En la aldea
09 diciembre 2022

Francisco Rodríguez, economista con Doctorado en Harvard (1998). Fundador y Director de Oil for Venezuela (@oilforvenezuela). Catedrático visitante, Kellogg Institute for International Studies, @NotreDame.

Francisco Rodríguez:

“Apelar decisión del PDVSA 2020 es insistir en una estrategia errada, se debe negociar con los acreedores”

“Citgo no tiene que perderse, hay espacio para acordar una reestructuración de la deuda y así mantener la propiedad de la compañía”, el economista Francisco Rodríguez en abierta conversación con La Gran Aldea sostiene que todavía hay tiempo para negociar con los bonistas y salvar la garantía del colateral. “Los juicios que amenazan directamente a Citgo son tres: Bono PDVSA 2020, Crystallex y ConocoPhilips” y ratifica que hace falta una “estrategia prudente” de parte del Gobierno interino, donde hasta el “lenguaje se debe revisar” en el trato con los acreedores.

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Alejandro Hernández | 09 noviembre 2020

Al hablar de deuda venezolana el nombre de Francisco Rodríguez aparece en escena. Sostiene que en el debate público es normal que participen personas que tienen interés en las políticas y decisiones que tome un determinado gobierno, por eso los empresarios participan y los economistas que trabajan para el sector privado también. Esta vinculación con el tema se ha dado desde su ejercicio particular como economista, pero también desde firmas donde ha trabajado como Bank of America y Torino Capital. Tiene una voz crítica sobre las políticas del Gobierno interino sobre la deuda, aunque revela que ha hablado como amigo con Leopoldo López para ofrecer sus recomendaciones. También ha estado vinculado a grupos de acreedores, ante lo que señala que “la norma correcta no es que los especialistas nos inhibamos de opinar sobre los temas que se vinculen con nuestros clientes, sino que seamos transparentes sobre esas relaciones”. En todo caso, todavía cree que respecto a los bonos PDVSA 2020 hay margen para negociar y tratar de evitar pérdidas mayores.

-¿Cuál es su opinión acerca del reciente pronunciamiento de la Corte de Nueva York sobre el bono PDVSA 2020?

-Creo que era esperable y lamento mucho que ese fuera el resultado, porque la nación perdió el caso. Para mí cuando la República está en un juicio es igual a como cuando “La Vinotinto” está jugando, es decir, todos queremos que gane; pero una vez dados los resultados pienso que es momento de evaluar lo que pasó y las decisiones que se tomaron. Yo esperaba algo similar a lo que expresó la Corte, porque es muy difícil que un tribunal estadounidense permita que un gobierno desconozca una deuda retroactivamente, porque eso sentaría un mal precedente y generaría una inestabilidad enorme en los mercados internacionales, especialmente en el de Nueva York. Lo que la Corte está viendo es que aquí hay un Estado que hace tres años decía que la deuda era válida y ahora está diciendo que no lo es. Para mí estaba muy claro que el argumento de la defensa del Gobierno interino era muy cuesta arriba, por lo que acabo de explicar y también porque la resolución de la Asamblea Nacional en 2016 no negó la autorización constitucional del bono PDVSA 2020, eso queda claro para cualquiera que lea ese documento.

“Un tema más de fondo que se debe plantear es la necesidad de que se llegue a un acuerdo entre las partes del conflicto político, que permitan atender la crisis humanitaria y restablecer una cierta funcionalidad de nuestra economía”

Francisco Rodríguez

-¿Por qué insiste en que la Asamblea Nacional no fue contundente en su resolución del 27 de septiembre de 2016? Para el equipo legal del Gobierno interino sí lo fue.

