Una semana después del asesinato del candidato por el estado Trujillo, Waldo Santeliz, es poco lo que ha hecho el Gobierno nacional para dar respuesta a la pregunta que encabeza esta nota, lo que lleva a pensar que el caso del candidato puede tener un destino similar al de los homicidios del alcalde del municipio La Ceiba, Marco Tulio Carrillo (2016) y del constituyente Tomás Lucena (2018), ambos en la entidad andina, en los que nunca quedó claro el trasfondo del crimen.
Santeliz fue asesinado el pasado 26 de noviembre a las 11:30am en la vía principal del sector Las Rurales, ubicada en parroquia Santa Isabel del municipio Andrés Bello. De acuerdo con la minuta policial el dirigente, y candidato por la lista regional del partido Primero Venezuela, se encontraba camino a un evento en el que iba a entregar bolsas de alimentos, como parte de la campaña electoral del 6D, cuando él y quienes le acompañaban fueron interceptados por un grupo de personas armadas con “armas largas y cortas”.
La breve reseña policial añade que los atacantes se bajaron de una camioneta color blanco “con logotipo de la empresa PDVSA” y “sin mediar palabra dispararon contra la humanidad de la víctima”. Testimonios recabados por medios locales hablan de que podrían haber sido más de 10 personas las que participaron en el crimen y que, antes de ser asesinado, a Santeliz se le recordó que él no podía entrar a Santa Isabel, una de las poblaciones donde se registran más crímenes violentos en el estado.
Pocas horas después de los hechos el coordinador nacional de Primero Venezuela, José Brito, dio una rueda de prensa en la que aseguraba que el crimen se trató de un “sicariato político” y acusó al ex alcalde del municipio Andrés Bello, Michel Duque, de ser el “presunto autor intelectual” del homicidio. Aseguró que el ahora candidato a diputado del PSUV en la entidad, amenazó “no menos de cuatro veces” a Santeliz para que no realizara actividades de campaña en el municipio.
“Con el caso de Santeliz el asesinato de líderes políticos a manos de grupos criminales en Trujillo está dejando de ser un hecho aislado, lo que parece indicar el crecimiento del poder de estas bandas en la región”
Santeliz estaba postulado como suplente del diputado a la Asamblea Nacional (AN) Conrado Pérez, quien era muy cercano al candidato y cuya presencia estaba prevista en el acto en que su compañero de partido fue asesinado. Pérez también lanzó acusaciones, aunque fue más parco que Brito, y se limitó a decir que el hecho se trató de una “retaliación política”. Ninguno de los dos presentó mayores pruebas.
Tanto Brito como Pérez, ex integrantes del partido Primero Justicia (PJ), fueron acusados por sus ex compañeros de partido de recibir financiamiento por parte de personas vinculadas al Gobierno para formar una directiva paralela de la Asamblea Nacional (AN), presidida por el también ex militante de la tolda amarilla Luis Parra, en lo que se denominó la “Operación Alacrán”.
Michel Duque desmintió los señalamientos a los que calificó de “ridículos, temerarios e irresponsables”. Acusó a Pérez de “difamación, injuria y de incitación al odio” y lo responsabilizó de lo que le pueda ocurrir a su familia. “Muestran desesperación por ganar rating político aprovechando el asesinato de un miembro de sus filas”, expresó en un comunicado. Negó haber amenazado a Santeliz. “En las oportunidades en que nos cruzamos siempre nos saludamos con respeto y cortesía”.
Las informaciones extraoficiales que se manejan en el estado Trujillo apuntan a la participación de bandas delictivas en el crimen. La parroquia Santa Ana limita con el estado Zulia y en la zona se han consolidado varias bandas que se dedican al secuestro, la extorsión y el cobro de vacuna y cuyos tentáculos se extienden a los organismos policiales y hasta a las instituciones locales. Estos grupos se mueven constantemente entre ambos estados.
Otra minuta policial dio cuenta del arresto de cuatro personas el 27 de noviembre en el sector Concepción El Siete, del municipio Baralt del estado Zulia, supuestamente relacionados con el asesinato del dirigente político. De acuerdo con el resumen los capturados son de la banda “El Cagón”.
