La situación de Venezuela se agrava día a día. Los esfuerzos por encontrar una salida consensuada que pasa, sin dudas, por un proceso electoral auténtico, competitivo, limpio y observado, es un anhelo casi mundial. Venezuela no es un problema solo de los venezolanos, no somos una isla de baja densidad poblacional en los años ‘60, la diáspora complica la vida al vecindario y más allá.
Pero esa salida anhelada que permita al pueblo expresarse soberana y pacíficamente mediante el voto, no luce fácil. La radicalización ha ganado terreno. Sanciones y amenazas, allanamientos de inmunidad, cercos y sanciones individuales han marcado la pauta. Sin embargo el esfuerzo de la facilitación en Noruega y la conciencia de ambas partes sobre sus respectivas nefastas opciones fuera de un acuerdo negociado, mantienen viva esa llama del entendimiento político.
Pero una elección presidencial o una elección general nacional que también incluya al poder legislativo, son indispensables pero no suficientes. El daño que se ha causado a la República es inmenso, la solución electoral es el paso fundamental, es el punto de partida para la reconstrucción integral de la institucionalidad y la constitucionalidad dañadas alevosamente por una revolución cuyo único fin es mantener el poder.
En efecto, la degradación progresiva y sistemática del orden constitucional ha llegado al paroxismo y afecta la organización y el funcionamiento de todos los poderes públicos, y su relacionamiento con la ciudadanía. Sencillamente, desde hace rato, en Venezuela se ejerce el poder fuera de los límites previstos en la Constitución de 1999, obra maestra y legado del chavismo, muy perfectible pero suficiente para vivir y progresar en democracia. Veamos.
La Asamblea Nacional (AN), que es el Poder Público básico para una democracia sustentable, ha sido desconocida y anulada mediante un golpe de estado Judicial conformado por 105 sentencias (Accesoalajusticia.org) que han anulado sus competencias funcionales, y además cerca de 30 Diputados han sido sujetos de inconstitucionales allanamientos a la inmunidad parlamentaria; sin autorización previa del propio Poder Legislativo como lo ordena la Constitución. Las funciones de la AN han sido usurpadas por el propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de una manera groseramente inconstitucional que derrumba la separación y autonomía de los poderes públicos; así como por una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ilegítima en su elección y funcionamiento que de hecho fue concebida precisamente para ese fin. Luego de más de dos años en funciones no ha redactado ni presentado un solo artículo constitucional, cuando esa es su misión según la Constitución. Además, válida de una supuesta supremacía que no detenta, se ha dedicado a ser un ente de gobierno que ha asumido el control incluso de las convocatorias electorales. Nótese que esa cacareada supremacía únicamente opera cuando algún poder constituido entorpece la misión de redactar una nueva Constitución y así debe asumirse; pues la Constitución de 1999 sigue plenamente vigente aunque ha sido degradada y desconocida sistemáticamente.
El TSJ conformado por magistrados designados omitiendo términos, procesos y condiciones previstos constitucionalmente se ha erigido en un ministerio de asuntos judiciales a la orden de la Revolución, y no de la Constitución. Este mismo TSJ ha designado a todos los Rectores del CNE en distintas ocasiones, con lo cual ha usurpado claramente esta función que corresponde a la AN.
Finalmente, la guinda sobre el helado es el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República finalizó su mandato en enero de 2019 pero se ha mantenido ejerciendo el poder gracias a una elección espuria, inoportuna y viciada en la cual los principales partidos, alianzas y candidatos de oposición fueron descaradamente inhabilitados. Justamente por ello ese proceso electoral fraudulento no tuvo, dentro ni fuera del país, el efecto legitimador sobre el ejercicio del poder que deriva de las elecciones auténticas. Esto explica la profundidad de la crisis política que nos lleva por la calle de la amargura.
Todo lo anterior no puede resolverse sin el primer e indispensable paso de unas elecciones presidenciales auténticas, y un parlamento nacional que pueda ejercer plenamente sus competencias funcionales de acuerdo a la Constitución. Pretender manipular otra vez este nuevo intento por alcanzar una salida consensuada y electoral, es una actitud vil que atenta contra la paz y las condiciones de vida del país y en general contra el estado social de derecho y de justicia previsto en la Constitución. Noruega en Barbados es una necesidad de todos; las elecciones nacionales auténticas y oportunas en 2020, es el único resultado útil que de allí podemos esperar. Desde acá emplazamos a las partes a lograrlo con urgencia.
*Profesor de Derecho Constitucional.