Vivimos en tiempos de gurús del marketing, verdaderos o impostados. La política no es excepción. Cuando hay elecciones a la vuelta de la esquina, se multiplican las proclamas y monsergas sobre psicología de masas, lenguaje corporal, etc.
Una recurrente se afinca en el optimismo que toda campaña electoral exitosa debería tener. De acuerdo, pero una cosa es el optimismo y otra muy distinto es la mentalidad New Age, tan popular como receta para los descontentos de la posmodernidad (Bauman dixit),de “buenas vibras” forzosas y que es incapaz de contemplar las verrugas y demás fealdades del entorno.
Esa especie de solipsismo salido de un libro de autoayuda, un autoengaño no muy distinto al de Dorian Grey, está sobre todo fuera de lugar cuando la campaña en cuestión se da en un entorno ominoso y difícil. Cuando este fenómeno se masifica, el observador que apunta hacia los escollos puede ser tratado como un indeseable por los demás, aunque su intención no sea el derrotismo sino resaltar el volumen del reto para que haya conciencia sobre lo que exige su superación.
Es lo que se debe hacer con respecto a las venideras elecciones presidenciales venezolanas, si así se les puede llamar. Aunque haya un coro de ciudadanos objetando que se hable de eso, bajo el alegato de que “desmotiva”, hay que decir y hasta enfatizar que este proceso se va a dar con las condiciones más adversas y restrictivas para la oposición desde que el chavismo llevó al poder.
El Estado de Derecho no ha hecho más que seguir erosionándose, dejando a los adversarios del gobierno más apartados de la toma de decisiones que impactan la vida nacional y más vulnerables a atropellos desde el poder. Es la privatización del Estado, a la que dediqué una reciente emisión de esta columna, llevada a un nuevo nivel en su dimensión intangible y relativa a las normas para la vida en el país.
Dije en aquella ocasión que la ley en Venezuela, en vez de un mandato despersonalizado e inmanente en relación con la res publica, es lo que sea que la voluntad de la élite gobernante dicte que sea, en atención a sus intereses privados. Y si en una circunstancia es muy engorroso modificar las reglas textuales y codificadas para favorecer tales intereses, pues se procede a pesar de ellas.
Acabamos de ver cuán lejos se puede llegar en tal sentido con el “filtro” del Consejo Nacional Electoral que entró en acción durante el período de postulaciones. Ya ni siquiera es necesario que sobre un interesado en ser candidato pese una inhabilitación formal express. No hace falta una sentencia judicial firme. Si la élite gobernante no te ve con buenos ojos, pues no puedes ser candidato. No hay explicaciones.
Sin duda la manifestación más notable del filtro fue la que impidió la inscripción de la candidatura de la profesora Corina Yoris por la Plataforma Unitaria. Yoris no tiene carrera política alguna. Jamás ha sido funcionaria pública. Está de más decir que no estaba inhabilitada por la Contraloría General de la República para detentar cargos en el Estado venezolano. Pero claro, esas serían razones para considerar si el Estado venezolano no estuviera privatizado. Como sí lo está, debemos pensar en las razones por las que Yoris no pudo registrarse ante el CNE como emanadas de un deseo de la élite gobernante.
Ese deseo es el de no permitir ninguna candidatura que la inquiete. Dado que cabía esperar que María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora de octubre y quien escogió a Yoris como su representante, traspasaría fácilmente a la profesora su intención de voto (inmensa, de acuerdo con los estudios de opinión en la materia), se entiende por qué la nominación inquietó al gobierno y no fue aceptada.
En cambio, la candidatura del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, sí pasó el filtro. Sean cuales sean las intenciones del líder de Un Nuevo Tiempo, que no discutiré en este artículo, la diferencia entre su situación lo pone a él y a sus partidarios ante una pregunta incómoda: ¿Por qué? ¿Por qué Yoris fue rechazada por el sistema pero él no? He visto varios intentos de respuesta desde aquel lado. El más notable es que el gobierno no aceptará ninguna candidatura vinculada a Machado, ya que ella es una “radical” de la que los cabecillas del chavismo solo pueden esperar represalias draconianas si toma el poder.
Creo que es un argumento bastante débil, desmentido por varios hechos. En primer lugar, porque el discurso de Machado se ha moderado considerablemente y ha incluido varios gestos de disposición a negociar con el chavismo. El solo hecho de que ella haya insistido en la “ruta electoral” y recurrido a todas las vías institucionales para proseguir por ahí pese a la inhabilitación, toda vez que se desató una serie de represalias feroces contra sus colaboradores, es una muestra de muchísima moderación.
Alguien pudiera decir: “Bueno, pero todo eso es reciente. Si fuiste un cabeza caliente en el pasado, eso el gobierno nunca lo olvidará”. ¿Ah, sí? ¿Y entonces cómo se explica que Daniel Ceballos, otrora miembro de Voluntad Popular y preso político, sí es candidato?.
Hasta Rosales en su momento fue caracterizado como un delincuente y puesto tras las rejas. No podemos pasar por alto tampoco que a una figura que desde hace tiempo es bastante más conciliadora que Machado, Henrique Capriles, también le confirmaron su inhabilitación. Además, al periodista Manuel Isidro Molina, apoyado por el Partido Comunista de Venezuela (el auténtico, el ajeno a la intervención por el Tribunal Supremo de Justicia), tampoco le permitieron inscribir su candidatura, a pesar de que no tiene nada que ver con Machado y lo que ella representa.
Creo que una explicación mucho más en sintonía con todos estos hechos es que el gobierno considera que la candidatura de Rosales no representa molestia alguna para sus intereses. De nuevo, no voy a discutir si Rosales es consciente de ello o no, pero sí diría que tal impresión por parte del chavismo es un hecho.
En una próxima entrega de esta columna discutiré las que a mi juicio son las implicaciones en cuanto a la manera en que su campaña se está desarrollando.
Un comentario final. A la mañana siguiente a la noctis horribilis para la oposición, vencido el plazo para la inscripción de candidaturas, se supo que una pudo pasar el filtro del CNE en nombre de la Plataforma Unitaria. Se trata del diplomático retirado Edmundo González Urrutia. La especulación sobre esta misteriosa pieza en el tablero ha dado para todos los gustos.
Al momento de la redacción de este artículo, seguía inscrito y su propósito oficial, según la coalición opositora, era “guardar el puesto” mientras se intenta nominar a alguien más.
Esta secuencia errática en el CNE, entre bloqueos y una admisión sorpresiva y a destiempo, indica que tal vez no hay consenso en la élite gobernante sobre cómo manejar la situación. Dije algo parecido luego de la primaria de octubre. De esos polvos vienen estos lodos. La oposición debería seguir produciendo dilemas así.