A una semana del asesinato no se ha pronunciado nadie del gobierno de Maduro, esto a pesar de que el mismo día que se cometió el crimen, la vicepresidenta Delcy Rodríguez se encontraba en Trujillo develando un monumento alusivo a los 200 años del armisticio entre las fuerzas patriotas y realistas, que se firmó en esa región.
El fiscal general designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, tampoco ha hecho referencia al caso y su oficina no ha informado si fueron designados fiscales para las investigaciones. Una de las preguntas que deberían responder estos funcionarios es por qué los autores del crimen se trasladaban en un vehículo con logos de PDVSA.
Fue tan solo este martes cuando el director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, llegó a Valera para conocer sobre el caso personalmente. El funcionario indicó que se reunieron con familiares y allegados a la víctima y agregó que los diputados Brito y Pérez no han mostrado pruebas de sus acusaciones a las autoridades.
“Estamos trabajando para establecer el móvil, ¿por qué? No sabemos por qué llegaron estas personas, el grupo criminal que llegó ahí, y le causó la muerte. Hay que determinar, hay que saber y no especular. Tenemos varias líneas de investigación y todas las estamos trabajando para determinar cuál fue la causa que originó que asesinaran a este ciudadano venezolano”.
Con el caso de Santeliz, el asesinato de líderes políticos a manos de grupos criminales en Trujillo está dejando de ser un hecho aislado, lo que parece indicar el crecimiento del poder de estas bandas en la región. En cuatro años han sido asesinados tres dirigentes políticos.
El 30 de marzo de 2016 fue asesinado el acalde del municipio La Ceiba, Marco Tulio Carrillo, a las afueras de su residencia. La víctima recibió 8 impactos de bala. Se indicó que el móvil fue la “venganza” porque el acalde habría ordenado actuar contra Kelvis Rodríguez, un ex policía de Trujillo que cometía delitos en el municipio y que terminó asesinando a Carrillo. Sin embargo, nunca se aclaró la participación del supuesto autor intelectual, Nelson Vásquez, alias “El Nelsito”, señalado como integrante de una banda criminal.
El 10 de enero de 2018 el constituyente Tomás Lucena se trasladaba a bordo de su vehículo personal en el municipio Valera y fue interceptado por dos sujetos en moto, quienes le dispararon múltiples veces. Por su caso fueron atrapadas dos personas incluyendo a un policía. Nuevamente el móvil del que se habló fue el de “venganza”, sin mayores explicaciones de cuál fue el motivo de la represalia.
Otra vez en el caso de Santeliz se asoma la “venganza” como hipótesis y no parece una casualidad que el propio comisario Rico indicara que se ha hecho “cuesta arriba” recabar información sobre lo sucedido al dirigente de Primero Venezuela, debido al temor que existe en la población.
¿Quién era Waldo Santeliz?
Antes de incursionar en la política Santeliz era conocido en Santa Isabel por tener un local que medios locales describen como “un club” o bar. Las primeras noticias que se tienen de una incursión en la política de Santeliz son del periodo 2000-2005, lapso en el que fue concejal del municipio Andrés Bello, postulado por Acción Democrática (AD).
Una nota del El Pitazo señala que por diferencias con AD termina pasándose a Primero Justicia (PJ) junto al padre del parlamentario Conrado Pérez Linares, quien también militaba en la tolda blanca. A comienzos de 2020 Santeliz acompaña a Pérez Linares, quien decide respaldar la directiva paralela de la AN encabezada por Luis Parra.
Medios del estado Trujillo reportaron que Santeliz había tenido altercados con los grupos delictivos de la zona, pues sus dos hijos fueron asesinados en circunstancias poco claras. Uno de ellos fue secuestrado, asesinado y quemado; mientras que el segundo hijo también fue asesinado con un arma de fuego, pero se desconocen los detalles del suceso.
Santa Isabel es una de las zonas en donde las cifras de secuestro y de extorsión son más elevadas en la región y el hecho de que Santeliz fuera dueño de un negocio abre la posibilidad de que tuviera algún tipo de relación con las bandas criminales de esa zona, ya sea por el cobro de “vacuna” u otra razón. De acuerdo con una fuente de la región, después de lo sucedido a sus hijos, el dirigente decidió irse de Santa Isabel y se mudó fuera del municipio, pero la campaña electoral lo volvió a poner en la palestra pública y regresó a un territorio que, al parecer, le estaba vedado.
