El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió hoy uno de los informes más contundentes y devastadores sobre la situación en Venezuela. Elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el documento detalla con crudeza la sistemática represión, la impunidad institucionalizada y el agravamiento de la crisis social, económica y humanitaria bajo el régimen de Nicolás Maduro.
El informe, que cubre el período entre mayo de 2024 y abril de 2025, fue presentado durante la 59ª sesión del Consejo en Ginebra. El texto no deja espacio para eufemismos: habla de asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, persecución política, colapso de los servicios públicos, ataques contra pueblos indígenas y un asfixiante control del espacio cívico.
Estado ausente, represión activa
A casi un año de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que resultaron ampliamente cuestionadas, el informe documenta la represión brutal contra manifestantes, opositores, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Al menos 28 personas murieron en las protestas postelectorales, muchas por acción directa de las fuerzas del orden y colectivos armados.
Más de 2.400 personas fueron detenidas bajo cargos de terrorismo y conspiración, entre ellas mujeres embarazadas, adolescentes, indígenas y extranjeros que hasta la fecha no han tenido acceso a representación consular. El documento recoge también casos de tortura, incomunicación, extorsión, denegación de atención médica y traslados arbitrarios a cárceles controladas por los servicios de inteligencia militar, como el DGCIM y el SEBIN.
“Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales y han derivado incluso en muertes evitables de personas privadas de libertad”, señala el informe.
La democracia reducida a cenizas
El informe da cuenta de un retroceso alarmante de las libertades públicas. Se denuncian bloqueos sistemáticos de medios digitales, persecución de ONG, leyes que criminalizan la cooperación internacional y un ambiente de terror legalizado. La conocida “Operación Tun Tun” fue reactivada para arrestar a voces disidentes, mientras que el Estado promueve aplicaciones para delatar a presuntos “fascistas” o “traidores”.
Uno de los episodios más simbólicos fue la desaparición forzada del candidato presidencial Enrique Márquez, cuyo paradero fue desconocido durante semanas. A esto se suma la cancelación arbitraria de pasaportes, la publicación de fotos de detenidos en redes sociales oficiales y las amenazas contra familiares de opositores.
En la antesala de las elecciones parlamentarias de mayo de 2025, el informe alerta sobre la opacidad del Consejo Nacional Electoral y la falta de garantías de equidad y participación inclusiva.
El abandono social como política
En paralelo a la represión, el país se desmorona. La inflación volvió a escalar, el presupuesto público sigue siendo secreto y la crisis humanitaria se profundiza. La mitad de los niños en edad escolar no asisten con regularidad a clases. La falta de medicamentos y el deterioro hospitalario ponen en riesgo la vida de millones. Los indígenas enfrentan epidemias sin atención, la minería ilegal devasta sus territorios, y el derrame petrolero permanente en el Lago de Maracaibo simboliza la negligencia criminal del régimen.
El salario mínimo sigue estancado en niveles miserables, y aunque el régimen anunció una «suba» del ingreso integral a 90 dólares en 2024, esa cifra no cubre ni una quinta parte de la canasta alimentaria.
“Hay violaciones de derechos humanos de tal gravedad que podrían constituir crímenes de derecho internacional”, advirtió el Alto Comisionado Volker Türk.
Luis Carlos Díaz: “El chavismo no coopera, manipula”
El periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz recordó hoy en su cuenta en X que desde 2019, cuando se estableció la presencia del Alto Comisionado en Caracas, el gobierno de Maduro ha intentado debilitar esa oficina:
“Incluso fingió una ‘cooperación técnica’ para tener fotos con la ONU y mostrar buena disposición, mientras mantenía presos políticos, desaparecidos y miles de víctimas”.
Díaz subrayó que, paradójicamente, los informes más contundentes de la ONU han surgido cuando la presencia de su oficina en Venezuela no ha sido plena: primero con Zeid Ra’ad Al Hussein, luego con Michelle Bachelet en 2019, y ahora con Türk, en un contexto donde solo un funcionario de la oficina ha sido autorizado a permanecer en el país.
En este último informe, destaca Díaz, “se documentan horrores como el encarcelamiento de niños, ciudadanos extranjeros sin acceso a consulados, la muerte de presos por negligencia, y el uso del sistema judicial para venganzas políticas”.
También advierte sobre la “mortandad de ONG” producto de leyes restrictivas, y un clima donde la autocensura, el exilio forzado y la persecución digital se han vuelto moneda corriente. “La Oficina no ha podido cumplir plenamente su rol de protección del espacio cívico y eso se ha traducido en más periodistas, víctimas y defensores presos o huyendo”, escribió.
El espejismo de las sanciones
A pesar de mencionar los efectos de las sanciones sectoriales y del “sobrecumplimiento” por parte de actores internacionales, el informe aclara algo fundamental: no existe acceso público a los datos presupuestarios ni rendición de cuentas sobre los recursos disponibles. En otras palabras, el régimen no puede usar las sanciones como coartada para justificar el colapso, ya que oculta deliberadamente cualquier evidencia sobre el destino de los fondos públicos.
¿Y ahora qué?
En su presentación en Ginebra, el Alto Comisionado Volker Türk instó a las autoridades venezolanas a permitir el regreso pleno de su equipo al país. Desde 2024, sólo un funcionario internacional permanece en Caracas, pese a promesas reiteradas del régimen.
El ACNUDH exigió la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente, el cese de las desapariciones forzadas, la derogación de leyes represivas y la plena restitución del espacio democrático. También reiteró su llamado a la comunidad internacional a revisar las sanciones que afectan a la población, sin dejar de exigir al régimen el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La gran pregunta es: ¿qué será de la Oficina del ACNUDH en Caracas? Luis Carlos Díaz lo plantea con crudeza: “Seguramente debe ser replanteada, y eso también hay que discutirlo. Porque no se trata sólo de presencia: se trata de eficacia”.
Hoy, más que nunca, los venezolanos necesitan que el mundo escuche. Y actúe.