Las expropiaciones de fábricas, bancos, hoteles, centros comerciales, empresas de telecomunicaciones y de energía, así como de alrededor de cinco millones de hectáreas de tierra, fueron hechos controversiales ocurridos durante el gobierno de comandante Chávez. Esta política, más daño no pudo hacer al país. No se trataba de firmas de maletín, tierras abandonadas, improductivas o negocios sin dueño. Esta medida perjudicó indudablemente el aparato productivo y llegamos a lo que hoy es simple y llanamente la destrucción. Es obvio que el modelo político que impulsó Hugo Chávez fracasó. Todo comenzó cuando ascendió al poder a principios de los años 2000.
Sin embargo, el heredero de Chávez desde 2013, ya al verse con el agua al cuello, el sucesor, Nicolás Maduro, se fue alejando de este modelo económico y realizó un cabildeo con algunos dueños de empresas, fincas y centros comerciales para llegar a acuerdos. Les propusieron regresarles lo expropiado. Algunos aceptaron como el caso emblemático de los dueños del Centro Comercial Sambil, La Candelaria, quienes sí recibieron de nuevo la infraestructura que les había sido arrebatada, cuando estaba en construcción en 2008. En ese entonces se alegaba que violaba el ordenamiento urbano de la ciudad y ocasionaría un caos vehicular en toda la zona. Se dijo que esa infraestructura, sería destinada a una escuela que nunca funcionó y el edificio más bien se deterioró. En 2022, Maduro se lo devolvió al Grupo Sambil y tras una inversión millonaria se inauguró ese mismo año en noviembre y está funcionando perfectamente.
El caso de las tierras expropiadas ha sido más dramático, pues después de ocupar y destruir millones de hectáreas productivas, de un tiempo corto para acá, quieren aplicar la misma metodología con ganaderos y productores a lo largo y ancho del país, pero muchos continúan en su posición: no quieren tierras destruidas, sino que les paguen, aspiran mínimo la mitad de su valor actual. Y están negociando…
En noviembre, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, aseguró que el “gobierno”, que ya había perdido las elecciones del 28J, planeaba transferir al capital privado 350 empresas, de las que el Estado se hizo cargo en las últimas dos décadas. Esto, luego de fracasar en todas las políticas públicas, desde Chávez hasta hoy.
Relato de una ocupación a mano armada
Una fuente confidencial contó a LGA uno de los casos.Tenía una finca que fue ocupada en pleno apogeo y que hoy es monte y culebra. Estaba ubicada en Anzoátegui. Le fue arrebatada. Hoy tras años de lucha, 21 para ser exactos, primero por la devolución y ahora por el pago, continúa batallando y dice que probablemente le sea reconocido algún pago, porque él “no quiere tierra destruida”, le dice a LGA y reitera que están a punto de darle su dinero, que hoy asciende, según los cálculos de sus asesores y firmado por el colegio de contadores, a más de 900 millones de dólares si son “justos”. Él tiene esperanza, es lo que lo ha mantenido vivo todos estos años, fue una contienda de honor, expresa.
La finca generaba 2.000 litros diarios de leche, queso, contaba con 1.500 cabezas de ganado, cuatro vaqueras con capacidad de 150 animales cada una, además de maquinaria agrícola y tractores
Transcurría el año 2004- era el ministro de tierras Arnoldo Márquez, luego en 2006 vino Elías Jaua-. Una noche se encontraba plácidamente en su propiedad, cuando repentinamente, llegó un camión de donde se bajaron 14 hombres armados con escopetas, irrumpieron violentamente en sus tierras y lo sacaron, junto a su familia, apuntándole en la cabeza. Cuenta que los sujetos vestían camisas rojas con un estampado de la cara del comandante Chávez. Él trató de resistirse, pero recibió una estruendosa advertencia: “si no se van les caemos a plomo, hagan las cosas más fáciles y se largan de aquí porque esto es una expropiación”, relata con impotencia.
Entonces, no les quedó más remedio que retirarse con la esperanza de dirigirse a las autoridades, policía o Guardia Nacional, para denunciar que habían sido víctimas de unos delincuentes que al estilo del viejo oeste americano, los echaron de su finca.
Continúa diciendo la fuente, que se fueron a un Comando de la Guardia Nacional cercano. Allí advirtieron de la nefasta novedad y se regresaron a la finca acompañados de algunos funcionarios, quienes claramente le dijeron que le hacían “un favor”, ya que no tenían ninguna orden superior de sacar a la gente que a lo “macho”, les había desalojado. Al llegar de nuevo a la hacienda, la víctima comenta que en actitud bravucona, “les tiraron un quieto” apuntándoles con las escopetas y asegura que hasta los efectivos de la GNB, de aquel entonces, cuando la represión estaba en pañales, subieron sus manos para tratar de proteger sus vidas.
