EN LA ALDEA

22 febrero 2024

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Van 48 meses de la frontera tachirense en crisis

La que por años fuera llamada la frontera más dinámica de América Latina sigue cerrada para el paso de vehículos y para el intercambio comercial, pero muy activa para los venezolanos que, como peatones, van y vienen como hormigas cargados de provisiones.

Cuatro años después del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela -19 de agosto de 2015-, la promesa de la administración de Nicolás Maduro de que ésta sería ordenada, no se ha cumplido. La realidad que se vive sigue impactando a todos los habitantes del departamento Norte de Santander y el estado Táchira.

En el área económica los beneficios para el país son negativos. En el 2016, el Gobierno nacional estableció un horario especial para el paso de mercancías. Se trató de un pequeño alivio a la fuerte presión económica que la paralización total del comercio binacional mantenía sobre la zona de frontera. Miles de personas son afectadas. Comienza la crisis.

“En el año 2002, en esta frontera había un intercambio comercial que rondaba los 7 mil millones de dólares. Actualmente es difícil sacar proyecciones, pero debe estar por el orden de los 300 millones de dólares”, precisa Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio en el municipio Bolívar del estado Táchira, el principal ayuntamiento en zona de frontera, puerta de entrada para quienes llegan desde toda América Latina o de salida para quienes se han marchado, que son millones, según organismos internacionales.

Las erróneas medidas gubernamentales siguen aplicándose. Desde el 9 septiembre de 2018, no hay ni paso de mercancías ni ningún tipo de actividad comercial en las aduanas de San Antonio y Ureña, siendo los sectores aduaneros y de transporte de carga pesada los más afectados.

“En San Antonio el sector industrial está paralizado en 97%. Solamente 3% en áreas textil, cuero, zapatos, carteras, entre otros, está activo, pero la mayoría labora a 20% de su capacidad”, expresa Castillo.

Todos los números van en descenso. Las estadísticas de esta crisis indican que en el 2015 había cerca de 100 agencias de aduanas en el lado venezolano de la frontera, y hoy se estima que permanecen medianamente operativas no más de 35 a 40, porque no hay mercancía para movilizar.

De 25 empresas almacenadoras, siete han cerrado formalmente sus puertas y el resto están inactivas. Un informe del sector aduanero regional revela que de 36 compañías de transporte sólo 10 cuentan con capacidad de operación, aunque con apenas el 10% de su flota, que antes era de unos 3.000 vehículos. Miles de personas están desempleadas y se han visto obligadas a emigrar a otros trabajos informales, a irse a otros países o cruzar a Cúcuta, en Colombia, a buscar opciones en ese mercado laboral.

Castillo recuerda que el sector industrial “era un parque que generaba empleo por su gran productividad, con maquinaria de alta tecnología, y está paralizada por falta de mano de obra especializada, materia prima. Hay infraestructura, hay maquinaria, pero no tenemos el trabajador que prefiere laborar en Colombia para ganar en pesos colombianos, que es una moneda más fuerte frente al bolívar”.

Millones de dólares han dejado de ingresar

Laidy Gomez
Laidy Gómez, gobernadora del estado Táchira (Fuente: Prensa Gobernación del Táchira)

A juicio de la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, “millones de dólares han dejado de ingresar al Fisco nacional y regional por tener las aduanas cerradas”, recursos que deberían “estar destinados a la vialidad, a la salud, a la educación, y no al bolsillo de intereses personales que permiten cualquier tipo de delito, como es el caso del contrabando por las trochas -caminos verdes para ir y venir entre ambos países de manera ilegal-”.

“No sólo los hechos de corrupción y violencia son notables en los municipios fronterizos del Táchira a raíz de la decisión de cierre del gobierno de Nicolás Maduro, sino que además ha impedido el ingreso de la ayuda humanitaria que tanto necesitan y esperan los venezolanos, obstruyendo la calidad de vida de los ciudadanos”, sentenció Gómez en rueda de prensa el pasado 19 de agosto.

Un hervidero de gente

La que por años fuera llamada la frontera más dinámica de América Latina sigue cerrada para el paso de vehículos y para el intercambio comercial, pero muy activa para los venezolanos que, como peatones, van y vienen como hormigas cargados de provisiones.

