Era 29 de julio de 2024, un día después de la elección presidencial. Los disturbios cuestionando el resultado que le daba la victoria a Nicolás Maduro se multiplicaban por varias ciudades del país. En La Guaira, una estatua del fallecido Hugo Chávez era derribada por una multitud enardecida, cerca de las 7 de la noche.
Aquel día, Luisneidel Zúñiga, de entonces 16 años, pasaría el día con un vecino. El plan era comer una sopa, apoyar repartiendo las bolsas del programa de alimentos CLAP y luego divertirse en cualquier esquina.
“Yo le dije que no fuera, porque había rumores de que había mucha bulla y que estaba pasando algo, o sea, que estaban protestando”, cuenta Marián Pérez, madre de Luisneidel. Para ella no era buena idea salir en medio de ese hervidero.
El ruido de las cacerolas ya se escuchaba cerca de la casa de Marián, en lo más alto de Cerro Colombia, un asentamiento de improvisadas viviendas levantadas con láminas de zinc, madera y bloques expuestos.
Sin importar el consejo, Luisneidel se despidió y siguió su camino. Marián, horas más tarde, se quedaría dormida, hasta que una llamada la despertó.
“Cuando suena el teléfono a las 10:00 de la noche, yo digo: ¡Dios mío!, teléfono, a las 10 de la noche no me gusta”.
Quien llamaba era la tía del joven con el que Luisneidel había salido. Le avisó que perdió de vista a los muchachos por unas horas y luego no supo más de ellos, pero que sus vecinos le habían advertido: «Por ahí bajó una camioneta y están diciendo que se llevó a un montón de gente”.
Marián supo de inmediato que algo andaba mal. Comenzó a buscar a su hijo por los lugares que solía frecuentar. Un vecino alertó que en redes sociales circulaba una fotografía de cuatro adolescentes detenidos por la policía. Uno de ellos era Luisneidel, quien había sido arrestado en Macuto, a unos seis kilómetros -una hora a pie- de la plaza donde la escultura de Chávez había sido derrumbada. Ese mismo 29 de julio un total de 14 personas fueron encarceladas en La Guaira.
La familia no entiende por qué se lo llevaron, pero a Luisneidel lo señalaban de terrorismo, obstrucción de vías, incitación al odio y daño al patrimonio.
Cuando por fin pudo verlo en la comisaría, Luisneidel le contó a su mamá que cuatro hombres armados lo amenazaron a él y otros tres jóvenes. Los golpearon y, luego, los entregaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de La Guaira.
“Yo he trabajado en el gobierno. Soy cocinera, trabajé también en el espacio de paz con la UBCH (Unidad de Batalla Bolívar Chávez) y con la jefa de la comunidad. Yo soy de la estructura”. Marián se refiere a la organización de las bases del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que funciona como un enlace entre la comunidad y las autoridades.
“Al fiscal le pido que ya cese esto, que si era un castigo porque estuvieron en el momento menos indicado… ¡Pero es que son inocentes!, que por favor ya les dé su libertad, se lo pide una persona que todavía apoya y sigue apoyando al gobierno de corazón”, clama Marián, mientras muestra fotografías y videos donde se le puede ver marchando en apoyo a Maduro y a líderes oficialistas locales.
Marián reafirma sin cortapisas: “Yo soy chavista… Incluso, yo con las barrigas de mi hijo, yo me pintaba a Chávez. Soy madurista también, y de nada me ha valido”. Sus parientes la cuestionan y otro de sus hijos le reclama:
“Me dice: mamá, ¿hasta cuándo?… ¿por qué tú vas a esas marchas, mamá por qué? si ellos no te dan ayuda y ellos te tienen a tu hijo ahí metido”. Marián no para de llorar mientras cuenta esta historia.
Luisneidel está recluido en un centro de detención para adolescentes y mujeres en Caraballeda, La Guaira, junto a otros dos jóvenes capturados la misma noche que él. Las paredes de su celda están pintadas de azul. Tienen dibujos y mensajes. En una de ellas se puede leer la palabra “terroristas”. La escribieron reclusos de otros calabozos.
“Yo no duermo, poco como, tomo agua… Lo que hago es llorar”, lamenta Marián.
Luisneidel es cristiano. Incluso – refiere su mamá – colaboró con el partido evangélico ORA en actividades políticas en su ciudad. Se aferra a una biblia que guarda en el calabozo donde ha visto cómo han sido excarcelados otros jóvenes que también fueron arrestados el 29 de julio de 2024, mientras él lleva once meses tras las rejas.
Su madre espera que ya no pase más tiempo ahí. Teme que cumpla sus 18 años en prisión y pueda ser trasladado a una cárcel para mayores de edad, lejos de ella y de sus dos hermanos. “Son inocentes. Ellos no pueden pagar por lo que hicieron los demás. Los que de verdad tienen videos (participando en protestas) están en la calle, y ellos que no tienen nada, que están limpios, no pueden pagar lo de otros. Son menores que necesitan un beso y un abrazo de su mamá”.
«Pinta de guarimbero»
La detención de Gabriel Rodríguez ocurrió, en cambio, este año, el 9 de enero.
Era la una de la tarde y Gabriel acababa de terminar su turno en una panadería donde trabajaba medio tiempo. Se sentía mal: tenía fiebre. Iba camino a un ambulatorio, en Cabudare, estado Lara, cuando oficiales de la Guardia Nacional lo detuvieron.
“Ellos lo que siempre nos alegaron a nosotros es que él tenía pinta y aspecto de guarimbero”, recuerda su tía Johanny Méndez.
