A las 8:58 am del 20 de junio de 2024, la periodista Mary Pili Hernández posteó en la red X un mensaje en el cual hizo tres afirmaciones:

1. Citgo “jamás fue puesta como garantía de nada”.

2. Eso fue un “invento del supuesto «procurador» de Guaidó, el prevaricador llamado José Ignacio Hernández”.

3. Jose Ignacio Hernández “argumentó la figura del Alter-Ego para favorecer a los demandantes contra Venezuela”.

Las tres afirmaciones son falsas, como cualquiera pudiese comprobar tras leer las actas, muy largas y complejas, de los muchos juicios en contra de Venezuela ante las cortes de Estados Unidos.

Así que presento las evidencias que demuestran la falsedad de las tres afirmaciones realizadas por la periodista Hernández, sin otro propósito que contribuir a un debate objetivo.

1.- El Gobierno de Nicolás Maduro cedió las acciones de Citgo en garantía (y ha defendido esas garantías)

El 28 de octubre de 2016 PDVSA -controlada por el Gobierno de Maduro- firmó dos contratos, para emitir los títulos valores conocidos como Bonos 2020 y otorgar en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo Holding a favor de los bonistas. Citgo Holding es la tenedora de acciones de Citgo Petroleum Corporation. Con lo cual, el Gobierno cedió la mayoría del control sobre Citgo. Al mes siguiente, PDVSA cedió en garantía a favor de Rosneft el remanente de las acciones de Citgo (49,9%), garantizando un contrato de venta con cláusula de pre-pago.

Los detalles sobre esas dos operaciones los explico en uno de mis libros. Basta con señalar que ambas operaciones violaron el artículo 187.9 de la Constitución, pues PDVSA cedió activos de interés público nacional sin autorización de la Asamblea, como a la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional denunció, en especial, en relación con los Bonos 2020.

Estas dos operaciones agravaron el riesgo sobre Citgo, pues siendo altamente probable el incumplimiento de la deuda, todas sus acciones fueron cedidas en garantías.

Esta no fue la primera vez que el Gobierno usó a Citgo en su beneficio, luego de que intentara, sin éxito, vender ese activo. A partir de 2015, y para enfrentar sus problemas de liquidez, el Gobierno de Maduro obligó a Citgo a endeudarse por 2.800 millones de dólares, de los cuales, 2.200 millones fueron empleados para pagar dividendos a PDVSA. PDV Holding, que es la empresa matriz de Citgo, publicó por primera vez, un informe de gestión luego que los administradores designados por la junta ad-hoc de PDVSA asumieran el control de la empresa, brindando estándares de trasparencia que contrastaron con la opacidad de la gestión hasta el 2019.

Precisamente, en ese informe (página 17) se explica cómo el Gobierno de Maduro creó a Citgo Holding, sin otro propósito que facilitar estas operaciones de crédito. Y para ello -nótese bien- Citgo Holding cedió en garantía todas las acciones de Citgo, así como terminales y otros activos empresariales.

Conviene detenernos para explicar, con cifras, las tres operaciones a través de las cuales el Gobierno de Maduro usó a Citgo para financiar sus políticas clientelares y corruptas:

Fuente: Informes de PDV Holding y Citgo Petroleum Corporation, noticias de prensa, expedientes judiciales

Para 2019, pesaba sobre el grupo Citgo obligaciones contraídas a favor de PDVSA por el orden de los 7.667 millones de dólares. Este monto permite explicar la grave situación financiera de Citgo y, además, la incapacidad financiera de la junta administradora ad-hoc para hacer frente a los reclamos que se venían acumulando en la Corte de Delaware, desde años antes.

Frente a este endeudamiento irresponsable, los nuevos administradores de PDV Holding, con autonomía y criterio técnico, refinanciaron la deuda legada y, además, han prestado su colaboración en la investigación criminal que adelanta el Departamento de Justicia, relacionada con presuntos delitos cometidos antes de 2019. Los resultados financieros del primer semestre de 2024 de Citgo Petroleum Corporation demuestran una exitosa gestión financiera.