La avenida Venezuela, en San Antonio del Táchira, es un trayecto de dos kilómetros que conduce a Colombia, que se ha convertido en estos cuatro años en un hervidero de gente.

Diariamente hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores caminan entre esta localidad -distante de Caracas aproximadamente en 842 kilómetros-, cruzan el estrecho puente internacional Simón Bolívar de dos canales de circulación hasta llegar a La Parada, en Colombia, el primer puerto terrestre que recibe a los venezolanos.

El movimiento diario de personas entre San Antonio del Táchira y La Parada, en Colombia, no cesa. Miles van y vienen, otros se van del país.
El movimiento diario de personas entre San Antonio del Táchira y La Parada, en Colombia, no cesa. Miles van y vienen, otros se van del país.

Buscan alimentos, medicinas, repuestos para vehículos y para electrodomésticos; neumáticos, insumos para el sector agrícola, entre un largo etcétera. Antes del cierre, el venezolano, y con mayor incidencia el tachirense, viajaba a Cúcuta para comprar calzado y textiles, aprovechando ventajas cambiarias, o iba de paseo. El valor del bolívar era muy alto ante el peso colombiano y la distancia aproximada de 60 kilómetros entre San Cristóbal y La Parada, recorridos en aproximadamente una hora, lo permitían. Incluso muchos cruzaban la frontera los fines de semana para divertirse en discotecas y clubes nocturnos del lado colombiano. Eran otras prioridades.

Datos aportados por el Diario La Opinión, en Cúcuta, revelan que la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) muestra que con la avalancha de venezolanos, la demanda de alimentos y productos de aseo aumentó 40% en las grandes cadenas de supermercados en el área metropolitana de Cúcuta. Y en productos como el papel higiénico y la harina PAN, la demanda subió un 600%.

William Gómez, alcalde del municipio Bolívar.
William Gómez, alcalde del municipio Bolívar.

El alcalde del municipio Bolívar, William Gómez, declaró que el Gobierno nacional giró instrucciones a las autoridades de control aduanero, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y todos los entes destacados en la aduana para permitir la flexibilización de ingreso de alimentos al país sin necesidad de detener a las personas, ni decomisar los productos, siempre que sean para el consumo familiar.

“El bloqueo económico impuesto por Estados Unidos le dificulta al Estado la compra de alimentos o suplir los productos de primera necesidad en nuestro territorio”, señala. Sabe que hay escasez de muchos rubros.

A sus 38 años de edad, el militante activo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se enfrenta al reto de mantener en orden el municipio que regenta desde hace 18 meses donde el cierre de la frontera durante 48 meses, más de 1.470 días, mantiene a este territorio en metamorfosis constante.

Según sus cuentas, entre 47 mil y 50 mil personas llegaron desplazadas desde todas las regiones del país a la tierra que vio pasar al Libertador Simón Bolívar en su Campaña Admirable y al tachirense Cipriano Castro, rumbo a Caracas, con la Campaña Liberal Restauradora.

“Estas personas se mantienen en tránsito en esta ciudad fronteriza venidas de Caracas, Barcelona, Lara, Zulia… es una mezcla de acentos y costumbres que están aquí. Llegaron a trabajar de manera formal o informal -estima que más de 7 mil se dedican a la economía informal a lo largo de la avenida Venezuela, el terminal y mercado- o en La Parada. Están allá -Colombia- y aquí -Venezuela-”.

Ellos se unen a los 66 mil residentes que, según censo municipal, habitan en los 200 kilómetros cuadrados. Un aumento considerable que alteró la cotidianidad de los vecinos del casco central de la ciudad y, además del comercio informal, genera más basura en las calles, problemas de salubridad pública -que no han sido superados-, colapso de servicios.

