El economista Dany Bahar, investigador de la Universidad de Brown y especialista en migración y economías emergentes, conversa con La Gran Aldea sobre su más reciente estudio —coautoría con Ricardo Hausmann— titulado “Sanctions on Venezuela Are Not Driving Migration to the US Southwest Border: An Empirical Assessment”. En esta entrevista, Bahar desmonta con evidencia empírica una de las narrativas más insistentes promovidas por el chavismo y sus aliados: la idea de que las sanciones internacionales son las responsables de la migración masiva de venezolanos.
Según el estudio, no solo no existe una correlación directa entre las sanciones y los flujos migratorios, sino que, paradójicamente, en los períodos en que el régimen de Nicolás Maduro ha contado con mayores ingresos petroleros —y por ende, mayor capacidad de control y represión— es cuando más ha aumentado el éxodo.
Bahar, quien lleva casi una década investigando la migración venezolana y fue uno de los expertos que lideró el primer informe de la OEA sobre la crisis humanitaria cuando ya cuatro millones de venezolanos habían huido, sostiene que los migrantes venezolanos no cruzan el Darién, caminan el Páramo de Berlín o se lanzan al Caribe en un peñero por culpa de las sanciones. Lo hicieron por hambre, persecución, inseguridad y la destrucción sistemática de los servicios, todas estas, acciones directas de quienes hoy ocupan el poder, aun luego de perder unas elecciones presidenciales.
En esta conversación, analiza también el efecto de ciertas decisiones internacionales, el uso político de la migración y por qué, mientras persista la dictadura, los venezolanos seguirán huyendo.
Lo primero que quería preguntarte es sobre la metodología del estudio. Ustedes usan los ingresos petroleros como un termómetro indirecto de las sanciones. ¿Podrías explicarlo de forma sencilla, para quienes no han leído el informe?
Claro. Somos economistas que trabajamos con evidencia empírica. En este caso, partimos de una percepción muy extendida: que la migración venezolana hacia Estados Unidos, especialmente desde 2020 (personas que llegaban a pie, no gente que vino en un avión), estaría vinculada con las sanciones internacionales. Nuestra pregunta fue: ¿los datos respaldan esta idea?
Lo que hicimos fue observar dos variables: por un lado, los ingresos petroleros del régimen —que pueden servir como aproximación al impacto de las sanciones— y por otro, el número mensual de venezolanos cruzando la frontera sur de EE.UU. Lo que encontramos es que no hay correlación negativa entre una y otra. De hecho, los resultados sugieren lo contrario: cuando el gobierno tiene más ingresos, también aumenta la migración.
Es decir, mientras más fuerte se percibe al régimen, más gente se va. ¿Qué explicación tiene eso?
Hay dos mecanismos posibles. Uno es económico: migrar cuesta. Es una decisión importante, costosa, de largo plazo. Cuando hay un leve repunte en la actividad económica, puede que algunas personas tengan los medios para emigrar. Otro mecanismo es más político: cuando el régimen se fortalece —porque tiene más recursos para reprimir y mantenerse en el poder— la gente pierde la esperanza de un cambio. Entonces toma una decisión racional: irse.
Esto desmonta muchas narrativas cómodas. Se ha intentado reducir la migración venezolana a un fenómeno puramente económico.
Exacto. Migrar no es una decisión ligera ni puramente económica, como algunos intentan simplificar. Es una decisión estructural, de vida, que implica un cambio radical. Y, paradójicamente, muchas veces la gente toma esa decisión cuando percibe que el régimen está más fuerte, más consolidado. ¿Por qué? Porque eso genera desesperanza. Si se percibe que no va a haber un cambio político, que la dictadura se afianza, aumenta la sensación de que no queda otra opción más que irse.
En el estudio que hicimos con Ricardo Hausmann, medimos dos variables simples, sin adornos, sin buscar resultados convenientes. A diferencia de otros enfoques que aplican 25 metodologías y luego se aferran a la única que más o menos confirma lo que quieren demostrar, nosotros fuimos directos. Y encontramos que cuando hay un aumento en el ingreso petrolero —es decir, cuando el régimen tiene más recursos— también aumenta la migración.
Ahora bien, ese ingreso petrolero no necesariamente se traduce en una mejor calidad de vida para los venezolanos. Al menos no hay evidencia clara de que eso ocurra. Incluso anecdóticamente, lo que se percibe es que no hay mejoras reales para la mayoría. Sin embargo, si por alguna razón ese ingreso genera algo de dinamismo económico y la gente tiene un poco más de dinero, eso también puede facilitar la migración. Tener ‘un poco más en el colchón’ puede hacer que alguien diga: ‘ahora sí me voy’.
