La cuenta de Twitter de Igbert Marín -aún operativa, pero sin actividad- habla, y mucho, de este teniente coronel del Ejército encarcelado desde hace cinco años. Habla, con la voz de otros, pero muy claro.
El primero de abril de 2017 escribió: “Los grandes espíritus han encontrado frecuentemente una violenta oposición por parte de las mentes mediocres”, una frase que atribuye a Albert Einstein. A fines de ese mes, el 26, coloca una sentencia de José Ortega y Gasset: “Razón es, en el verdadero y riguroso sentido, toda acción intelectual que nos pone en contacto con la realidad”. El 4 de julio de ese año -vaya fecha simbólica- citó al profesor de la Universidad de Harvard Bernard Bailyn, especializado en la historia colonial y revolucionaria de su país: “Cuando poder y derecho se confunden, la inocencia y la justicia no pueden hacer otra cosa que suspirar y someterse mansamente”. El 27 de julio seleccionó una frase del prócer de la Independencia venezolana, no tan apreciado en el altar bolivariano al uso, José Antonio Páez en una carta al coronel Hermenegildo Mujica del 7 de diciembre de 1829: “En circunstancias en que se señalan dos caminos, es necesario tomar uno de los dos”.
“Se ha dicho muchas veces pero hay que volverlo a decir: Igbert Marín Chaparro se graduó como alférez mayor de la Promoción de 1999 en la Academia Militar, con las mejores calificaciones en la historia de la institución”
¿Bastan esas frases para incriminar y condenar a un ciudadano de una sociedad democrática, participativa y protagónica, según el preámbulo de su Constitución? Seguramente no, porque allí siguen, potentes y reveladoras. Quienes urdieron el expediente contra Igbert Marín Chaparro ni se molestaron en revisarlas, ni en desaparecerlas. Las prisas urgían a ir contra él, a doblegar su espíritu y su talante. El arsenal de infundios es amplio y siempre se puede armar una causa sin pruebas, sin delitos, sin hechos. Y, además, pueden alegar que de esos señores a los que cita el teniente coronel se desconoce su paradero.
El expediente
Igbert Marín Chaparro fue detenido el 2 de marzo de 2018 y fue presentado el 9 del mismo mes ante el Tribunal. La autoridad militar responsable es la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a cargo del mayor general del Ejército Iván Hernández Dala (Director); general de división Manuel Ricardo Cristopher Figuera (Subdirector); coronel del Ejército Rafael Antonio Franco Quintero (Director de investigaciones penales y criminalísticas); capitán del Ejército Jonathan Eduardo Becerra Requena (integrante de la dirección de investigaciones). La plana mayor de la DGCIM.
La autoridad judicial del caso la desempeñó el mayor Mickel Enrique Amezquita Pión, juez del Tribunal Miliar Tercero de Control, con sede en Caracas. La representación fiscal la ejerció la fiscal militar capitán María Marcelina Martínez Salazar. Actualmente la causa se encuentra en el Tribunal Militar de Ejecución a cargo de la juez capitán Carmen Victoria Jaspe. Por tener más de cinco años detenido a Marín Chaparro le favorecen fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena. No se han ejecutado.
Pero, ¿de qué se acusa a este teniente coronel? El acta de investigación -que se supone previa a la detención tiene fecha del 5 de marzo, tres días después- fue suscrita por el capitán Jonathan Becerra, quien dejó constancia de que “un grupo de oficiales superiores estaban vinculados a un movimiento conspirativo dirigido a captar profesionales militares”. La causa es conocida como Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo.
Los oficiales complotados, según el relato acusador, iban a grabar un video -que no existe- que sería difundido por los medios de comunicación -no incluye a VTV- llamando a la desobediencia a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el video -del que no hay rastro, insistimos- saldrían Marín y otro grupo de oficiales. También se menciona en el acta que en el año 2017 -en alguno de sus 365 días- el teniente coronel recibió una llamada por parte del “ciudadano mayor general Miguel Eduardo Rodríguez Torres”, un antiguo colaborador de Hugo Chávez, luego contrario a Nicolás Maduro, detenido el 13 de marzo de 2018 -unos días después de Marín Chaparro- y encarcelado durante más de cuatro años hasta su liberación y destierro el pasado mes de enero tras la medicación del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
Marín Chaparro después de ser detenido fue trasladado a la sede de la DGCIM -en algún momento será el “museo del horror bolivariano”- junto con los tenientes coroneles Juan Carlos Peña Palmentieri, cursante de la maestría del Instituto de Operaciones Estratégicas de las FAB; Deibis Esteban Mota Marrero, primer comandante del 413 Batallón Blindado general de división Pedro León Torres; y Víctor Eduardo Soto Méndez, primer comandante del 913 Grupo de Caballería Blindada general José Laurencio Silva.
