Los sindicalistas como nuevo blanco de la “revolución”

A Odalis Zárraga le ronda una preocupación por su cabeza. “Mi hijo me dice que quiere ser abogado. Está en segundo año de bachillerato y ya está revisando las materias de la carrera. Yo no sé qué hacer”. Zárraga es educadora y esposa de Emilio Negrín, representante de la Federación Nacional de Trabajadores Tribunalicios y uno de los seis activistas sindicales y sociales condenados a 16 años por la jueza Grendy Duque Carvajal el pasado primero de agosto.

Las intenciones de su hijo de cursar estudios universitarios, que para la mayoría de las madres sería una alegría, representan una nueva angustia. El juicio de su esposo ha recibido la atención de organizaciones internacionales como la Relatoría Especial de la ONU Sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación y representa uno de los ejemplos más claros de la violación al debido proceso, una situación que su hijo podría enfrentar como futuro profesional del derecho. El escabroso caso de los seis activistas sentenciados a 16 años de prisión dejó en evidencia que el nuevo blanco de la “revolución socialista” de Venezuela son los representantes sindicales y sociales, especialmente si se atreven a protestar en contra de las paupérrimas condiciones laborales en el país.

Desde que el caso fue asignado a Elin Teodoro León Aguilar, Fiscal 74 con competencia nacional, que ha llevado causas políticas como el de la llamada Operación Gedeón, y al Juzgado Cuarto con Competencia en casos de Terrorismo, a cargo de José Mascimino Márquez García -ahora apresado por las mismas autoridades del chavismo bajo acusaciones de corrupción- las posibilidades de los seis detenidos de recibir un juicio justo eran prácticamente nulas. “A todos los casos políticos los meten en (los tribunales de) terrorismo. Todos los jueces están controlados, pero estos son jueces controlados de manera directa, paso a paso”, señaló el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, ahora en el exilio tras denunciar este tipo de irregularidades en el sistema de justicia.

Todas las detenciones se hicieron en los primeros días de julio de 2022 con funcionarios que no llevaban órdenes de aprehensión o allanamiento. En cinco de los seis procedimientos, la operación fue encomendada a agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo adscrito al Ministerio de la Defensa. Este cuerpo de inteligencia ha sido acusado de sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos por parte de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas (ONU). “Hay un uso abusivo de la DGCIM en la represión. Se supone que esta debería ser para labores de investigación. Es un organismo militar que puede detener a funcionarios activos de la Fuerza Armada”, indicó el representante del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado.

Alvarado estuvo presente en la detención de Gabriel Blanco, representante de la Alianza Sindical Independiente (ASI), detenido en la madrugada del 7 de julio de 2022. Este operativo fue el que le generó más inconvenientes a la DGCIM. Reconocido como un activista social en la popular parroquia de Coche en Caracas, los vecinos protestaron e impidieron su arresto por varias horas, hasta que finalmente se presentaron los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con una orden de detención. En el lugar llegaron a concentrase unos 50 funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. “Una de las cosas en que insistí mucho fue en que no podía ser detenido por la DGCIM. No son el organismo competente para detener a un civil. Forzamos la barra y fue la PNB la que se lo llevó”.

En el caso de Negrín su esposa relata que el expediente contiene una serie de datos falsos de la detención del sindicalista. De acuerdo con los documentos oficiales, los funcionarios de la DGCIM se encontraron con Negrín en la calle, cerca de su casa y le dieron la voz de alto para detenerlo. Zárraga sostiene, en cambio, que Negrin fue detenido en su casa, sin orden de aprehensión, por tres funcionarios de la DGCIM que lo invitaron a una “entrevista” relacionada con una denuncia que había hecho el día anterior en la red social Twitter, sobre la detención de Alcides Bracho.

La protesta como acto de “terrorismo”

Bracho es miembro de la Federación de Maestros de Venezuela y fue el primer detenido el 4 de julio. El procedimiento fue efectuado por unos 15 hombres con chalecos de la DGCIM, algunos con armas largas. Además de Bracho, en la vivienda solo estaban sus dos hijos y una sobrina, todos menores de edad. Yorbelis Oropeza, esposa del dirigente, relata que los funcionarios hicieron gestos amenazadores a su hija que entonces contaba con 15 años. “Uno de ellos se puso la mano en el arma cuando ella le dijo que no le iba a entregar el teléfono”.

