EN LA ALDEA

23 febrero 2024

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Ingenio democrático ante inhabilitaciones arbitrarias

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El régimen, a lo bestia, ha dado un nuevo zarpazo. Ha inhabilitado -¡por 15 años!- a María Corina Machado a través de una decisión de la Contraloría General. Es bien sabido que una inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público requiere un juicio y una sentencia definitivamente firme, confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia. La dictadura, conforme a su naturaleza, viola la Constitución de una manera tan injustificable que hasta Gustavo Petro ha expresado que “es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)”. En su caso, por cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Gobierno de Colombia y se abrió así la posibilidad de que fuese candidato presidencial. El régimen venezolano, sin embargo, seguramente hará caso omiso a un pronunciamiento similar que realizase dicha Corte. Ha decidido, simplemente, privar a Machado y a los electores de sus derechos políticos.

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La dictadura sabe perfectamente que no ganaría en unas elecciones libres y justas. Hará pues todo lo necesario para evitar que tales elecciones ocurran. Por lo pronto, con las inhabilitaciones de candidatos demócratas pretende desmotivar a los ciudadanos, quienes podrían considerar inútil elegir a alguien que no podrá participar en las elecciones presidenciales. Previendo, de todos modos, que ningún candidato dejará de participar en las primarias por estar inconstitucionalmente inhabilitado espera -y promoverá- que los actores políticos se enreden y riñan tratando de acordar las reglas que les permitan manejar la situación. Espera, además, que los candidatos que se han lanzado y se lanzarán al margen de las primarias puedan cumplir más eficazmente con la tarea – premeditada o, en algún caso, resultado de un imperdonable cálculo político- de dividir a la mayoría democrática.

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Pero no perdamos más tiempo analizando esta nueva celada de la dictadura. El asunto clave es cómo responder a ella. De entrada, no podemos aceptar mansamente las inhabilitaciones que la dictadura arbitrariamente decida. La presión interna y externa para lograr que el candidato ganador de las elecciones primarias sea nuestro candidato presidencial tiene que redoblarse. Pero hay que prever escenarios. Uno de ellos, el más probable en este momento, es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no acepte, a pesar de dicha presión, la inscripción de aquel candidato.

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No luce conveniente que la regla a utilizar ante las inhabilitaciones consista en que el aspirante ganador de las primarias, de estar inhabilitado, delegue su candidatura en el que alcance la segunda posición. Y que este, si estuviese también inhabilitado, la delegue a su vez en el siguiente y así sucesivamente. Podrá argumentarse, a favor de este esquema, que lo relevante es que haya un candidato, cualquiera que este sea, que represente al esfuerzo unitario y reciba el apoyo de todos los otros aspirantes. La realidad es que de seguir esta regla al final el candidato sería uno que no solo no contaría con apoyo popular, sino que además resultaría el menos amenazante o incluso colaborador desde la perspectiva de la dictadura que, al no inhabilitarlo, lo habría indirectamente seleccionado.

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Me parece más adecuada una fórmula inspirada en el conocido caso del estado Barinas. Cada participante en la elección primaria debería contar con una persona -o varias, previendo inhabilitaciones adicionales- que pueda, eventualmente, actuar como su relevo en el caso de resultar ganador y estar inhabilitado. Este relevo sería quien participase nominalmente en la elección presidencial en representación del real candidato. Tal arreglo político debería ser amplia y claramente comunicado a la opinión pública nacional e internacional. Debe entenderse que se trataría de un acto de pacífica rebeldía ante acciones de la dictadura destinadas a impedir que la voluntad de la mayoría se exprese libremente. Ahora bien, en el escenario en el que el relevo en cuestión resultase electo como presidente procedería a levantar la inhabilitación que impidió participar al candidato que representa y a designarlo como Vicepresidente. Luego renunciaría para que este asumiese la Presidencia.

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En este punto entraríamos, desde luego, en territorio ignoto. El camino para volver a la constitucionalidad no está establecido en ningún marco legal. Es cierto, por ejemplo, que, de acuerdo con la Constitución, si la renuncia de un Presidente en funciones ocurre durante la primera mitad del lapso para el cual fue electo se debe convocar a una nueva elección. ¿Es esto lo que aplicaría en las complejas circunstancias de retorno a la democracia y a la constitucionalidad?, ¿no estaríamos buscando, con el esquema propuesto, hacer respetar la soberanía popular permitiendo que el candidato realmente ganador -no su relevo- asuma la presidencia, sorteando los obstáculos inconstitucionales que la dictadura habría colocado? Es, sin duda, un tema espinoso y no deseo especular más al respecto en este momento.

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La dictadura seguirá haciendo lo que sabe hacer. Se trata, en lo esencial, de una minoría que nunca ha dejado de conspirar en contra de la democracia liberal y que ha acordado peligrosas alianzas con regímenes semejantes. Su repertorio de jugadas sucias (me disculpo por el uso de este adjetivo, pero no se me ocurre otro) es variado y no tendrá escrúpulos en utilizar cualquiera de ellas con el fin de perpetuarse en el poder. Nos corresponde a los demócratas anticiparnos y tomar la ofensiva con respuestas y acciones rápidas, innovadoras y eficaces. Es probable, en tal sentido, que una próxima jugada sea declarar inconstitucional las elecciones primarias. ¿Qué hacer ante ese otro zarpazo? La Comisión Nacional de Primaria actuó muy bien ante la reciente renuncia de los rectores del CNE, adoptando la estrategia de organizar unas primarias autogestionadas. Es de esperar, por eso, que hayan evaluado también el escenario de la ilegalización de las primarias y cuenten con una estrategia alternativa. No me consta, pero confío en que así sea. Nada debe pararnos en nuestro propósito de coordinar todos los recursos y acciones a nuestro alcance para crear la “tormenta perfecta” de 2024.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.

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