Cada vez que sale un informe de una agencia especializada de Naciones Unidas surge un debate sobre la inutilidad del organismo, la parcialidad del funcionario responsable y la veracidad del contenido. En ningún área la situación es más sensible que en la de los Derechos Humanos. Es normal, estamos hablando de atropellos que un Estado comete contra sus propios ciudadanos y Naciones Unidas es una organización de Estados.
En Venezuela, la figura de Michelle Bachelet con frecuencia es estigmatizada, y la sociedad civil y las ONG que la componen añoran la época del príncipe Zeid Ra’ad Al Hussein, predecesor de la ex presidenta chilena.
Cualquier persona familiarizada con la metodología de Amnistía Internacional, sabe que su estrategia se basa en dos pilares fundamentales: Sacar al preso político de su anonimato y operar con países con los cuales se tenga poco o ningún contacto.
El Príncipe Al Hussein es miembro de la familia real del Reino de Jordania, los Hashem, y como descendiente directo del rey Faisal II, pretendiente al hipotético trono de Iraq. Su educación es británica y su carrera diplomática global.
Michelle Bachelet, como todos sabemos, sufrió junto a su familia la persecución directa de la dictadura de Augusto Pinochet y en este sentido tuvo una experiencia de vida muy propia de un latinoamericano víctima de una clásica dictadura militar tercermundista en un contexto de la Guerra Fría.
Son dos experiencias diametralmente opuestas que sin duda marcan el énfasis y los matices con los cuales ejercieron y ejercen el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, personalizar in extremis el valor del contenido de los informes que emanan de esta instancia no le hacen justicia a los equipos técnicos que las conforman, ni a la sociedad que se ve afectada por la violación masiva o sistemática de sus derechos fundamentales, que es de donde proviene el grueso de la información que sustentan dichos informes.
Anteriormente, la información que se tenía de sucesos de ese tipo provenía de sobrevivientes, militantes resistentes y la prensa, por supuesto.
Es conocido el caso del polaco Jan Karski, quién en 1942 dio las primeras noticias sobre los campos de exterminio en Polonia, así como de la insurrección del gueto de Varsovia. El mundo y sobre todo Roosevelt, no le creyeron.
No es desdeñable el rol que la prensa extranjera tuvo en darle visibilidad al genocidio en Timor Oriental o el asedio de Sarajevo, pero también es cierto que intelectuales como Sartre y más de un periodista, mintieron descaradamente sobre lo que sucedía dentro de la Unión Soviética y ayudaron a lavarle la cara a Stalin. Por experiencia sabemos que uno de los sentimientos más demoledores con el cual tienen que lidiar las personas despojadas de sus derechos básicos es la soledad. Es de celebrar entonces que el mundo cuente con una instancia que recoja sistemáticamente las violaciones de Derechos Humanos, que por lo demás servirán de base para cualquier forma de justicia post conflicto.