La corrupción no solo se beneficia del retardo procesal reinante en la justicia venezolana, sino también del desacato a las decisiones que adoptan los jueces. Y prueba de ello es el proceso que en 2018 la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) inició en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la constructora China Gezhouba Group Company Ltd. por incumplimiento de contrato. Pese a que ese mismo año el máximo juzgado impuso a la empresa asiática un embargo preventivo por 165,5 millones de libras (US $224,2 millones), siete años después, esta orden no se ha ejecutado.
¿Por qué el fallo no se ha materializado? Porque tres organismos: el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y el Registro Nacional de Contratistas (RNC) no han cumplido con las instrucciones que les giró el organismo rector del Poder Judicial. Así se lee en la sentencia 332 que la Sala Político Administrativa emitió el 9 de mayo de 2025.
En el caso del SAREN, la instancia aseguró que el año pasado envió comunicaciones a los registros mercantiles y notarías del Distrito Capital y Miranda para que ejecutaran “la prohibición de gravar y enajenar bienes” sobre las propiedades y fondos que la empresa china pudiera tener. Sin embargo, hasta el momento no ha entregado “información sobre la existencia o no de bienes propiedad de la empresa demandada”, se afirma en el fallo redactado por el magistrado Emilio Ramos González.
Por su parte, desde el RNC tampoco han entregado información sobre “los contratos que ha suscrito la sociedad mercantil China Gezhouba Group Company Limited, con algún ente u órgano del Estado, con la intención de constatar las acreencias contractuales que pueda poseer dicha empresa”.
Entre 2014 y 2015, la firma china, la cual es de propiedad estatal, se hizo con cuatro contratos con el Estado venezolano para proyectos de electrificación valorados en US $1.600 millones, de acuerdo con el diario The South China Morning Post.
Sudeban, en cambio, sí cumplió, aunque no como la Sala hubiera querido. ¿Por qué? Porque envió al máximo juzgado “15 comunicaciones de igual cantidad de instituciones bancarias y financieras (…) suscritas por diferentes empleados de dichas sociedades mercantiles, tales como: presidente, vicepresidente, gerente, coordinador, consultor jurídico, oficial de cumplimiento, informando cada quien a su manera, su falta de relación con la empresa demandada”. Y, por ello, le ordenó que el entregue un “resumen o la conclusión de la información actualizada que reciba, de las cuentas bancarias o cualquier otro instrumento embargable, que posea la sociedad mercantil China Gezhouba Group Company Limited, en las entidades bancarias y/o financieras bajo su control”.
Cero castigo
Pese al incumplimiento de sus instrucciones, la Sala no tomó medidas contra ninguno de los tres organismos públicos, sino que les dio una nueva oportunidad para entregar la información requerida.
10 días de despacho, contados a partir de la notificación de la sentencia. Ese es el tiempo que tendrán el SAREN, la Sudeban y el RCN para informar al máximo juzgado sobre los bienes y fondos que la empresa china tiene en el país y sobre cuáles han sido congelados.
La Sala no explica por qué no aplicó lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del TSJ, el cual le permite sancionar “con multa equivalente hasta doscientas veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el banco Central de Venezuela a las personas funcionarias o funcionarios que no acataron sus órdenes o decisiones o no le suministren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar”.
La obra que no fue
En diciembre de 2014, Corpoelec firmó con la China Gezhouba Group Company un contrato valorado en Bs. 2.849.680.116,91(US $452.330.185) para la ampliación del sistema de transmisión en los estados Cojedes y Portuguesa, una obra que además de un tendido eléctrico incluía la construcción de dos subestaciones (Portuguesa y Páez) para distribuir energía.
La estatal eléctrica le entregó a la empresa asiática un anticipo en divisas de US $56.611.059,19 y otro en moneda nacional equivalente a Bs. 734.687.602,94. Pese a esta erogación, la cual representa alrededor del 40% del total; y a que se le otorgó una extensión de un año sobre los 23 meses originalmente concedidos para ejecutar el proyecto, el mismo no fue concluido.
Ante el incumplimiento, Corpoelec rompió en 2017 el contrato y le exigió a China Gezhouba Group Company que le devolviera el anticipo. Sin embargo, la firma asiática, la cual está presente en alrededor de 74 países, solamente entregó una parte (49%); y, por ello, la eléctrica pública interpuso en 2018 una demanda “por cobro de bolívares e indemnización de daños y perjuicios” ante el TSJ, en la cual acusó a su otrora contratista de cometer “un daño irreparable” al país. Ese mismo año, el máximo juzgado decretó un embargo.
Una empresa china bien conocida por el Estado venezolano
Una revisión en bases de datos de redes empresariales internacionales señala que la empresa China Gezhouba Group Company Ltd ha estado ubicada en Caracas, en el piso 10 del edificio Menegrande en la urbanización Los Palos Grandes, en Chacao, Miranda. Su objeto social es el “desarrollo y construcción de proyectos de energía hidráulica, de electricidad, de puertos, aeropuertos, carreteras, puentes, ferrocarril urbano, construcción de viviendas, de edificios y dragados de ríos”.
La empresa tuvo un contrato con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), específicamente para la obra Proyecto Socialista de Desarrollo Agrario Eje Elorza-Mantecal, en el estado Apure, entre el 2011 y 2013, que fue ejecutado completamente.
Asimismo, ha tenido proyectos de infraestructura con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en el sector de la energía. Y a todos estos hay que sumarle los mil millonarios contratos que Corpoelec entregó a la firma china haría suponer que tiene activos en el país. Sin embargo, el tiempo transcurrido de los mismos y como en el RNC aparece como “inhabilitada” para contratar con el Estado alejan esta posibilidad.