Tras un cuarto de siglo de recesión democrática en el mundo preguntarse por la posibilidad de la normalización autoritaria puede parecer una invitación a la depresión, pero es más bien un llamado a reflexionar sobre lo que hace internacionalmente indeseable el aliento –por acción u omisión– de la continuidad de la escalada autoritaria en Venezuela.
Ese llamado es especialmente necesario cuando la atención, iniciativas y coordinación de las democracias se ha ido disolviendo en medio de presiones socioeconómicas y políticas internas, a la vez que ante tensiones, conflictos y guerras internacionales. Y, sin embargo, no han faltado motivos para mantener a la vista la situación de Venezuela y sus desbordamientos internacionales, poniendo en la balanza de cada cual los intereses, principios, prioridades y orientaciones propios. Tampoco han faltado razones para apreciar la resiliencia democrática y aspiración de cambio que se mantiene entre los venezolanos.
Es diversa la valoración y orientación ante los temas que preocupan a las democracias, particularmente en Latinoamérica y el Caribe, Estados Unidos, Canadá y Europa. Pero no es difícil identificar en sus agendas los asuntos que hacen indeseable su adaptación a una fórmula de gobernabilidad que, a falta de legalidad y legitimidad de origen y ejercicio, escala en represión, corrupción, desbordamientos ilícitos transnacionales y desafíos a principios, normas y procedimientos internacionales.
También está a la vista la reducción del margen de maniobra internacional del régimen venezolano. Especialmente en la última década, con la aceleración de su ineficiencia y opacidad económica, su incapacidad para ofrecer seguridad jurídica, su sostenida violación de derechos fundamentales, acompañada por sus incumplimientos de compromisos internacionales, incluso con regímenes afines. En lo más reciente, y en referencia a las democracias, tras aprovechar las iniciativas de normalización de relaciones y de acompañamiento e incentivos a la negociación de condiciones electorales, el régimen ha impuesto con censura, persecución y violencia represiva un triunfo electoral presidencial indemostrado e indemostrable, despreciando y burlando a gobiernos acompañantes, testigos y oferentes de alicientes para la recuperación democrática.
Con todo, al paso de los meses, se teme la sombra de una normalización internacional que, con poca o ninguna consideración del esfuerzo y la manifiesta aspiración de cambio de la vasta mayoría de los venezolanos, se asoma entre silencios como los prevalecientes en Latinoamérica, las orientaciones transaccionales como las que van y vienen de Estados Unidos y la pausa de una Unión Europea constante en sus posiciones y mensajes de apoyo democrático pero concentrada en retos geopolíticos y económicos inmediatos.
Los alcances y riesgos de esa sombra, en un momento internacional en el que prevalecen prioridades geopolíticas de seguridad, recuerdan la tesis de la “gobernabilidad suficientemente buena”. Se trata de una fórmula pragmática para lidiar con regímenes autoritarios expuesta inicialmente por Merilee S. Grindle en estudios para el Banco Mundial y , más cerca en el tiempo, en las páginas de Stephen Krasner sobre “Cómo aprender a vivir con déspotas”. Pensada inicialmente para situaciones de estados frágiles, de guerra civil y violencia intraestatal, esa idea también ha sido propuesta como orientación estratégica para las relaciones con regímenes autoritarios resilientes. En esos casos, se propone desistir del apoyo a la construcción o recuperación de gobernabilidad democrática y, en cambio, con mirada de largo plazo, favorecer el tránsito a una gobernabilidad “suficientemente buena” que reduzca tensiones internas y sus desbordamientos de inseguridad internacional. Para ello, evitando iniciativas que desafíen el poder autoritario, la estrategia se concentra en cuatro aspectos: la recuperación de seguridad interior, en monopolio y organización de la fuerza en el Estado, que favorezca la seguridad internacional; la mejora en servicios públicos básicos, con énfasis en los que faciliten el control de epidemias; los estímulos al crecimiento económico que desalienten el descontento social y la emigración, y, finalmente, la mejora en la protección de ciertos derechos humanos, muy circunscritos a los asociados a la integridad física.
En su orden y su contenido, esa fórmula tiene un crudo componente de realpolitik en cuanto privilegia la seguridad y estabilidad interior–que alienta la del régimen– para contener desbordamientos internacionalmente indeseables. De esa magnitud son los temores a una continuidad autoritaria normalizada internacionalmente.
Como se lee cada año en respetables índices, ejemplos más y menos recientes nofaltan: tan cercanos como Cuba y Nicaragua, o tan lejanos como Corea del Norte o Birmania-Myanmar. Aún así, de regreso a Venezuela, con esos trazos gruesos en mente, no es difícil constatar que en ninguno de los cuatro conjuntos de criterios mínimos se encuentran razones que justifiquen la conveniencia internacional, ni siquiera desde el más crudo realismo, de aprender a vivir con el régimen venezolano.
De eso son antecedentes los ciclos de negociación acompañados internacionalmente desde 2002, particularmente desde 2014: en Caracas, República Dominicana, Oslo, Barbados, México y, de nuevo, en Barbados. En ellos el gobierno aprovechó los acercamientos y concesiones internacionales para, pasada la situación crítica, cerrar cada ciclo con la violación de lo acordado, buscar margen de maniobra internacional para lo que nunca, por cierto, han sido suficientes las afinidades autoritarias. En esa búsqueda, no se ha acercado, sino más bien se ha alejado cada vez más de la “suficiencia” mínima de gobernabilidad. Valga insistir en recordarlo con algunas referencias.
En materia de seguridad, se ha mantenido y agravado la represión, estatal y paraestatal, así como sus desbordamientos exteriores en criminalidad transnacional, ilícitos, violencia transfronteriza y depredación ambiental. A ello se añade el manejo de la legítima reclamación del territorio esequibo, instrumentalizada en términos de ofensiva política con acento militar, que fundamenta temores sobre la estabilidad regional. En servicios públicos, la precariedad se extiende a los elementos fundamentales de la seguridad humana, deliberadamente sujetos al control político autoritario. Es así en alimentación y salud –como lo refleja la persistencia de la emergencia humanitaria que sigue instalada en Venezuela– también en educación, así como en la falta de acceso a la justicia en un país con creciente inseguridad jurídica. La escala de la emigración forzosa y su proyección son evidencia de esas carencias, del empobrecimiento colectivo y de una economía en sostenida involución. Y sobre derechos humanos, esos “ciertos derechos humanos” a atender, la verdad es que el registro la violación de todo el espectro de los derechos humanos en Venezuela está a la vista, muy bien documentado y penalmente demandado.
Con todo, el riesgo de la normalización internacional autoritaria no debe subestimarse porque supone transacciones en las que la seguridad, el bienestar, las oportunidades y los derechos de los venezolanos quedan en segundo plano. Eso no promete tranquilidad interna ni externa. A la vez, hay otros ciclos a recordar y valorar en la perseverancia de la organización y protesta ciudadana, la resiliencia democrática y la recurrencia de la coordinación estratégica de la oposición. En tiempo presente, a casi un año de la elección del 28 de julio, el reto del ciclo actual es mantener abierta la ventana de oportunidad para la recuperación de la gobernabilidad democrática, a la que aspiran los venezolanos y la que conviene al imperio de la ley y el respeto a todos los derechos humanos, la prosperidad y la seguridad internacional: enlazadas en ese orden.