A las 12:01 de la madrugada del 27 de mayo de 2025, expiró la Licencia General 41B, poniendo fin a la llamada era Chevron. Quizás esta sea una buena ocasión para formular un balance de este modelo, que implicó una profunda transformación de la industria petrolera venezolana.
¿Qué implica el fin del modelo Chevron?
El modelo Chevron alude a los contratos suscritos por socios minoritarios de empresas mixtas, para conducir las actividades de producción y comercialización. Este modelo inició con Chevron (Licencia General 41) y se extendió a Repsol y Maurel & Prom (licencias individuales). El modelo, además, incluye licencias individuales para la comercialización de productos derivados, así como licencias para la ejecución de proyectos de gas en Trinidad y Tobago.
De todas estas actividades autorizadas por la OFAC, las de mayor impacto son las que permitieron a los socios minoritarios producir y comercializar petróleo.
Bajo la Ley Orgánica de Hidrocarburos, solo las empresas mixtas, controladas por PDVSA, pueden llevar a cabo estas actividades, con participación del socio minoritario. Pero debido al colapso de PDVSA, fue necesario transferir el ejercicio de esas operaciones al socio minoritario.
Para lograr este objetivo, la OFAC emitió licencias para permitir a los socios minoritarios celebrar nuevos contratos. Estas licencias fueron otorgadas en el marco de las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria, que colapsaron luego del desconocimiento de la elección presidencial del 2024.
Los nuevos contratos, conocidos como contratos de participación productiva (CPPs) no se basaron en la Ley de Hidrocarburos sino en la llamada Ley Anti-Bloqueo, lo que supuso importantes limitaciones al modelo Chevron como luego veremos.
La extinción de las licencias generales e individuales que permitieron celebrar los CPPs tendrá diversas consecuencias jurídicas, que podrían ser distintas en el caso de Chevron, por un lado, y Repsol y Maurel & Prom, por el otro.
En efecto, en virtud de la regulación de las sanciones económicas, PDVSA y sus empresas filiales no pueden realizar operaciones en Estados Unidos o con sujetos de ese país. Chevron es una sociedad norteamericana, con lo cual, no puede realizar ninguna operación con PDVSA, salvo en el marco de las licencias. Repsol y Maurel & Prom, por el contrario, no son sociedades norteamericanas, lo que podría reducir su riesgo de exposición a las sanciones.
Ahora bien, en virtud de las licencias otorgadas, estas empresas quedaron autorizadas para mantener operaciones con PDVSA y sus filiales. Estas operaciones comprenden, en realidad, dos relaciones contractuales. Por un lado, estas empresas son socias de la CVP, filial de PDVSA en las empresas mixtas. Además, esas empresas son contratistas de las empresas mixtas, a través del CPP.
La primera consecuencia de la extinción de las licencias será la imposibilidad de seguir ejecutando el CPP. Esto es, que Chevron, Repsol y Maurel & Prom no podrán seguir produciendo y comercializando petróleo, actividades que deberían ser retomadas por las empresas mixtas. Esto podrá generar un impacto adverso en la producción, mientras que la comercialización se verá afectada por ineficiencias derivadas de descuentos en los canales irregulares.
Pero, además, la extinción de las licencias genera otra duda: ¿pueden estas empresas seguir actuando como socios minoritarios de las empresas mixtas? Al no ser empresas norteamericanas, Repsol y Maurel & Prom podrían mantener su situación legal previa a las licencias individuales que permitieron la ejecución de los CPPs. El caso de Chevron es más complejo.
Como empresa norteamericana, Chevron no puede tener ningún tipo de intercambio o relación con PDVSA, salvo autorizaciones otorgadas mediante licencia. Entre 2019 y 2022 Chevron pudo mantener su condición de socio minoritario al amparo de la Licencia General 8. Pero a partir de 2022, Chevron pasó a estar regulada solo por la hoy extinta Licencia 41. Y en todo caso, la Licencia General 8 expiró el pasado 9 de mayo.
