Este martes 5 de enero el Gobierno descorrió el telón rojo del Palacio Federal Legislativo, el escenario en el que se moverá el cuestionado Parlamento del 6D. Por un lado del Hemiciclo de sesiones hicieron su entrada las familias de la cúpula chavista, que aspiran a protagonizar la trama durante 5 años: Los Maduro-Flores, los Cabello-Contreras y los Rodríguez Gómez, cada una con su espacio sobre el escenario, en una repartición de roles que puede cambiar de año en año y que durante esta primera temporada toma un viejo nombre: “Reconciliación y diálogo nacional”.
El politólogo Ricardo Sucre indicó que la directiva del Parlamento -que tiene como presidente a Jorge Rodríguez Gómez, como primera vicepresidenta a Iris Varela, como segundo vicepresidente a Didalco Bolívar y como jefe de fracción de los 253 diputados del Gran Polo Patriótico (GPP) a Diosdado Cabello -responde a un “análisis del momento político” hecho por el Gobierno, así como a los acuerdos entre las familias más poderosas dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Hay que recordar que Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra, hijo y esposa de Maduro, ocupan curules, al igual que Marleny Contreras y Alexis José Rodríguez Cabello, esposa y primo del ahora coordinador de la bancada chavista.
“Son una estructura muy disciplinada en lo que se refiere a distribuir roles y la división del trabajo: ‘Te toca jugar a esto ahora y lo juegas, mañana te toca jugar a esto otro y lo juegas’. Hoy son ministros o diputados, mañana candidatos, después puede que nada, pero yo no veo diferencias importantes entre ellos”, explicó el politólogo Ricardo Sucre.
Es así como los roles son asignados de acuerdo con lo que exige el libreto. Este año el diagnóstico es que el llamado debe ser al “diálogo y la reconciliación nacional”, una escenificación conocida en Venezuela, pero que parece tener algunos actos novedosos. La llamada “apertura económica”, presagia la participación de nuevos actores, relacionados con los sectores económicos nacionales e internacionales.
Aunque quizás estos personajes prefieran quedarse tras bambalinas y operar al amparo de la llamada “Ley Antibloqueo”, que autoriza al Gobierno a tratar como información secreta los procesos de reorganización económica y financiera del Estado. Esta norma fue blindada por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que en su última sesión estableció que sólo podría ser modificada con dos tercios de la Cámara, que ahora controla el chavismo en un 90%.
Los protagonistas
Tomando en cuenta que el público será nacional e internacional, y que se retoma el llamado al “diálogo” de otros años, la escogencia de Jorge Rodríguez, quien ha participado en varias de las infructuosas negociaciones venezolanas (mediación de El Vaticano, Oslo y Barbados), para desempeñar el papel del presidente parecía más apropiada que la de Cabello.
No es la primera vez que el chavismo aparta, al menos temporalmente, a sus figuras más agresivas de la luz de los reflectores. En 2011 hizo algo similar con Fernando Soto Rojas, elegido presidente de la Asamblea Nacional (AN), quien también entró bajo ofrecimientos de diálogo y reconciliación y al año siguiente fue sustituido por Cabello, quien presidió el cuerpo hasta el 2015. Lo mismo sucedió con la cuestionada ANC, presidida en su primer año por la entonces canciller Delcy Rodríguez y en la que luego Cabello volvió a retomar las riendas hasta su extinción en el pasado mes de diciembre.
“Jorge Rodríguez es una figura muy cercana a Maduro, puede ser una cara internacional porque ha participado en los diálogos. Al mismo tiempo es un político con un peso propio, no es un simple operador. Conoce distintos grupos del espectro político venezolano. Es una persona a la que el Gobierno le da unos atributos de comunicación, de capacidad y la oposición también ha ayudado en eso. Lo ha convertido en una especie de Fouché venezolano”, explicó Sucre.
Varela cumple un rol distinto, el de la “chavista originaria”, apunta el analista. “El Gobierno la pone para que le diga a la base chavista: Esta es la que va a plantear las cosas duras. Va dirigida a quienes le reclaman al Gobierno que no hace nada contra Juan Guaidó, que le tiene miedo, que no se atreve. Ese es un reclamo que veo mucho en la base chavista”.
Didalco Bolívar, por su parte, será un personaje que compartirá la escena con acompañantes distintos, incluso fuera del ámbito del chavismo. Este miércoles el propio Maduro los describió como un “exitoso gerente de las causas económicas del sector privado”. Esto hace pensar a Sucre que su acción estará dirigida a empresarios nacionales, con vínculos con el Gobierno, en el marco de la “apertura económica” del chavismo.
“Es lo que en Venezuela podríamos llamar el componedor de la comarca. Esa es una tarea política muy valorada en las elites venezolanas. Alguien que tiene esa cualidad se cotiza muy alto. Es el que tiene el teléfono tuyo y del adversario y va amando, articulando y escuchando. ¿A qué público va dirigido? Didalco conoce muy bien el mundo empresarial venezolano y va a ese público”.
Por último está Cabello, quien se encargará de la coordinación política de la bancada del chavismo, un rol similar al que viene cumpliendo como vicepresidente del PSUV. “Es el jefe político, el gran operador de la maquinaria, el gran articulador del PSUV, las UBCH, estos parlamentarios, los gobernadores, los alcaldes, los partidos aliados”.