Del insólito hecho -según su testimonio- sólo quedó un informe por escrito el cual, por cierto, nunca le quisieron entregar. Despojado de sus tierras y pertenencias que había trabajado por más de 40 años, se trasladó a un comando de la Guardia en Anzoátegui, donde le habían dicho que buscara a un coronel quien probablemente lo podía ayudar. Sin embargo, la diligencia también fue infructuosa, pues el alto funcionario le esgrimió que sólo podía remitir el caso a la policía, para que fuese con él a tratar de sacar a los invasores. “El coronel lo que hizo fue una carta manuscrita dirigida al jefe de la policía y le ordenó a un cabo quien hasta el momento había sido el único efectivo en acompañarnos en las diligencias, que no volviera más la finca”, dijo indignado.
La Policía tampoco actuó, por lo que decidió dirigirse a Caracas con sus abogados para llevar el caso al Ministerio de Agricultura y Tierras donde aún permanece el expediente en “estudio”. Ahora parece que sí, le pagarán algo, después de años de negociación y perseverancia. Habría que saber cuánto le van a dar. Por ahora el caso avanza, con la nueva política implementada desde 2022 por Maduro, pero ha tenido retraso otra vez-ya van 21 años-, con el nombramiento del nuevo “ministro”, el ex gobernador de Yaracuy Julio León Heredia, puesto en el cargo hace pocos días, quien sustituyó al general Menry Fernandez, nombrado titular del despacho de Agricultura Productiva y Tierras, a penas en agosto pasado, no duró ni un año.
La fuente sigue el relato de lo ocurrido en aquellos años aciagos y cuenta que el INTI, fue el organismo que ordenó la expropiación de sus tierras, luego de que públicamente, el fallecido Presidente Hugo Chávez convirtiera la palabra ¡Exprópiese!en un grito de guerra e hiciera un llamado a sus seguidores para ocupar los terrenos «ociosos». El productor de identidad protegida revela además que incluso un alcalde, cuyo nombre no reveló, tuvo una constancia de propiedad de su finca.
“Un vulgar saqueo”
La víctima asegura que hoy la finca es monte y culebra, destruyeron todo, se robaron la maquinaria, le pasaron la rastra a toda la tierra, para decir que allí no había nada y que era un terreno baldío y una vez hecho esto, el pasto se pudre y no se puede sembrar.
Al momento de su expropiación, allí se sacaban aproximadamente 1.850 litros diarios de leche, parte de eso se convertía en queso. Le vendía a las pasteurizadoras, a las queseras. Tenía 1.500 cabezas de ganado, vendían mautes, novillos, comercializaban las vacas viejas que ya no servían para leche; tenían dos equipos para enfriamiento de leche de 2.000 litros cada uno; dos plantas eléctricas de 90 KVA, maquinarias, tractores modernos con aire acondicionado, además de la casa.
“Ahora allí no hay nada, se llegó al colmo de los colmos porque nunca había visto un robo así, sacaron hasta el alambre de púas y se lo llevaron. Eso fue un vulgar saqueo, rompieron hasta el piso. Acabaron con todo», se lamenta. Tenía 42 años trabajando la tierra que heredó, por lo que se hizo hombre del campo desde pequeño. “Mi familia hizo una fortuna, pero trabajando, sudando, nadie le regaló nada y estos delincuentes se lo robaron”, apunta con tristeza.
“No aceptaré la tierra destruida”
La fuente dice que solo quiere el pago de su finca, “no aceptaré nuevamente la tierra destruida. Tienen que pagarme al menos la mitad de lo que vale. Eso sin contar el daño moral porque eso no tiene precio”, asevera.
Está convencido y no dejará de pelear. Ha dedicado su vida entera, después de la expropiación, a buscar justicia. “He recibido hasta amenazas de muerte, pero no voy a decaer”, afirma con nostalgia, al tiempo que recuerda a manera de anécdota, que antes, cuando se atravesaba la carretera desde Pariagúan hasta Guárico, podían apreciarse hermosas plantaciones de sorgo, soya y maíz, se veían maquinas inmensas trabajando la tierra propiedad de pequeños y medianos productores, y ahora dice que “dan ganas de llorar, no hay nada, por eso es que no hay prosperidad en el país, ninguna guerra económica’”- sentencia. La misma situación se extiende a toda Venezuela, a Santa Bárbara del Zulia, El Vigía, El Guayabo, Barinas, Apure, entre otros estados donde también el «barbarazo» arrasó, fincas, haciendas y hatos. Ahora también todos tienen miedo.
La fuente confidencial dice que la finca de su abuelo con una extensión de 15.000 hectáreas, también fue expropiada, no sabe si se puede volver a reactivar. «Todos queremos producir pero ¿cómo hacemos?, se pregunta. Me parece que estoy encerrado en un cuarto sin poder moverme”, expresa, pero tiene la esperanza de que ahora el nuevo ministro de Maduro le gestione el pago, por una cuestión de casta y de honor.