En la aldea
28 mayo 2024

La oposición venezolana ha insistido en la necesidad de volver cuanto antes a la mesa de diálogo con el oficialismo en México.

Venezuela: organizaciones urgen ejecutar acciones para implementar acuerdo firmado en México

Organizaciones de la sociedad civil le exigen a las delegaciones del Gobierno y la oposición en la mesa de diálogo en México reunirse a la “brevedad”, a fin de considerar el uso de depósitos del Banco Central de Venezuela para crear inmediatamente un Fondo de Atención Social. “Hacemos un llamado para que se avance con celeridad en estos pasos que no conllevan mayor complejidad si existe voluntad política de ambas partes”.

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Decenas de organizaciones de la sociedad civil solicitan la “urgente” ejecución de acciones para la activación del “Fondo para la Protección Social del Pueblo de Venezuela”, acordada en los diálogos entre el Gobierno y la oposición venezolana en México en 2022 y plantean el uso de depósitos del Banco Central de Venezuela (BCV) en la Reserva Federal de Nueva York para la “inmediata” creación del Fondo.

La Coalición Anticorrupción, integrada por más de 130 organizaciones, junto a activistas aliados, dirigieron una carta a los jefes de las delegaciones negociadoras del Gobierno y la oposición en la que expusieron que, ante la “necesidad de atención de la población venezolana en situación de vulnerabilidad”, se requiere “con urgencia” la decisión de las partes firmantes del acuerdo y de representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El oficialismo y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron en noviembre de 2022 un acuerdo para crear un Fondo de 3 mil millones de dólares para la Atención Social con recursos congelados en el exterior, que será administrado por la ONU, para atender las necesidades más urgentes en Venezuela.

“El coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación en México, Gerardo Blyde, ha llamado a la delegación del Gobierno a volver a la mesa de diálogo ‘cuanto antes’ y ha negado que estén incumpliendo el acuerdo”

Aunque la Coalición Anticorrupción reconoce que el monto “no es suficiente”, admite que supondría un “alivio para la precariedad de las condiciones de vida de sectores vulnerables”.

Además, precisa que, según información pública divulgada por la Junta Administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela, esa institución mantiene depósitos en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York de $144.269.660, bloqueados por la regulación de sanciones dictadas por el gobierno estadounidense.

Al respecto, la Coalición Anticorrupción sugiere la implementación de una serie de pasos para disponer de esos recursos e insiste en la necesidad de que el Fondo Social se rija “por las buenas prácticas internacionales de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas que requiere la ejecución de fondos públicos, bajo la responsabilidad de cualquier órgano público o privado, nacional o internacional”.

Plantean que el BCV otorgue un préstamo a la República para constituir el Fondo, la aprobación de un crédito adicional de gasto público por parte de la Asamblea Nacional y que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgue a la Junta Administradora ad hoc del BCV una acreditación para representar al BCV frente al Banco de la Reserva Federal.

En ese sentido, posteriormente, las partes firmarían el contrato con la ONU; la junta administradora ordenaría la transferencia desde las cuentas en el Banco de la Reserva Federal a la cuenta operativa para el funcionamiento del Fondo y que finalmente se cree una Comisión de Seguimiento y Verificación integrada por representantes de las partes.

“Hacemos un llamado para que se avance con celeridad en estos pasos que no conllevan mayor complejidad si existe voluntad política de ambas partes”, destaca el texto.

Desde al menos el 2015 Venezuela vive una Emergencia Humanitaria Compleja que ha causado “masivas, múltiples y severas” privaciones de diversos derechos que se evidencian en pobreza, hambre y colapso de servicios básicos, expone HumVenezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil que miden los impactos de la crisis.

Datos de la plataforma exponen que casi 19 millones de venezolanos, es decir el 65% de la población, continúan presentando necesidades de asistencia.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro, en varias ocasiones, ha acusado a la oposición de incumplir el acuerdo y ha condicionado el diálogo político al levantamiento de “todas” las sanciones impuestas por la comunidad internacional e incluso a la liberación del empresario colombiano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por conspiración para blanquear capitales y a quien el gobierno venezolano considera un diplomático.

El coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación en México, Gerardo Blyde, ha llamado a la delegación del Gobierno a volver a la mesa de diálogo “cuanto antes” y ha negado que estén incumpliendo el acuerdo. También ha dicho que han trabajado con la ONU y países aliados donde están los recursos para que sean transferidos “sin riesgos”.

En abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lideró una Conferencia Internacional que culminó planteando el establecimiento de un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, la continuación del proceso de negociación en México facilitado por el Reino de Noruega y, en paralelo, el levantamiento de sanciones.

Previamente Maduro había advertido que la declaración final de la conferencia debía exigir a EE.UU. que deposite el dinero congelado en el exterior para la creación del Fondo. “Una vez que depositen vamos a México otra vez, requisito sine qua non. Si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino”, dijo Maduro dirigiéndose a Petro y al resto de los representantes de los países que asistirían a la cumbre horas después.

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