-Porque es muy claro que el Parlamento no negó la autorización constitucional del bono PDVSA 2020 en esa resolución. Todos los analistas financieros, abogados y acreedores entendimos que la Asamblea Nacional lo que había hecho era expresar su desacuerdo con una acción del gobierno de Maduro, cosa que era perfectamente legítima y normal, pero muy distinta a negar la autorización constitucional de la operación. Por eso vemos que en esa resolución no se cita al Artículo 150 de la Carta Magna, como sí se hace, por ejemplo, en la invalidación de los contratos del Arco Minero, donde queda explícitamente dicho que son ilegales, porque no pasaron por la aprobación del Poder Legislativo, esto también sucedió en 2016. El argumento plateado en la Corte era débil porque no era cierto; si se hubiese establecido la ilegalidad de la operación, la República habría tenido un caso más fuerte, e incluso me atrevería a decir que nadie hubiese comprado el bono y lo sabemos, porque tres meses después, el 29 de diciembre de 2016, se emitió el Venezuela 2036 y ningún inversionista estuvo dispuesto a adquirirlo, porque ahí sí la oposición dijo claramente que era inconstitucional; motivo por el cual ese título sigue en manos de la administración de Nicolás Maduro.

-¿Por qué cree usted que la Asamblea Nacional en 2016 no decretó de forma más categórica la ilegalidad del bono PDVSA 2020?

-Es bien importante recordar el momento particular en que eso ocurrió, porque esta discusión se da en la Asamblea Nacional a finales de septiembre de 2016, donde estaba activo el llamado a referendo revocatorio, la oposición venía superando los distintos escollos del Consejo Nacional Electoral y había bastante optimismo sobre la posibilidad de lograrlo y materializar un cambio político. En ese contexto la dirigencia opositora no quería confrontar a los mercados internacionales y prevaleció una posición de prudencia, por eso no se hizo default ni se dieron señales que fueran a caer mal en el sistema financiero. Sin embargo, hubo voces en el liderazgo que tenían una opinión distinta, como el diputado Freddy Guevara, quien desde el 2015 mantuvo una posición de cuestionamiento a la legalidad de la deuda, pero su visión no fue la que se impuso en el Parlamento. Además, pienso que los diputados decidieron no cuestionar la legalidad del bono 2020, porque la mayoría de ellos, en ese momento, creían que la Asamblea no tenía ese poder, puesto que este endeudamiento no estaba cubierto por el Artículo 150 de la Constitución. También hay otro tema que es importante entender y es que la interpretación más común de la ley venezolana, que se ha adoptado a lo largo del tiempo, es que PDVSA no necesita autorización del Poder Legislativo para emitir deuda, vender activos o ponerlos en garantía y por eso nunca lo ha hecho así, ya que el Artículo 101 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la exceptúa de solicitar permiso al Poder Legislativo para ejecutar esas decisiones.

-¿Pero aquí no entra la obligación que tienen los contratos de interés público de contar con la aprobación del Parlamento?

-Claro, pero ¿qué es y cómo se define un contrato de interés público? La Constitución es bastante vaga al respecto, entonces la interpretación que se ha seguido es que los contratos de PDVSA y de las empresas del Estado no se consideran de interés público y no han sido definidos como tal en la legislación venezolana. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero es la ley desde 1999 y uno no puede tomar una frase de la Carta Magna e interpretarla distinto a como ha sido entendida y ejecutada.

-Usted dice que se perdió el juicio, pero podría haber una apelación por parte de la defensa del Gobierno interino, ¿cree que en ese proceso podría cambiar el resultado negativo inicial?

-Creo que la apelación tiene muy bajas probabilidades de ser exitosa, no veo ninguna base para apelar. Una señal importante es que la Corte le dice al Gobierno interino que debe pagar los fondos legales de los demandados; con eso también está haciendo entender que la demanda no tenía mucho sustento jurídico. Considero que proseguir con la apelación es insistir en una estrategia errada que no ha dado buenos resultados.

-Y entonces, ¿qué propone hacer?