Del lugar los funcionarios se llevaron cinco computadoras, documentos, relojes de colección y 400 dólares en efectivo que eran los ahorros familiares. “Lo único que devolvieron fue dos computadoras”. Oropeza fue ese mismo día a denunciar el procedimiento ante el Ministerio Público, acompañada por Emilio Negrín, detenido al día siguiente. La foto de ambos en la Fiscalía aparece en el expediente como parte de lo extraído del teléfono celular del sindicalista. Entre las evidencias también figura el tuit de Negrín del 4 de julio. En Twitter denunciaba la detención ante organizaciones nacionales e internacionales, y pedía su liberación inmediata.

Durante los interrogatorios el funcionario de la PNB, Vicmar Pérez, encargado de hacer la extracción de los dispositivos móviles, señaló que lo que consideraba como elemento “conspirativo” no era el contenido del tuit sino “la rapidez” con que fue publicado. Más allá de que la rapidez no constituye delito, la razón por la que Negrín supo de la detención es porque Oropeza y Zárrraga, ambas educadoras, son vecinas en la parroquia El Junquito y se comunicaron luego del arresto.

En las detenciones de Néstor Astudillo, dirigente social de Charallave y de Reynaldo Cortez, dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en Guárico se repite el patrón de la intervención de la DGCIM. La única excepción es la de Alonso Meléndez asesor de la Asociación de Pescadores de Punto Fijo, en el estado Falcón, región en la que fue detenido por funcionarios de la PNB. Lo que tenían en común los seis detenidos, además de ser activistas, es haber participado en las protestas laborales que comenzaron en marzo de 2022 en contra del instructivo Onapre, una normativa para el cálculo salarial en la administración pública que desmejoró los beneficios y condiciones laborales de los trabajadores.

“Desde Provea habíamos advertido a finales del año 2021 que, desmantelada la dirección política por la persecución represiva, el Gobierno iba a apuntar a los líderes sociales”, señaló Alvarado a la vez que recordó el aplastamiento de las protestas contra el Gobierno de 2014 y 2017.

Mundaray coincide en que este es el nuevo objetivo del Gobierno con la criminalización de las protestas que han surgido como consecuencia de la situación económica del país y que esto explica el encausamiento de estos actos de calle en los tribunales de terrorismo. “Esto tiene que ver con un reclamo que es capaz de unificar a la sociedad que es el salario digno, las pensiones, y el cumplimiento de las normas laborales. Si protestas por la falta de agua puedes ser terrorista. Al poder le conviene impedir que la sociedad se articule”, explica.

Una conspiración imposible

Las detenciones arbitrarias de los activistas y su posterior juicio se basaron en una figura que no aparece en la legislación venezolana: el llamado “patriota cooperante”. El expediente del juicio da detalles del testimonio de una persona, a la que sólo identifica como “Adalberto”, como la piedra fundacional y, en la práctica, la prueba central de la investigación.

De acuerdo con “Adalberto”, quien supuestamente se presentó en la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB el 4 de julio de 2022, los activistas sindicales y sociales tenían previsto llevar a cabo un plan digno de aparecer en una de las películas de la saga Misión Imposible. Ese mismo día, se iban a dirigir al conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida a unas 10 horas de Caracas, para asaltar la instalación militar y hacerse con 120 fusiles del modelo FAL.

Luego pretendían “secuestrar” a los padres del entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami -hoy desaparecido de la escena pública, tras acusaciones de corrupción en su gestión- para después devolverse a Caracas y hacer “actos de sabotaje y entorpecimiento” del desfile de la Independencia del 5 de julio en Fuerte Tiuna, en donde presumían que iba a estar Nicolás Maduro. Parece poco menos que una misión imposible que seis civiles se hagan con 120 fusiles guardados en un cuartel militar, secuestren a los padres del entonces todopoderoso ministro El Aissami y logren regresar a Caracas en un día. Sólo en el traslado gastarían unas 20 horas.

