Cumplido el protocolo de las parlamentarias lo que viene para el chavismo es una mayor concentración del poder en manos de pocos, lo que de seguro servirá para abrir espacio a nuevas alianzas de ocasión con el conveniente propósito de hacer negocios y de garantizar su sostenimiento en el poder. Es decir, la profundización de la actual tendencia al amparo del desmantelamiento democrático de Venezuela, que es su única forma de seguir adelante.
El masivo silencio de la población en las llamadas “elecciones parlamentarias” de este 6 de diciembre fue contundente. Solo hubo un 31% de participación ciudadana, según las propias cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), algo que parece haber sido anticipado por los cabecillas rojitos ante los riesgos que un ruido de este nivel puede implicar.
De hecho, una de las primeras declaraciones llamativas hechas tras las “elecciones” las hizo Hermann Escarrá, quien sin tapujo alguno afirmó que las funciones de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cesan este 30 de diciembre 2020 (tras concederse prórrogas a sí misma), por lo que “no luce factible convocar un referéndum o consulta popular a los efectos de la aprobación o no del proyecto Constitucional”.
No hay que olvidar que la ANC fue uno de los instrumentos ideados por el régimen de Nicolás Maduro para garantizarse un brazo legislativo, toda vez que electoralmente perdió la mayoría en la Asamblea Nacional (AN) en diciembre de 2015. La excusa para ello, en julio de 2018, era la necesidad de crear una nueva Constitución para Venezuela.
Previamente el régimen había decidido neutralizar a ese Parlamento opositor con toda la furia de su maquinaria represiva, lo que le llevó a cercar judicialmente a la AN y a perseguir a sus miembros, entre otras tantas argucias.
La excusa de la Constitución se desvaneció mágicamente luego de forjar unas parlamentarias amañadas, y de que el chavismo se hiciera con la mayoría de una Asamblea Nacional en entredicho.
Pero Escarrá va más allá al señalar que la labor de modernización de la Constitución, que hizo la ANC en silencio y de la que nunca se rindió cuentas a los venezolanos, quedará como patrimonio de la nación. Es decir, queda una Constitución inconsulta en reserva para ser usada cuando “tenga que ocurrir”.
Para el ínterin ya Maduro se hizo de otro recurso amañado: La Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Con este instrumento se coloca por encima de la misma Asamblea Nacional que recién confeccionó con retazos de la oposición minoritaria y otros grupos y puede hacer a su antojo, bajo una opacidad justificada, como defensa ante las sanciones internacionales.
De esta manera el régimen ha preparado todo para decir que tiene un Parlamento plural, con disidentes de la oposición y otras facciones entre sus filas, pero reservándose para sí todo el poder, guardándose bajo la manga su Constitución a la medida para sacarla cuando las cosas se compliquen o para cuando requiera aplicar otro torniquete de control sobre un país que sigue intentando hacerle frente a sus designios. Lo mismo, pero sin máscaras.