A pocas semanas del evento electoral del 25 de mayo, crecen las alertas sobre fallas técnicas, decisiones jurídicas controversiales y un Consejo Nacional Electoral que parece responder más a intereses políticos que a mandatos constitucionales. En esta entrevista, el politólogo y experto en sistemas electorales Jesús Castellanos analiza las irregularidades que comprometen la transparencia del proceso, y advierte sobre las consecuencias de no incluir el código QR en las papeletas, además de añadir el territorio del Esequibo en unas elecciones que podrían estar diseñadas para legitimar lo ilegítimo.
¿Qué irregularidades técnicas se observaron en el último simulacro realizado por el Consejo Nacional Electoral, y qué implicaciones podrían tener para las elecciones del próximo 25 de mayo?
En lo particular, sostengo que los simulacros electorales en Venezuela han atravesado al menos tres etapas. La primera, básicamente al inicio del sistema automatizado de votación, en la cual se pretendía que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pudiera probar todo el funcionamiento del sistema: los diferentes componentes asociados, por ejemplo, al sistema biométrico, la máquina, etcétera. Además, era un mecanismo que permitía promocionar y familiarizar al elector con el proceso electoral. Esta etapa culminó con el referéndum consultivo de 2023. Es importante resaltar la promoción que hizo la administración electoral de ese referéndum.
Era importante, más allá de las motivaciones institucionales, porque también tenía una motivación que no mencioné, pero que uno supone: este tipo de ejercicio también ayudaba al oficialismo a probar su capacidad de movilización para la jornada electoral. Eso no está escrito, pero cuando uno revisa los informes de observación electoral, se muestra efectivamente cómo se mueve el Partido Socialista Unido de Venezuela.
¿Qué cambió en los simulacros de 2024?
En 2024 ocurre algo distinto. En la elección presidencial vemos a un CNE que utiliza mucho menos su aparato comunicacional para difundir y promocionar el simulacro. Sin embargo, dio información mínima —¿a qué información mínima me refiero?— al menos la ubicación de los puntos o centros del simulacro. Estos estaban publicados en la página del organismo. No hubo mayor promoción del asunto, ni posteriormente preocupación por difundir los resultados. Porque no solo se trata de la promoción previa, sino también de la información posterior, como cuántos participaron. Eso no ocurrió en el simulacro de 2024.
La tercera etapa la estamos viendo ahora, y me preocupa, porque puede repetirse en el evento del 25 de mayo.
No hay información institucional, no hay promoción institucional, salvo algún mensaje que pudiera haber sido publicado en redes sociales por la rectora Aimee de Nogal o por Conrado Pérez. Pero más allá de eso, no hay nada. Y lo más grave: no se ha publicado la ubicación de los más de mil cien puntos del simulacro. Eso es gravísimo. ¿Cómo promocionas?, ¿cómo invitas a participar si no informas dónde se van a celebrar estos simulacros? Eso, insisto, puede significar una disminución significativa de la importancia institucional de los simulacros. Pero también, en paralelo —y esto es importante mencionarlo, aunque no esté escrito—, hay un patrón evidente en los hechos desde el punto de vista de la movilización del PSUV.
¿Qué implicaciones tiene el uso del código QR en las máquinas de votación para el secreto del sufragio en Venezuela? Muchas personas desconocen el impacto real que tiene este detalle técnico. ¿Puede explicar cómo el código QR compromete la confidencialidad del voto y por qué representa una herramienta de control político más que una innovación tecnológica?
He llamado la atención sobre todo el conjunto de irregularidades que se han planteado, desde el punto de vista de violación constitucional y legal. Y haciendo el énfasis de que no solamente es importante para este evento del 25 de mayo de 2025, sino que pudiera estar estableciéndose una suerte de práctica institucional de cómo celebrar elecciones después del 28 de julio.
¿Y cómo celebrar elecciones? Pues incumpliendo todo lo que define la legislación, todo lo que define incluso la misma Constitución. Ni hablar de los estándares electorales internacionales.
