La Constitución de Venezuela señala en su artículo 84 que, para garantizar el derecho a la salud, “el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad”.
La verdad es que no lo creó, ni hay rectoría alguna, ni lo gestiona como Dios y la patria mandan. Tampoco es gratis, ni universal, carece de equidad y, mucho más, de solidaridad.
Enfermarse, además de ser nocivo para la salud, es un viacrucis, de alcabalas, desatención, angustia y de final absolutamente impredecible, aun cuando pueda tratarse de algo no tan urgente, aunque sí importante.
La investigación Pagar o Morir: el costo por ingresar a un quirófano público en Venezuela, que se puede consultar íntegra aquí, identifica cuatro modalidades de pagos indebidos para tener acceso a quirófanos en hospitales públicos.
– La primera modalidad es el pago directo a médicos, enfermeros, trabajadores o directivos de un hospital para obtener el cupo quirúrgico.
– La segunda es dar efectivo para las consultas pertinentes: la valoración anestésica preoperatoria o los controles postoperatorios.
– La tercera es una suerte de pago en especies: comida, combustible, traslados, insumos médicos adicionales para el equipo que haga guardia en el quirófano.
– La cuarta es un condicionamiento obligado. El paciente o sus familiares deben alquilar equipos, de los que carece el centro de salud pública donde se realizará la operación, a una determinada casa comercial. Ocurre, sobre todo, para intervenciones de traumatología, cardiología y neurocirugía.
«A mi hijo que tiene un tumor pisando la yugular y la carótida se le negó el derecho por tercera vez consecutiva»
El trabajo periodístico de El Pitazo y Connectas establece una relación entre las carencias públicas y los negocios privados. Es decir, el déficit de quirófanos -de 346 disponibles de los centros de salud monitoreados, menos de la mitad (46,53%) funcionan; los ínfimos salarios del personal sanitaria, la escasez de insumos médicos, le abrieron las puertas a esos cobros indebidos. La ley de la escasa oferta y la alta demanda de la que algunos se lucran y el Estado mira para otro lado. De solidaridad, nada de nada.
Hay nombres y apellidos, como el de Braian Lozano, un joven de 20 años, diagnosticado con neurofibromatosis, enfermedad genética que causa tumores que pueden ocasionar daños en el cuerpo. Era un caso de cuidado porque uno de esos tumores le aplastaba la vena yugular y la arteria carótida. Su intervención fue postergada una vez, luego otra y después otra más.
La madre de Braian que padeció junto a su hijo postergación tras postergación descubrió que para otros, con dolencias sin urgencia, se abrían los quirófanos porque habían hecho los pagos correspondientes a las personas indicadas.
“Pasaron pacientes a la medianoche sin historia médica, sin insumos y fueron operados. A mi hijo que tiene un tumor pisando la yugular y la carótida se le negó el derecho por tercera vez consecutiva”, cuenta la madre de Braian. ¿Cuántos casos como este de Braian Lozano se producirán a diario en los hospitales públicos venezolanos?
Modalidades en ejercicio
La investigación aludida hace un arqueo de denuncias y sospechas. Un usuario de la red X reportó en agosto de 2021 que un médico había sido denunciado ante el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC) por cobrar -presuntamente- 3.700 dólares por una histerectomía a un paciente de su consulta privada en el Hospital Central de Maracay. Meses después, una neurocirujana del Hospital Militar de la capital aragüeña apareció señalada de mandar a los pacientes a su consulta privada, ordenar exámenes médicos de un centro privado porque de lo contrario no serían revisados.
En diciembre del año pasado, un médico residente del servicio de cirugía del Hospital Ruiz y Páez del estado Bolívar fue denunciado por pedir a cada paciente ocho desayunos para el personal, quizás la más benigna de la modalidad identificada por la investigación, porque el hambre es compartida aunque nada justificael abuso.
En el estado Carabobo, médicos oftalmólogos de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera remitían a los pacientes a una clínica privada para las cirugías respectivas. En el Hospital Miguel Pérez Carreño, del Distrito Capital, ponían en práctica la modalidad de compra condicionada de material médico en una determinada casa comercial. Eso fue en agosto de 2023.
En el Hospital General Dr. Jesús Yerena, de Lídice, le quisieron cobrar 350 dólares a un paciente para operarlo en diciembre de 2021. Aparte, había que entregar la lista de insumos médicos. También denunciaron que en el Yerena las camas de hospitalización se asignaban a pacientes que pagaban en dólares o acudían a hacerse cirugías estéticas. El denunciante había perdido a un familiar sin lograr un cupo de hospitalización.
Hay más casos. En hospitales de Falcón, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo, Vargas. En fin, los cobros indebidos en la salud pública son una práctica en alza, asienta la investigación. Una encuesta del Observatorio de Universidades (OBU), citada por el informe de El Pitazo y Connectas, encontró que 18% de los médicos residentes y practicantes consultados da cuenta de la venta ilícita de materiales e insumos médicos dentro de los hospitales durante el año 2022.
Por las redes sociales, según registra la investigación comentada, circulan las denuncias, y los reclamos, sobre el esquema de los pagos indebidos en los hospitales públicos, en mensajes a las autoridades, al Fiscal, a los diputados de la Asamblea oficial. En algunas ocasiones, también hay que decirlo, ese Estado agotado toma cartas en el asunto.
“Entre 2021 y 2023, los cuerpos de seguridad del Estado reportaron la detención de 14 personas -entre médicos, enfermeros y usurpadores de profesiones del área de salud- por presuntos cobros ilegales para tener acceso a quirófanos en hospitales de Caracas y ocho estados: Apure, Barinas, Carabobo, Lara, Táchira, Trujillo, Vargas y Zulia”. La investigación obtuvo esos datos en comunicados de organismos policiales y militares. La respuesta, sin embargo, parece insuficiente para expertos en el tema de la salud ante la magnitud de lo que ocurre en los hospitales venezolanos.