Por su parte, el así llamado Gobierno Interino emprendió acciones en contra de las garantías a favor de los tenedores de los Bonos 2020 y Rosneft, con base en dos exitosas estrategias:

Demandar la nulidad del colateral sobre los Bonos 2020 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, defendiendo la Constitución de 1999. En febrero de 2024, el máximo tribunal de Nueva York le dio la razón a este argumento, al reconocer que la Constitución de 1999 sí aplica a la emisión de esos bonos. Al día de hoy, la ejecución de esos bonos está suspendida, y continuará suspendida en el futuro inmediato.

En 2023 Rosnfet, tras negociaciones, decidió renunciar al colateral sobre Citgo.

El Gobierno de Maduro no solo violó la Constitución al ceder en garantía las acciones de Citgo, sino que además, ha defendido al colateral a favor de los Bonos 2020. Así, por ejemplo, ese Gobierno ha ofrecido ciertas negociaciones con esos Bonos, pero sin cuestionar su colateral.

Como la periodista Hernández aclaró (en un post), Rosneft no está embargando a Citgo, pero los tenedores de los Bonos PDVSA 2020 sí que siguen presentes en ese caso, pues es posible que la Corte de Delaware decida apartar el monto adeudado a éstos, lo que genera adicionales complicaciones.

Pero, además, la delicada situación en la Corte de Delaware empezó mucho antes de 2019, y fue resultado de operaciones que, como vimos, lograron extraer 7.667 millones de Citgo para financiar la gestión ineficiente de PDVSA.

En resumen: Maduro sí cedió a Citgo en garantía, violando la Constitución de 1999. La vigencia de esta Constitución, para argumentar la invalidez de esas garantías, ha sido enfáticamente asumida por la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional de 2015.

2. Es falso que yo “argumenté” “la figura del Alter-Ego para favorecer a los demandantes contra Venezuela” (y la estrategia del Gobierno de Maduro)

En el expediente del caso Crystallex ante la Corte de Delaware, que cualquiera puede revisar aquí, están registrados dos reportes que presenté, de acuerdo con actuaciones del 14 de agosto de 2017 (n° 8) y 2 de noviembre de 2017 (n° 35). Ambos reportes son públicos, aun cuando es preciso registrase en el sistema que permite revisar los expedientes en Estados Unidos.

Pero mi primer reporte ha sido divulgado en medios especializados, y puede verse, por ejemplo, aquí. Basta leer mis reportes para comprobar que yo nunca presenté argumentos, ni me referí a la tesis del alter ego, ni quise favorecer a las partes en el juicio. Veamos:

- Mis reportes responden a lo que se conoce como reportes expertos, o sea, una experticia sobre el Derecho Venezolano, que rendí en mi condición de experto jurista. No son esas las únicas experticias que he presentado en mi rol de profesor académico. Tampoco fui el único experto en ese caso, por cierto.

- La palabra alter ego no aparece en ninguno de mis reportes, pues esta es una figura del Derecho de Estados Unidos, y mis reportes fueron sobre el Derecho de Venezuela.

- Mis reportes no favorecieron a los demandantes, ni a ninguna de las partes. Ni tampoco querían perjudicar a nadie. Como experto independiente, ayudé a la Corte a interpretar el Derecho de Venezuela, favorezca o no a las partes del caso.

Estos reportes, además, se basaron en un libro publicado con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela en 2016, siguiendo una línea de investigación que recientemente resumí en un completo libro sobre la destrucción institucional de la industria petrolera.

Todas estas investigaciones me llevaron a concluir, en esos reportes, que el Gobierno de Venezuela había violado la autonomía de PDVSA. En mi traducción libre, esta es la conclusión que sostuve en el párrafo 39 de mi primer reporte:

“En resumen, el Gobierno ha aprobado varias leyes y decretos que obligan a PDVSA a alinearse con sus objetivos sociales y políticos. Del mismo modo, utiliza a PDVSA como una herramienta para lograr sus objetivos nacionales e internacionales. PDVSA, a su vez, debe seguir estas obligaciones que le impone el Gobierno”.