Mundaray, experto en derecho penal, señala que el “patriota cooperante” fue una invención del mayor general Gustavo González López en 2015, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). “Cuando fui director general de actuación procesal yo pedí que en todos los casos que tuvieran un acta de esas se solicitara la nulidad del acto de investigación, porque violenta el derecho de la defensa de la otra parte”. Alvarado señaló que este testigo suele ser ficticio y que esta modalidad policial fue muy utilizada en la dictadura de Alberto Fujimori. “Genera un importante nivel de indefensión. Al no poder interrogar a ese ‘patriota cooperante’ no hay posibilidad de desmontar esa narrativa”.

El “patriota cooperante”, en cuyo testimonio se basaba todo el argumento del fiscal para sostener la acusación de conspiración, no se presentó para declarar en el juicio, lo que obligó a la juez Grendy Duque a desestimarlo como testigo. Las conclusiones del fiscal se redujeron entonces a unos 15 funcionarios policiales cuyo testimonio se concentró, casi en su totalidad, en las detenciones y que lo único que probaron es que estas se realizaron sin orden de detención y allanamiento. A esto se suma que sólo declararon integrantes de la PNB y no del DGCIM, el organismo que realizó la mayoría de los arrestos.

La otra “evidencia” que presentó la Fiscalía fue un informe de la PNB, que no estaba firmado por ningún funcionario. En este se indica que la DIE mantuvo un “servicio de contrainteligencia” de los grupos de WhatsApp de los activistas durante dos años, mediante agentes “infiltrados” en estos chats.

El documento añade que los activistas pertenecen a unas organizaciones denominadas Unidades de Resistencia Popular (URP) a las que califica como un grupo de “mercenarios” al servicio del capitán en el exilio Anyelo Heredia. Sin embargo, el mismo informe detalla que las instrucciones que supuestamente recibieron estos activistas fueron hacer “pintas y colocación de pancartas con mensajes alusivos contrarios al gobierno nacional”. Este acto de protesta, un derecho consagrado en el Artículo 68 de la Constitución, el cuerpo policial lo considera “una conducta propia subversiva por parte de células terroristas establecidas en latitudes extranjeras”.

El mismo informe concluye que “del procesamiento de las informaciones aportadas por la fuente viva de información, infiltrado en las filas de la organización URP, no se alcanzó a materializar una acción de corte o neutralizar alguna actividad”. Una respuesta similar dio “Adalberto” cuando en el día de su denuncia anónima le preguntan por las acciones ejecutadas por las URP: “No hace mucho me dijo que pegaron unas pancartas en un puente aquí en Caracas y unas paredes, eso es lo único hasta ahora”. Esto fue suficiente para que la PNB, la Fiscalía y el tribunal decidieran dar crédito al supuesto testimonio del “patriota cooperante” y poner en ejecución las detenciones.

“Eso no aguanta ningún análisis. El juez debió de plano impedir que el MP pudiera incorporar esto como un órgano de prueba. El MP es cómplice de esto, pues solamente se ha convertido en un intermediario entre del poder policial controlado desde Miraflores. Tarek William Saab puso el MP al servicio de la DGCIM”, opinó Mundaray.

En la fase de control, que llevó el juez Márquez, tanto el abogado como los familiares de los detenidos denunciaron que este negó el acceso al expediente del caso y presionó a los activistas para que se declararan culpables asegurándoles que les iba a rebajar la pena (cambiando los delitos imputados) si accedían. Después de una difícil meditación, no exenta de dudas, los sindicalistas se negaron. Un abogado que ha defendido a otros presos políticos ante el juez Márquez, y que solicitó la reserva de su nombre, indicó que este tipo de presiones era común en los casos del funcionario. “Es el juez con mayor desconocimiento del derecho que he visto. En plena audiencia decía que tenía que ir a hacer una llamada antes de tomar una decisión”.

Al no aceptar el ofrecimiento, el juez Márquez decidió llevar el caso a juicio a principios de 2023 en donde cayó en el tribunal a cargo de Glendy Duque. En las últimas semanas el caso del fiscal León Aguilar parecía naufragar cuando la policía del municipio Sucre, del estado Miranda, envió la resulta de la búsqueda de “Adalberto” hecha en el Barrio José Feliz Ribas de Petare, informando que esta había resultado “infructuosa”, pues los vecinos señalaron que ya no reside en la zona.

