El vicepresidente económico de las autoridades interinas de Venezuela ha declarado que el análisis de sostenibilidad de la deuda («DSA», por sus siglas en inglés) que Centerview Partners está preparando considerará los efectos económicos del reciente terremoto. El punto clave es que las autoridades interinas parecen seguir con el calendario para iniciar una reestructuración de la deuda, que algunos informes sugieren podría completarse para noviembre de 2026.
El DSA es uno de los principales cuellos de botella en la reestructuración de la deuda venezolana. Un DSA está en el centro de cualquier reestructuración: evalúa cuánta deuda puede sostener una economía y determina la cantidad de alivio de deuda necesario para restaurar la sostenibilidad. Desde una perspectiva económica, la DSA define el marco de la reestructuración; desde una perspectiva legal, define el objeto de la renegociación.
El proceso de renegociación suele comenzar con la DSA porque los Gobiernos y los acreedores tienen intereses en conflicto. Los Gobiernos tienden a favorecer estimaciones más altas de alivio de la deuda, invocando supuestos más conservadores sobre el crecimiento del producto interno bruto (PIB), mientras que los acreedores buscan minimizar el alivio, basándose en previsiones más optimistas
Dado que un DSA depende de datos macroeconómicos, datos más transparentes y precisos reducen la asimetría de información. Por el contrario, en ausencia de datos macroeconómicos fiables, la negociación se encontrará con un obstáculo al principio: el acuerdo sobre la línea base del PIB, entre otros elementos del marco macroeconómico.
En consecuencia, el DSA puede facilitar u obstaculizar una reestructuración, dependiendo de (i) el grado en que el Gobierno y los acreedores se alineen con las estimaciones de deuda sostenible y (ii) de su dependencia de datos macroeconómicos precisos. Dado que esos objetivos son difíciles de alcanzar, una reestructuración puede facilitarse mediante un DSA bien fundamentado. Este es uno de los roles clave del Fondo Monetario Internacional (el «FMI» o el «Fondo»): proporcionar no solo asistencia técnica, sino también la credibilidad que promueve una mayor simetría de información.
Venezuela enfrenta un riesgo agudo de asimetría informativa que podría obstaculizar la renegociación desde etapas muy tempranas. El Gobierno de Venezuela y sus acreedores pueden tener dificultades para ponerse de acuerdo en torno a una estimación común del crecimiento del PIB, por citar solo un componente del marco macroeconómico. En estas circunstancias, como ha concluido recientemente Lee Buchheit, «lo que puede presentarse como una DSA será en realidad un conjunto de números fabricados que parece apoyar alguna forma de reestructuración de bonos.»
Por tanto, el DSA da lugar a un compromiso. Si el objetivo es cerrar una operación anticipada para noviembre, el análisis económico probablemente será cuestionado, debido a la fragilidad institucional del Gobierno de Venezuela en la elaboración de datos macroeconómicos precisos y a la ausencia de un ancla del FMI. Si el objetivo es construir un DSA creíble, la reestructuración podría durar más de 12 meses.
Así, un análisis creíble requerirá reconstruir la capacidad estadística del Gobierno y retomar las operaciones ordinarias con el Fondo. Un DSA también debería incluir una estimación justa de la deuda no financiera, como reclamaciones por incumplimiento de contratos y expropiaciones — una tarea que requeriría un proceso de reconciliación que podría durar meses.
La elección, por tanto, parece estar entre dos opciones: una reestructuración acelerada, limitada a los bonos internacionales de la República, PDVSA y Elecar, basada en un DSA disputado; o un DSA creíble que forme parte de una reestructuración más amplia y, por ende, más dilatada en el tiempo.
El riesgo principal es que, incluso si el Gobierno cierra una reestructuración expedita de los bonos, el resultado no restaurará ni la sostenibilidad de la deuda ni el acceso al mercado, especialmente dado el stock de deuda pendiente y la inestabilidad política vigente.
¿Cómo se podría mitigar ese riesgo? Una opción es abandonar el proceso acelerado y, en su lugar, emprender un DSA creíble y completo respaldado por datos macroeconómicos fiables y un ancla independiente. Si se elige un proceso acelerado, el riesgo podría reducirse al aumentar la credibilidad del DSA preparado por las autoridades interinas.
Tres medidas podrían ayudar en ese sentido. En primer lugar, la gobernanza de las autoridades interinas debe fortalecerse —especialmente dentro del Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Economía y Finanzas y Petróleos de Venezuela, S.A. («PDVSA») — para reforzar su capacidad técnica y su autonomía. En segundo lugar, el DSA debería basarse en un proceso de consulta abierto que involucre a las principales instituciones académicas del país. En tercer lugar, la legitimidad democrática de la DSA, y del proceso en su conjunto, debe reforzarse.
La reestructuración de la deuda venezolana ha sido considerada durante mucho tiempo uno de los desafíos más difíciles en materia de deuda soberana. Proceder sin un DSA creíble solo dificultaría ese desafío y podría poner en peligro la legitimidad, la sostenibilidad y la aceptación de la reestructuración por parte del mercado.