Controlar la inflación en Venezuela ha sido un problema histórico. Si bien durante el final de la segunda década del siglo XXI (2010-2020), el país entró en una espiral hiperinflacionaria que llegó a un pico de 1.600.000% de inflación anualizada, previamente Venezuela había tenido inflaciones relativamente altas, comparadas con las economías desarrolladas. Solo basta irse al año 1983 para encontrar en Venezuela una inflación menor a la media mundial; es decir, que ha sido un problema para los venezolanos durante 40 años.
La inflación es, por definición, la pérdida del valor de la moneda causada por la emisión que realiza el Banco Central, y tiene como consecuencia el aumento generalizado de los precios de los productos y servicios de una economía. Nótese la importancia del concepto “generalizado”. La inflación no es cualquier aumento de precio, sino el aumento de todos los precios de los bienes transados. Dado que el aumento de precios es general, la causa de la inflación debe ser también general. Y, ¿qué tienen en común todos esos productos y servicios que se intercambian en la economía de Venezuela? Que la moneda en la que se comercian es el bolívar. Por tanto, la inflación es causada por el aumento en la cantidad de bolívares que emite el Banco Central, frente a la cantidad de bienes transados.
“¿Cómo hacemos para controlar la inflación? Pues quitándole el poder a los políticos de emitir bolívares a discreción. Es decir, teniendo un Banco Central autónomo del Poder Ejecutivo”
Por ejemplo, si en Venezuela se produce un kilo de mangos y los venezolanos tienen 1.000 bolívares para ofrecer por el kilo de mango, entonces el kilo de mango valdrá más o menos 1.000 bolívares. Luego, si el Banco Central emite diez veces más bolívares, pero se produce el mismo kilo de mango, los venezolanos tendrán para ofrecer 10.000 bolívares por el mismo kilo de mango. Por tanto, el precio del kilo de mango subirá de 1.000 a 10.000 bolívares. Es decir, a mayor cantidad de bolívares que emita el Banco Central, mayor será la inflación.
¿Para qué usan los políticos la inflación?
El Estado, como cualquier institución, tiene unos gastos para mantener su burocracia, servicios e infraestructura, y tiene unos ingresos que vienen a través del cobro de impuestos. Sin embargo, a veces (muchas veces), los Estados gastan más de lo que les ingresa, a eso se le conoce como déficit fiscal. Cuando se gasta de esta manera, tenemos un problema de sostenibilidad. Como usted bien sabe, cualquiera que gaste sostenidamente, más de lo que le ingresa, eventualmente se irá a la bancarrota. Es posible alargar la agonía y postergar la quiebra, cubriendo la diferencia entre gastos e ingresos con deuda, pero la deuda se debe pagar en el futuro, y llegado el momento de no poder pagar la deuda, también llegaremos a la quiebra; así que financiar el déficit fiscal con deuda sigue siendo insostenible.
Para resolver el problema del déficit hay dos opciones, que ingrese más (subir el cobro de impuestos), o gastar menos (disminuir el gasto público). Pero, los Estados tienen una tercera opción. Como son ellos quienes emiten los bolívares, y el gasto público al final es en bolívares, pueden sencillamente emitir los bolívares que necesiten para cubrir el déficit fiscal. Para eso es que usan los políticos la inflación, para financiar el déficit fiscal sin reducir el gasto público ni aumentar el cobro de impuestos.
El problema de esto es que genera un aumento generalizado de los precios, y por tanto termina haciéndonos más pobres a todos los venezolanos, pues ahora se necesitan más bolívares para poder comprar los mismos productos y servicios que antes.
El Banco Central y ¿cómo hacemos para controlar la inflación?
Para responder a esta pregunta pensemos primero porqué un político no querría reducir el gasto público o aumentar el cobro de impuestos para reducir el déficit fiscal. La respuesta es sencilla, los políticos tenemos un conflicto de intereses con esas dos opciones. Al reducir el gasto público habrá personas que se beneficiaban del Estado que dejarán de hacerlo, y, por tanto, perderán su apoyo en futuras elecciones. Lo mismo ocurre con el aumento de impuestos. Si decido aumentar, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, los grupos afectados por ese aumento se echarán en mi contra. En el caso de la inflación, si bien nos hace a todos más pobres, si es moderada es mucho más imperceptible e impersonal, y no generará pérdida de apoyos políticos en el corto plazo.