Pero hay una interpretación más profunda, desde la ciencia política. Si los venezolanos creyeran que el régimen va a caer mañana, muchos se quedarían. Es más, algunos hasta pensarían en regresar. Pero lo que vemos es lo contrario: mientras más dinero entra, mientras más fuerte se ve el régimen, más gente decide irse. ¿Por qué? Porque perciben —y no con poca razón— que con más recursos, el gobierno se vuelve más fuerte y será más difícil que caiga. Y eso cambia todo
En este sentido, ¿el alivio de sanciones durante el gobierno de Biden tuvo un efecto paradójico?
Podría haberlo tenido, sí. Pero no porque hayan mejorado realmente las condiciones de vida, sino porque el régimen se sintió más seguro. Y cuando un régimen autoritario se percibe más estable o fortalecido —aunque sea solo porque recibe más recursos o cierto margen de legitimidad internacional— eso puede generar mayor desesperanza en la población. Y la desesperanza es un disparador migratorio muy potente.
En nuestro estudio, nos enfocamos en los factores de empuje, no en los de atracción. Siempre hay elementos que atraen a la gente a migrar —por ejemplo, oportunidades laborales en países receptores como Estados Unidos—, pero lo que queríamos investigar era si, desde Venezuela, había factores estructurales que impulsaban la migración. Y lo que encontramos es que las sanciones, por sí solas, no explican ese flujo migratorio. No encontramos correlación significativa entre sanciones y migración.
Ahora bien, es cierto que durante el gobierno de Joe Biden hubo una serie de dinámicas económicas y políticas particulares. En Estados Unidos, por ejemplo, post-COVID, hubo una recuperación fuerte, con alta demanda laboral, lo que sin duda actuó como un factor de atracción para muchos migrantes de todo el mundo, incluidos los venezolanos. Pero en cuanto al caso venezolano específico, el alivio parcial de sanciones no produjo mejoras económicas sustantivas. Sí pudo haber generado una percepción de estabilidad represiva, que, otra vez, actúa como estímulo para emigrar.
Desde una perspectiva más política —y esto lo digo más como ciudadano venezolano que como economista—, creo que hubo una lectura errónea, sobre todo al principio, por parte de la administración Biden respecto a las dinámicas del régimen de Maduro. Se apostó a una negociación que no condujo a una elección libre, y se flexibilizaron ciertas medidas bajo la expectativa de concesiones que no llegaron. Al final, se vio que Maduro sigue siendo profundamente impopular, pero también quedó claro que no hay incentivos reales dentro del régimen para una salida voluntaria, porque el costo para ellos sería demasiado alto.
Y ahí es donde se plantea una pregunta crucial para los politólogos y tomadores de decisiones: ¿cómo se maneja una política efectiva frente a un régimen así? El esquema tradicional de ‘zanahorias y palos’ tiene pocos instrumentos cuando se trata de dictaduras atornilladas en el poder. Las sanciones —especialmente las personalizadas— son de las pocas herramientas que quedan. Y si bien tienen efectos colaterales, también es cierto que la destrucción de la economía venezolana fue previa a la mayoría de estas sanciones. Es un hecho difícil de eludir.
El estudio se centra en Estados Unidos, pero ¿cómo ves el panorama hoy, con Donald Trump reimponiendo sanciones pero también bloqueando la migración venezolana?
Es un panorama preocupante, sin duda. El TPS y el parole humanitario fueron medidas valientes de la administración Biden porque reconocían algo esencial: que en Venezuela hay una dictadura. Esa caracterización no es solo un juicio político, es lo que justifica —legal y moralmente— que los venezolanos tengan protección internacional. Si se impone la narrativa de que la migración venezolana es solo por razones económicas, los venezolanos pierden legitimidad ante jueces migratorios. Y eso es un error muy peligroso.
Ahora, con el retorno de Trump al escenario político y la posible reimposición de sanciones, el panorama se vuelve aún más ambiguo. Porque por un lado, endurece la presión contra el régimen —lo cual, en teoría, podría tener sentido estratégico—, pero al mismo tiempo promueve una política migratoria extremadamente restrictiva que cierra las puertas a quienes huyen justamente de ese régimen. Es una contradicción difícil de ignorar.
