Durante años nos pidieron mirar la tragedia venezolana como si fuera apenas una disputa interna. Chavismo contra oposición. Gobierno contra adversarios. Izquierda contra derecha. Negociación contra presión. Sanciones contra diálogo. Pero esa lectura siempre fue demasiado pequeña para explicar la dimensión real del desastre.

Venezuela no fue destruida únicamente por Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Tarek William Saab, Alex Saab y el resto de la nomenklatura que convirtió al Estado en una maquinaria de represión, saqueo y criminalidad.

Venezuela también fue sostenida desde afuera. Por empresarios. Por lobistas. Por acreedores. Por exmandatarios. Por consultores. Por “expertos”. Por operadores políticos. Por firmas de relaciones públicas. Por influencers. Por gente con mucho dinero, mucho acceso y muy poca vergüenza.

La reciente investigación publicada por POLITICO sobre Harry Sargeant III y la operación de influencia que buscó moldear la política de Estados Unidos hacia Venezuela ofrece una pieza central para entender esa arquitectura. No porque descubra de la nada algo que los venezolanos no sospecháramos, sino porque documenta con nombres, chats, pagos, reuniones, cartas, campañas y movimientos políticos una realidad que durante años fue presentada como paranoia opositora: había intereses internacionales poderosos trabajando para que la barbarie chavista siguiera siendo funcional.

El reportaje de POLITICO reconstruye una batalla dentro del trumpismo. De un lado, Marco Rubio y Mauricio Claver-Carone, partidarios de una línea dura contra el régimen venezolano. Del otro, Richard Grenell, rodeado por una constelación de operadores que intentaban vender una aproximación más “pragmática”, más petrolera, más negociadora, más útil para unos pocos expertos en negocios turbios y, desde luego, para quien podía entregarles los negocios en ese momento: Nicolás Maduro.

Allí aparece Harry Sargeant III, empresario petrolero estadounidense con una larga historia de negocios en Venezuela, vinculado al crudo pesado necesario para producir asfalto y con relaciones cultivadas durante décadas en Caracas. Aparece Aaron Schock, excongresista republicano caído en desgracia, contratado por Sargeant para labores de “consultoría estratégica”. Aparece Benjamin Papermaster, que terminó convertido en una fuente crítica del proyecto. Aparece Hans Humes, CEO de Greylock Capital Management y figura central entre acreedores de deuda venezolana. Aparece Forward Global, firma de relaciones públicas contratada para diseñar una campaña de influencia. Aparecen Mike Rubino y Thomas Mathiasen. Aparecen influencers conservadores. Aparecen artículos de opinión, borradores editados, chats de Signal y WhatsApp, facturas, donantes, intermediarios, empresarios petroleros y fondos de inversión.

Aparecen también Juan González y Elías Ferrer. Y eso importa mucho, porque la historia no se limita al petróleo. También pasa por la producción de narrativa.

POLITICO cuenta que Humes llevó a Juan González —exdirector senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental durante la administración Biden y uno de los arquitectos del enfoque que desembocó en Barbados— a reunirse con Schock y Papermaster en Houston. González dijo al medio que Greylock Capital le pagaba por “análisis geopolítico regional” y negó que su trabajo implicara lobby, representación o actividades bajo FARA. Pero el dato político está allí: un exfuncionario clave de la — errada— política estadounidense hacia Venezuela aparece vinculado al mundo de los acreedores y al ecosistema que buscaba una política más flexible hacia Caracas.

Luego viene un punto todavía más revelador. POLITICO afirma que González revisó y aportó contexto a borradores preparados por Forward Global, y que uno de esos textos terminó publicado bajo la firma de Robert O’Brien, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, con el título “America needs a Venezuela deal that only President Trump can deliver”. El artículo defendía la necesidad de un acuerdo con Venezuela. Según POLITICO, el borrador había sido preparado por Forward Global y luego editado por González.

En ese mismo circuito aparece Elías Ferrer, fundador de Orinoco Research y de Guacamaya. POLITICO señala que Schock y Papermaster acudieron a González y al “analista” español (español… como Rodríguez Zapatero). Ferrer no respondió a la solicitud de comentarios del medio. El dato cierra un círculo que en La Gran Aldea ya habíamos venido desarrollando: no basta con mirar al lobista que toca la puerta del poder. También hay que mirar al analista que fabrica el lenguaje con el cual ese lobby se vuelve presentable.