Pero hay más gente. Los fines de semana, específicamente jueves, viernes y sábado, otras 40 mil personas pueden caminar en un solo día por estas tierras para ir a Cúcuta o La Parada. De domingo a jueves son unas 15 mil personas diarias pasando. No todos se van del país, la mayoría va a la tierra de Francisco de Paula Santander, oriundo del municipio vecino, Villa del Rosario, capital La Parada, a comprar. Otros acuden a los centros de salud en busca de atención médica que están dispuestos en el área de Migración Colombia o en los hospitales. Muchas embarazadas llegan a dar a luz y se estima que son más de 25 mil. Sus hijos ahora serán nacionalizados, anuncio hecho recientemente por el presidente colombiano Iván Duque. Todos ellos no tenían nacionalidad.

Miles de hombres y mujeres cruzan las aguas del río Táchira a cobrar remesas enviadas por sus parientes a la agencia internacional Western Union, que se ha visto obligada a abrir más agencias para atender la altísima demanda de clientes.

“Eso indica que en un día pueden coincidir en San Antonio hasta 150 mil ciudadanos”, asegura el alcalde. Mucha gente.

Reconoce la crisis nacional y los males locales. Ve necesario reactivar las casas de cambio -que Nicolás Maduro prometió reabrir y no lo ha hecho-, que el Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez esté operativo, que la Zona Económica Especial creada por decreto presidencial en 2014 se concrete para que el comercio se active. “Que el venezolano en vez de cruzar la frontera para ir a Colombia, compre en San Antonio…”, expresa.

Arrecian los controles migratorios

Las autoridades de Migración Colombia ante la avalancha de millones de personas a su espacio territorial exigen a los venezolanos, desde el 1ro. de mayo de 2017, el Carnet de Movilidad Fronteriza o el pasaporte sellado para poder ingresar a su territorio. El carnet se expide por la página de Migración, se imprime, se lamina y listo. A lo largo de la avenida Venezuela se tramita en espacios públicos sin problema. Este documento permite al venezolano viajar hasta Cúcuta.

Desde agosto pasado las autoridades venezolanas implementaron esta modalidad a los ciudadanos colombianos. Es el Carnet de Movilidad para controlar el ingreso al territorio nacional. Sólo pueden movilizarse por zonas de San Antonio y Ureña. La recién creada Policía Nacional Migratoria, adscrita a la Policía Nacional Bolivariana, lleva este control.

Quienes no poseen estos documentos, cruzan las aguas del río Táchira por las más de 70 trochas o caminos verdes que se asegura existen entre ambas naciones, que muchos llaman hermanas por la historia y muchos nexos que las unen. Senderos que entre el 24 de febrero y 7 de junio de este año permitieron ir y venir a millones de personas, quienes pagaron peaje impuesto por grupos irregulares, a la vista del Gobierno nacional.

Son territorios donde reina la inseguridad. Controlados por grupos paramilitares -creados en Colombia para defenderse de las acciones de la guerrilla, integrados por ciudadanos civiles-, desplazados hacia la línea fronteriza donde se registran constantes enfrentamientos para dominar los espacios.  También hay presencia de grupos guerrilleros, disidentes de estas organizaciones delictivas y el hampa común.

La presencia militar es destacable. Decenas de hombres y mujeres, distribuidos en puntos de control.

En el Puente Internacional Simón Bolívar permanecen los contenedores colocados para impedir la entrada de ayuda humanitaria, desde enero de 2019.
En el Puente Internacional Simón Bolívar permanecen los contenedores colocados para impedir la entrada de ayuda humanitaria, desde enero de 2019.

Este año 2019, en el Puente Internacional Simón Bolívar se han registrado al menos cinco balaceras. Cinco personas han sido asesinadas. Por el puente paralelo, Francisco de Paula Santander, en Ureña, también se han reportado incidentes con armas de fuego. Las autoridades colombianas sostienen que son enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Freddy Bernal, designado por el Gobierno nacional como protector del estado Táchira, a mediados de agosto pasado hizo público en un video que la zona de frontera tachirense “nunca será territorio paramilitar (…) Queremos decirle a Venezuela que el Táchira, en particular San Antonio y Ureña, no será nunca un territorio paramilitar… no será nunca un territorio para un ataque norteamericano. Esto es y será un territorio de paz”. 

Pero en la zona se registran decapitaciones, mutilaciones, desmembramientos y degollamientos que siembran el miedo entre los lugareños.

