Probablemente el personaje de marras jamás habrá escuchado hablar de necropolítica, y mucho menos seguirá las ideas de Achille Mbembé, pero sin duda ha venido aplicando al pie de la letra los postulados de biopoder que éste describe.
Mbembé, un brillante académico camerunés, mientras analizaba la situación de algunos Estados africanos, concluyó que para muchos Ia “soberanía” no era más que el derecho de matar. Desde su perspectiva, la noción foucaultiana de biopoder junto a otros conceptos: el estado de excepción y el estado de sitio (prácticamente perennes en la Venezuela chavista), justifican una relación de enemistad que los autoritarios han convenido en Ia base normativa del derecho de matar.
En estas situaciones -dice-, el poder hace referencia continua e invoca Ia excepción, Ia urgencia y una noción “ficcionalizada” del enemigo. De este modo, bajo el alegato de permanente urgencia por defender los logros y la permanencia del sistema, que no es otra cosa que el sostenimiento del poder de turno, la vida o la integridad del que supuestamente pone en peligro esa “estabilidad”, puede ser tomada, por ello no dudan en eliminar a los peligrosos o en todo caso someterlos a tratos crueles e inhumanos o torturarlos, ya que en definitiva no son personas.
En julio de 2024, el dictador Nicolás Maduro, mientras aceitaba la maquinaria represiva que desataría luego de la paliza electoral sufrida el 28 de julio, designó como ministro del sistema penitenciario al “abogado” Calos García Zerpa, quien venía de ser “diputado” por el PSUV. Su designación generó muchas interrogantes, pues como es común dentro del régimen, se trata de una persona sin ninguna experiencia comprobada en temas penitenciarios ni en criminología y mucho menos con alguna vinculación o experiencia en materia de justicia penal. Sin embargo, su desempeño pone en evidencia que Maduro sabía lo que hacía, pues en poco tiempo, García Zerpa transformó el maltrecho sistema penitenciario venezolano, convirtiéndolo en la principal entidad en comisión de crímenes de Estado, logrando vencer por amplio margen al DGCIM, SEBIN y PNB, entre otras organizaciones criminales oficialistas, lo cual ya es mucho decir.
El más reciente informe de PROVEA, documenta de forma impecable la barbarie desatada por el nuevo ministro, que estadísticamente pasa a ser el principal torturador de Venezuela. Señala el informe: Entre enero y diciembre, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) registró 209 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal –con igual número de casos– que incluyeron a 2.808 víctimas (…) El cuerpo de Custodios Penitenciarios, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), encabezó la lista de violaciones a la integridad personal con 2.097 víctimas –74,6% del total registrado –, seguido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 106 víctimas (3,7%) y actuaciones conjuntas entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que generaron 100 víctimas (3,5%) (…) 2.224 personas fueron víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes durante el año, lo que representa un aumento de 88,1% respecto a la cifra registrada en 2023 8 . El cuerpo de Custodios Penitenciarios del MPPSP fue responsable de 84,3% de los casos de tratos crueles registrados por Provea en el período. Al menos cinco personas murieron a consecuencia de estos actos. Todas las víctimas se encontraban privadas de libertad en cárceles y comisarías, y murieron tras padecer largos períodos sometidas a privación de alimentos y tratamientos médicos”.
Luego de la deriva autoritaria que llevó a más de 2 mil venezolanos a las cárceles bajo la falsa acusación de terrorismo sostenida por Tarek William Saab, proliferaron las denuncias de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes en los distintos centros penitenciarios bajo el control de García Zerpa. A eso se le suman las constantes extorsiones y actos de corrupción en el seno de dicho ministerio, a tal punto de haberse generado una importante economía criminal, todo se trafica: una llamada telefónica, acceso al agua, comida, visitas, traslados, etc. De hecho, hay relatos de secuestrados por el hampa común, que han descrito condiciones de confinamiento inmensamente más favorables que las que enfrentan los presos por razones políticas en el país.
Pero es que además, nunca se había producido en un periodo tan corto, tal cantidad de muertes de personas bajo custodia del Estado mafioso que usurpa el poder. Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez, Oswald Alexander González Pérez, Reinaldo Araujo y Lindomar Jesús Amaro Bustamante, murieron en manos del ministro, sin que además estos hechos fueran debidamente investigados por el Ministerio Público, garante de la impunidad estructural que reina en el país. Pero como si esto no fuera poco, Yorman David León, Ariadna Pinto y más recientemente Wilmer García, murieron luego de ser excarcelados como consecuencia de los tratos inhumanos y las complicaciones por la falta de atención médica sufrida durante el cautiverio, pues esencialmente los excarcelaron para que no sumaran a la escandalosa estadística de muertes intramuros, ya que sus condiciones de salud eran críticas.
Para la Dictadura, estas vidas poco importan, de hecho el nuevo rostro de la tortura Julio García Zerpa, fue condecorado por Maduro luego de que fuera sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como consecuencia de las sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos que lidera. Como siempre en estos casos se encargó de alabar sus “virtudes” como revolucionario, un revolucionario para quien la vida humana carece de valor si se trata de un “enemigo” del chavismo, categoría en la que se encuentra más del 80 por ciento de la población venezolana. Mbembé no se equivocó, los monstruos existen.