Este domingo 29 de junio, la izquierda chilena definió a su candidata presidencial para las elecciones del 17 de noviembre: Jeannette Jara, militante del Partido Comunista (PC) y exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric. Con el 60 % de los votos, Jara se impuso con claridad en las primarias de la coalición oficialista “Unidad por Chile”, superando a la socialista Carolina Tohá y al independiente Álvaro Elizalde. Será la primera vez que una figura del PC lidera una candidatura presidencial competitiva en democracia.
Pero su victoria, lejos de cerrar filas, ha reabierto un viejo debate: el silencio del Partido Comunista chileno frente a las dictaduras de izquierda en la región, particularmente las de Venezuela y Cuba. Y con Jara como su figura más visible, las definiciones se vuelven aún más relevantes.
De sindicalista a candidata presidencial
Jara, de 51 años, es abogada, exdirigente estudiantil, y tiene una larga trayectoria en la administración pública. Fue subsecretaria de Previsión Social durante el segundo mandato de Michelle Bachelet y, más recientemente, ministra de Trabajo y Previsión Social bajo Gabriel Boric. En ese cargo impulsó reformas clave como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, aumentos al salario mínimo y una ambiciosa (aunque inconclusa) reforma previsional.
Su perfil dialoguista y técnico ha sido valorado incluso por sectores no comunistas. Pero la candidatura presidencial exige algo más que gestión: exige definiciones políticas. Y en eso, las omisiones pesan.
¿Y Venezuela?
Ni durante la campaña ni tras su victoria Jara ha usado la palabra “dictadura” para referirse al régimen de Nicolás Maduro. En entrevistas anteriores ha descrito al gobierno venezolano como un “autoritarismo” que “no compartimos”, pero evita condenas contundentes. Esa ambigüedad no es casual: su partido, el PC chileno, ha sostenido durante años una defensa cerrada de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en abierta contradicción con los informes de organismos internacionales sobre violaciones masivas de derechos humanos.
El presidente del PC, Lautaro Carmona, ha sido explícito al respecto. En 2023, en entrevista con CNN Chile, negó que en Cuba existan presos políticos y rechazó considerar a Venezuela una dictadura, afirmando que lo que ocurre allí es un “conflicto político entre sectores”. Declaraciones similares ha reiterado incluso después de las denuncias de tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias documentadas por Naciones Unidas, la OEA y organizaciones como Human Rights Watch.
«Esa no es una dictadura (…) Ahí no hay detenidos, desaparecidos, no hay torturas. Detenidos y desaparecidos no hay. Torturas no hay, ejecución no hay», comentó en un video del programa Sin Filtros en X.
El peso del exilio venezolano en Chile
Esa postura es especialmente significativa en un país como Chile, donde viven cerca de 700 mil venezolanos, según cifras de la Plataforma R4V. Muchos de ellos huyeron justamente de lo que Jara y el PC se niegan a nombrar: una dictadura. El voto migrante no será determinante en términos numéricos, pero sí en términos éticos y simbólicos. Las democracias deben construirse también sobre la base de la solidaridad con quienes sufren la opresión, y el silencio ante el autoritarismo es una forma de complicidad.
¿Un nuevo relato o más de lo mismo?
Jara intenta presentarse como una figura superadora, capaz de renovar al Partido Comunista desde dentro. En su primer discurso tras las primarias habló de «libertad, soberanía e independencia», pero no hizo referencia alguna a los modelos políticos que su partido aún reivindica en otras partes del continente. Su discurso evita la confrontación ideológica directa, pero no resuelve el problema de fondo: ¿se puede hablar de democracia y derechos humanos sin denunciar a los regímenes que los violan sistemáticamente?
Esa es la pregunta que cientos de miles de venezolanos en Chile –y muchos demócratas en América Latina– le seguirán haciendo, mientras su figura crece en las encuestas y su partido evita mirar hacia Caracas.