Ha reinado la impunidad

El ex diputado tachirense a la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, insiste en que el cierre de la frontera es el hecho de mayor impunidad nacional e internacional.

Tiene argumentos de peso. En octubre de 2015 consignó ante la Fiscalía del Ministerio Público en el Táchira una denuncia contra el presidente Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad, que fue elevada al Ministerio Público a nivel nacional, ente que desestimó todos los argumentos y envió el caso a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en octubre de 2016 cerró la investigación. Se presentó en 165 páginas, 135 leds de fuentes documentales y 12 promociones de investigación. 

En enero de 2016 la denuncia fue consignada en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en La Haya.

“Fue y es un cierre ilegal y arbitrario de la frontera de Venezuela con Colombia, ordenado casi a la medianoche del 19 de agosto de 2015 por Nicolás Maduro mediante una instrucción verbal, a través del programa “Con el mazo dando”, que se hizo efectiva en la madrugada del 20 de agosto. Es un hecho que se convirtió en una gran impunidad nacional e internacional”, dijo Márquez.

Recordó que durante el inicio del cierre de frontera fueron víctimas de deportaciones forzosas, desplazamientos y destrucción de sus viviendas más de 22 mil 200 personas en el barrio La Invasión y el sector Mi Pequeña Barinas, en San Antonio del Táchira, de acuerdo con informes de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), y del Registro Único de Damnificados (RUT), en Colombia.

Indicó que en 2017 se hizo la denuncia en Colombia, y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia también cerró esta investigación alegando que Nicolás Maduro tenía inmunidad y privilegios como jefe de Estado, “cuando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional prohíbe este tipo de privilegios para quien cometa crímenes de lesa humanidad”.

“Por su parte la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, de manera negligente e irresponsable también desestimó los argumentos, por lo tanto un hecho que es público, notorio y comunicacional de las deportaciones forzosas, como lo estableció una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, se convirtió en una gran impunidad nacional e internacional, por lo que al cumplirse estos cuatro años estamos exigiendo justicia y la reapertura de la frontera”, expresó.

Walter Márquez sigue en su lucha. Junto a todo un equipo de académicos y expertos -en su mayoría tachirenses han reforzado la denuncia ante la CPI-. Recordó que enviaron una comunicación a nombre de Alianza Fronteriza, organismo bajo su coordinación, y junto con Leonardo Méndez, de Fronteras Abiertas del Norte de Santander, solicitaron tanto a Luis Almagro, secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), como a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que intervengan para investigar los crímenes de lesa humanidad y violaciones de Derechos Humanos ocurridos durante el cierre de frontera, la impunidad de instancias nacionales e internacionales sobre el caso, y que exijan la reapertura definitiva del paso por los cuatro puentes internacionales que hay en el Táchira en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, García de Hevia y Rafael Urdaneta.

“También los Comité de Víctimas de Deportaciones Forzosas están exigiendo que se haga justicia”, señaló.

Rumores de cierre por parte de Colombia

Hace varias semanas se hizo público por los medios de comunicación colombianos la noticia emitida por el parlamentario de ese país, Alejandro Chacón, que propone e insiste en que Colombia “debe cerrar la frontera con Venezuela”.

La propuesta genera angustia y preocupación. Muchos la rechazan, entre ellos el presidente colombiano Iván Duque, quien por medio de Migración Colombia informó que esto aumentaría el tránsito por las trochas -caminos verdes entre ambas naciones-. También el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, declaró al Diario La Opinión que esto “generaría que las bandas cobraran otra vez por el paso de alimentos y de personas”. Finalmente, directivos de Fenalco consideran que “afectaría la economía de empresas regionales y nacionales”.


Cronología de un cierre

Agosto 2015

19/ Cuatro efectivos militares heridos en operativo anti contrabando en San Antonio del Táchira. Presidente Maduro ordena cierre.

20/ Gobierno Nacional ordena cierre de la frontera por 72 horas.

21/ Gobierno decreta estado de excepción por 60 días en seis municipios de frontera.

22/ Hay deportación de colombianos detenidos en barrio La Invasión y Mi Pequeña Barinas.

