Celebrar elecciones creíbles en Venezuela requiere mucho más que la sustitución de algunos de los rectores que actualmente se encuentran en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque uno de los pasos esenciales para que existan comicios competitivos pasa por la renovación de la autoridad electoral, estos cambios serán insuficientes sino se garantiza la sustancial modificación de la estructura técnica e institucional que ha permitido desconocer la voluntad popular en el pasado.
Adicionalmente debe advertirse que al día de hoy no existe un diagnóstico organizacional del CNE. Se desconoce cuántos trabajadores activos tiene y especialmente si las principales unidades técnicas del organismo (automatización, informativa, Registro Electoral, partidos políticos, etc.) con personal suficiente y capacitado para afrontar la organización de una elección competitiva.
Las exigencias técnicas y políticas para que las elecciones sean competitivas y sus resultados creíbles se pueden agrupar en 10 bloques, siguiendo las recomendaciones que fueron discutidas y aprobadas en la comisión especial de la Asamblea Nacional (AN) que hace seguimiento al tema electoral.
“Una elección competitiva requiere que una nueva institucionalidad permita la participación de los partidos y políticos inhabilitados, perseguidos o apresados”
El punto inicial para garantizar elecciones competitivas y creíbles es garantizar el arbitraje electoral e institucional imparcial. Para concretar este punto (del que depende la mayoría de las exigencias técnicas y políticas) se deben reinstitucionalizar los poderes públicos. Este proceso incluye a los ocho rectores del CNE, pero también es necesario lograr que exista un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) independiente; y un Poder Ciudadano (Fiscalía General, Defensoría del Pueblo y Contraloría General) imparcial.
Esto significa que no sólo se trata de escoger nuevos rectores. Garantizar un arbitraje institucional imparcial requiere cambios profundos en otros poderes públicos.
En el caso específico del CNE la designación de nuevos rectores debe dar paso a una nueva conformación de los órganos subordinados y los organismos subalternos dentro del CNE; así como las Oficinas Regionales y los funcionarios dentro del órgano electoral, determinando detalladamente sus funciones y competencias.
Fechas y cronogramas electorales creíbles
Un nuevo CNE debe garantizar que la convocatoria de las elecciones y la fecha se definan con suficiente anterioridad al evento electoral de acuerdo con la Ley; que se construya y publique un cronograma detallado que sea respetado con exactitud y que los lapsos para las actividades técnicas y logísticas para las postulaciones y la campaña, permitan el desarrollo de un proceso equilibrado.
Aunque la legislación actual no contempla un lapso mínimo para la convocatoria de un evento electoral, pues en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) se suprimió el tiempo de seis meses que contemplaba la anterior Ley del Sufragio, a partir de la convocatoria se requieren en términos técnicos y legales, como mínimo, entre 5 y 6 meses para organizar una elección basado en 4 elementos fundamentales:
- El respeto a los lapsos legales existentes para las actividades pre-electorales, electorales y post-electorales.
- El respeto a la garantía constitucional de no modificación de la Ley Electoral 6 meses antes del evento.
- El respeto a la tradición electoral venezolana.
Son muy pocas las excepciones a cronogramas electorales con menos de 5 meses de duración: Presidenciales 2013 y los referendos de 2004, 2007 y 2009, regionales 2017 y presidencial 2018 son buenos ejemplos de la manipulación de los lapsos.
Garantizar observación nacional e internacional técnica e independiente
Cualquier evento electoral en Venezuela para que tenga resultados creíbles necesita de la presencia de varias Misiones Internacionales Permanentes de Observación Electoral, desde la convocatoria hasta la proclamación de las autoridades electas, que se involucren en todas las etapas del proceso electoral y participen en las auditorías al sistema automatizado de votación. A este respecto, resulta urgente devolver la pluralidad en la conformación de estas misiones, revirtiendo la figura de “acompañantes” por la de “observadores” y publicando con suficiente antelación la información de quiénes integrarán estas delegaciones.
La diferencia fundamental es que los acompañantes (figura que el chavismo utiliza desde 2005) no tienen verdadero acceso a la verificación de todas las etapas que forman parte del proceso electoral, se instalan con poca anticipación, y tienen prohibido hacer pronunciamientos públicos sin autorización. Consiste, más bien, en una presencia política simbólica y no en una evaluación sistemática, como corresponde a los observadores.
Asimismo, también es necesario permitir garantías suficientes para el ejercicio de la Observación Nacional, lo cual implica la aprobación de las organizaciones que realizan estas tareas, garantizar que puedan presenciar con libertad todos los actos pre-electorales, electorales y post-electorales.
Campaña Equitativa
Una campaña sin ventajismo oficial implica que CNE, TSJ y la Contraloría General de la República toman decisiones imparciales, y se anulan disposiciones legales como la aprobada en 2018 por parte del TSJ que legaliza el uso de recursos públicos durante la campaña.