Llegué a esa conclusión pues ésa es mi opinión imparcial, basada en extensas investigaciones jurídicas. Hoy sostengo lo mismo: desde 2002, el Gobierno de Venezuela violó la autonomía de PDVSA, empresa que fue empleada para atender a fines políticos, todo lo cual contribuyó a la destrucción de la industria petrolera. Esta es, por lo demás, una opinión compartida en muchos estudios sobre la industria petrolera venezolana.

El 9 de agosto de 2018 la Corte de Delaware declaró que PDVSA era el alter ego de la República, considerando no solo mi reporte, sino otras muchas evidencias más. La tesis del alter ego no fue, como algunos piensan, un invento de este caso. Esta figura quedó consolidada en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de 1983, en la cual se afirmó (párrafo 37) que “cuando una entidad corporativa está tan ampliamente controlada por su propietario que se crea una relación de principal y agente, hemos sostenido que uno puede ser considerado responsable de las acciones del otro”.

Lo que la Corte de Delaware concluyó en 2018 es que el Gobierno de Venezuela había controlado ampliamente a PDVSA, a tal punto que ésta se transformó en un agente del Gobierno, sin autonomía alguna. Desde el Derecho de Venezuela, creo que esa es una conclusión razonable: la “Nueva PDVSA”, ideada durante el Gobierno de Chávez, se transformó en un simple apéndice político del Gobierno. Asunto del todo distinto es si ese control es suficiente como para declarar el alter ego, lo que es un tema muy complejo del Derecho de Estados Unidos.

Pretender hacerme responsable a mí de esta conclusión, es tan absurdo como culpar de homicidio al médico que hace una autopsia.

Pero volvamos al expediente del caso, para ver cómo reaccionó el Gobierno de Venezuela a esta sentencia.

Lo primero que hay que aclarar es que el Gobierno de Venezuela fue defendido durante todas estas etapas por el Gobierno de Maduro. Así:

- Fue el Gobierno de Maduro quien representó a Venezuela ante el tribunal CIADI que, el 4 de abril de 2016, dictó el laudo condenando a Venezuela a pagar por la expropiación de los derechos contractuales de Crystallex. Según el expediente del caso, el Gobierno de Maduro no intentó ninguna defensa ante el tribunal frente a este laudo, el cual por ende quedó firme.

- Fue también el Gobierno de Maduro quien perdió el caso ante la Corte de Distrito de Washington, D.C., que en sentencia de 25 de marzo de 2017, confirmó el laudo y obligó a Venezuela a pagar la indemnización. Esta sentencia también quedó firme, y desde entonces, Crystallex es un deudor que tiene, a su favor, una sentencia firme dictada por una corte federal que debe ser cumplida.

¿Y qué hizo el Gobierno de Maduro frente a la sentencia de la Corte de Delaware? La respuesta consta en el expediente del caso, así como en el expediente del caso de la apelación, ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito (que puede revisarse, previo registro, aquí).

El 15 de agosto de 2018 quedó registrada la apelación de PDVSA en contra de la sentencia de la Corte de Delaware de 2018. La República de Venezuela, que es el deudor, no apeló. De hecho, la República de Venezuela, representada por el Gobierno de Maduro, jamás compareció en el juicio ante la Corte de Delaware ni se defendió en la demanda de Crystallex.

Lo que el Gobierno de Maduro hizo, en nombre de la República, quedó en evidencia con el escrito presentado por PDVSA ante la Corte del Tercer Circuito el 28 de diciembre de 2018. En resumen, el 10 de septiembre de 2018 el Gobierno de Nicolás Maduro firmó un nuevo contrato de transacción con la empresa Crystallex. Esta transacción quería poner fin a la demanda, para lo cual se firmó un convenio de pago. Hay otros detalles en los que no entro, pero cualquiera puede leer la información presentada ese día (son 152 páginas).

