En la aldea
21 julio 2024

Desde el 2014 se registran alrededor de 800 niños muertos en Ucrania por ataques rusos. Foto: @ukraine / 2022

Ucrania y su búsqueda de la justicia

Ucrania no pierde el tiempo en armar los casos que alegan que Rusia es responsable por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra su nación. Los ataques del 8 de julio ya se consideran entre los más mortales en meses

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Oscar Schlenker | 10 julio 2024

Gracias a una invitación del portal de noticias de Ucrania babel.ua, tuve la oportunidad de formar parte de una gira de prensa en Kyiv y ciudades vecinas representando a la fundación informativa que formé, Alternos.info. El objetivo de la gira fue mostrar los esfuerzos que Ucrania lleva a cabo para documentar la magnitud de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión e incluso sus denuncias de genocidio para llevar a juicio a Rusia. La meta de Ucrania es buscar compensación por las pérdidas que han sufrido y asegurar que Rusia no repita la invasión de su país, ni de cualquier otro territorio vecino. 

El camino

El polvo de los misiles del reciente ataque a Kyiv aún no se ha asentado y los investigadores de la Corte Penal Internacional (CPI) ya están recopilando evidencias. A pesar de estar enfrentando una guerra, Ucrania no pierde el tiempo enarmar los casos que alegan que Rusia es responsable por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra su nación. Los ataques del 8 de julio ya se consideran entre los más mortales en meses: al menos 43 muertos, más de 150 heridos y varios edificios civiles dañados, incluyendo el hospital infantil de Okhmatdyt, el más importante del país.

El trabajo de la CPI en Ucrania no es en vano. El gobierno de Ucrania ha cumplido todos los requisitos que exige La Haya. Asimismo, ha implementado cambios sustanciales a su sistema judicial como lo ha solicitado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según Courthousenews.com, el Comité de Ministros de Ucrania, que supervisa las sentencias de los tribunales, asegura haber cerrado 142 casos desde la invasión de Rusia en 2022. Esto representa una faceta clave que emprende Ucrania para que se haga justicia y se rindan cuentas.

Nadie esperaba que a finales de junio del 2024 la CPI emitiera órdenes de arresto contra dos altos funcionarios rusos. Con esta nueva orden ya son 6, incluyendo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, los personajes a los que el tribunal de La Haya aspira a enjuiciar. Los esfuerzos que la justicia internacional está aplicando para procesar los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Ucrania no son en vano.


Aunque Rusia no reconoce a la CPI y es poco probable que entregue a cualquiera de los acusados, las órdenes limitan la capacidad de que los funcionarios rusos viajen a países que forman parte del Estatuto de Roma. Aún más importante, estos avances de la CPI son un reflejo del meticuloso trabajo que emprende el gobierno de Ucrania para responsabilizar a Rusia por las atrocidades cometidas contra sus ciudadanos durante la invasión del 2022 y en medio de la anexión de la península de Crimea, en 2014. El objetivo principal de Ucrania es llevar a juicio a Vladimir Putin, aunque esto podría demorar años.


A simple vista la capital ucraniana de Kyiv no muestra las cicatrices de la invasión rusa en 2022. Más allá de las reconstrucciones, los ciudadanos buscan retomar su normalidad a cualquier costo. Sin embargo, los síntomas de la guerra se resumen en los constantes apagones eléctricos, pueden durar desde unos minutos hasta días en distintos distritos de la ciudad. En horas pico son más frecuentes, pero cuando no hay luz a mitad de la noche y te despiertan las alarmas antiaéreas para buscar refugio, ya uno entra en cuenta que éste es un país en guerra.


Para los habitantes de Kyiv, las sirenas son un molesto recordatorio de que en el frente de batalla las fronteras orientales de Ucrania continúan resistiendo el asedio de Rusia con pérdidas humanas y territoriales. Para varios, los recientes drones y misiles rusos que emiten alertas en la capital van más dirigidos a la red eléctrica que a zonas pobladas, pero ha obligado a las autoridades a racionar el servicio eléctrico en Kyiv.


