Hasta el jueves 26 de marzo del 2020, a la opinión pública venezolana poco le importaban las decisiones del secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr. Pero la acusación que levantó este Fiscal General en materia de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y otros 13 funcionarios ligados a su régimen, ha cambiado diametralmente esta situación. Barr le ofreció 15 millones de dólares a quien contribuya con la captura del sucesor de Hugo Chávez porque, en palabras del máximo representante de la justicia estadounidense, Maduro buscó “inundar de cocaína los EE.UU.” y, para ello, se alió con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Lo que algunos califican como un golpe de timón de la administración de Donald Trump en sus planes por deponer el régimen de Maduro, no es más que una operación de la justicia independiente de EE.UU., un producto refinado de una investigación de 10 años. A la cabeza de este sistema de justicia está William Pelham Barr, el Fiscal General, quien tiene un extenso historial dentro de la inteligencia, el derecho y la aplicación extraterritorial de las leyes norteamericanas.
Un viejo conocido del sistema de justicia
La vida de Barr es la de un funcionario de carrera, formado al calor de la justicia estadounidense. Lo conocen por ser vertical contra la migración ilegal y un defensor a ultranza del orden. Algunos de sus detractores lo acusan por haber desestimado desde el inicio las acusaciones de supuesta obstrucción a la justicia que pesaban sobre el mandatario, lo que es llamativo por ser cercano a Trump. Otros más bien aseguran que es cercano al poder de la Casa Blanca, y hay quienes prefieren decir que es republicano hasta los tuétanos. Barr, quien fue nombrado Fiscal General el pasado 14 de febrero del 2019, ya había ostentado este cargo entre 1991 y 1993, cuando George H. W. Bush estaba en la presidencia.
“Es llamativo que el mismo abogado que llevó la batuta jurídica del caso Panamá hoy sea quien lidere las acusaciones a los jerarcas venezolanos”
Al ser hijo de dos académicos de la Universidad de Columbia, Barr aprendió a ser disciplinado en los estudios. Es licenciado en gobierno de la Universidad George Washington, tiene una maestría de Estudios Gubernamentales y Sinología, ambos de la Universidad de Columbia. Además, cursó estudios de doctorado en Derecho.
Al culminar su licenciatura, entró a trabajar en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde conocería a George H. W. Bush, quien para el momento era director de este organismo. Desde allí comenzó una amistad que lo catapultaría unos años más tarde. En la CIA, Barr se convirtió en un enlace entre el Congreso de la República y la Agencia. Los informes que levantaba desde su jefatura estaban orientados a explicar las políticas del régimen chino.
Luego de esta experiencia, tuvo una corta pasantía en la administración de Ronald Reagan, colaborando en el área de políticas de seguridad. En 1989 llegó su gran oportunidad. Con la elección de Bush padre se le abrieron las puertas de la justicia estadounidense. El sucesor de Reagan lo nombró director de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, una instancia que funciona para brindar orientación al Presidente y a las agencias ejecutivas. Su labor a cargo de esta misión cumplió con las expectativas de sus supervisores, tanto que un año después daría el gran salto al ser designado como Fiscal General adjunto de su país. Posteriormente, tras la renuncia del Secretario de Justicia del momento, Dick Thornburgh, Barr ascendió a la máxima magistratura del sistema de justicia norteamericano.
Los casos emblemáticos
Los casos que debió enfrentar Barr en su primer recorrido a cargo de la jefatura de justicia fueron realmente retadores. En lo que respecta a la gestión doméstica, a solo días de posicionarse, debió enfrentar la toma de la prisión federal de Talladega por parte de 121 cubanos que evitaban ser deportados y que capturaron a 9 rehenes dentro del recinto. El mismo Barr se puso al frente, junto al FBI, de la operación de rescate que terminó sin víctimas mortales.
Asimismo, en vísperas de mejorar el combate del crimen, Barr reasignó 300 agentes del FBI. Esta maniobra permitió fortalecer las labores de inteligencia sobre las pandillas delictivas en EE.UU.
El caso Noriega
Entre los episodios internacionales más emblemáticos destacan la Guerra del Golfo, la ocupación de Somalia y la invasión de Panamá. Este último caso merece un tratamiento aparte. Luego de que Estados Unidos acusara a Manuel Antonio Noriega de narcotráfico y le aplicara sanciones económicas para forzar su salida del poder, las tensiones entre ambos países alcanzaron un pico. Para 1989, el entonces Fiscal General, Dick Thornburgh, le solicitó a Barr, quien era fiscal adjunto, que redactara un memorando de opinión legal sobre la jurisprudencia de actuar en territorio panameño. El objetivo del escrito que preparó Barr era anular un dictamen de 1980, que señalaba que el FBI no tenía autoridad internacional para arrestar a una persona en otra nación, debido a que se requería la aprobación de las instituciones de dicho país.
“William Pelham Barr, el Fiscal General, tiene un extenso historial dentro de la inteligencia, el derecho y la aplicación extraterritorial de las leyes norteamericanas”
Barr anuló esta consideración con un escrito. Para 1990, se conoció de ese documento preparado por el entonces Fiscal General adjunto, el cual estipulaba lo siguiente: “Está bien establecido que ambos poderes políticos, el Congreso y el Ejecutivo tienen, dentro de sus respectivas esferas, la autoridad para anular el derecho internacional consuetudinario”. Este escrito sirvió de soporte legal de la llamada Operación Causa Justa, acción militar con la que EE.UU. ocupó Panamá y arrestó a Noriega. Luego de que el documento saliera a la luz pública, Barr debió comparecer ante el Congreso. Para ese momento, el funcionario de justicia se negó a presentar todos los detalles de aquel escrito, razón que causó controversia en la opinión pública y en algunos congresistas que calificaron la acción como una muestra de que el presidente Bush estaba por encima del derecho internacional.
Se ha especulado mucho sobre la similitud de la situación venezolana y la de Panamá en los tiempos de Noriega. Desde sesudos análisis hasta vagas interpretaciones se construyen para dilucidar el desenlace del régimen de Maduro. Es cierto que estamos en otros tiempos, y las invasiones lucen como hechos del pasado; pero es llamativo que el mismo abogado que llevó la batuta jurídica del caso Panamá hoy sea quien lidere las acusaciones a los jerarcas venezolanos.