Yo propongo negociar con los acreedores. Citgo no tiene que perderse, hay espacio para acordar una reestructuración de la deuda y así mantener la propiedad de la compañía. Reuters publicó en agosto del año pasado que el fondo T. Rowe Price le hizo una oferta de préstamo al Gobierno interino de 913 millones de dólares para que pudiesen pagar la amortización y así evitar la demanda; por eso he insistido en que no es cierto que la única opción era entrar en litigio, se pudo haber conseguido dinero y pagar, por supuesto, eso implicaba contraer una deuda adicional con su respectiva garantía; pero era una forma más inteligente de ganar tiempo y de no entrar en un enfrentamiento legal con los tenedores. El problema con haber ejecutado una demanda tan hostil es que se perdió la oportunidad de llegar a un acuerdo de buena fe con los acreedores; sin embargo, a pesar de que reparar esas relaciones es difícil, pienso que sigue siendo factible y ojalá se estudie la posibilidad de hacerlo, porque Venezuela tiene activos para responder por estas obligaciones: Citgo tiene 1.400 millones de dólares en instrumentos canjeables a efectivo y genera alrededor de 500 millones de dólares anuales de dividendo. Lo que quiero decir es que si desarrolla una estrategia prudente para manejar la situación no perderemos Citgo, pero si por el contrario insistimos en la confrontación, sí la terminaremos perdiendo.

-Sostiene que desde el interinato se ejecutó una “demanda hostil” en lugar de negociar “de buena fe”, pero el ex procurador José Ignacio Hernández nos ha dicho en dos entrevistas que la posición de los bonistas en las negociaciones fue “inflexible”.

-Las negociaciones entre los acreedores y los gobiernos tienden a estar amparadas por cláusulas de confidencialidad, por eso yo no puedo cuestionar las conversaciones que José Ignacio Hernández tuvo con los tenedores; lo que sí puedo hacer es resaltar la información publicada por Reuters, porque ahí se dice que el fondo T. Rowe Price le ofreció un préstamo al Gobierno interino para solventar la situación. Esto contradice lo dicho por el ex procurador sobre que los acreedores estaban exigiendo el pago de toda la deuda. No fue correcto que una parte crucial de la demanda fuera intentar probar que los tenedores habían acordado con el gobierno de Maduro comprar deuda ilegal a sabiendas de que era ilegal, porque no solo estás diciendo que no quieres reconocer la obligación existente, sino que además estás acusando a los tenedores de ser unos estafadores que defraudaron a la República. Este lenguaje se debe revisar.

-¿Por qué confiar y hacerse eco de Reuters y no de un importante miembro del Gobierno interino como lo fue el ex procurador Hernández?

T. Rowe Price es un fondo inversión que compra deuda de otros países y son tenedores de una pequeña fracción del bono PDVSA 2020. Cuando una información como la publicada por Reuters es falsa, normalmente alguna de las partes involucradas la desmiente; y en este caso ni T. Rowe Price, ni el Gobierno interino lo han hecho, por eso creo que hay buenas razones para pensar que lo dicho por el medio de comunicación es cierto; y para mí es muy verosímil. Pero yendo más allá, así la publicación sea incorrecta, un préstamo de esas características se podía haber generado el año pasado e incluso se puede conseguir todavía, por eso mi crítica fundamental en todo esto es que, existiendo la posibilidad de refinanciar la deuda, decidieran cuestionarla a través de una demanda tan hostil.

“Tengo mis opiniones y las presento en el debate público, no intento influir en la política económica del Gobierno legítimo que encabeza Juan Guaidó, a menos que se me pida una opinión”

Francisco Rodríguez

-¿Qué sustento tiene usted para decir que el Gobierno interino realmente puede disponer de esos fondos de Citgo que usted mencionó antes y usarlos para pagarle a los bonistas del PDVSA 2020?

-Me remito a evidencias incontrovertibles, de acuerdo a los últimos estados financieros auditados de Citgo en 2019, la compañía cuenta con 1.400 millones de dólares en instrumentos canjeables a efectivo, además la empresa ha tenido ganancias anuales entre 200 y 700 millones de dólares en los últimos tres años. Eso es suficiente para sustentar una garantía y adquirir otra deuda que permita pagar las obligaciones que en este momento representan una amenaza. Esto es información pública que no admite discusión.

-El ex procurador Hernández nos señaló que Estados Unidos puso como condición para suspender la Licencia General 5, que se demandara la nulidad del bono, ¿usted qué opina al respecto?

