La administración de Nicolás Maduro desde 2017 no informa el gasto anual de los entes oficiales ni el endeudamiento. Los créditos adicionales los autoriza sin el aval de la Asamblea Nacional, lo que incrementa la opacidad en la información.
Antes de cada 15 de octubre, el Gobierno tiene que entregar las leyes anuales de presupuesto y de endeudamiento ante la Asamblea Nacional (AN), pero desde hace tres años Nicolás Maduro se salta ese paso y la información del gasto público y de la deuda es desconocida por los venezolanos.
Desde que la oposición asumió la mayoría del Parlamento en enero de 2016, el Ejecutivo decidió ignorar su control. Mediante leyes habilitantes Maduro le limitó a los diputados las designaciones al directorio del Banco Central de Venezuela (BCV) y luego, con los decretos de Emergencia Económica, les impidió a los legisladores la revisión del presupuesto, el aumento de la deuda y los créditos adicionales.
La primera omisión ocurrió en octubre de 2016. Para esa fecha Maduro decidió entregar el gasto de 2017 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo el argumento de que el Parlamento desde que comenzó sus funciones estaba en “desacato” al haber incorporado a los diputados del estado Amazonas, entidad donde el oficialismo cuestionó la elección, sin mayores precisiones.
El Gobierno en una Gaceta Oficial notificó que las leyes serían publicadas en una Gaceta Extraordinaria, la cual no circuló. Las autoridades sólo indicaron que la asignación sería de 8,1 billones de bolívares, cifra que con la reconversión monetaria de 2018 hoy equivalen a 81 millones de bolívares.
En las gacetas oficiales del Ejercicio apenas se notificaron los créditos adicionales que el mandatario aprobó sin la fiscalización de la AN. Esas operaciones fueron seis veces más elevadas que el presupuesto inicial.
En los años siguientes la historia se repitió con la incorporación de un nuevo actor: La cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el suprapoder paralelo al Parlamento.
El Ejecutivo nacional presentó las leyes de presupuesto de 2018 y 2019 ante la ANC y, a la fecha, la información de los fondos para salarios, regiones y ministerios sólo la conoce la cúpula de este cuerpo.
“Desde que la oposición asumió la mayoría del Parlamento en enero de 2016, el Ejecutivo decidió ignorar su control”
Con respecto al gasto de 2018 las autoridades dijeron que alcanzaba a 36 billones de bolívares -3,6 millardos bajo la reconversión monetaria- sin dar mayores detalles. En el ejercicio de ese año Maduro aprobó créditos adicionales por más de 250 millardos de bolívares a la par de tres elecciones.
Las autoridades tampoco dieron precisiones del endeudamiento, aunque en el transcurso de 2018 la administración de Maduro emitió deuda adicional por más de 500 millardos de bolívares, papeles que se colocaron en el mercado interno debido a que hay restricciones para el financiamiento internacional por las sanciones de Estados Unidos.
Del Presupuesto de 2019 los voceros apenas dijeron que era de 1,5 billones de bolívares. A diferencia del período pasado, este año se han aprobado menos créditos adicionales que, por ahora, ascienden a 770 millardos de bolívares. La restricción del gasto no sólo responde al menor flujo de ingresos, sino también a la política de regulación de la liquidez para disminuir las presiones en el mercado cambiario.
En días pasados el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, y el vicepresidente y ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, entregaron el Presupuesto de 2020 a la ANC, por lo cual la información de los ingresos y egresos apunta nuevamente a estar oculta y sin control.
Tras tres años sin divulgarse las premisas que rigen las asignaciones, sólo se sabe que PDVSA para definir su gasto del próximo año contempla una producción de 1,2 millones de barriles, el doble de lo que actualmente extrae (unos 650.000 barriles diarios), y adicionalmente, contempla un barril promedio en 60 dólares, un tipo de cambio de 30.000 bolívares, y una inflación de 3.000%, según reseñó Reuters.