La batalla por Venezuela siempre tuvo una dimensión narrativa. Quien controla el marco interpretativo controla buena parte del costo político de las decisiones. Si Venezuela es presentada como una tiranía criminal (que lo es), la convivencia con sus jerarcas resulta moralmente insoportable. Si Venezuela es presentada como un problema complejo, lleno de matices, donde la presión externa solo genera caos, entonces la coexistencia con la tiranía puede venderse como prudencia. Si el Cártel de los Soles es minimizado, si el Tren de Aragua es relativizado, si las sanciones son convertidas en explicación total del desastre, si María Corina Machado es descrita como inflexible y Maduro (como ahora Delcy) como un actor inevitable, entonces la conclusión aparece casi sola: hay que negociar con el poder real.

Ese ha sido el truco. Primero se rebaja la gravedad del crimen. Luego se exagera el riesgo de la libertad. Finalmente se presenta la resignación como realismo.

En el artículo de La Gran Aldea sobre los “expertos útiles del Cártel de los Soles” se describía precisamente ese ecosistema. Voces que aparecen una y otra vez en grandes medios internacionales para explicar Venezuela a audiencias que rara vez escuchan a las víctimas, a los presos políticos, a los familiares de desaparecidos, a los periodistas perseguidos, a los exiliados o a los venezolanos que votaron masivamente por un cambio el 28 de julio de 2024.

El patrón es nítido. Hablan de sanciones. Hablan de riesgos. Hablan de intervención. Hablan de caos. Hablan de migración. Hablan de petróleo. Hablan de China. Hablan de los costos de una caída del régimen. Pero casi nunca hablan con la misma intensidad de tortura, desapariciones forzadas, presos políticos, crímenes de lesa humanidad, robo electoral, exilio forzado o saqueo estructural.

POLITICO agrega ahora la dimensión operativa. Ya no estamos solo ante expertos que opinan en medios. Estamos ante borradores, firmas prestadas, campañas coordinadas, influencers movilizados y mensajes diseñados para insertar dentro del universo MAGA una idea concreta: Trump debía confiar más en Grenell que en Rubio; debía privilegiar el deal sobre la presión; debía proteger a las empresas estadounidenses frente a China; debía evitar que los “halcones” arruinaran oportunidades económicas en Venezuela.

La operación tenía un vocabulario reconocible: America First, seguridad energética, empleos estadounidenses, competencia con China, estabilidad regional, reducción migratoria. Todo sonaba razonable. Todo parecía diseñado para una audiencia conservadora estadounidense. Pero detrás de ese lenguaje aparecía el mismo fondo: había que flexibilizar la relación con Caracas.

En enero de 2025, apenas comenzado el nuevo gobierno de Trump, Grenell viajó a Caracas para negociar la liberación de estadounidenses detenidos. POLITICO reconstruye que Schock venía trabajando para que ese viaje fuera políticamente útil a Grenell y opacara el primer viaje latinoamericano de Rubio. Según el relato de Papermaster citado por el medio, Schock se enfocó en Delcy Rodríguez, vista por sectores empresariales como una figura pragmática, conectada con intereses energéticos y con poder real dentro del aparato venezolano. Schock y Sargeant habrían viajado a Venezuela alrededor de esos días y se habrían reunido con Delcy y otros dirigentes del régimen para discutir una propuesta: liberación de estadounidenses, aceptación de vuelos de deportación y restauración o preservación de licencias petroleras, especialmente la de Chevron.

Sargeant niega haber actuado en nombre del gobierno estadounidense. Su abogado, Christopher Kise, rechaza la narrativa de POLITICO y sostiene que su cliente se enfocaba en sus propios intereses empresariales y actuó dentro de la ley, sin embargo, Kise admitió que Sargeant contrató a Schock para “consultoría estratégica” y escribió que “regime change” podía ser una buena solución siempre que los intereses estadounidenses, incluidos los de Sargeant, estuvieran primero. Al final, la verdad es que, para los venezolanos, el fin de la tiranía es una necesidad existencial y para quienes buscan negocios legítimos es necesario y útil. El punto está allí… no todos buscan negocios “legítimos”.

Después del viaje de Grenell, seis estadounidenses fueron liberados. Al día siguiente, la administración renovó la licencia de Chevron. Grenell negó que se tratara de un intercambio o rescate encubierto. Sus críticos vieron una concesión. POLITICO no presenta el episodio como una prueba judicial definitiva, pero sí como parte de un patrón político: un grupo de intereses económicos buscaba fortalecer a Grenell como alternativa frente a Rubio.