Por tanto, mientras los políticos tengamos ese esquema de intereses, y el poder para emitir bolívares a voluntad, siempre escogeremos emitir más bolívares antes de reducir el gasto o aumentar los impuestos. Respondiendo entonces a la pregunta ¿cómo hacemos para controlar la inflación? Pues quitándole el poder a los políticos de emitir bolívares a discreción. Es decir, teniendo un Banco Central autónomo del Poder Ejecutivo.
En Venezuela, necesitamos una reforma de la Ley del Banco Central, que le devuelva su autonomía como institución. Y es que, en la actual Ley, el presidente del Banco Central es designado por el presidente de la República. Si bien, en principio necesitaría ser ratificado por la mayoría de la Asamblea Nacional, de no lograr la mayoría en dos ocasiones, el tercer postulado no necesitaría dicha ratificación.
Es decir, en la actual Ley, la ratificación de la Asamblea Nacional es un saludo a la bandera. A parte, el directorio del Banco Central está integrado por el presidente del Banco (el cual ya sabemos que es designado por el Poder Ejecutivo), y seis directores, de los cuales cuatro son designados directamente por el presidente de gobierno. Es decir, cinco de los siete integrantes del directorio del Banco Central son designados directamente por el Poder Ejecutivo. Evidentemente, una institución cuya designación depende del presidente de gobierno, no puede ser una institución autónoma de ese gobierno.
Para controlar la inflación necesitamos entonces devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela, y para ello requerimos reformar la Ley del Banco Central, estableciendo que el directorio del Banco sea designado exclusivamente por la Asamblea Nacional.
La reforma debe incluir también un promedio de inflación objetivo en el mediano plazo, por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene el objetivo de mantener la inflación en 2% anual a mediano plazo. La nueva Ley del Banco Central de Venezuela podría tomar este modelo, de un mandato de inflación anual cuantitativo, que tenga sanciones a los directivos del banco de no ser cumplido. Por ejemplo, si el período de los directivos del Banco es de siete años, la Ley podría ordenar una revisión cada tres años del promedio de inflación, para verificar que se está cumpliendo con el objetivo de mantener la inflación al 2%, de no cumplirlo, los directivos (incluyendo al presidente) serían removidos de sus cargos.
Responsabilidad fiscal y la deuda a largo plazo
Ahora bien, si ya los políticos no podemos financiar el déficit fiscal con inflación, es probable que nos veamos tentados a utilizar otros mecanismos para no tener que reducir el gasto público, ni aumentar los impuestos. En ese sentido, el endeudamiento, como se dijo al principio de este texto es una forma de correr la arruga del problema del déficit fiscal. Tomando deuda para pagar los gastos de hoy, a expensas de no poder pagarlos mañana.
Para evitar que esto suceda, y garantizar que Venezuela tenga unas finanzas públicas sanas, es necesario establecer un freno de deuda. Este, es un mecanismo utilizado en países como Suiza y Alemania. Es una norma constitucional que limita el porcentaje de deuda que puede tener el Estado con respecto a los ingresos del país. Por ejemplo, en Alemania el límite es del 60%, y en Suiza es del 30%. Esto hace que ningún gobierno pueda sobreendeudar al país.
Conclusiones y propuestas
Con base en el problema inflacionario histórico que ha tenido Venezuela durante 40 años, la falta de autonomía del Banco Central en el marco legal actual, y los riesgos de deuda que conllevaría no poder financiar el déficit con inflación, las propuestas concretas para controlar la inflación, resolver el déficit fiscal y garantizar unas finanzas públicas sanas son:
- Reformar la Ley del Banco Central, para que el presidente y los miembros del directorio sean designados en su totalidad por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, en lugar de ser designados por el presidente de la República.
- Crear una norma de responsabilidad fiscal que establezca un límite al porcentaje de deuda que puede tener el Estado con respecto a los ingresos anuales del país, para evitar un sobreendeudamiento de la nación.
- Incorporar en la nueva Ley del Banco Central un objetivo de inflación cuantitativo a mediano plazo. De modo tal que, de no ser cumplido el objetivo, los directivos del Banco Central puedan ser removidos de sus cargos a mitad de su período.
- Sustituir al bolívar por una nueva moneda, que se someta a la política monetaria derivada de los objetivos cuantitativos de inflación establecidos en la nueva Ley del Banco Central.
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*Magister en Políticas Públicas.