El reportaje de El Pitazo abona a esta hipótesis, pues indica que recientemente les comentó a sus allegados que era seguido por sujetos desconocidos cuando visitaba la población y que, hasta antes de la campaña electoral, “siempre estaba armado”.
Las bandas
Cualquiera que busque noticias de la parroquia Santa Isabel, ubicada al oeste de Trujillo, no tardará mucho en encontrar notas de sucesos que dan cuenta de violentos asesinatos y de enfrentamientos entre las distintas bandas que se disputan el territorio. Su ubicación limítrofe con el estado Zulia y su tupida vegetación lo hacen propicio para evadir a las autoridades. Además, la presencia de productores agropecuarios se traduce en una fuente de ingresos para estos grupos a través de la extorsión, los secuestros y el cobro de vacuna.
Entre estas destaca la llamada banda de “El Cagón”, a la que, de acuerdo con versiones extraoficiales, pertenecen los cuatro detenidos supuestamente relacionados con el caso. La agrupación surgió en 2014 y, de acuerdo a una nota de runrun.es, había sumado más de 40 asesinatos para el 2018. Inició su actividad en los municipios Andrés Bello, Bolívar, La Ceiba, Miranda y Sucre del estado Trujillo y ahora se extiende por el Zulia; y su acción se ha registrado en los municipios San Francisco, Maracaibo, Mara, Colón, Francisco Javier Pulgar, Sucre, Jesús María Semprún y Catatumbo.
Incluso, se le atribuye la muerte de cinco personas en Caracas. De acuerdo a lo reportado por cronica.uno, un miembro de una banda rival de Trujillo denominada “El Cáscara”, se refugió en la parroquia El Valle. Fue ubicado y asesinado junto con otros cuatro familiares, por integrante de la banda de “El Cagón”.
“El tiempo establecerá si el caso de Waldo Santeliz está ligado a estos grupos que se multiplican por el país extorsionando a productores y comerciantes, y que pareciera que han extendido sus dominios, poder e impunidad en los más de 20 años de chavismo”
Los nombres de estos grupos generalmente son acuñados por funcionarios policiales y aluden a los apodos de los cabecillas. “El Cagón” hace referencia a Darwin Antonio Rivas García, quien ha evadido por años a las autoridades y está entre los más buscados de la región en la página de Ministerio de Interior y Justicia. Las actuaciones de esta banda han sido especialmente violentas e incluyen asesinatos masivos, decapitaciones y desmembramientos de sus víctimas.
Un experto en criminalística, que prefirió la reserva de su nombre, indicó que este tipo de bandas suelen pagarles a funcionarios policiales para que estos les permitan actuar con impunidad y que también a veces algunos funcionarios les venden armas y municiones. “También buscan fortalecer sus acciones políticas. Uno de los factores que aprovechan es la corrupción de funcionarios ligados a la política”, explicó.
El vínculo policial se ve confirmado en el caso del acalde de La Ceiba en 2016. Por el caso fueron arrestadas 5 personas y el que mató al burgomaestre, Kelvis Rodríguez, era un ex policía del estado Trujillo que había sido expulsado de ese cuerpo por un robo. Entre los involucrados también estuvo Nelson Vásquez, alias “El Nelsito”, un delincuente de la zona y supuesto autor intelectual del crimen; y Hamlet Rivero, un Politrujillo, que prestó el arma de reglamento del cuerpo policial para cometer el homicidio. También fue capturado Carlos Alvarado, una persona cercana al despacho del jefe municipal.
En el caso de Tomás Lucena el principal acusado, Edgardo Barroeta, capturado en Colombia, también era un funcionario policial de la región. En Trujillo se habla de que estas organizaciones cobran vacuna o extorsionan incluso a las alcaldías. El tiempo establecerá si el caso de Waldo Santeliz está ligado a estos grupos que se multiplican por el país extorsionando a productores y comerciantes, y que pareciera que han extendido sus dominios, poder e impunidad en los más de 20 años de chavismo.