Esto es, que la República, representada por el Gobierno de Maduro, no solo no apeló la sentencia de la Corte de Delaware, sino que aceptó el reclamo, lo que en realidad, ha debido poner fin al juicio, eso sí, haciendo recaer a carga de pagar alrededor de 1.200 millones de dólares.

Que a pesar de que la República transó la demanda , que este juicio todavía esté en curso se debe a la estrategia adoptada a partir del 2019, con el reconocimiento del –así llamado- Gobierno Interno. Pero esa es otra historia, que he contado ya, y que me tocará volver a explicar en otro lugar.

En resumen: yo no introduje la figura del alter-ego. Ese argumento ha sido presentado por empresas que han demandado a Venezuela, pues es un argumento relativamente común en litigios de deuda (ahora mismo se debate un punto parecido con YPF). Yo presenté dos reportes expertos en los que concluí que el Gobierno de Venezuela había violado la autonomía de PDVSA, una conclusión que todavía hoy sostengo.

3.- Yo no prevariqué

La acusación de prevaricación es un falso y difamatorio señalamiento.

Según la periodista Hernández, yo soy un prevaricador. Pero hasta ahora, ningún tribunal, siguiendo el debido proceso, me ha condenado por tal delito. Por ello, se me ha señalado como responsable de un delito por el cual no he sido condenado por las cortes.

La prevaricación es un delito tipificado en el artículo 250 del Código Penal de Venezuela. Según esa norma, “el mandatario, abogado, procurador, consejero o director que perjudique por colusión, con la parte contraria o por otro medio fraudulento, la causa que se le haya confiado, o que en una misma causa sirva al propio tiempo a partes de interés opuestos, será castigado con prisión de cuarenta y cinco días a quince meses y suspensión del ejercicio de su profesión por tiempo igual al de la condena”.

En mi actuación como procurador especial, no incurrí en ese delito. Veamos las razones:

- El 13 de marzo de 2019 me inhibí por escrito del caso Crystallex, al haber actuado como experto. Por ello, no tomé decisiones en la conducción de la estrategia de defensa legal de ese caso. Esto lo he explicado públicamente desde agosto de 2019. La defensa del caso de Crystallex quedó a cargo de los abogados de la República y PDVSA, bajo la coordinación de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos y la junta ad-hoc de PDVSA.

- La periodista Hernández reconoce (aquí), que me separé del caso el 13 de marzo de 2019, pero que en apenas semanas estaba defendiendo a Venezuela en la demanda de Crystallex. Pero esto es falso. Mis testimonios fueron presentados en 2017 y fui designado como procurador (sin comillas, por cierto) dos años después, en 2019. Y nunca defendí a Venezuela en ese juicio: esa defensa la hicieron abogados siguiendo las instrucciones del Gobierno Interino, pero no mías.

- Nunca he sido, al mismo tiempo, abogado de demandantes de la República y abogado de la República.

- Tampoco he participado en una colusión a favor de ninguna empresa.

En relación con esto último, conviene repasar los hechos, para entender por qué Crystallex no se favoreció con el reconocimiento del Gobierno Interino, ni mucho menos, con mi designación como procurador.

Como explicamos, poco después de dictada la sentencia que declaró el alter ego, el 10 de septiembre de 2019 Crystallex firmó una nueva transacción y convenimiento de pago con el Gobierno de Nicolás Maduro. Este convenimiento de pago comenzó a ejecutarse. Y por ello, la empresa demandante acordó suspender el juicio de Delaware hasta el 10 de enero de 2019, esperando haber cobrado la totalidad de su deuda.

Pero entonces sucedió lo inesperado. Pocos días después del 10 de enero de 2019, la representación de la República pasó del Gobierno de Nicolás Maduro al llamado Gobierno Interino. El Gobierno Interino no cumplió con el cronograma de pago pactado por Maduro, y por el contrario, asumió la defensa de Venezuela en el juicio, como lo sigue haciendo hoy.