Estamos viviendo un momento geopolítico muy complejo. Por ejemplo, el desmantelamiento de estructuras como USAID —que, más allá de ciertos usos polémicos, representaba una línea de apoyo fundamental para lo poco que queda de sociedad civil, medios independientes y defensa de derechos humanos en Venezuela— puede terminar beneficiando al régimen. Lo mismo aplica a los discursos demagógicos que ridiculizan algunos usos de fondos aislados, ignorando que esos recursos eran, muchas veces, el último salvavidas para lo que sobrevive de democracia.
Y al mismo tiempo, el contexto regional también es adverso. Ya no estamos en el momento de mayor apertura migratoria en América Latina. Muchos países están agotados, si no institucionalmente, sí en términos sociales y políticos, después de años de recibir millones de venezolanos. Entonces se produce un escenario muy difícil: cada vez hay más necesidad de salir, pero menos opciones para llegar a un lugar seguro.
Los datos lo reflejan. Más del 30% de los venezolanos encuestados afirman que quieren emigrar si Maduro se mantiene en el poder. No dicen ‘si vuelven las sanciones’. El problema de raíz es político. Y mientras no exista una vía realista para desmontar el régimen —y menos aún si se reducen las herramientas de presión o se desnaturaliza el diagnóstico de dictadura—, la migración no va a parar. Ese es el fondo del asunto.
Muchos en EE.UU. han caído en esa narrativa: que la gente se va por pobreza, y esa pobreza es por sanciones. Lo más lamentable, además, es que muchos de quienes hoy se alarman —con razón— ante ciertos tratos contra los venezolanos en los EE.UU. son los que sacan un supuesto estudio por semana para decir que todo es culpa de las sanciones y no tanto del régimen.
Correcto. Esa es una narrativa falsa y peligrosa. Se ha instalado, especialmente en algunos círculos fuera de Venezuela, la idea de que la migración venezolana es una consecuencia directa de las sanciones. Pero la evidencia contradice frontalmente esa narrativa. La gran caída del PIB, la crisis humanitaria, el colapso del aparato productivo, todo eso ocurrió antes de la imposición de las principales sanciones.
Ya para 2016, el PIB venezolano había caído cerca del 60%. Algunos estiman un poco menos, alrededor del 40%, pero el punto es que el desplome fue brutal, y ocurrió antes de que se aplicaran sanciones significativas. Las importaciones de alimentos y medicinas habían caído más de 70%, y en uno de nuestros estudios mostramos que la mortalidad infantil había aumentado en un 40%.
Y ese dato, el de la mortalidad infantil, es especialmente ilustrativo. Porque un bebé —como digo a veces— es como un carro nuevo: lo normal es que todo esté bien. Si la mortalidad infantil sube, eso no se debe a un cambio genético en los venezolanos, sino a una caída severa del acceso a salud y servicios básicos. Es un indicador clarísimo de la capacidad (o incapacidad) del Estado para ofrecer condiciones mínimas de vida.
Entonces, incluso si las sanciones tuvieron algún efecto marginal posterior, atribuirles la responsabilidad principal de la catástrofe económica es, en el mejor de los casos, intelectualmente deshonesto. Porque cuando ya todo viene en picada, es metodológicamente muy difícil aislar cuánto más pudo haber empeorado por una causa adicional.
Mi crítica principal es a ciertos estudios que, con metodologías poco rigurosas, pretenden afirmar que la caída se debe principalmente a las sanciones. Si el colapso ya había ocurrido en 2016, si los niveles de hambre, escasez y muerte ya eran altísimos, ¿cuánto más puede haber caído después? Quizás un poco más, sí. Pero es una discusión engañosa cuando se ignora que el grueso del daño ya estaba hecho.
Y lo más lamentable es que muchas de las personas que hoy se alarman —con razón— por el trato que reciben los migrantes venezolanos en Estados Unidos, son las mismas que semana a semana publican supuestos estudios culpando exclusivamente a las sanciones, lavándole la cara al régimen que en realidad destruyó el país.
Y además hay un riesgo: si la narrativa de las sanciones como causa principal se impone, puede acabar afectando incluso la posibilidad de refugio para quienes huyen de una dictadura.
Totalmente. Si los venezolanos ya no son vistos como personas que huyen de una dictadura, sino como migrantes económicos, pierden protección internacional. Y eso es exactamente lo que el régimen quiere.
Finalmente, ¿cuál es tu principal mensaje para quienes insisten en culpar a las sanciones de todo?
Que revisen los datos. Y que entiendan que no todo se reduce a correlaciones simples. El origen de la tragedia venezolana es una dictadura que destruyó las instituciones, la economía y las libertades. No perdamos el foco. Porque perderlo no solo distorsiona la verdad: también pone en riesgo a quienes necesitan protección.