La oposición venezolana parece estar por iniciar, una vez más, el cíclico debate sobre la estrategia electoral. Esta desaliñada discusión, que se repite cada vez que el chavismo asoma hitos alrededor del voto, se ve aún más agravada luego del fraude electoral del 28 de julio, dejando a los distintos sectores opositores en una encrucijada sin respuestas claras.
Como de costumbre, quienes defienden la participación en las elecciones parlamentarias y regionales de abril de 2025 argumentan principalmente que hay que aprovechar cada oportunidad para movilizarse políticamente.
Sin embargo, el evidente problema que enfrentan es que no tienen una respuesta contundente a la pregunta fundamental: ¿cómo se defiende efectivamente el voto de la ciudadanía después del 28 de julio? ¿Cómo evitar que la participación se convierta en un acto simbólico de resistencia sin impacto real en el resultado electoral? Yendo más allá, a lo más crudo: ¿quién va a llevar adelante la labor de defensa del voto, luego de que para muchos testigos eso significó ser perseguidos en los días posteriores al 28J?
Quienes, por otro lado, promueven la no participación en el proceso de abril tienen razones de peso para dar por perdida cualquier fe en el marco institucional venezolano. La falta de garantías tras lo ocurrido el año pasado refuerza su argumento de que participar solo legitimaría un proceso fraudulento, buscando pasar la página de la victoria de Edmundo González como presidente electo.
Debe decirse que este grupo también enfrenta su propio dilema estratégico: más allá de no participar, ¿cuál es su propuesta política? ¿Cómo se avanza en el reconocimiento de la voluntad ciudadana expresada el 28 de julio? La inacción que hoy se ve dentro de Venezuela a nivel político tampoco parece ser una alternativa esperanzadora y movilizadora.
Si el chavismo logra imponer este dilema, hará que la oposición pierda el foco y se enrumbe hacia una guerra interna de acusaciones y desconfianza. La pregunta de fondo no debería ser simplemente si se participa o no, sino cómo avanzar estratégicamente en un contexto donde la ciudadanía se siente desgastada y parte de la comunidad internacional parece haber aceptado la situación como un hecho consumado, liderada por el inesperado aliado que está resultando ser Donald Trump para Maduro.
La realidad es que las fuerzas democráticas han probado prácticamente todas las rutas estratégicas posibles en los últimos años para alcanzar la democratización del país: boicot electoral, participación, movilización en las calles, apelación a la comunidad internacional, intentos de diálogo, rutas institucionales. Sin embargo, el objetivo final sigue sin materializarse.
Es por ello que ahora el reto no es solo tomar una postura frente a las elecciones, sino construir una hoja de ruta que brinde respuestas reales a una sociedad que siente que ha agotado todas sus opciones.
Si la discusión se queda estancada en el dilema entre participación y abstención, sin propuestas concretas para enfrentar el reto estructural que supone el régimen, se corre el riesgo de repetir, una vez más, el eterno retorno de una oposición percibida por los venezolanos como dividida y sin rumbo claro.