-Otra vez, él está refiriéndose a conversaciones privadas que tuvo con el gobierno de Estados Unidos, yo no puedo disputar la veracidad de eso, pero tampoco tengo forma de constatarla; lo que sí puedo decir es que me llama mucho la atención esa declaración, porque es altamente inusual que el ejecutivo estadounidense condicione una decisión a una demanda de un actor sobre otro, no conozco ningún caso previo donde eso haya sucedido. Pero si José Ignacio Hernández lo dice no cuestionaré su afirmación, a pesar de que la considero extraña. Sin embargo, lo que yo interpreto del accionar de Washington con respecto a la suspensión de la Licencia General 5 es que quisieron dar un lapso para que se resolviera la disputa, pero ese margen también lo dieron los acreedores y a mí me llama mucho la atención que el ex procurador no lo mencione. En el momento en que el caso va a la Corte lo primero que ocurre es un acuerdo donde los tenedores se comprometen voluntariamente a no ejercer acciones legales en un período de seis meses para intentar llegar a una salida satisfactoria.

-¿Pero esto que acaba de explicar no es una demostración de que entonces el Gobierno interino sí estaba negociando?

-Es que yo en ningún momento he negado que el Gobierno interino intentara negociar, yo creo que ellos probablemente negociaron y no tengo razones para dudarlo. Igual que tampoco pongo en duda las afirmaciones del ex procurador Hernández sobre lo que ellos hicieron en actos de gobierno que no son del conocimiento público.

-Pero usted dice que el error fue demandar y no negociar “de buena fe”.

-En este caso, cuando digo que se debió haber negociado, lo que quiero decir es que se pudo haber llegado a un acuerdo razonable; pero yo no tengo ninguna duda de que se habrán sentado en una mesa, habrán intercambiado mensajes u ofertas, me sorprendería mucho que eso no hubiese ocurrido, pero eso no quiere decir que la negociación haya terminado en una solución. Lo que estoy planteando es que sí hubo y hay una posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores, existe la oportunidad aún de hacerles una oferta que es aceptable para ellos y que resuelve el problema de la República. Esto es lo que se debió hacer antes de demandar, pero pareciera que el Gobierno interino no estuvo dispuesto, porque pensaban que podían ganar esta demanda; en el fondo sobreestimaron su capacidad de ser exitosos en una estrategia confrontacional, ese creo que fue el error fundamental, pero considero que aún hay oportunidad para revertirlo.

-Me dijo que en una entrevista el 8 de junio que no tenía relación de trabajo con los bonistas, pero Xin Xu, representante de Ashmore, señaló bajo juramento que usted le organizó el viaje a Caracas en septiembre de 2016, montó reuniones con el régimen y la oposición e hizo reportes y seguimiento de los temas tratados.

-Para el momento que me hiciste la entrevista no tenía ningún vínculo laboral con los tenedores, pero sí tuve relación de trabajo con estos inversionistas hasta agosto de 2019, cuando renuncio a Torino Capital y me retiro de mi actividad en los mercados financieros. En ningún momento negué que hubiera  trabajado con ellos durante ocho años, pero tu pregunta fue sobre el momento actual y ahí ya me dedicaba a otras actividades. Durante mi tiempo en Bank of America yo organicé docenas de viajes a Venezuela con inversionistas en los que sostuvimos reuniones con miembros del Gobierno, parlamentarios de distintas tendencias políticas, empresarios y hasta periodistas para intercambiar opiniones sobre el país. Eso es parte del trabajo de investigación que me correspondía y lo han hecho todos los que han tenido cargos similares como Alejandro Grisanti, Alejandro Arreaza, Ben Ramsey y muchos más. Sobre los informes que mencionas, en efecto escribí muchos y di mi opinión sobre el bono PDVSA 2020 en el momento en que se emitió, pero esos documentos no eran una recomendación para comprar o no comprar; sino un análisis sobre los riesgos asociados a la operación incluyendo el tema de la invalidez legal.

-¿Como fue el viaje con los inversionistas de Ashmore a Caracas en septiembre de 2016?

-Es importante decir que ese viaje lo hicimos antes de que PDVSA anunciara la oferta del canje del bono. En ese momento, igual que siempre, hubo reuniones con representantes del Gobierno y de la oposición, entre ellas una con el diputado Rafael Guzmán, que es mencionada en la declaración jurada del representante de Ashmore. Debo reiterar que sostener encuentros con miembros del Gobierno es algo normal y parte del trabajo de análisis, pero en esas reuniones no se entra en ningún tipo de negociación, pues sería ilegal hacerlo porque viola las leyes estadounidenses. En las que yo organicé nunca jamás hubo negociación ni compromisos de ningún tipo, fueron informativas y por eso en 2015, no en 2016, conversamos con Diosdado Cabello, quien era presidente de la Asamblea Nacional de ese entonces.