22/23/24/ Miles de colombianos huyen a Colombia al cruzar el cauce del río Táchira. Los invade el miedo. Represión del Gobierno nacional. Autoridades alegan medidas de seguridad nacional.

26/ Cancilleres de ambos países se reúnen. No hay acuerdo. Frontera sigue cerrada.

Septiembre 2015

04/ Se permite el paso para tachirenses que estudian en Cúcuta y Villa del Rosario.

Octubre 2015

20/ Nicolás Maduro prorroga el Estado de Excepción por 60 días más. Decreto No. 40.760.

Febrero 2016

27/ Se permite, entre la 1:00 y 6:00 de la tarde, el paso de vehículos de carga pesada represados de uno y otro lado del puente. Acuerdo binacional. Paso autorizado para enfermos y para comprar medicamentos.

Julio 2016

05/ Avalancha de mujeres vestidas de blanco, organizadas en Ureña, cruzan a la fuerza el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Van en busca de alimentos y medicinas. Militares a un lado.

Agosto 2016

11/ Los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos acuerdan abrir la frontera de manera ordenada, controlada y gradual.

12/ Miles de personas cruzan los puentes internacionales. Van en busca de alimentos y medicinas. Paso peatonal entre las 9:00am y 6:00pm. Se permite el paso de mercancía en vehículos de carga en horas de la noche.

Diciembre 2016

13/Gobierno de Nicolás Maduro ordena, otra vez, cerrar la frontera. Estima se fugan más de 300 mil millones de bolívares en billetes de 100 bolívares. La frontera permanece cerrada hasta el 2 de enero de 2017. Brasil se suma: No hay paso.

Enero 2017

2/ Se abre la frontera. Gobierno de Nicolás Maduro lo permite.

Febrero 2017

16/ Colombia aprueba solicitar a venezolanos la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) expedida por Migración Colombia. Entra en vigencia en mayo próximo.

Mayo 2017

1/ Colombia exige la TMF a todos los venezolanos para cruzar puentes internacionales.

Febrero 2018

8/ Juan Manuel Santos informa que Colombia deja de emitir la TMF. Miles de personas van y vienen por la zona de frontera. Buscan alimentos y medicinas.

Julio 2018

12/ Autoridades colombianas descubren más de 21 mil tarjetas de movilidad falsas durante nuevos controles.

13/ Colombia implementa nuevo sistema de verificación de las tarjetas fronterizas en los pasos internacionales.

Febrero 2019

22/ La administración de Nicolás Maduro ordena el cierre de la frontera ante anuncios de líderes de la oposición de ingreso de ayuda humanitaria por el estado Táchira.

23/ Líderes de la oposición, dirigidos por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, intentan el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.  Gandolas son quemadas. Tensión binacional. Gobierno nacional coloca contenedores en los puentes internacionales para impedir paso de vehículos.

25/ Las trochas, pasos peatonales no autorizados por zonas boscosas cruzando el cauce del río Táchira, abren camino a miles de venezolanos. Se convierten en el nuevo paso obligado para ir y venir de Colombia. Venezolanos compran alimentos, medicinas, neumáticos,… Paramilitares o hampa común exigen pesos a peatones para poder cruzar.

Mayo 2019

3/ Balacera en inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar. Pánico entre miles de personas que cruzan el río Táchira por las trochas.

Junio 2019

7/ Nicolás Maduro anuncia que el paso peatonal fronterizo con Colombia es abierto nuevamente. Miles de personas buscan comida, repuestos, medicinas. Las trochas están solas.

17/ Venezuela activa el Carnet de Movilidad Fronteriza. Lo exige a colombianos a quienes se les permite movilizarse hasta municipios Bolívar y Pedro María Ureña. 

Agosto 2019           

1/Terminal de San Antonio del Táchira recibe a miles de personas venidas de muchas regiones del país. Su capacidad operativa se ha visto saturada. Colapsan sus instalaciones. Autoridades locales lo ubican en primer lugar a nivel nacional.

27/ Miles de personas van y vienen al departamento Norte de Santander en busca de alimentos, medicinas, y muchos otros artículos necesarios ante la escasez en Venezuela. El paso de vehículos sigue cerrado.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.

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