¿Por qué es tan importante el código QR?
El código QR, para las audiencias que a lo mejor no lo conocen, es un dispositivo instrumentado por primera vez en las elecciones regionales y municipales de Venezuela en 2021. Su función era básicamente verificar la autenticidad del acta de escrutinio, pero además compilaba los resultados electorales por mesa y por modalidad de elección.
Este mecanismo permitía, muy rápidamente, a todos los interesados —estamos hablando de los partidos políticos, pero también de la observación electoral nacional e internacional y del elector común— conocer de forma ágil cómo había sido la votación en su mesa para cada uno de los cargos sometidos a elección.
Eso fue fundamental para la elección presidencial de 2024. ¿Cómo se logra levantar tan rápidamente una base de datos abierta de actas de escrutinio? Fundamentalmente gracias al código QR. El escaneo de ese código permitía subir la información al instante.
Eso lo podía hacer el CNE, por cierto, porque es un sistema automatizado. Pero no lo ha hecho. Sin embargo, al momento de establecer este código, permitió que las partes —en este caso, la oposición democrática— lo hicieran, y efectivamente así ocurrió. Esto fue señalado expresamente en los informes de observación internacional acreditada para la elección presidencial. Me refiero al panel de expertos de Naciones Unidas y también al Centro Carter. Incluso otros informes independientes, como el de la MOE de Colombia, también destacan la importancia de este mecanismo.
La no existencia de este código QR en el simulacro podría suponer que no estará presente en el evento del 25 de mayo. Y si eso no está presente, preocupa. ¿Por qué preocupa? Básicamente porque este evento —corrijo, esta elección— no ha contado con ningún tipo de garantía.
¿Cómo se puede conocer entonces el resultado de esta elección si no hay un mecanismo confiable como el QR?
Que las partes no tengan acceso al código QR complica el seguimiento transparente, eficiente y confiable de las actas de escrutinio.
¿Cómo vamos a conocer los resultados electorales el 25 de mayo? Esa es una gran pregunta. Si uno revisa, no hemos tenido una convocatoria formal. No está publicada en Gaceta Oficial. Por cierto, no sé si eso es del todo conocido, pero el hecho de que no esté publicada oficialmente es una causal de anulabilidad del evento electoral.
Además de eso, no se publicó el cronograma, lo cual es un mandato legal establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Tampoco se abordó el tema del registro electoral, ni el de las postulaciones, ni las auditorías. Todo el proceso ha estado viciado prácticamente desde el inicio.
Usted ha señalado que no existen garantías técnicas ni auditorías independientes en el sistema electoral automatizado de Venezuela. ¿Cuáles son los riesgos más graves de esta falta de control externo y cómo impacta en la credibilidad del proceso del 25 de mayo?
Bueno, lo primero es que este evento no tiene ningún tipo de confiabilidad por una razón sencilla, y quiero ser muy enfático en esto: la administración electoral que lo conduce cambió, a pesar de que son los mismos rectores. Haciendo la salvedad de que ya no está Juan Carlos del Pino y en su lugar está Conrado Pérez. Pero, básicamente, aunque exista la misma directiva, no es el mismo Consejo.
El Consejo que organizó la elección del 28 de julio tenía algunos límites. No sé si eran legales, morales o institucionales… límites que, en todo caso, cumplió. Permitió, por ejemplo, que el sistema automatizado de votación fuera auditado debidamente; publicó todos los actos electorales, las actas correspondientes; e hizo —con algunas deficiencias, sí— el intento de cumplir con lo que establece la ley.
¿Qué cambió en el CNE tras el 28 de julio?
Después de la elección del 28 de julio y el desconocimiento de la voluntad popular esa misma noche, ya el 29 pasamos a otro plano. Este CNE es otra instancia. Es un órgano totalmente supeditado al Poder Ejecutivo. Y con el agravante de que, ante ese desconocimiento, el Consejo ha quedado, pareciera, de manos atadas.