-¿Cómo fue la reunión con el diputado Rafael Guzmán?

-En la declaración jurada el gerente de inversión de Ashmore, Xin Xu, no dice que el diputado Guzmán se haya comprometido a nada con ellos, recordemos que el encuentro fue antes de que PDVSA hiciera el canje y sólo sabíamos que se avecinaba el vencimiento del bono y se especulaba que habría un intento de refinanciar con algún tipo de garantía. En la conversación, los inversionistas le preguntaron a Guzmán sobre la legalidad de una operación de ese tipo y si creía que dicha transacción necesitaría la aprobación de la Asamblea Nacional; en ese momento el diputado dio su opinión personal y dijo que no se necesitaría el permiso del Parlamento porque la Ley de Administración Financiera del Sector Público establece una excepción para PDVSA, ese fue su argumento sobre algo que no se había materializado en ese momento, pero no hubo, ni remotamente, un compromiso de absolutamente nada, porque habría sido absurdo e ilegal.

-En esa declaración el representante de Ashmore dice que usted le asegura que la operación no iba a ser invalidada, pero en la entrevista previa me dijo que había escrito y dicho lo contrario en distintos documentos e informes.

-Cuando hablamos en la entrevista pasada yo te dije que había escrito unos informes donde analizaba el riesgo de repudio a la deuda, pero eso fue previo a la resolución de la Asamblea Nacional del 27 de septiembre de 2016, que es a lo que se refiere el ejecutivo de Ashmore en su declaración en el juicio. Son dos momentos diferentes. Cuando se hizo pública la operación empezaron las preguntas sobre si la Asamblea Nacional iba a tratar de invalidarla o bloquearla, entonces yo escribí varios documentos donde tomaba bajo consideración un escenario en el que el Parlamento no reconociera la deuda. El informe que yo te cité en la entrevista pasada fue hecho en ese contexto y previo a la decisión de la Asamblea Nacional del 27 de septiembre de 2016. A lo que hace referencia Xin Xu es a mis comunicaciones interpretando la resolución del Parlamento, el 27 de septiembre de 2016. Ese día yo escribo para mis clientes y les digo que el Poder Legislativo decidió no cuestionar la legalidad del bono y, por lo tanto, el riesgo de repudio de la deuda es bajo. Pero insisto en que estamos hablando de momentos distintos y los análisis cambian de acuerdo a las informaciones que van surgiendo.

“Lo que yo interpreto del accionar de Washington con respecto a la suspensión de la Licencia General 5 es que quisieron dar un lapso para que se resolviera la disputa”

Francisco Rodríguez

-Tenemos una propuesta que usted le hace al Gobierno interino, en octubre de 2019, para la cancelación de 839 millones de dólares a los bonistas y renegociar el resto de la deuda, ¿cómo se entiende eso si ya no trabajaba en los mercados financieros?

-Este es un tema sobre el que no había querido hablar, pero he visto referencias explícitas sobre la conversación y aprovecho para aclarar lo que ocurrió. Lo primero es reiterar que para ese momento no trabajaba en Torino Capital y no tenía relación laboral o de asesoría con los acreedores. Yo tengo una amistad personal con Leopoldo López que va mucho más allá de la política y se remonta a la época de cuando los dos estudiábamos en Harvard, también nuestros padres fueron muy amigos. Nosotros, a pesar de tener diferencias en lo político, conservamos una afectuosa relación; y él en su condición de coordinador del Centro de Gobierno, me pidió opinión sobre el tema del bono PDVSA 2020 y lo que debía hacer la República. Yo le digo, porque conozco bien y trabajé de cerca con los acreedores, que podía tratar de buscar un acuerdo; él me responde que sí, por eso, bajo su instrucción, entablo comunicación con los tenedores, pero no para representarlos, sino para ayudar al interinato a resolver el problema. Los inversionistas me hacen llegar una propuesta que les parecía viable, que ya le habían presentado a José Ignacio Hernández, y yo se la envié a Leopoldo con el comentario de que me parecía un buen punto de partida. Eso fue todo. Pero quisiera dejar claro que fue una gestión hecha a título personal, por solicitud de mi amigo Leopoldo López con quien quería colaborar. No lo había divulgado porque fue una conversación privada y no sé a qué se debe que se haya hecho pública.

