La Constitución de 1999, “la Bicha”, como la bautizó su impulsor: el fallecido Hugo Chávez, vuelve a estar en la mira de su heredero, Nicolás Maduro. El inquilino del Palacio de Miraflores ha anunciado sus intenciones de hacerle al texto fundamental “una gran y poderosa reforma”.
“La ampliación de la democracia y la construcción del nuevo Estado, definir con claridad el perfil de la sociedad que queremos, desde el punto de vista cultural e institucional; y echar las bases más claras y poderosas (…) de la nueva economía autosustentable, no dependiente, diversificada y productora de riqueza que satisfagan las necesidades del pueblo de Venezuela”. Estos son los objetivos de la iniciativa, aseguró Maduro al presentar su informe de gestión, el pasado 15 de enero en el teatro Teresa Carreño de Caracas y no en el Palacio Federal Legislativo, como manda la tradición institucional.
Aunque no precisó cuáles serían las disposiciones constitucionales a modificar, anunció que una comisión presidida por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, será la encargada de presentar la propuesta que será sometida a “consulta a través de referendo”.
La iniciativa, que ha trascendido las fronteras venezolanas porque los grandes medios extranjeros se han hecho eco de ella, ha disparado las alarmas entre los expertos. ¿Por qué? A continuación se presentan algunos motivos.
¿Cortina de humo?
Maduro lanzó la propuesta a pocos días de haber iniciado su tercer sexenio consecutivo, un mandato que ha sido cuestionado internacionalmente, porque las autoridades no han presentado los resultados detallados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y así probado, su dudoso triunfo.
“Esto, como tantas otras cosas en el pasado (por ejemplo, referendo sobre el Esequibo), es un asunto que lanzan a la opinión pública para distraer de lo que importa, que es la ilegitimidad del régimen y la escandalosa usurpación de la soberanía popular en la que se encuentran, apoyados solo en la fuerza bruta”, afirmó el constitucionalista Luis Herrera Orellana.
Para el experto en estos momentos no se justifica ninguna modificación al texto fundamental. “Cuando se recupere la democracia y funcione, de forma aceptable al menos, el Estado de Derecho, sí lo será, para excluir del texto vigente los rasgos autoritarios y contrarios a la libertad”, agregó el profesor de la Universidad Santo Tomás de Chile.
Por su parte, la analista y consultora política, Carmen Beatriz Fernández teme que Maduro pretenda seguir los pasos su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, quien impulsa la decimosegunda reforma constitucional. “No parece que esto sea casualidad”, dice la profesora de Comunicación Política de la Universidad de Navarra (España).
Desde finales del año pasado el Parlamento nicaragüense viene debatiendo una serie de modificaciones al texto fundamental del país centroamericano, las cuales le dan más poder a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, al calificarlos como “copresidentes”, extenderles el mandato por un año y además colocar al resto de los poderes bajo su control formal.
Pero si lo anterior no fuera suficiente, la modificación permitirá a las autoridades quitarle su nacionalidad a los “traidores a la patria”, calificación que se da a aquellos que aboguen por golpes de Estado, propongan intervenciones extranjeras o pidan la imposición de sanciones internacionales.
Durante el debate de la Ley Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo, la diputada oficialista Iris Varela propuso incorporar una disposición que permita “la anulación de todos los documentos de identificación y de registros de empresas a las personas que cometan estos delitos”. “Quien traiciona a la patria renuncia de algún modo a su nacionalidad”, argumentó.
Más votaciones, menos elecciones
Aunque Maduro aseguró que uno de los objetivos de la reforma será “la ampliación de la democracia”, la profesora Fernández teme que el objetivo sea precisamente lo opuesto.
“Creo muy probable que lo que tengan en mente es que las elecciones futuras sean muy distintas a las que hemos visto hasta ahora y que se parezcan más al sistema cubano, donde la gente vota permanentemente pero no elige”, afirmó la experta.
“Hacer muchas elecciones, pero que impacten muy poco, serían votaciones más no elecciones. Minidemocracia y maxidictadura”, apuntó Fernández, para quien lo ocurrido el 28 de julio fue un “parteaguas” para el sistema electoral y el chavismo ya no puede mantenerlo con tantas auditorías.
Tanto durante su juramentación como en su discurso anual, Maduro anunció que en 2025 se celebrarán hasta 10 elecciones, comenzando por las de gobernadores, las de alcaldes y concejales; y las legislativas.
El pasado 21 de enero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció en un comunicado que desde el día 17 se encuentra en “sesión permanente” para “planificar los nueve eventos electorales establecidos hasta ahora”.
La revancha de 2007
Como en el fallido intento de reforma constitucional que el fallecido Hugo Chávez impulsó en 2007, en este el modelo económico volverá a figurar.
“El modelo económico no está claro en la Constitución, creo yo, y el comandante Hugo Chávez también lo creía. Faltó mucho por hacer en el 1999, estábamos muy jóvenes y el neoliberalismo era el pensamiento único, era hegemónico”. Y aunque no mencionó ni al socialismo del siglo XXI ni el modelo comunal, dio por hecho que estas ideas serán incorporadas en el texto constitucional.
¿Más ruido que nueces?
La propuesta de Maduro se produce semanas después de que la Constitución celebrara su vigésimo quinto aniversario. La ocasión ha servido a algunos para recordar los numerosos incumplimientos a sus disposiciones.
“Es una Constitución llena de derechos, pero en la práctica, la sociedad venezolana no disfruta de ellos”, se quejó el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz.
Una revisión muy superficial realizada por La Gran Aldea para este artículo permitió detectar al menos cuatro grandes infracciones a ordenes contenidas en el texto. El primero, la instrucción a la Asamblea Nacional para que reformara el Código Penal e incorporara el delito de desaparición forzada de personas, tarea que se ha debido ejecutar en los primeros seis meses de la instalación del primer Parlamento, según el numeral 1 de la disposición transitoria tercera.
El segundo, la aprobación de la Ley de Hacienda Estadal, la cual permanece engavetada desde hace más de tres lustros, luego de haber sido vetada por Chávez. El tercero, es la tarea de demarcar los territorios de los pueblos indígenas, para lo cual las autoridades tenían dos años. Y, por último, la celebración de concursos de oposición para la adjudicación de los cargos de jueces, fiscales y defensores públicos.
El hecho de que en 2017 Maduro convocara a una Constituyente y que la misma no tocara una coma a la Constitución es el único motivo para creer que el anuncio no quedará más que en eso, aunque los expertos consultados dan otro.
“Cambiar la Constitución de Chávez tiene un peso específico en las audiencias chavistas, que aún las hay, y son muy importantes para el Gobierno”, recordó la profesora Carmen Beatriz Fernández.