de Comisiones constituidas de modo amplio y procurando la representatividad y participación de actores políticos, económicos y sociales.

Tras la destitución de Carlos Andrés Pérez y la breve Presidencia de Ramón J. Velázquez -personalmente comprometido con el impulso a las negociaciones globales como presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos- se fue diluyendo el apoyo político al esfuerzo. Desde Venezuela se debió, al menos en parte, a la vinculación de esta agenda a la gestión presidencial de Pérez, ya caído en desgracia. Desde Colombia, también en parte, se debió a la falta de acuerdos en materia de delimitación y por el interés creciente en los temas de seguridad y comerciales. Pero no es el caso negar lo mucho que contribuyó este esfuerzo de normalización de relaciones a mejorar la atención al conjunto de temas entonces y hasta hoy fundamentales, a los que se han añadido otros asuntos y complejidades.

Del trecho de idas y vueltas, también habían sido parte la conjunción de esfuerzos de los gobiernos de Venezuela y Colombia con Costa Rica en el apoyo a las negociaciones sobre el Canal de Panamá que culminaron en 1977; la finalmente lograda adhesión de Venezuela al Pacto Subregional Andino en 1973, luego de superar las reservas de Colombia;  entre 1983 y 1986, la participación de los dos países, con México y Panamá, en las gestiones del Grupo Contadora ante la crisis centroamericana; a partir de allí, entre 1986 y 2010, en el Grupo de Río, y en 1995, comercialmente, en la formación, con México del Grupo de los Tres.

Normalizar, entre la década de 1960 y finales del siglo XX, se fue haciendo sinónimo de empeño por institucionalizar la atención a los intereses, oportunidades y problemas en juego en las relaciones entre los dos países sobre la base de concepciones similares sobre democracia, seguridad y desarrollo, así como sobre el orden internacional. Es todo esto lo que se fue alejando en medio de las crisis y durante las reconciliaciones a partir de 1999.

Normalizar sobre la erosión de la institucionalidad

En lo que va de este siglo, el foco principal de atención de las relaciones se movió a la seguridad, que será el cristal a través del cual tiendan a ser vistos y atendidos todos los asuntos pendientes, cada vez más abundantes y complejos. Será la óptica predominante desde Colombia ante el desarrollo de la crisis venezolana, y la de los gobiernos de Chávez y Maduro sobre las relaciones y políticas del vecino occidental. Eso sí, partiendo de concepciones de la seguridad -cuál, de qué o de quiénes y cómo- muy diferentes. Es por eso que, si los momentos críticos se hicieron cada vez más frecuentes e intensos entre 1999 y 2022, las reconciliaciones se fueron haciendo menos institucionales, más frágiles y breves.

Para ilustrar lo esencial de las crisis y la naturaleza de los reacercamientos, estos pueden agruparse en tres tiempos, que se corresponden parcialmente con los cambios presidenciales en Colombia y sus procesos de negociaciones de paz. Pero también, y quizás mucho más, con los del perfil nacional e internacional del régimen venezolano, ya no solo en su tránsito discursivo de la “refundación democrática” a la “revolución bolivariana” y al “socialismo del siglo XXI”, sino en lo pasos y desbordamientos regionales de su deriva autoritaria. Concentrémonos por lo pronto en el primer tiempo, el de la montaña rusa en descenso en las relaciones entre 1999 y 2010, entre Chávez, Pastrana y Uribe, resumible en una gruesa secuencia.

No deja de ser curioso que Hugo Chávez, habiendo justificado la acción golpista del 4 de febrero de 1992, entre otros motivos, por las iniciativas de negociación de Carlos Andrés Pérez con Colombia, haya suscrito entre 2000 y 2004 con los presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, declaraciones en las que aceptaba reactivar e impulsar el trabajo de las Comisiones de 1989. Esto se convirtió en esos años en un recurso reconciliador, mientras que cada vez más visiblemente el gobierno venezolano abandonaba la perspectiva integral del temario y el compromiso con la vinculación de actores políticos, económicos y sociales al desarrollo de conversaciones e iniciativas. Entre crisis cada vez más intensas y reconciliaciones cada vez más breves, valga repetirlo, se fue destruyendo no solo la institucionalidad existente, sino las condiciones y coincidencia de intereses para reorientarla o construir una nueva.

La secuencia de tensiones, crisis y reacercamientos entre Colombia y Venezuela entre 1999 y 2010 merece especial atención, porque en ella se fueron alterando, profundamente, las referencias políticas e institucionales de las relaciones entre los dos países, sus gobiernos y sociedades. También por lo que hasta el presente proyectan para la relación bilateral y para Venezuela.

A mediados de 2010, era inocultable la grieta política y geopolítica, económica y en seguridad que se había abierto y ensanchado entre los dos países, así como lo perdido en comercio, integración y concertación internacional.

En perspectiva venezolana, la visión grancolombiana de Chávez -también hacia Latinoamérica y el Caribe- era la de la expansión de la influencia de su revolución bolivariana con discursos, posiciones, vinculaciones e iniciativas cada vez más explícitamente antiliberales, regionalmente polarizadoras y en buena medida injerencistas.  La relación con Colombia, país descrito por Chávez en 2004 como parte del “eje monroista” que había que romper, fue una parte muy importante de una política exterior cada vez más concentrada en la seguridad del régimen, en la expansión y cultivo de relaciones con actores y regímenes afines y en el cambio de los compromisos bilaterales, regionales y hemisféricos sobre democracia, seguridad e integración.

Es ese el cuadro, bastante consolidado, que encuentra en 2010 el nuevo presidente de Colombia, el exministro de Defensa del gobierno de Uribe, Juan Manuel Santos. Uno de sus primeros pasos será preparar el terreno para la normalización de relaciones con Venezuela. Una normalización cuyas motivaciones se parecen en mucho a las del presidente Gustavo Petro, si bien rodeadas de condiciones muy diferentes.