Ante le presentación de todos los órganos de prueba, el jueves 27 de julio la juez llamó a ambas partes a ofrecer sus conclusiones para luego dar a conocer su sentencia. Entonces se vio una de las imágenes más curiosas que ha ofrecido la cuestionada justicia venezolana. Los familiares de los activistas, que estaban a las afueras del Palacio de Justicia, indicaron que vieron al fiscal Alirio Mendoza, quien representó al MP en esa audiencia, salir “corriendo” luego de la confirmación de que “Adalberto”, el testigo estrella del caso, no se presentaría. Esto obligó a suspender la audiencia que finalmente ocurrió el martes. Como únicas pruebas quedaron capturas de pantalla e imágenes de los grupos de WhatsApp y redes sociales que fueron extraídas de los teléfonos de los detenidos.

Alberto Maimone, abogado que se encargó de la parte técnica de la defensa de los sindicalistas, señaló que los funcionarios de la DGCIM no siguieron los protocolos para colectar evidencia digital. Explica que los funcionarios debían apagar los teléfonos móviles, embalarlos bajo un método de protección y luego, bajo una estricta cadena de custodia, entregarlos a un experto para la extracción de datos. Indicó que nada de esto sucedió y que los funcionarios manipularon el celular y se metieron en las aplicaciones en el mismo lugar de la detención. “¿Cómo yo puedo confiar en unas capturas, en una evidencia que fue manipulada por la DGCIM para una acusación de conspiración contra la estructura del Estado republicano?”.

El fiscal no pasó el polígrafo

Tras la indignación que produjo la sentencia, al día siguiente el fiscal general Tarek William Saab dio unas declaraciones a los medios en las que retomó el testimonio del “patriota cooperante”. Acusó a los activistas de no ser sindicalistas sino “terroristas”, sin embargo, ha sido pública la participación de los sentenciados en actos sindicales, incluso internacionales. Negrín, por ejemplo, representó a la Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa) en el Foro de Diálogo Social organizado en abril de 2022 por el propio gobierno de Maduro en el marco de la visita de una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Codesa fue una de las dos organizaciones sindicales que se negó a firmar el documento que indicaba que había avances en materia laboral por parte del Estado venezolano. Negrín argumentó en ese momento que el Gobierno violaba los derechos laborales y había trabajadores presos por exigir sus derechos. Hoy él es una prueba de sus denuncias.

Saab también aseveró que ninguno de los activistas está inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Una sencilla búsqueda en el portal web del IVSS demuestra que cuatro de los seis detenidos han cotizado en el IVSS, destacando el caso de Meléndez que figuró en la nómina de PDVSA. En sus palabras el titular del Ministerio Público afirmó que se reunió con representantes del Alto Comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la ONU y que estos quedaron “satisfechos” con las explicaciones dadas por su equipo. Sin embargo, pocos días después este organismo ratificó sus “preocupaciones previamente planteadas en cuanto a la criminalización de los defensores de derechos humanos en Venezuela, incluyendo aquellos comprometidos en demandas por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales”, desmintiendo así al Fiscal.

Otro aspecto que Saab olvidó mencionar es que todas sus afirmaciones tienen como único sustento un testimonio anónimo de un “patriota cooperante” que nunca se presentó a declarar. “Resulta inconcebible que Saab no haya leído la acusación fiscal, que no sepa que el testigo que hizo esa denuncia no apareció”, expresó el abogado defensor de los activistas, Eduardo Torres.

El cuestionado fiscal general tampoco se refirió a la parte del plan en la que los activistas supuestamente iban a secuestrar a los padres de El Aissami, un nombre difícil de hacer pasar como víctima ante la nueva campaña del régimen contra la corrupción. A diferencia de los humildes trabajadores sentenciados que viven en sectores populares y luchan para pagar la alimentación y la salud de sus familiares que están recluidos en la sede de la PNB en La Yaguara, El Aissami ha gozado de una prerrogativa que le ha eximido de ir a juicio por las acusaciones de corrupción durante su gestión en PDVSA.