El candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) avanzaba lentamente tomando la carretilla con ambas manos. Caminaba, tambaleándose un poco, pero la carga no caía al suelo. “Hemos venido a entregar la proteína que ha enviado el presidente Nicolás Maduro a nuestro pueblo”, dijo mirando a la cámara que grababa su recorrido. Se agachó, tomó varios empaques de mortadela y se los entregó a una mujer en un caserío en el estado Anzoátegui.
Con esta imagen inició una campaña electoral que, en su semana final, vio al primer vicepresidente de ese mismo partido, Diosdado Cabello, asegurando que “el que no vota, no come”. Esa fue la ambivalencia de la oferta electoral del chavismo a los electores, la de la zanahoria en las primerias de cambio y la del garrote hacia el final, cuando parecía que el entusiasmo de los venezolanos, sumidos en una de las peores crisis humanitarias de su historia, anunciaba una abstención más alta a la esperada en Miraflores.
Más allá de que Cabello aseguró que la frase tenía otro significado, esta corrió de boca en boca en los sectores populares, en donde la supervivencia diaria de buena parte de los habitantes está atada a las bolsas de comida que entrega el Gobierno. Aquella amenaza no podía pasar inadvertida en un país en el que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) apenas 3% de los hogares venezolanos no tiene ningún tipo de inseguridad alimentaria, mientras que 79% no cuenta con los ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria.
“Son presiones disimuladas. Las UBCH y los consejos comunales están siendo presionados, ellos presionan, porque saben la realidad y el descontento que hay en la gente”
Julio César Díaz, activista de Primero Justicia en la parroquia 23 de Enero
Hay que recordar que el Artículo 63 de la Constitución establece que el sufragio es un derecho y, a diferencia de otros países, en Venezuela el voto no es obligatorio. El artículo 126 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) precisa que “ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio”. El artículo 75 de la misma Ley establece que no está permitida la propaganda electoral que promueva “la guerra, la discriminación y la intolerancia”.
Este tipo de amenazas va contra tratados internacionales como el Estatuto de Roma, que en su artículo 7 califica como crímenes de lesa humanidad la “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos”, y luego detalla que por “persecución se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”.
El “carnet de la patria”
La violación de un derecho fundamental, como lo es la alimentación, parece especialmente grave en un país como Venezuela, en donde la búsqueda del sustento diario se ha convertido en la principal, y a veces en la única, ocupación de muchos ciudadanos. Cifras del último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estima que 2,3 millones de venezolanos sufren de una severa inseguridad alimentaria y otros 7 millones padecen de una inseguridad alimentaria moderada.
En las comunidades populares, las organizaciones de base del PSUV conocidas como Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) y los consejos comunales, también de mayoría chavista, son los encargados de distribuir las famosas cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); esta última creada por el gobierno de Maduro en abril de 2016, poco después de perder las elecciones parlamentarias de 2015.
Además, en enero de 2017, el Gobierno lanzó el “carnet de la patria”, un instrumento clientelar a través del cual se hacen transferencias bancarias directas a millones de personas, y que también funciona como mecanismo de identificación y de control social a las afueras de los centros de votación. Este instrumento también proporciona al Gobierno información socioeconómica detallada de quienes están afiliados al programa.
“Francisco Moya, líder de la parroquia Santa Rosalía de Caracas, explicó que en esa comunidad los consejos comunales hicieron ‘listados’ de personas que aceptaron ir a votar a cambio de un pernil y otros beneficios alimentarios”
La asociación civil Súmate registró cómo la maquinaria del PSUV probó este mecanismo en los dos simulacros electorales que organizó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones del 6D, cuestionadas por la Asamblea Nacional y parte de la comunidad internacional. En el evento del 25 de octubre el “carnet de la patria” fue solicitado en 52,2% de los centros electorales pilotos y en 54,7% de los centros no pilotos.
“Se identificó una tendencia no observada en eventos anteriores del uso de los llamados ‘Jefes de Calle’ (encargados de la distribución del CLAP), para coordinar la movilización selectiva de ciudadanos hacia el simulacro. Utilizando “cuotas” asignadas por el PSUV, en lo que pudiera ser considerado un acto de coacción e intimidación asociado a la suspensión de los beneficios CLAP”, indicaron.
En el caso del simulacro del 15 de noviembre la tarjeta fue solicitad en 57,1% de los centros pilotos y 55,2% de los centros no pilotos. Además, hubo ofrecimientos de cajas CLAP a electores para que participaran en esta actividad en 37,9% de los centros pilotos, y 35,1% de los centros no pilotos. Paralelamente, el Gobierno ha estado entregando distintos bonos a los que denomina de “guerra económica”, de “economía familiar” y de “Navidades Felices y Seguras” que se han ido incrementando en frecuencia y montos en las últimas semanas, bonos que, sin embargo, no suelen superar los 2 dólares, pero que en muchos sectores populares temen perder ante la merma de los ingresos familiares.
30 meses sin CLAP por ser opositor
Francisco Moya, líder de la parroquia Santa Rosalía de Caracas, explicó que en esa comunidad los consejos comunales hicieron “listados” de personas que aceptaron ir a votar a cambio de un pernil y otros beneficios alimentarios. “Condicionan la asistencia social en función de la participación ciudadana en esa farsa”, denunció. Confirmó que, además, a través de los famosos “puntos rojos” el oficialismo lleva un control de quiénes efectivamente entran en los centros de votación.
