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23 febrero 2024

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Convertir las sanciones en ley, ¿una amenaza creíble?

El pasado 28 de marzo de 2023, los senadores republicanos Jim Risch, de Idaho; Marco Rubio, de Florida; Bill Hagerty, de Tennessee; Rick Scott, de Carolina del Sur, y Jhon Barrasso, de Wyoming, reintrodujeron ante el Senado la Ley de la Democracia Venezolana (Venezuelan Democracy Act). Un papel de trabajo que podría convertir en ley las sanciones que ha impuesto el poder ejecutivo estadounidense sobre Venezuela y los jerarcas del chavismo durante los últimos años. 

De las intervenciones hechas ese día por los senadores mencionados se desprende que este proyecto de ley surge como un corrientazo para estimular una negociación eficaz; y, también, como un mecanismo de control para las concesiones que la administración Biden pudiera ofrecer al régimen venezolano, con tal de que este vuelva a sentarse en la mesa de México.

“El texto es enfático en aclarar que la ayuda humanitaria de Estados Unidos y cualquier otro país a Venezuela no se restringirá”

Ya es conocido que la Casa Blanca tiene premura en mostrar avances sobre la crisis venezolana, pues no quiere que el estancamiento de una solución democrática para nuestro país se convierta en un punto de ataque contra el Partido Demócrata en la campaña presidencial estadounidense de 2024.

Recordemos que ya el gobierno de Joe Biden ha hecho concesiones muy importantes al madurismo, como la liberación de los sobrinos de Cilia Flores, quienes cumplían condena en Estados Unidos por delitos de narcotráfico; y la eliminación de Carlos Erik Malpica Flores, también sobrino de la esposa de Nicolás Maduro, de la lista de sancionados por la Oficina del Tesoro (OFAC). En este sentido, también resaltan varios viajes a Caracas por parte de delegaciones norteamericanas que han permitido la creación de un canal de comunicaciones entre la Casa Blanca y Miraflores, que no siempre incluye a la oposición venezolana.

¿Qué implica convertir las sanciones en ley y cuál es su efecto en un eventual proceso de negociación?

Aunque en este momento está engavetado, que este documento se transforme en ley, significa un cambio muy importante para la dinámica de imposición o retiro de sanciones a Venezuela o a ciudadanos venezolanos, porque, hasta ahora, estas medidas son una prerrogativa del poder ejecutivo estadounidense que decide discrecionalmente a quién incluir y a quién sacar. Si este instrumento se aprueba, el Congreso pasa a ser un actor determinante en el proceso, porque sería la instancia donde se decidiría cualquier suspensión o variación a una sanción ya establecida.

Es decir, desde el momento en que se sancione esta ley, será el Congreso el que le determine al poder ejecutivo cuándo y cómo puede modificar cualquiera de las medidas sancionatorias vigentes. Esto acabaría con cualquier tipo de negociación política que incluya el tema de las sanciones, porque ya no sería potestad de la Casa Blanca retirarlas. Y para los sancionados no es una buena noticia, porque ahora la complejidad para modificarlas será mucho mayor.

El proceso de negociación de México hoy está en coma, sin embargo, en días recientes se conoció, aunque sin detalles, que hubo una reunión en Qatar entre el asesor para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, Juan González, y el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez.

¿Qué dice el documento que podría convertirse en ley?

El escrito deja muy claro que Washington debe mantener la política de sanciones mientras Venezuela siga sin recuperar la democracia y establece un nuevo cerco financiero, diplomático hacia el país, pero esta vez con rango de ley. “Estados Unidos se opone enérgicamente a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y conserva las sanciones vigentes a Venezuela hasta que haya una transición a la democracia”, señala el texto.

Para leer el documento completo, aquí el link

Establece que Estados Unidos “bloqueará” la membresía de cualquier gobierno no democrático de Venezuela en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, señala que Washington “suspenderá” la asistencia o apoyo a cualquier país que brinde auxilio financiero al régimen de Maduro o a cualquier sucesor no democrático. Esto exceptúa trámites relacionados con ayuda humanitaria para los venezolanos. Esta eventual ley, que por ahora no está en la agenda del Congreso norteamericano, también solicita una evaluación sobre si el gobierno de Maduro cumple con los criterios para ser designado Organización Terrorista Extranjera o Terrorista Global Especialmente Designado.

Los entes encargados de vigilar y tramitar la implementación de esta hipotética ley son los comités de relaciones exteriores tanto del Senado como de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano, que, además, recibirán “informes trimestrales sobre licencias específicas otorgadas a ciudadanos venezolanos que se relacionen con individuos sancionados, así como de extranjeros que hacen negocios con personas sancionadas en Venezuela”.

No afectaría la ayuda humanitaria que pueda recibir el país

El texto es enfático en aclarar que la ayuda humanitaria de Estados Unidos y cualquier otro país a Venezuela no se restringirá, a menos que “exista un riesgo de que pueda ser utilizada para torturar o para realizar actividades relacionadas con narcóticos ilícitos o minería”.

¿Qué esperar?

Hay que seguir con atención si el proceso de negociación de México tiene algún progreso en las próximas semanas. Hasta ahora no hay mayor información sobre la reunión de Juan González y Jorge Rodríguez en Qatar. Lo que sí hemos visto, es cómo el madurismo sigue mellando las posibilidades de una elección más o menos equilibrada en el país: censura, inexistencia de un Consejo Nacional Electoral medianamente confiable y arbitrariedades institucionales de diversa índole han sido lo cotidiano. El más reciente golpe: la inhabilitación a María Corina Machado, quien puntea las encuestas para ganar la primaria opositora.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.

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