Aquella tarde, Gabriel vestía pantalón corto y un suéter negro. Según el relato de Johanny, para los militares “eso era un delito, porque él no tenía que andar así, porque la mayoría de los que guarimbeaban andaban con suéter negro”, explica.
Y es que el día del arresto de Gabriel hubo protestas en varias ciudades del país, convocadas por la líder opositora María Corina Machado. Era la primera vez que Machado reaparecería públicamente luego de cinco meses en clandestinidad, y en las calles de Caracas había controles policiales, agentes de la inteligencia con el rostro cubierto y portando armas de guerra. Una ciudad blindada para la investidura presidencial que se daría el día siguiente, y en la que Maduro tomaría posesión para gobernar otros seis años.
En varios estados del país la seguridad había sido reforzada, y el ambulatorio – al que iba Gabriel- quedaba muy cerca del lugar donde se registraba una de esas manifestaciones en Lara.
No en vano, la familia de Gabriel asegura que él – ese día – no participó.
“Pero también estamos conscientes de que ellos (los guardias) le revisaron su teléfono y mi sobrino tenía unos videos en contra del gobierno, unos videos de los que mandan por grupos de Whatsapp y él sí tenía”, afirma Johanny.
A Gabriel lo acusan de terrorismo, cierre de vías e incitación al odio.
“De verdad que nos ha dado muy duro… Yo digo que tal vez si lo hubiesen agarrado como haciendo algo indebido, pero algo que ni siquiera, nada, solamente lo catalogaron por su vestimenta”, lamenta.
Según narra Johanny, las autoridades argumentan que él cargaba con piedras, gasolina y palos, pero la familia alega que su delito fue vestir con suéter negro ese día.
“A veces ¿sabe qué nos preguntamos nosotros y él también? ¿Que de cuándo acá vestirse de una manera lo catalogan de algo?, o sea, ¿de cuándo acá es un delito?”, continúa Johanny.
Gabriel lleva cinco meses encarcelado en un centro socioeducativo para reinsertar a menores de edad en Lara. Es uno de los 17 detenidos de ese día, 9 de enero, según datos de la ONG Foro Penal.
Gabriel cursa quinto año de secundaria, y para el momento de su arresto tenía 16 años.
“A veces uno se pregunta que por qué esta situación, que por qué nos está pasando esto a nosotros, yo, la verdad, siento que hubo como mucho ensañamiento”, resiente su tía.
Gabriel no quiere saber más de ese suéter que solía usar hasta para ir a clases. «Nos dijo que lo quemáramos”.
El caso está en etapa de juicio. Gabriel se ha presentado cinco veces ante tribunales. Algunas de las audiencias han sido suspendidas. Una por una falla eléctrica y la más reciente: uno de los guardias nacionales que debe dar testimonio por el arresto tiene su documento de identidad vencido.
“Entonces, hasta que no saquen la cédula no se avanza”, apunta Johanny.
Lo poco o mucho que sabe Johanny de su sobrino es por lo que le cuenta el papá de Gabriel. Es el único autorizado por la justicia para visitarlo en el retén, pues su mamá vive fuera de Venezuela. Pero, de vez en cuando, un alguacil le permite a Johanny acercarse a Gabriel unos minutos, en tribunales. Y es ahí cuando puede escuchar la frustración del joven:
“Porque dice que, la verdad, él no va a entender cómo personas que roban, que matan, tienen más beneficios que él”.
Gabriel cumplió 17 años el 19 de junio de este año… Ni su abuela ni su tía pudieron visitarlo ese día en la prisión.
“La verdad que estos días han sido muy duros para él. Uno por su cumpleaños, porque no se imaginó pasarlo detenido. Nos negaron el permiso. Nosotros no pudimos ir a llevarle una torta, nos habían dicho que sí, que nos iban a dar el permiso y, a última hora, nos llamaron, que la juez desechó el oficio y no pudimos asistir”
Públicamente el gobierno no se ha pronunciado sobre este caso ni sobre el de Luisneidel. Pero constantemente la fiscalía niega que haya adolescentes detenidos por cuestiones políticas.
Gabriel no tiene claro si seguirá en prisión para cuando se celebre lo que debió ser su fiesta de graduación.
“Una vez me enteré que, cuando yo le llevo la comida de los lunes y los miércoles, él gritó y dijo que por qué, Diosito, le estaba pasando eso a él, pues se quería graduar”.
La familia de Gabriel se confiesa opositora, pero ya poco se habla de política en casa.
Y por algún tiempo, dice Johanny, pensaron que silenciar en los medios el caso de su sobrino era lo mejor. Pero ya no lo ven así:
“Porque por lo menos nosotros, quizás por temor o miedo o no sé… Nosotros no decíamos nada, no hablábamos nada. Entonces, uno se da cuenta que el callar es peor, porque eso es lo que quizás busca este gobierno, que uno calle y no diga nada”.
Cinco adolescentes continúan en prisión
Gabriel y Luisneidel forman parte de una lista de cinco adolescentes que fueron arrestados en el contexto postelectoral y aún siguen presos. Precisamente, después de los comicios, fueron detenidos al menos 114 menores de edad. La mayoría han sido excarcelados bajo medidas que les exigen presentación periódica ante tribunales.
Las familias de quienes continúan encarcelados con frecuencia organizan protestas en entes del Estado y vigilias pidiendo su libertad.
“Son niños, no terroristas” es la consigna en estas manifestaciones. Hace un mes, las familias se concentraron frente a la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en Caracas, para pedir al organismo de la ONU mediar en estos casos.