Son precisamente los ataques a la infraestructura eléctrica lo que llevó a la CPI a emitir las recientes órdenes de arresto contra el exministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, y el actual jefe del estado mayor de las fuerzas armadas, el General Valery Gerasimov. Según los jueces de la CPI «los supuestos ataques fueron dirigidos principalmente contra objetivos civiles». Aunque las instalaciones eléctricas pueden clasificarse como objetivos militares «el daño y perjuicio a civiles habría sido claramente excesivo en relación con la ventaja militar anticipada”, declaró el panel de tres jueces. Es evidente que los ataques han dejado a millones de ucranianos sin acceso a electricidad, agravando la crisis humanitaria en el país.

Antecedentes y acusaciones por secuestro de menores en Ucrania


Las órdenes emitidas contra Shoigu y Gerasimov no son las primeras acciones del tribunal contra funcionarios rusos. En marzo, se emitieron órdenes contra el Teniente General Sergei Kobylash y el Almirante Viktor Sokolov por ataques similares a la infraestructura civil. Además, el año pasado, la CPI emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y su comisionada para los derechos de los niños, Maria Lvova-Belova, acusados de secuestrar niños ucranianos para criarlos como rusos.

Las cifras de los menores de edad que han sido víctimas en esta guerra son aterradoras. Desde el 2014 se registran alrededor de 800 niños asesinados, 1,500 heridos, 15 casos de violencia sexual, al menos 20 mil casos detallados de deportaciones, pero con un estimado de entre 200 mil a 300 mil menores de edad deportados a la fuerza.

«Las sirenas son un molesto recordatorio de que en el frente de batalla las fronteras orientales de Ucrania continúan resistiendo el asedio de Rusia con pérdidas humanas y territoriales»


Ucrania solo ha logrado regresar 500 menores de edad a sus familias, gracias a la intermediación de Catar y los esfuerzos de Daria Herasymchuk, comisionada por los derechos de los niños de la presidencia ucraniana. Herasymchuk asegura que Rusia emprende un «genocidio» contra el pueblo ucraniano. Para los rusos las deportaciones son para “salvar a los menores de la guerra, pero no notifican a las organizaciones internacionales ni a los familiares sobrevivientes, así que nadie sabe qué está pasando con estos niños y niñas», explica Herasymchuk.

Después de entrevistar a los menores que han logrado regresar a Ucrania, la alta comisionada para los derechos de los niños y niñas resalta 6 escenarios que usa Rusia para la reubicación de los menores en Rusia, donde destacan el uso de campamentos vacacionales sin retorno. Allí los menores son adoctrinados, aislados de sus familiares y donde hablar el idioma ucraniano es castigado. Según Herasymchuk, «Rusia no necesita expandir su territorio, ni tampoco los recursos de Ucrania; necesita aumentar su población prescindible para el combate y hacerlo con menores ucranianos ayuda además a borrar nuestra Identidad y destruir nuestra moral ¿Si eso no es genocidio, qué es?».

Las trincheras de la justicia contra la agresión


Mientras el conflicto en Ucrania continúa, aumentan las víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los esfuerzos de la CPI no solo representan un faro de esperanza para las víctimas, las consecuencias que debería asumir el Estado agresor dejan un precedente para proteger los derechos humanos en futuros conflictos.

Aun así, la CPI tiene limitaciones que Ucrania busca abordar con ayuda de países aliados: establecer un tribunal especial para procesar los «crímenes de agresión» cometidos por Rusia. Desde su oficina en Kyiv, el Fiscal General de Ucrania, Andriy Kostin, recalca que «si no hubiese agresión inicial, no se hubiesen cometido todos los demás crímenes de guerra».