Cuando fueron presentados, una semana después ante el juez Amezquita Pión, eran visibles las huellas de las torturas a las que fueron sometidos. Los militares ordenaron que se le hicieran exámenes médicos que determinaron que estaba en “perfectas condiciones”. La esposa del teniente coronel, Yocelyn Carrizález, dijo que una doctora sin registro alguno firmó la revisión médica, según esta nota de Armando.info. La fiscal sin disponer de elementos de convicción que los incriminara solicitó la medida de privación preventiva de libertad por estar incursos en el delito, que no se realizó, de instigación a la rebelión.
Solo hubo un testigo -que había estado preso por el mismo caso- quien denunció una supuesta reunión de los “complotados”. Ningún video, ni nombres de personas captadas para algo, ni planes de dar un golpe de Estado. El 16 de diciembre de 2020 -33 meses y unos cuantos días después de la detención- fueron condenados a 7 años y 6 meses de presidio.
La defensa apeló, la Corte Marcial anuló la sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio. Pero -y hay muchos peros en estas historias- la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se avocó de oficio y declaró de nulidad absoluta de lo que había sido anulado y ordenó la reposición del caso para que se dictara una nueva sentencia. La Corte Marcial “captó” el mensaje y dio marcha atrás y ratificó la sentencia inicial que había anulado. Los abogados de la defensa ejercieron recursos de casación y todos fueron desestimados.
Una perla más: Igbert Marín durante la audiencia en la Corte de Apelaciones -quizá guiado por las palabras de Ortega y Gasett sobre el contacto con la realidad- dejó caer una “bala fría”: No esperaba, advirtió, el respeto al debido proceso por cuanto el presidente de la Corte Marcial, mayor general Jesús Emilio Vásquez, fue el Fiscal General Militar a cargo de la investigación contra los comandantes y luego conoció el recurso de Apelación.
El primero de los primeros
Se ha dicho muchas veces pero hay que volverlo a decir: Igbert Marín Chaparro se graduó como alférez mayor de la Promoción de 1999 en la Academia Militar, con las mejores calificaciones en la historia de la institución, como Licenciado en Ciencias y Artes Militares, mención Caballería y Blindados. Ocupó diversos cargos en la estructura militar -Chávez lo tuvo durante poco más de un año como uno de sus asistentes- y en paralelo profundizó su formación con especializaciones en Gerencia Pública en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) y de Derecho y Política Internacional en la Universidad Central de Venezuela, además de un diplomado en la Escuela Superior del Estado Mayor, en Nicaragua.
Para el momento de su detención era el comandante del Batallón de Infantería Motorizada Juan Pablo Ayala, con sede en Fuerte Tiuna, que honra la memoria de un militar de carrera –Juan Pablo Ayala Soriano (1768-1855)-, activo participante del movimiento revolucionario de 1810 que llevó a la Independencia y estrecho colaborador de Francisco de Miranda en los primeros combates contra los realistas, por los que cayó preso y fue enviado a un presidió en Ceuta, en el norte de África. Una historia que, con seguridad, Marín Chaparro debe conocer aunque no hay referencia del personaje entre las abundantes citas de su cuenta de Twitter, que van desde Renny Ottolina hasta el Papa Francisco, incluso alguna de Adam Smith.
Fue precisamente en el comedor del Batallón Ayala donde a finales de febrero de 2018 Igbert Marín se reunió para almorzar con un grupo de ex compañeros de estudios de la Academia Militar -estaban en Caracas para recibir el pago de un curso de Estado Mayor, según registra el reportaje referido de Armando.info– con los que se graduó en la promoción Miguel Antonio Vásquez en 1999. Uno de los participantes -el famoso testigo- habría afirmado que estaban conspirando y esa es la prueba “estrella” de la acusación.
Marín Chaparro fue citado entonces a una reunión en la Comandancia General del Ejército, en la que estaban presentes el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el comandante general del Ejército, Jesús Sánchez Chourio, e Iván Hernández Dala, el director general de la DGCIM. De allí salió detenido, tras exponer ante sus mandos superiores el descontento de la tropa por las condiciones en que prestan sus servicios: alimentación deficiente, bajos sueldos, escasez de medicinas e incluso de pertrechos para sus actividades ordinarias.
En febrero de 2019, el diario madrileño El Español publicó una extensa nota bajo el título Documentos secretos prueban que Maduro inventó un golpe de Estado para purgar el Ejército en el que se divulgan partes de los interrogatorios a los que fue sometido Igbert Marín y se evidencia que nunca fueron develados planes de rebelión alguna. Sin embargo, el ensañamiento contra el teniente coronel ha sido constante, a expensas de su deterioro físico, y contra el cual ha realizado dos huelgas de hambre: la primera de 17 días de duración, entre el 21 de diciembre de 2021 hasta el 6 de enero de 2022, que culminó cuando se permitió la visita de un equipo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que comprobó su deteriorado estado de salud producto de los malos tratos recibidos. La segunda, de 67 días de duración, finalizó el 30 de enero de este año. El padre del teniente coronel, el militar retirado Igor Marín, informó a la prensa que se había acordado aliviar las condiciones de reclusión, lo que implica el respeto de sus derechos y poder recibir llamadas y visitas de sus familiares.