-Mucho se ha comentado sobre el alcance del lobby de los bonistas sobre políticos e instituciones, ¿cuál es su visión al respecto?

-En el debate público venezolano se ha hecho muy habitual la descalificación de las personas con cuyas opiniones no se está de acuerdo, esto para desviar el foco de los argumentos que expone; así sucede en las redes sociales y en la prensa. En este sentido creo que se ha utilizado la palabra lobby como una forma para desacreditar y hacer ver a quien se dedique a esa actividad como una persona que tiene intereses y eso no es así. En Estados Unidos ese oficio está regulado, al punto de que para ejercerlo y representar a entidades extranjeras en ese país debes registrarte ante el Departamento de Justicia, si no lo haces violas una ley federal y puedes ir preso; por tanto, cualquiera que piense que yo soy un lobista de los acreedores puede constatar que no es así buscando mi nombre en dicho registro. Sin embargo, creo que es un calificativo que se usa de forma muy amplia y tiende a confundirse con el concepto de conflicto de interés.

-¿Por qué decidió tener tanta presencia en la opinión pública con el tema de la deuda venezolana?

-En el debate público es normal que participen personas que tienen interés en las políticas y decisiones que tome un determinado gobierno por eso los empresarios participan y los economistas que trabajan para el sector privado también. La norma correcta no es que los especialistas nos inhibamos de opinar sobre los temas que se vinculen con nuestros clientes, sino que seamos transparentes sobre esas relaciones. Yo lo he sido, por eso siempre se ha sabido en qué instituciones he trabajado y cuál es la naturaleza de cada una de ellas. Ese es el deber ser. Por ejemplo, José Ignacio Hernández, que es un abogado a quien respeto mucho como jurista y como persona, aunque tengamos desacuerdos en materias de política económica y gestión pública, antes de ser procurador escribía sobre contratos de interés público y estrategias de deuda venezolana; teniendo al mismo tiempo relaciones de consultorías con entes que tenían intereses en determinados resultados. Eso es habitual y no representa ningún problema si se es honesto, eso es lo que yo he sido. Tengo mis opiniones y las presento en el debate público, no intento influir en la política económica del Gobierno legítimo que encabeza Juan Guaidó, a menos que se me pida una opinión, como ocurrió con Leopoldo López. Y eso no tiene nada que ver con actividades de lobby, yo nunca he estado involucrado en actividades de lobby de ningún tipo, ni frente a autoridades venezolanas ni estadounidenses.

-¿En qué van a terminar los distintos litigios que están en proceso después del 5 de enero de 2021?

-Los juicios que amenazan directamente a Citgo son tres: Bono PDVSA 2020, Crystallex y ConocoPhilips. Hay otros litigios en curso, pero están bastante más lejos, en todo caso el universo total de las demandas que podrían ir contra los activos de Venezuela en el exterior es limitado, porque la mayoría de las deudas de Venezuela no son de PDVSA y, dado el velo corporativo, hay una protección para esos bienes que les impide a los acreedores tomarlos. Sin embargo, esto no es infinito y no podrá hacerse por varios años; por eso un tema más de fondo que se debe plantear es la necesidad de que se llegue a un acuerdo entre las partes del conflicto político, que permitan atender la crisis humanitaria y restablecer una cierta funcionalidad de nuestra economía. Pero respondiendo más directamente a la pregunta, en realidad depende de si Estados Unidos decide seguir reconociendo al Gobierno interino, si es así entonces seguirá el interinato dirigiendo los juicios. Las cortes nunca van a intentar decidir cuál es el gobierno legítimo de Venezuela, ni a reinterpretar el Artículo 233 de nuestra Constitución, sino que van a adoptar la decisión de reconocimiento que ejerza Washington.

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