El «crimen de agresión» es uno de los cuatro delitos centrales prohibidos por el Estatuto de Roma, creado por la CPI. Pero a diferencia de el genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad, solo se puede procesar si la agresión la comete una de las naciones que forman parte del Estatuto de Roma y reconocen a la CPI. Este detalle deja a la corte sin facultad para enjuiciar a nacionales rusos por el crimen de agresión.

Los obstáculos no han detenido a Ucrania en la búsqueda de la justicia. Desde que comenzó la invasión de Rusia en 2022, algunos abogados propusieron crear un tribunal ad hoc para cubrir el vacío de la CPI, pero establecerlo ha sido una batalla política y legal que aún no termina.

Un gran obstáculo es la presencia de Rusia como uno de los cinco miembros permanentes con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad es el único órgano de la ONU cuyas decisiones son vinculantes para todos los estados miembros y ya han establecido tribunales internacionales para llevar a juicio responsables del conflicto en la antigua Yugoslavia y Ruanda. Pero Rusia ha bloqueado cualquier intento de establecer un Tribunal de Agresión desde la ONU.

Otra traba es la misma Corte Penal Internacional que ha demostrado preocupación de establecer un tribunal que quite recursos de su propia institución. Aunque Kostin asegura que un tribunal de crímenes de agresión «trabajaría como un complemento de la CPI, sin competir con la corte».

Mientras las puertas de la ONU se cierran, las de Europa se abren para Ucrania, que sigue en su meta de convertirse en miembro permanente de la Unión Europea. El futuro de un tribunal de crímenes de agresión podría ser establecido con apoyo del Consejo de Europa, la organización de derechos humanos posterior a la Segunda Guerra Mundial que supervisa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los daños y compensación por $1 billón

Desde hace un año, el Consejo de Europa creó un registro de daños causados por la agresión de Rusia a Ucrania, para determinar una compensación. El registro, con sede en La Haya, se estableció por medio de una herramienta legal que han llamado «Acuerdo Parcial Ampliado». El acuerdo permite al consejo crear tratados con países fuera de Europa. La UE respalda el tratado y ya cuenta con 44 naciones, incluyendo a Estados Unidos, Canadá y Japón.

La Fiscalía de Ucrania está preparada para enfrentar a Rusia en cortes internacionales. Hasta la fecha procesan casi 8.500 solicitudes del registro del Consejo de Europa, pero esperan recibir más de 6 millones una vez esté completamente instalado. El costo de los daños causados por la invasión rusa en 2022 se estima en 1 billón de dólares.

Aunque Rusia difícilmente pague voluntariamente, la esperanza yace en los bienes congelados en otros países. Se estima que unos 325.000 millones de dólares de activos rusos han sido congelados en la UE y otros países del G7. Los recursos se han utilizado para ayudar a Ucrania en su defensa, quizá más adelante también para reconstruirla.

«Rusia ha bloqueado cualquier intento de establecer un Tribunal de Agresión desde la ONU»

A pesar de los obstáculos Ucrania sigue presionando a los organismos internacionales, sus cortes y a la comunidad internacional para que no queden impunes las demandas por los crímenes de agresión, guerra, lesa humanidad e incluso genocidio que alegan contra Rusia, y en particular Vladimir Putin. «No queremos que nadie sufra lo mismo que nosotros» declara Kostin, «es por ello que la meta es que se responsabilicen por lo que han hecho y que prevalezca la justicia».

Aclaratoria sobre transliteración de Kiev versus Kyiv: Ucrania emprende desde hace unos años una campaña para que llamen a su capital según el nombre oficial que corresponde a la ortografía ucraniana, es decir Kyiv. La transliteración del idioma ruso es «Kiev» y según las autoridades en Ucrania, no corresponde al nombre oficial. Desde que comenzó la campaña #KyivNotKiev varios medios anglosajones, gobiernos y organizaciones internacionales han optado por escribir Kyiv, aunque la Fundéu de España sigue recomendando usar la transliteración rusa. En este artículo usaré la denominación que recomienda Ucrania.

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