Incluso, la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional, con argumentos jurídicos, aprobó un acuerdo el 10 de diciembre de 2019, en el que repudió las transacciones firmadas por el Gobierno de Nicolás Maduro. Así, en el acuerdo tercero se lee que la Asamblea decidió:

“Declarar nulo de nulidad absoluta y por tanto inexistente el supuesto “Contrato de Transacción y Conciliación Modificado y Reformulado” suscrito por agentes del régimen de Nicolás Maduro con Crystallex Internacional Corporation el 10 de septiembre de 2018, así como el ilegitimo y supuesto “Contrato de Transacción y Finiquito” suscrito por agentes del régimen de Nicolás Maduro Moros con Rusoro Mining Limited de 5 de octubre de 2018, los cuales no generan efectos jurídicos válidos, al ser resultado de la usurpación del cargo de Procurador General la República por Reinaldo Muñoz Pedroza, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Último detalle. Al revisar el expediente público en la Corte de Delaware, podrá apreciarse que la primera actuación de la República es el 11 de octubre de 2019, pues el Gobierno Interino hizo lo que nunca hizo el Gobierno de Maduro: instruir a sus abogados a defender los intereses soberanos de Venezuela en el juicio.

Por ello, mi actuación como procurador especial, ni dio lugar a un caso de prevaricación ni favoreció a ninguna otra empresa. Por el contrario, luego de 2019, se desconocieron por razones jurídicas contratos de transacción, Venezuela ejerció las defensas que le corresponden como ente soberano, y, en suma, evitó el desenlace que muchos anticipaban.

4. Reflexiones finales

Yo participé como experto independiente en el caso de Crystallex, fui designado procurador especial, y me inhibí del caso. Esto ha debido ser el fin de la historia.

Pero estos hechos han sido tergiversados para crear la narrativa en la cual, yo prevariqué y coludí en contra de Venezuela a favor de Crystallex, y debido a esto, “Citgo va a ser subastada el 15 de julio de 2024”. Las evidencias que he presentado demuestran que tal acusación es falsa.

Pero igual, se me podrá reprochar que actué como experto en la Corte de Delaware, al margen de mi breve actuación como procurador. De hecho, una de las tantas investigaciones anunciadas por quien usurpa el cargo de Fiscal en mi contra, se basa precisamente en mi rol como testigo experto. Mi testimonio ha sido considerado una “traición” a mis compatriotas. No por haberme desempeñado como procurador, sino porque es traición no alinearse con las defensas del Gobierno en cortes extranjeras.

Como resultado de la deuda pública externa contratada durante los Gobiernos de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro, Venezuela adeuda cerca de 170.000 millones de dólares, lo que se ha traducido en decenas de juicios en cortes y tribunales arbitrales. En esos juicios han participado abogados y expertos. Como abogado en el libre ejercicio de la profesión -condición que mantuve hasta el 2018- participé en algunos de esos casos, como asesor, consultor y experto de Derecho venezolano, contratado por el sector privado, pues nunca representé o trabajé para el Gobierno de Venezuela, hasta mi breve paso por la procuraduría.

Aprovecho de aclarar nuevamente: además del caso Crystallex, me inhibí como procurador en otros dos asuntos en los cuales había participado, de una u otra manera, como experto.

Uno de esos casos fue mi rol como experto en los dos arbitrajes (aquí y aquí) que hace más de diez años, se sustanciaron en relación con las expropiaciones de los activos de Owens – Illinois en Venezuela. Entonces, expliqué las razones por las cuales esa expropiación violó el Derecho de Venezuela. En 2018 presenté un reporte independiente ante la Corte del Distrito Sur de la Florida para explicar la inconstitucionalidad de un contrato de trust firmado por el Gobierno de Maduro en nombre de PDVSA. Creo que este reporte fue presentado bajo reserva, pero mi declaración en la Corte es pública y puede ser vista aquí. El 5 de noviembre de 2018, el magistrado Otazo-Reyes afirmó mi condición de experto, y por ello, como un profesional imparcial que no defiende los intereses de ninguna de las partes. Esa demanda, en todo caso, fue desestimada por aspectos procesales del Derecho de Nueva York, y en ese expediente nunca intervino el Gobierno Interino (doy una explicación más detallada en las páginas 236 y siguientes de mi libro sobre la destrucción de la industria petrolera).

