Verdades sobre el plebiscito chileno

El plebiscito nacional de Chile de 1988 fue un referéndum realizado en ese país el miércoles 5 de octubre de 1988, durante la dictadura militar. En aplicación de las disposiciones transitorias (27 a 29) de la Constitución Política de 1980, este plebiscito se llevó a cabo para decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. La Constitución Política de 1980 (aprobada en dictadura) estableció un periodo transitorio, que se extendía desde su entrada en vigencia, el 11 de marzo de 1981, hasta el término del mandato presidencial de 8 años del general Augusto Pinochet, establecido nominativamente por ella (disposición transitoria decimocuarta).

Durante el año 1985 se suscitó un importante debate acerca de las condiciones en que se realizaría el plebiscito de aprobación o rechazo del candidato que se propondría como presidente para el periodo 1989-1997, de acuerdo a la norma transitoria vigesimoséptima de la Constitución. De la letra de la norma transitoria undécima resultaba que la consulta plebiscitaria podría efectuarse antes que entrara en funcionamiento el Tribunal Calificador de Elecciones, establecido en las normas permanentes del texto constitucional, puesto que el plebiscito debía realizarse antes de la primera elección parlamentaria. Ello implicaba que este tribunal, aparentemente, no estaba llamado a controlar el referéndum y finalmente, tendría que crearse un órgano gubernamental ad hoc para su calificación.

El establecimiento de las normas y prácticas para el plebiscito no estuvo exento de debates al interior del régimen y del gobierno. En este sentido, LA PRESIÓN INTERNACIONAL y la necesidad de encontrar cierta legitimación externa del proceso ayudaron a que la dinámica de institucionalización diera por resultado un procedimiento que permitiese realmente a la ciudadanía expresar VERDADERAMENTE SU DECISIÓN. La presión nacional e internacional por un retorno a la democracia en Chile se había manifestado tanto en el actuar democrático de diversos embajadores europeos y especialmente de Estados Unidos, como en las importantes decisiones del Tribunal Constitucional recientemente establecido por la Constitución de 1980 (elaborada por el mismo régimen).

En primer lugar, la decisión del Tribunal Constitucional de 24 de septiembre de 1985 de establecer el funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones para el plebiscito de 1988 y no sólo desde las primeras elecciones del Congreso en 1990 abría paso al control del acto de manera INDEPENDIENTE. En segundo término, la supresión de una serie de normas declaradas inconstitucionales en la Ley de Partidos Políticos por ese mismo Tribunal Constitucional en febrero de 1987 hizo posible que la oposición finalmente entrara a organizarse dentro de este marco. En tercer término, el proyecto de Ley sobre Votaciones y Escrutinios aprobado por la Junta no se establecía en un plazo entre la convocatoria a plebiscito y la realización de éste, sino que entre la elección del candidato por los Comandantes en Jefe y el plebiscito, pero dejaba en manos del presidente la posibilidad de acortar la campaña mediante el expediente de no dar a conocer la propuesta de los comandantes. Esa decisión fue declarada INCONSTITUCIONAL por el Tribunal Constitucional en enero de 1988 y se estableció un plazo mínimo de 30 días entre la publicidad de la propuesta y la fecha del llamado a plebiscito.

En este largo proceso que generó las reglas del juego aplicables al plebiscito, la PRESIÓN INTERNACIONAL ayudó a aquellos que efectivamente estaban por una apertura dentro del régimen junto, por cierto, a la aspiración de la mayoría de la población, CERRANDO ESPACIOS A LOS QUE INTENTABAN CREAR LAS CONDICIONES DE MANIPULACIÓN DEL PROCESO. Esto permitió nada menos que la legalización de la actividad política y la apertura de nuevos espacios de discusión y de difusión de ideas democráticas.

Las principales autoridades del régimen estaban confiadas de que, aun así, ganarían con facilidad el plebiscito de 1988, apoyándose en las buenas cifras económicas de los dos últimos años dentro de un contexto latinoamericano de crisis y default. Los gobiernos y otros actores externos siguieron muy de cerca el desarrollo del proceso plebiscitario. Estados Unidos dio asistencia financiera para la campaña de inscripciones electorales, a través de una donación de la AID, vía el Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para su utilización por el grupo Civitas. Asimismo, el Congreso estadounidense. Entregó fondos al National Endowment for Democracy (NED) para apoyar el establecimiento de sistemas de recuento independiente de los votos, la realización de encuestas electorales en el período previo al plebiscito, el desarrollo de empresas editoriales para la publicación de materiales cívicos, el apoyo a prensa y a organizaciones comunitarias y laborales, la mayor parte de las cuales apoyaron la campaña de la oposición.