Esto quiere decir que Chevron podría verse forzada a desprenderse de sus acciones en las empresas mixtas, todo lo cual genera importantes riesgos para la seguridad de sus inversiones en Venezuela.
Solo la OFAC puede eliminar ese riesgo, dictando lineamientos o incluso, emitiendo licencias que permitan a Chevron -y eventualmente, a Repsol y Maurel & Prom- a preservar sus acciones y, por ende, su condición de partes contratantes de la CVP en las empresas mixtas. De hecho, según algunos medios, Chevron habría obtenido una licencia para mantener su condición de socio minoritario. De ser cierta esta información, debería tratarse de una licencia individual, pues hasta ahora, no hay información pública sobre ninguna nueva licencia general.
El balance del modelo Chevron
El modelo Chevron generó tres consecuencias favorables. Primero, este modelo creó condiciones favorables para remontar la producción petrolera, que, según fuentes secundarias de la OPEP, llegó a 922.000 barriles diarios en marzo de 2025 (un aumento cercano al 44%, en comparación con la producción promedio de 2022). Segundo, este modelo permitió la comercialización del petróleo venezolano por canales formales, reduciendo con ello las ineficiencias del mercado negro. Finalmente, el incremento de la producción y comercialización aumentó los ingresos en divisas.
Estos efectos favorables deben compensarse con los efectos desfavorables, que provienen todos de la Ley Anti-Bloqueo. Esta Ley impuso un manto de confidencialidad sobre los CPPs, lo que afectó la transparencia del negocio petrolero y, tanto más, la transparencia del ingreso fiscal petrolero captado por el Gobierno de Venezuela, y que podría oscilar entre un tercio y la mitad de toda la producción. Asimismo, la Ley Anti-Bloqueo limitó notablemente el alcance de los derechos de propiedad de los inversionistas privados, todo lo cual generó condiciones adversas para realizar inversiones en capital.
Cabe aclarar que esta confidencialidad no fue una consecuencia de las regulaciones de las sanciones económicas ni, mucho menos, resultado de prácticas corporativas. Por el contrario, la confidencialidad y precariedad institucional del modelo Chevron respondió, exclusivamente, a la Ley Anti-Bloqueo.
Es por lo anterior que hemos considerado que la restricción más vinculante a la producción petrolera no son las sanciones, sino la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela, aunado al colapso estatal. El modelo Chevron contribuyó a aumentar la producción hasta donde pudo, tomando en cuenta todas estas limitaciones institucionales. Como tal, este modelo era claramente insuficiente para apalancar la recuperación petrolera. A corto plazo, el modelo fue efectivo, pues se diseñó como una solución temporal. A mediano plazo, sus limitaciones resultaron evidentes.
Después del modelo Chevron
El modelo Chevron fue, en muchos sentidos, una oportunidad perdida. En lugar de generar un debate sobre la necesaria reforma institucional del sector petrolero, basada en una nueva relación entre sociedad, petróleo y Estado, el debate se centró en acalorados argumentos a favor y en contra de la política de sanciones.
En realidad, este modelo fue, tan solo, una muy pequeña y limitada muestra de lo que podría ser la industria petrolera si se dejan atrás instituciones de claro signo estatista, abriéndose mayor espacio a la inversión privada. Por lo anterior, es necesario enfocarse en esta reforma institucional, que, a su vez, debe basarse en la definitiva superación del Petro-Estado en Venezuela.
La recuperación de la industria petrolera requiere de insumos que ninguna licencia de la OFAC podrá otorgar: Estado de Derecho, capacidad institucional, protección de derechos de propiedad privada, transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. No está de más señalar que ninguna de estas condiciones podrá obtenerse bajo las actuales condiciones políticas en Venezuela.
En lugar de llevar el debate hacia la política de sanciones económicas, lo importante sería enfocarse en las condiciones internas que impiden la recuperación de la industria petrolera. Solo en el marco de nuevas instituciones petroleras enmarcadas en el Estado de Derecho, será posible pensar en la recuperación estable y sostenible de esa industria.