Es fácil reconocerlo. Por ejemplo, en el manejo de la comunicación institucional: no hay una vocería clara del proceso electoral. Tímidamente aparecen los rectores Aimee de Nogal y Conrado Pérez —los únicos que han aparecido— en una entrevista o utilizando sus redes sociales para dar alguna información puntual, generalmente muy reducida, muy limitada, sobre un tema específico relacionado con el evento.
Pero hasta ahí llega. La página oficial del Consejo no existe. Entonces, utilizan otros mecanismos, otros dominios, para poder colocar, por ejemplo, información sobre capacitación o excepciones de miembros de mesa.
¿Puede el evento del 25 de mayo considerarse una elección real?
La elección no es íntegra, no es auténtica en absoluto. Por eso es que yo evito el concepto de «elección», utilizo «evento», porque el Consejo lo ha planteado en esos términos.
Sabiendo las brechas importantísimas de personas que no están inscritas en el registro electoral —estamos hablando de millones— y de personas que no están debidamente actualizadas —cifra que ya dio Súmate el año pasado (es decir, que ahora incluso hay más)—, no hubo una jornada especial de inscripción y actualización. Pero no solamente eso: el Consejo no informó hasta qué momento estaba abierto el lapso para que la gente se pudiera inscribir o actualizar antes de cerrar el padrón.
¿Qué otras omisiones legales comprometen este evento?
Tampoco hubo publicación del registro preliminar, que es un mandato de ley. No hubo la posibilidad de que los electores pudieran revisar o impugnar su estatus en el registro electoral. No existe publicación del registro definitivo. Tenemos serias dudas de si hubo o no auditoría del registro electoral; no hay nadie que haya señalado nada al respecto. Pero más grave aún: no existe el acta correspondiente que debía permitir a todas las partes —y cuando me refiero a todas las partes, hablo de los partidos, de la observación (que pudiera haber) y del ciudadano común— conocer esa información.
En materia electoral, la información, como en todas las áreas, es un derecho ciudadano. El hecho de que un elector no esté participando no quiere decir que no desee participar. El elector tiene derecho a conocer cuál es el registro electoral del evento, cuándo fueron las auditorías, qué determinaron esas auditorías o cómo fue el mecanismo de postulación.
En el caso de los partidos, nunca supimos finalmente cuáles estaban habilitados ni cuál fue el criterio para habilitar o no. La creación, por ejemplo, del partido de Capriles: nunca se supo. Una parte interesada dijo que estaba creado desde 2022. Bueno, yo le pregunté: «Envíame el número de la Gaceta para ver dónde está», porque tiene que estar en Gaceta Electoral. Y ese partido, por ley, tiene que haber cumplido —como lo define la Ley de Partidos Políticos— con reuniones públicas, manifestaciones, entrega de recaudos, presentación de la nómina de personas que apoyan ese partido… y después viene una revisión de personas, primero directamente a través del portal, y luego in situ.
Nada de eso se cumplió, como seguramente no se ha cumplido en ninguno de los otros partidos exprés que hay en Venezuela. Ni hablar de la habilitación de Capriles, que a discrecionalidad habilitan y deshabilitan, conforme a la subordinación de la Contraloría General de la República al régimen de Maduro.
Entonces, eso da cuenta de un evento electoral que, insisto, no cumple con ningún tipo de condiciones, que no da ningún tipo de confiabilidad. Esto señala que el patrón para venideros procesos electorales, ante la pérdida del apoyo popular, va a ser celebrar elecciones que no son elecciones. Vamos a generar eventos cada vez más cerrados.
¿Qué ocurre con la elección de representantes indígenas, de la que tampoco se ha informado nada?
Ojalá, por lo menos en este caso, no ocurra también de forma indirecta, como supuestamente va a pasar con la elección de representantes indígenas a la Asamblea Nacional y al Consejo Legislativo, sobre los cuales tampoco tenemos información. En pocas palabras: no hay información alguna.