Hasta el último momento pueden citarse acciones destinadas a prevenir cualquier alteración del proceso, como la inusual convocatoria del embajador chileno en Washington por el secretario de Estado subrogante John Whitehead, el fin de semana anterior al plebiscito ante los rumores de un eventual desconocimiento de resultados adversos para el gobierno militar. Un elemento importante que coadyuvó al clima cívico del 5 de octubre fue la presencia de un millar de observadores extranjeros, cuya presencia fue tolerada sin simpatía, ni reconocimiento por el gobierno chileno.

Si bien se habían logrado estas mínimas garantías, la oposición dudaba de participar en el plebiscito por temor a legitimar una Constitución cuyo origen no era democrático, y por las suspicacias razonables que existían en torno a una manipulación de la campaña, de los comicios y de los resultados por parte del gobierno. La oposición democrática, más allá de las fundadas suspicacias, había decidido participar del plebiscito e inscribirse en los registros electorales, anuncio que fue hecho recién en febrero de 1988, dando nacimiento a la coalición denominada “Concertación de Partidos por el NO”, que agrupaba a más de 17 agrupaciones de muy distinta orientación ideológica, pero donde destacaban, por su fuerza electoral, la Democracia Cristiana,el Partido Radical y las distintas corrientes del Partido Socialista y de otras agrupaciones que incluían desde humanistas hasta ecologistas.

En su llamado destacaron la necesidad de participar, de inscribirse en los recién creados registros electorales y DEFENDER EL RESULTADO DE LAS URNAS CONTRA TODA MANIPULACIÓN. Fue así como la naciente “Concertación” inició una gran campaña nacional para la inscripción electoral de los adultos mayores de 18 años, y además organizó la capacitación de miles de apoderados de mesa que estarían en cada local de votación del país escrutando las mesas y defendiendo los votos del NO. Los rumores de un eventual boicot al plebiscito comenzaron a tomar fuerza debido a un extraño apagón ocurrido en la noche del martes 4 de octubre.

Días antes, los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos estuvieron al tanto de una posible suspensión del referendo, donde cercanos a Pinochet realizarían actos violentos con el fin de generar un clima de violencia que llevase a suspender la consulta. ​ Estos gobiernos se contactaron con Pinochet, quien prometió reconocer los resultados de la votación.

Fue así como llegó el 5 de octubre de 1988, marcado por una gran tensión y por el miedo al boicot tras los bombazos ocurridos en varios puntos del país apenas algunas horas antes del referéndum. Los votantes del NO se organizaron para ir a votar a primera hora, evitando así que las autoridades hicieran un cierre anticipado de las mesas dejando personas sin votar. En el país se vivía una tensa tranquilidad, mientras los medios oficiales cubrían la votación de Pinochet en la mesa número 1 y de las principales autoridades del régimen. Hacia el final de la tarde se inició el recuento de votos y los primeros reportes del gobierno comenzaron a informar de un triunfo estrecho del SÍ, cuestión que no coincidía en absoluto con el conteo paralelo del comando del NO. Esto encendió todas las alarmas de la oposición cuando cerca de las 19 hrs. cesaron los reportes oficiales y los canales de televisión comenzaron a emitir programas envasados de películas y caricaturas infantiles.

Las peores pesadillas de la oposición comenzaban a tomar forma. Se sospechaba que, ante la derrota evidente, Pinochet había decidido anular el referéndum y hacerse con el poder total. Sin embargo, tras una reunión de medianoche en el palacio presidencial de La Moneda, el Comandante del Fuerza Aérea, Fernando Matthei, declaró que le parecía “evidente el triunfo del NO”, echando por tierra la intención que Pinochet habría tenido esa noche de desconocer el resultado de la votación y continuar en el poder. El régimen debió reconocer los resultados oficialmente y por televisión durante las primeras horas de la madrugada del día 6 de octubre. Lo impensado había ocurrido. Por primera vez, desde 1973, el régimen y Pinochet habían sido derrotados en su propio marco legal y de manera pacífica.

El universo electoral habilitado para votar entonces ascendió a 7.435.913 personas. ​ Del total de votos válidos, ​ el resultado fue de 44,01 % por el «SI» y de 55,99 % por el «NO» (del total de votos escrutados, el «SI» obtuvo el 43,01 % y el «NO» el 54,71 %). Conforme a las disposiciones transitorias de la Constitución, el triunfo del «NO» implicó la convocatoria para 1989 de elecciones democráticas conjuntas de presidente y parlamentarios, que condujeron tanto al fin de la dictadura como al comienzo del periodo llamado transición a la democracia.