“Una monstruosidad jurídica”, así calificó el jurista Allan Brewer Carías a la “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos”, presentada este jueves 1º de octubre de 2020 por Nicolás Maduro “ante la inconstitucional y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, la cual, por supuesto, carece de poder alguno para sancionar leyes que solo corresponde sancionar a la Asamblea”.
A escasas horas de divulgado el nuevo “proyecto de ley”, el doctor Brewer Carías hizo circular un enjundioso documento donde afirma que “la supuesta ‘ley’, intenta formalizar una situación de ajuridicidad, de desjuridificación o de completa ausencia de derecho”.
-Esta “ley antibloqueo”, ¿tiene antecedente, en Venezuela o en el mundo? -le preguntamos, en breve entrevista telefónica.
-No tiene antecedente en la historia moderna. En el contexto nacional, es la más monstruosa, jurídicamente hablando, de todas las propuestas de decisiones que se han adoptado en Venezuela desde 1999. Y en el plano mundial, en situaciones de guerra, de hecho, es conocido que el derecho ordinario desaparece; y lo que queda de sociedad, queda bajo la autoridad militar, la cual en tiempos modernos está sujeta a reglas y límites del Derecho Internacional Humanitario. No hay antecedente alguno de que en tiempos de paz, un gobernante simplemente borre de un plumazo todo el orden jurídico (con esta figura de la “desaplicación”, que no existe sino puntualmente en la decisión de casos judiciales) y, además, pretenda hacerlo en secreto, contra toda regla de transparencia.
-¿No se hizo, ni siquiera, a la caída del bloque soviético?
-Con la reforma, después de Gorbachev y la caída de la Unión Soviética, tuvieron que desmantelar el Estado, que era todo. Y deben haber procedido a emitir varias leyes revirtiendo todo el proceso estatista, pero no creo que se haya hecho con una ley de una treintena de artículos, como los de este proyecto de Maduro.
-A ver si entiendo, -le pregunté- ¿esta “ley” pretende dejar sin efecto todas las otras leyes, incluida la Constitución?
-Sí, eso es lo que se pretende. Por supuesto, para los propósitos que persigue la ley proyectada, que es generar recursos, para lo cual se regula que el Estado puede disponer y negociar todos sus activos y empresas, la mayoría de las cuales fueron producto de nacionalizaciones. Por ello, a lo que conlleva la “ley” es a un proceso de desnacionalización general, es decir, de revertir al sector privado lo que antes fue nacionalizado.
-¿Y eso no se puede hacer?
-Sí. Claro que puede hacerse como política de Estado, pero mediante la reforma de las leyes que en su momento reservaron al Estado las actividades. Lo elemental es que las leyes se reforman por otras leyes. Lo que no puede ocurrir es que se “desapliquen” por actos ejecutivos y, menos, que se suspenda su vigencia en la forma general e indeterminada como se pretende en este proyecto. Pero ahora el Ejecutivo Nacional ha optado por proponer un marco “normativo” para regular la ausencia de derecho, en el cual se lo autoriza a tomar todo tipo de medidas, sin límites, siguiendo la misma conducta que sugiere el dicho popular, “como vaya viniendo, vamos viendo”.
Al preguntarle si la “ley”, que contempla la posibilidad de negociar con “agentes”, lo que anticipa es una maraña de testaferros que no darían la cara por lo riesgoso que es hacer negocios con Maduro, el doctor Brewer Carías dijo que no podía saber sobre esos “detalles” de la instrumentación del proyecto. “Si lees lo que escribió Rafael Ramírez sobre el proyecto, quizás allí encuentres la respuesta a esa pregunta”.
Experto en saqueo
Hice lo que me indicó Brewer. Busqué el artículo de Rafael Ramírez, titulado “La ley del saqueo”. Lo leí con interés. Sin duda, el autor es experto en la materia, puesto que, según la investigación de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, concluida en noviembre de 2016, el ex presidente de PDVSA malversó unos 11 mil millones de dólares, entre 2004 y 2014.
En su texto, posteado en su blog, el domingo 4 de octubre, Ramírez afirma que, con esa “ley”, Maduro lo que quiere es “PRIVATIZAR el sector público, incluyendo sectores estratégicos como el petróleo, a favor de sus operadores privados que, según Maduro, sabrán defender mejor que su gobierno, el patrimonio de los venezolanos”.
-Ya sabemos -sigue Ramírez, quien fuera ministro de Petróleo por más de una década y autor de la frase “PDVSA es roja, rojita”- que dichos activos irán a parar a manos de los “agentes” y la “burguesía revolucionaria” que, bajo el amparo de este gobierno, se han venido apropiando de facto de la economía estatal, activos y empresas.
Y destaca que, además, “esa entrega se producirá en el más absoluto SECRETO”. Para Ramírez, la “ley” tiene la marca de las sanciones y Maduro habría decidido “entregar el país a unos, ante la amenaza de otros”. Se refiere no solo a lo que queda de la industria petrolera, sino también los restos de “las empresas básicas, eléctricas, servicios, agua, transporte, agroindustrias, tierras”.
El pronunciamiento de Ramírez es largo y podría estar mejor escrito, pero atendiendo la instrucción del doctor Brewer Carías, lo leí hasta el final y, efectivamente, encontré la respuesta a la pregunta que, según el respetado jurista, daría Ramírez.
-maduro -lo escribe así, con minúscula- sabe que, haga lo que haga, no tendrá las inversiones de las transnacionales que quisiera, ni americanas, ni europeas. Nadie cree en su gobierno, saben que está actuando ilegalmente y que sus decisiones serán de corta duración. Por eso, busca aventureros, al capital más agresivo, el más rapaz, a sus “agentes” y operadores personales.
Se busca testaferros
De lo declarado por Brewer Carías y lo expuesto por el conocido multimillonario, Rafael Ramírez, se deduce que la “ley” es consecuencia de la certeza de Maduro y su régimen de que ninguna empresa internacional de cierta calidad o importancia, vendrá a trabajar y a invertir en un país donde el mandamás, en Consejo de Ministros, tiene el poder de derogar y “desaplicar” cualquier ley. En los negocios del siglo 21 no hay confidencialidad ni mucho menos secreto. Por otra parte, un secreto deja de serlo cuando lo saben dos. Eso quedó claro con los “Panama Papers” y las filtraciones que siguieron a aquel escándalo.
Está claro que la “ley” apunta a blanquear un matorral de contratos con empresas de tercero y cuarto nivel, de países aliados (que, de seguro, tampoco se arriesgarán si no les dan anticipos del 100% de la operación), así como con otros inversionistas: Los enchufadosque tienen miles de millones fuera de Venezuela, de los que traerán algo para tener un pequeño porcentaje de su cartera de inversiones en un país de altísimo riesgo. Esos contratos, supuestamente secretos serán firmados por una nueva categoría de actores económicos: Los testaferros de los testaferros de los testaferros, y así sucesivamente.
Maduro quiere curar la incertidumbre jurídica con una sobredosis de incertidumbre jurídica, para terminar de matar las pequeñas células de Estado de derecho que aún sobreviven.
En fin, este nuevo esperpento recuerda el Sacro Imperio Romano Germánico, del que Voltaire dijo que no era ni sagrado, ni imperio, ni romano ni germánico; es una “ley” que no es ley, mucho menos “ley constitucional”, aprobada por una asamblea que no es Asamblea Nacional. Es un acto de fuerza.