Julio César Díaz, activista de Primero Justicia (PJ) en la parroquia 23 de Enero, explicó que en esa comunidad también se han hecho ofrecimientos de bolsas de comida y de pernil con la cercanía de las elecciones. “Con esos beneficios hay una forma de chantaje, no te lo dicen como habló Diosdado, te lo dicen de otra forma”, explicó.
“En el evento del 25 de octubre (simulacro electoral organizado por el CNE) el ‘carnet de la patria’ fue solicitado en 52,2% de los centros electorales pilotos y en 54,7% de los centros no pilotos”
Asociación civil Súmate
El propio Díaz fue víctima de la discriminación. Debido a su afiliación política dejaron de otorgarle la bolsa del CLAP durante 30 meses, hasta que el pasado mes de marzo volvió a recibir el beneficio. “Son presiones disimuladas. Las UBCH y los consejos comunales están siendo presionados, ellos presionan, porque saben la realidad y el descontento que hay en la gente”.
El activista social de Catia, y candidato por el partido Unión Progreso para el 6D, Ángel Cacique, también denunció estas presiones en la parroquia Sucre, la más poblada del Distrito Capital. “A muchos de los que trabajan en los ministerios les dan bolsas para forzarlos a que vayan le domingo a votar. Ya están manejando listas para salir a buscar a la gente, pero la gente puede salir a votar en contra. Hay descontento. La situación económica está muy dura”.
Fórmula vieja con menos recursos
La campaña del Gobierno ya no es tan fastuosa como en años anteriores cuando se ofrecían electrodomésticos, con el famoso plan “mi casa bien equipada”, y hasta se regalaban casas. Las arcas del Estado se vieron muy reducidas con el desplome de la producción petrolera y las limitaciones para acceder a financiamiento externo que trajeron las sanciones económicas.
El propio Maduro reconoció la situación este jueves 3 de diciembre en un programa transmitido por las televisoras públicas y privadas, junto a un grupo de periodistas, pocas horas antes de finalizar la campaña electoral. Afirmó que las cajas de comida llegan a 7 millones de familias. “Si no fuera por los CLAP. ¡Ay Dios mío! La cosa fuera muy grave. Es un paliativo, un apoyo a la gente. En algunos sitios son mejores, en otros no son tan mejores”.
El mandatario aseguró que las sanciones impidieron la importación de los productos. “Ahora son 80% nacionales, hace año y medio eran 60% importados”. Lo que no comentó es que en ese lapso también se redujo la cantidad de productos que trae cada caja, que pasó de alrededor de 15 hasta 5 o menos, lo que no garantiza una alimentación adecuada para quienes dependen exclusivamente de estas.
Pero no sólo el Gobierno está en peores condiciones. La población también está más desasistida, lo que le permite al PSUV apelar a los elementos más básicos para la supervivencia. Aparte de la comida, el Gobierno hizo campaña regalando bombonas gas, cuya escasez provocó que muchas familias empezaran a cocinar a leña. En las redes circuló un video en el que se ve a una candidata del PSUV acompañando una entrega de bombonas de gas, en vehículos del Estado, en la parroquia La Vega de Caracas.
Los constantes apagones debido a la desinversión estatal en el sistema eléctrico también fueron objeto de la propaganda electoral. Francisco Ameliach, ex gobernador de Carabobo y ahora candidato por el estado Lara, escribió en su cuenta de Twitter: “Saliendo para Lara con transformadores para el pueblo”, y acompañó el tuit con una foto suya al lado de las máquinas eléctricas. El candidato del PSUV en el estado Sucre, Gilberto Pinto, colgó un video en sus redes sociales en el que se le ve acompañando al gobernador de la entidad, Edwin Rojas, en la entrega de bombillos en la región.
Incluso en las redes se denunció a la candidata del PSUV en el estado Falcón, Marielis Castro, por ofrecer donativos otorgados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en un acto de campaña. Esto provocó que la UNICEF hiciera un llamado a los actores políticos a no “instrumentalizar” la ayuda humanitaria en Venezuela.
Ángel Cacique relata que el jefe de campaña del PSUV, Jorge Rodríguez, hizo hace poco un acto en el sector Los Frailes de Catia, en el que se repartió mortadela y medio cartón de huevos a los asistentes. “La gente se molestó. Para esta época el Gobierno debería estar entregando los perniles, antes de las elecciones, y eso no está ocurriendo. Ahora te dicen: ‘Te doy el pernil si votas el 6D’”.
De acuerdo con la encuestadora Delphos la abstención en estos comicios podría alcanzar el 70%, reseñó Efecto Cocuyo. Quizás esta cifra generó dudas sobre la efectividad de la campaña de los ofrecimientos y las amenazas, lo que provocó el último giro de la estrategia del chavismo, en la que Maduro parece apostar a su propia impopularidad para tratar de motivar la participación en los comicios del 6D. “Vamos el domingo a un plebiscito. Si ustedes ganan, yo me voy de la presidencia”, expresó este jueves.