Nunca oculté, ni podría hacerlo, mi participación en esos casos. Y me adelanto: tampoco hay evidencia que demuestra que las empresas que participaron en esos casos fueron favorecidas.

Pero vuelvo al asunto de los expertos y abogados que han explicado -con argumentos de parte o con reportes independientes- la arbitrariedad de las políticas adoptadas por los Gobiernos de Hugo Chávez y Maduro. Fue en el 2008 cuando el rol de estos profesionales comenzó a ser atacado como una traición a la patria, lo que generó el rechazo de la comunidad académica. Hoy se repite la misma narrativa, al señalarme como traidor a la patria por mi experticia. Esta acusación es una grave violación a los derechos humanos de los abogados.

Los acreedores de la deuda legada que han presentado demandas en las cortes y tribunales son víctimas de la arbitraria política de expropiación y nacionalización adelantada por los Gobiernos de Chávez y Maduro, así como del endeudamiento cuyo incumplimiento unilateral fue acordado en 2017. La defensa del derecho de propiedad privada frente a las expropiaciones e incumplimientos contractuales no es traición a la patria. Los abogados, expertos, peritos, secretarios y jueces que participan en esos juicios, tampoco son traidores. Son técnicos que realizan una actividad profesional.

Y aclaro: tampoco son traidores los abogados que han decidido representar a Venezuela asesorando al Gobierno de Nicolás Maduro, o los profesionales que han presentado experticias para explicar la constitucionalidad y legalidad de las políticas de nacionalización. Esos abogados ejercen libremente su profesión, y no pueden ser atacados por ello.

Acusarme de prevaricador es una afirmación basada en hechos falsos, y que se apoya en la narrativa populista que desprecia a los especialistas. Tampoco ayuda a entender qué paso y, lo más importante, qué puede pasar con Citgo.

Como procurador especial, defendí la Constitución de 1999, sin seguir ninguna militancia política. El caso que más problemas me generó por esa posición fue el de los Bonos 2020, pues sostuve entonces, y sostengo ahora, que los contratos que cedieron en garantía a las acciones de Citgo violaron la Constitución de 1999. Y ello me ocasionó más de un problema, incluso, con ciertos sectores de la oposición venezolana.

Quien lea las muy variadas acusaciones difamatorias que en mi contra se han lanzado por estos días, pensará que yo soy el personaje político más importante del llamado Gobierno Interino. En realidad, fui tan solo el abogado de la República por 16 meses, de los casi 66 meses que de una u otra manera lleva el llamado Gobierno Interino. Apenas estuve el 24% de ese tiempo, pero todavía hoy se me hace responsable por lo que decidió ayer una corte.

También se olvida que, precisamente por no seguir militancia política, renuncié al cargo de procurador. Como jurista defiendo la Constitución, no intereses políticos. Y el precio por ello es que he quedado en el fuego cruzado de quienes piensan más en intereses personales que en el bien común.

Defiendo la opinión pública razonada, y creo en el debate de ideas, en especial, con quienes piensan distinto.

Si me he tomado el tiempo para escribir esta larga respuesta a la periodista Hernández, es precisamente para tratar de ser consecuente con lo que pienso. Sobra decir que no respondo todas las falsedades que se lanzan sobre mí. Como dice el dicho, nunca se alcanza el destino si se lanzan piedras a todo perro que ladra. Pero en este caso he hecho una excepción pues creo que hay espacio para el debate de ideas especialmente entre quienes piensan distinto.

Espero no equivocarme (de nuevo).

Facta, non verba.

Pd. Todo este ruido se ha generado por la falsa noticia según la cual, Citgo se va a subastar el 15 de julio de 2024. En realidad, al 21 de junio de 2024, no hay ninguna actuación fijada en firme para el 15 de julio en el juicio de Delaware. Y el embargo de las acciones de PDV Holding le quedan muchos meses por delante, y de seguro, una que otra sorpresa.