Recientemente, en la serie de entrevistas a los precandidatos presidenciales realizada por Efecto Cocuyo, la entrevistadora Luz Mely Reyes les preguntó a los contendientes si estaban a favor o en contra de la legalización del aborto. Esto despertó un interés sobre el tema que me gustaría aprovechar, para compartir algunas consideraciones éticas y políticas.
Antes que nada, y para no dejar dudas: Me parece que el aborto es un acto inmoral e indeseable. Desde la concepción existe un ser único y vivo que, normalmente, al cabo de 9 meses de gestación, será un ciudadano de la República. Abortar implica negar la gestación y la vida de ese ser humano.
A pesar de lo anterior, creo que el aborto debe ser legal, y aunque en principio esto pudiese sonar contradictorio, no lo es. La idea de contradicción se genera cuando se piensa que ante el aborto solo existen dos políticas posibles, la prohibición o la legalización. Esta idea, como casi todos los dilemas indivisibles, es falsa. Entre una cosa y la otra existen un sinfín de opciones y matices que, son justamente los que permiten la convivencia democrática y plural de personas que piensan distinto.
“La cantidad de recursos que demanda una política pública es directamente proporcional a lo restrictiva que sea”
Como político y demócrata, mi deber no es imponer mis ideas o creencias sobre otras. Por el contrario, el deber de un político demócrata es implementar políticas que permitan que los diversos grupos que integran la sociedad puedan convivir en paz y lo más satisfechas posible.
Sobre el aborto creo que hay un gran consenso que nos une a todos, y es que el aborto es algo que, quienes lo consideramos inmoral y quienes lo consideran un derecho, queremos evitar. De modo tal que ocurra la menor cantidad de veces posibles, siendo “0” el mejor escenario. Alrededor de este consenso, me permito exponer algunas ideas.
El fracaso de la prohibición
El éxito de una política pública es directamente proporcional a la capacidad que tiene el Estado para ejecutar dicha política. La capacidad de un Estado se mide en función de los recursos que este dispone. La cantidad de recursos que demanda una política pública es directamente proporcional a lo restrictiva que sea.
Siguiendo esta lógica, no hay nada más restrictivo que la prohibición. Esta política, de restricción total, demanda intensivos recursos del Estado y requiere una altísima capacidad para ser exitosa. De hecho, es tan así que siempre fracasa. La prohibición de la venta de licor en 1920 en los Estados Unidos no hizo que el consumo de alcohol dejase de ocurrir, del mismo modo que la prohibición del aborto no hace que los abortos dejen de ocurrir.
La convivencia democrática y plural
En una sociedad democrática conviven personas que creen que el aborto es un acto inmoral, y personas que creen que el aborto es un derecho. La exclusión o persecución de un grupo no es aceptable de ninguna manera.
La cuestión a la que nos enfrentamos los políticos es la de diseñar un mecanismo que permita que ambas personas convivan en sociedad, lo mejor posible, maximizando además su felicidad. La prohibición, es por definición, un mecanismo excluyente que vulnera por completo las preferencias de una de las partes, y, por tanto, es un mecanismo ineficiente.
Sin embargo, utilizar los recursos públicos (el dinero de los contribuyentes) para financiar clínicas de abortos, vulnera también las preferencias de la otra parte. Yo no quisiera que la riqueza que produzco sea usada para financiar algo que considero inmoral.
Un mecanismo alternativo
En el estado actual de las cosas los contribuyentes pagamos al fisco una cantidad de dinero x, y el fisco distribuye ese dinero a distintos programas y proyectos, por ejemplo, al sistema de salud pública.
Sin embargo, existen otros mecanismos para financiar la salud pública. Por ejemplo, en un país donde estar médicamente asegurado es obligatorio, la salud pública puede ser administrada por compañías aseguradoras. Básicamente, los contribuyentes en lugar de darle x cantidad de dinero al fisco tienen la obligación de contratar un seguro médico. Esto en consecuencia hace que paguen menos impuestos, ya que el Estado no tiene que destinar tanto dinero a la sanidad, y los ciudadanos pueden decidir que póliza de seguro adquirir.
En un sistema como este, si el aborto es legal cada uno decide que póliza toma, y, por tanto, un contribuyente que quisiese hacer objeción de conciencia y no financiar con su dinero el aborto, podría simplemente optar por una póliza que no cubra este tipo de intervenciones. Por otro lado, un contribuyente que piense que el acceso al aborto es un derecho, puede optar por una póliza que sí cubra estas intervenciones.
Ninguna de las partes, ni quienes creen que es un derecho, ni quienes creemos que es inmoral, estaremos completamente satisfechos con este mecanismo. Sin embargo, es un instrumento que nos permite ciertos grados de libertad a todos y, en especial, que nos facilita convivir en la misma sociedad.
Una conclusión para tener presente
Los asuntos públicos no pueden ser tratados de forma binaria, absolutista y primitiva. Las respuestas que fomentan la convivencia suelen ser un poco más complejas que “legalizar” o “prohibir” pero, también, suelen ser mejores.