El problema para ellos fue que la operación no produjo el resultado esperado. Rubio ganó peso. Claver-Carone seguía siendo una figura clave. Los congresistas cubanoamericanos de Florida presionaron. Las licencias petroleras fueron canceladas o sometidas a períodos de cierre. Venezuela empezó a colocar obstáculos a los vuelos de deportación. El entusiasmo por Grenell se desinfló. Entonces apareció la campaña.

En marzo y abril de 2025, Schock, Papermaster, Humes, Forward Global y otros actores comenzaron a organizar un esfuerzo comunicacional más amplio. El objetivo era moldear la conversación pública antes de decisiones claves sobre Chevron y otras licencias. Forward Global ofreció una estrategia de “influencer engagement”. Se buscaba reclutar voces conservadoras con audiencia en redes, promover artículos de opinión, amplificar mensajes y producir la impresión de que dentro del movimiento MAGA existía una corriente espontánea favorable a una política más suave hacia Venezuela.

Allí aparecen Ryan Fournier, Juanita Broaddrick, Andrew Pollack, Andy Surabian, Terrence Williams y Laura Loomer. POLITICO relata que Broaddrick publicó varias veces mensajes similares sobre Trump “asegurando intereses energéticos” en Venezuela. Surabian firmó un artículo en Daily Caller defendiendo la idea de que una economía venezolana fortalecida por inversión estadounidense reduciría la migración. Pollack amplificó ese contenido. Forward Global, según los mensajes revisados por POLITICO, se atribuía parte de esa coordinación.

El caso de Loomer es especialmente interesante. Según POLITICO, dentro del grupo se discutió la posibilidad de “enlist Laura Loomer” para atacar a Claver-Carone. Loomer niega haber sido parte de la operación o haber recibido pagos. El abogado de Sargeant dice que este la considera una amiga y que jamás le pagó. Pero los mensajes citados por POLITICO sugieren que alguien dentro del entorno veía su participación como útil para golpear a los funcionarios vinculados a Rubio. Loomer comenzó a publicar sobre Venezuela, China, Chevron, Grenell y Claver-Carone. En una de sus publicaciones acusó a Claver-Carone de poner sus emociones personales sobre Maduro por encima de los intereses de Estados Unidos.

La acusación dice más sobre quien la formula que sobre el acusado.

Porque si algo ha faltado demasiadas veces en la política internacional hacia Venezuela es precisamente emoción moral. Indignación ante la tortura. Indignación ante los muertos. Indignación ante el robo electoral. Indignación ante los niños detenidos, los ancianos encarcelados, los militares torturados, los civiles desaparecidos, las madres que mueren sin saber dónde está el cuerpo de sus hijos.

A los operadores del pragmatismo les incomoda esa emoción porque introduce un límite. Y el negocio necesita que no haya límites.

La campaña también intentó producir legitimidad “intelectual” (con comillas, importante). Allí es donde los nombres de Juan González y Elías Ferrer salen siempre a la luz. Eran parte de una capa sofisticada: la de quienes podían vestir de análisis lo que otros impulsaban como lobby. González sostuvo ante POLITICO que su posición pública siempre ha sido favorable a una transición democrática negociada y contraria al “forced regime change” por considerarlo inestable. Esa es una postura defendible en abstracto. El problema es el contexto concreto: cuando esa posición aparece dentro de una operación financiada o impulsada por actores con intereses materiales directos en la estabilidad del régimen, el análisis deja de flotar en el aire. Entra en el terreno de los incentivos.

Guacamaya, la plataforma de Ferrer, que apareció de la nada, ya había mostrado una línea editorial compatible con ese ecosistema: entrevistas y contenidos donde se insistía en que endurecer sanciones era imprudente, que designar al Cártel de los Soles como organización terrorista carecía de base suficiente, que la oposición democrática exageraba o se equivocaba al buscar presión internacional, que había que pensar en una transición lenta, gradual, casi terapéutica. De nuevo: el problema no es que existan matices, sino que el matiz siempre termina cayendo del mismo lado. El lado que reduce el costo de convivir con la tiranía.

Mientras eso ocurría en Estados Unidos, en España avanzaba otra pieza del mismo rompecabezas. José Luis Rodríguez Zapatero, durante años presentado como mediador, facilitador, hombre de diálogo y figura de equilibrio, volvía a quedar bajo la lupa por investigaciones y revelaciones asociadas a negocios, intermediaciones, empresas, vínculos con el chavismo y circuitos donde política, dinero e influencia parecen mezclarse de manera demasiado conveniente. El caso Zapatero es fundamental porque permite entender que la red internacional de protección del chavismo nunca fue solo estadounidense. También tuvo una pata española. Y no cualquier pata: una con acceso político, prestigio institucional, vínculos con sectores empresariales y capacidad para intervenir en el relato europeo sobre Venezuela.