“Un nuevo CNE debe garantizar que la convocatoria de las elecciones y la fecha se definan con suficiente anterioridad al evento electoral de acuerdo con la Ley”
Todos los poderes reinstitucionalizados deben garantizar el acceso equitativo de los candidatos a los medios de comunicación; la prohibición de cadenas de radio y televisión para hacer campaña electoral; la prohibición del uso de recursos del Estado para la campaña; y la definición de espacios gratuitos en los medios de comunicación del Estado para que los ciudadanos conozcan las opciones electorales en contienda, y puedan formar preferencias electorales con libre acceso a la información.
Esta garantía también implica promover una campaña institucional seria por parte del CNE que promueva la participación, que explique y detalle el secreto del voto, las funciones de los miembros de mesa y las garantías a la libertad y justicia electoral en el centro de votación. Debe garantizarse adicionalmente un estricto seguimiento a las fuentes de financiamiento de líderes y partidos políticos, que contribuyan a desarrollar condiciones de transparencia y confianza ante los electores.
Reinstalar y auditar el sistema automatizado
Desde que Smartmatic abandonó el país en 2017 denunciando la alteración de los boletines de totalización de resultados, no existe certeza sobre los cambios que el CNE (especialmente el rector Carlos Quintero) y la empresa argentina Ex-Clé, S. A. realizaron en el sistema automatizado.
La única forma en que los resultados sean creíbles pasa por que todos los programas de escrutinio, transmisión y totalización de resultados sean reinstalados de paquete (desde cero), y posteriormente sean auditados por los equipos técnicos de los partidos políticos y observadores internacionales.
Las auditorias que se realicen a todo el sistema deben incluir revisiones amplias antes, durante y después de la elección. Estas revisiones amplias implican un chequeo exhaustivo a todos los componentes de las máquinas de votación, el sistema de totalización, el sistema de transmisión y el Registro Electoral; incluyendo la información de las huellas dactilares, con protocolos acordados y claramente establecidos, en presencia de la observación nacional e internacional y los testigos técnicos de las organizaciones postulantes; quienes deben tener acceso absoluto a toda la información del sistema electoral automatizado, con suficiente tiempo y espacio, para el ejercicio profesional de la tarea de certificación técnica de los procesos.
Actualización del Registro Electoral y catastro electoral
Un nuevo CNE debe abocarse a la actualización e inscripción de nuevos electores dentro y fuera de Venezuela. De acuerdo con proyecciones poblacionales conservadoras se estima en más de 2 millones la cantidad de jóvenes que cumplieron 18 años y no han tenido la oportunidad de inscribirse en el Registro Electoral.
Diversas fuentes nacionales e internacionales calculan que al menos 3 millones de venezolanos en edad de votar se encuentran en el extranjero. Por lo tanto se deben habilitar los mecanismos para su inscripción o actualización en el Registro Electoral, sólo con la presentación de su cédula de identidad aún vencida, como establece la Ley, eliminando además el requisito de demostrar residencia en el país en donde se encuentra el elector.
En el caso concreto de Venezuela es necesario establecer un plazo prudencial para la realización de operativos especiales de inscripción y actualización de los datos de electores, dentro y fuera del país, que implicaría durante al menos un (1) mes incluyendo los fines de semana: 1) La habilitación de más de 2.500 puntos de inscripción y actualización en Venezuela; y 2) La habilitación de sedes consulares accidentales con personal consular accidental voluntario (conformados por ciudadanos venezolanos) en las ciudades más importantes del mundo que aglutinen la mayor concentración de la diáspora.
“Un nuevo CNE debe abocarse a la actualización e inscripción de nuevos electores dentro y fuera de Venezuela”
Esta garantía también implica una revisión exhaustiva de los centros de votación creados por el CNE a partir de 2015, para verificar que no obedezcan a criterios o parcialidades políticas y que se cumpla con los requisitos que establece la LOPRE y la tradición electoral para la definición de Centros de Votación que le de confianza a los ciudadanos.
Otras garantías necesarias pasan por definir mecanismos que garanticen realmente que el día de la elección se encuentren en los centros de votación miembros de mesa independientes, tener garantía de la presencia de testigos y observadores en todos los actos; y especialmente que los efectivos del Plan República se limiten a las actividades de guarda y custodia de los centros de votación, sin atribuciones ni injerencia en ninguna de las actividades asociadas a la realización del proceso electoral, ya que todos los actos son estrictamente civiles de acuerdo con la Constitución y la Ley.
Por último, pero no menos importante, se debe recordar que desde 2015 el régimen de Nicolás Maduro disminuyó al mínimo la pluralidad política en Venezuela, ilegalizando a los partidos políticos opositores más votados del país incluyendo a sus principales líderes. Una elección competitiva requiere que una nueva institucionalidad permita la participación de los partidos y políticos inhabilitados, perseguidos o apresados.