Rodríguez Zapatero operaba como legitimador. Cuando el chavismo necesitaba oxígeno, aparecía el diálogo. Cuando necesitaba tiempo, aparecía la negociación. Cuando necesitaba dividir, aparecía la moderación. Cuando necesitaba limpiar su imagen, aparecía la foto. Y cuando las víctimas pedían justicia, aparecía el llamado a la prudencia, todo ello mientras obligaba a las familias a hacer silencio. Todo ello, también, mientras cobraba dinero de la corrupción y oro del ecocidio. Eso también forma parte del ecosistema.

No todos cumplen el mismo papel, importante aclararlo. Sargeant representa el interés empresarial petrolero. Humes representa el interés financiero de los acreedores. Schock representa la operación política. Forward Global representa la ingeniería comunicacional. Grenell representa la vía negociadora dentro del poder estadounidense. Rubio y Claver-Carone representan la línea de presión. Juan González y Elías Ferrer representan la capa analítica que vuelve digerible la convivencia. Zapatero representa la legitimación internacional desde la política europea. Chevron representa la gran empresa con activos reales en Venezuela. Greylock representa la deuda. Loomer, Broaddrick, Pollack, Fournier, Williams y Surabian representan la amplificación digital. Robert O’Brien representa la firma de alto nivel capaz de insertar el argumento en medios conservadores. Delcy Rodríguez representa la continuidad pragmática del chavismo. Jorge Rodríguez, el operador político interno.

Y detrás de todos, el país real: los venezolanos. Ese país real que rara vez aparece en los cálculos. O aparece como masa migrante. Como problema humanitario. Como presión fronteriza. Como estadística. Como argumento instrumental. Pero no como sujeto soberano.

El 28 de julio de 2024, los venezolanos hablaron. Lo hicieron con votos. Lo hicieron en condiciones adversas. Lo hicieron después de años de persecución, inhabilitaciones, censura, encarcelamientos y exilio. Lo hicieron con María Corina Machado perseguida y Edmundo González convertido en depositario de un mandato popular. Ese día quedó claro que la sociedad venezolana no quería administrar la tiranía sino terminarla. Los venezolanos quieren (queremos) ser libres.

Pero para demasiados actores internacionales, ese mandato era incómodo. Porque la democracia real introduce incertidumbre. Una transición genuina podría revisar contratos. Podría auditar deudas. Podría investigar licencias. Podría abrir archivos. Podría perseguir lavado. Podría preguntar quién se enriqueció mientras Venezuela se hundía. Podría incomodar a empresarios, acreedores, bancos, consultoras, exmandatarios, bufetes y operadores que durante años se movieron con naturalidad en las sombras de la tragedia.

Por eso tantos prefieren una especie de cambio sin verdad. Una normalización sin justicia. Una apertura económica sin memoria. Una Venezuela donde Maduro salga, pero el sistema sobreviva lo suficiente para garantizar pagos, contratos, estabilidad y silencio.

Ese es el peligro. No el regreso de la inversión. Venezuela necesita inversión. Necesita petróleo. Necesita reconstrucción. Necesita empresas. Necesita infraestructura. Necesita energía eléctrica. Necesita financiamiento. Necesita volver al mundo.

Pero el dinero serio no llega donde manda una estructura criminal y profundamente kakistocrática, porque son bárbaros, corruptos e inútiles a partes iguales. El capital productivo no prospera donde no hay Estado de Derecho. La seguridad jurídica no existe donde una vicepresidenta reconvertida en administradora ilegítica, un general, un juez o un operador político pueden decidir el destino de una empresa, una concesión o una persona. La estabilidad verdadera no se decreta desde un despacho. Nace de instituciones, confianza, alternancia, justicia y reglas.

Los inversionistas honestos, al final, lo entienden mejor que nadie. La tiranía chavista no ofrece estabilidad. Ofrece, como mucho, permisos, accesos, privilegios, negocios para pocos. Es una especie de feudalismo mafioso.

Por eso la democracia venezolana no solo es una necesidad moral para los venezolanos. Es también la única plataforma racional para una reconstrucción económica seria. Quienes dicen querer invertir en Venezuela deberían ser los primeros interesados en que termine la estructura que convirtió al país en un territorio de extorsión, corrupción y arbitrariedad. Salvo que no busquen inversión sino extracción. Lo primero es duradero, lo segundo apenas algo momentáneo.

El reportaje de POLITICO tiene, además, un desenlace importante. La operación para respaldar a Grenell, desacreditar a Rubio y empujar una línea más flexible no logró imponerse. Rubio terminó acumulando poder dentro de la administración. Claver-Carone, incluso fuera de un cargo formal, siguió influyendo en la arquitectura de la política hacia Venezuela. La narrativa se desplazó desde el viejo lenguaje del autoritarismo socialista hacia el lenguaje del crimen organizado, el narcotráfico y la seguridad nacional. La captura de Maduro el 3 de enero de 2026 y la posterior configuración con Delcy Rodríguez al frente del Estado dejaron una situación compleja, todavía insuficiente, pero también una evidencia política: los planes de quienes querían una normalización cómoda con Maduro no triunfaron como esperaban.

Que hoy se filtren o publiquen detalles sobre las gestiones de Claver-Carone junto a Marco Rubio tampoco parece casual. Como tampoco parece casual que, al mismo tiempo, se conozcan más elementos sobre Sargeant, Grenell, Schock, Humes, González, Ferrer, Forward Global, Chevron, los acreedores y la campaña de influencers. Como tampoco parece casual que el nombre de Zapatero vuelva a aparecer rodeado de preguntas incómodas.

Las redes que durante años operaron con comodidad están siendo expuestas. Y cuando una red se expone, reacciona. Ataca. Filtra. Desacredita. Se victimiza. Habla de extremismo. Habla de halcones. Habla de caos. Habla de irresponsabilidad. Habla de realismo. Siempre usa palabras nobles para proteger intereses menos nobles.

A los venezolanos nos corresponde mirar con precisión. No basta con celebrar que algunos movimientos hayan fracasado. Hay que mapear el aparato. Identificar sus nombres. Entender sus incentivos. Reconocer sus narrativas. Seguir sus conexiones. Preguntar quién paga, quién escribe, quién firma, quién amplifica, quién se beneficia y quién calla.

Harry Sargeant III, Aaron Schock, Benjamin Papermaster, Hans Humes, Roger Ston, Greylock Capital Management, Richard Grenell, Marco Rubio, Mauricio Claver-Carone, Laura Loomer, Mike Rubino, Thomas Mathiasen, Forward Global, Juan González, Elías Ferrer, Guacamaya, Robert O’Brien, Andy Surabian, Andrew Pollack, Ryan Fournier, Juanita Broaddrick, Terrence Williams, Ali Rahman, Caroline Wren, Jihad Smaili, José Luis Rodríguez Zapatero… y un larguísimo etcétera.

Todos estos nombres no significan lo mismo. No todos tienen la misma responsabilidad. No todos hicieron lo mismo. No todos están en el mismo nivel. Pero todos son parte de lo mismo. Y ese mapa hay que mirarlo completo, porque durante demasiado tiempo se nos pidió mirar solo a Caracas. Y claro que Caracas importa, allí se instaló la tiranía. Allí se ordenó la represión. Allí se destruyó PDVSA. Allí se militarizó la economía. Allí se robaron elecciones. Allí se persiguió a la disidencia. Allí se torturó.

Pero muchas de las palancas que permitieron sobrevivir al chavismo se movieron también en Madrid, Miami, Washington, Houston, Nueva York, Londres, Curazao, Dubái, Panamá y otras plazas donde la tragedia venezolana fue convertida en oportunidad.

El chavismo ha sido profundamente antivenezolano y por eso nuestro dolor tiene varios idiomas y varios acentos.

La barbarie necesitó verdugos. Pero también necesitó abogados. Banqueros. Mediadores. Propagandistas. Expertos. Socios. Testaferros. Inversionistas. Intelectuales de alquiler. Y funcionarios dispuestos a mirar hacia otro lado.

Durante años nos dijeron que el problema venezolano era demasiado complejo para distinguir víctimas y victimarios. La realidad era mucho más simple. Un pueblo quería recuperar su libertad. Una tiranía quería conservar el poder. Y alrededor de esa tiranía se fue formando una industria internacional de intermediarios, expertos, empresarios, acreedores y operadores que aprendieron a vivir de nuestra desgracia. La historia de Venezuela no estará completa cuando identifiquemos a los verdugos. Estará completa cuando identifiquemos también a quienes les alquilaron respetabilidad, influencia y tiempo.