El libreto y sus disonancias
Desde los días finales de diciembre pasado, el chavismo ha insistido en que la AN se va a convertir en el espacio de la unión nacional. Sin embargo, en las dos primeras reuniones del Parlamento este discurso ha sido inmediatamente refutado por las acciones y las frases que siguen a la palabra “diálogo”. Jorge Rodríguez articula un mensaje disonante prometiendo diálogo, “pero sin olvido, hay crímenes que no deben ser perdonados”.
En su discurso de apertura el psiquiatra comenzó una extensa enumeración de los crímenes que el chavismo imputa a Guaidó y a los diputados de la Asamblea Nacional de 2015 que “no deben ser perdonados”: Los “intentos de magnicidio” contra Maduro; el “robo” de activos públicos; las sanciones económicas, y supuestas alianzas con paramilitares, entre otros.
En la sesión de este jueves 7 de enero esa duplicidad se manifestó en las instancias conformadas. Rodríguez anunció la creación de la “Comisión Especial para el Diálogo Nacional”, presidida por él, y, a la vez, de la “Comisión Especial para la Investigación de Acciones Perpetradas contra la República”. Asumiendo su papel de promotor del diálogo, indicó que a la primera comisión podían asistir, incluso, los sectores de la oposición que no participaron el 6D.
Sin embargo, durante el anuncio de la segunda comisión Iris Varela se levantó de su asiento en la plenaria para asumir también su rol. Explicó que había cambiado de idea sobre su propuesta de aprobar un acuerdo para exhortar al Poder Judicial a que emitiera órdenes de captura en contra de Guaidó, y otros diputados, en 48 horas. Indicó que se logró un acuerdo para la creación de la Comisión, a la que llamó a ofrecer resultados en un mes. “Que actúe la justicia con toda la fuerza que el pueblo le da en esta nueva etapa de nuestra revolución y de nuestra historia”.
Sucre, quien en una nota de La Gran Aldea anticipó la creación de esta comisión para investigar a los opositores, consideró que el chavismo también está intentando usar la persecución política como una manera de librarse de responsabilidad. “Hay una cabeza que cortar en la oposición y es la de Guaidó. Están trabajando en una narrativa para que la gente no los culpe. El Gobierno está tratando de eludir su responsabilidad en el desastre, que la tiene. Quiere echarle todo el muerto a la oposición, a la AN de 2015, y a Juan Guaidó”.
El diálogo ya tiene, de esta forma, a sus primeros excluidos. En su discurso del jueves 7 de enero Rodríguez agregó que no descarta que otros se “autoexcluyan” del proceso. Otro acto poco cónsono con el discurso de “unidad nacional” se produjo cuando el diputado de Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, se salió del libreto trazado por el GPP y pidió que la Comisión de Diálogo evaluara los casos de los presos políticos como señal de reconciliación. Inmediatamente Rodríguez, como director del debate que se escenifica en el Hemiciclo, le quitó el derecho de palabra indicando que su intervención no estaba pautada en “el orden del día”.
El diálogo nacional parece dirigido, principalmente, a los sectores económicos con los que el Gobierno aspira a aumentar sus ingresos y dar empuje a la incipiente producción nacional, ante el colapso de la industria petrolera y las dificultades que imponen las sanciones para la importación.
El propio Maduro reveló que su meta es que en Venezuela funcione una economía “100% digital” con cuentas de ahorro en divisas en la banca nacional. También señaló que espera que la nueva Asamblea Nacional, desconocida por buena parte de la comunidad internacional, le ayude a “recuperar” los activos de la República. “La parte económica la tiene más clara el Gobierno. Es una apertura a lo Maduro. No se piensa en un gran programa de ajustes. No se ve un gran economista ahí o algo por el estilo, pero sí saben que tiene que dejar que la sociedad produzca y respire”, expresó Sucre.
José Brito gana poder
En la sesión de este jueves 7 de enero también fueron asignados algunos papeles secundarios, en los que se volvió a ver la distribución de cuotas de poder. Rodríguez dio a conocer los nombres de los presidentes de 5 de las 15 comisiones del Legislativo. Tres de ellas quedaron en manos de militares retirados: Política Interior (Pedro Carreño), Defensa y Seguridad (Jesús Suárez Chourio), y Contraloría (Alexis Rodríguez Cabello).
También destaca el nombre de José Brito cuyo poder crece a la sombra del chavismo. Brito fue designado como vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría, instancia de la que fue removido en diciembre de 2019 por presuntamente favorecer a empresarios vinculados a Alex Saab, quien está detenido en Cabo Verde y cuya extradición solicita Estados Unidos al acusarlo de ser el “testaferro” de Maduro.
El dirigente de Primero Venezuela también fue designado como presidente de la Comisión especial que investigará las “acciones perpetradas contra la República”. Tendrá la oportunidad de levantar expedientes, que pueden llevar a órdenes de captura, de los opositores que decidieron removerlo de la mencionada comisión y de quienes le expulsaron del partido Primero Justicia. De esta forma, el chavismo vuelve a demostrar como premia la conducta de Brito, Luis Parra y otros diputados a los que la oposición acusó de recibir pagos del Gobierno para instalar una AN paralela a la de Juan Guaidó, en la llamada “Operación Alacrán”.
Así, mientras sobre el tablado de la AN los actores mencionan la palabra “diálogo” incontables veces, el Gobierno crea instancias y empieza a escribir los expedientes que usará para encarcelar a los diputados que aprobaron la “continuidad constitucional” de la AN de 2015. Sólo con los sectores económicos, nacionales e internacionales, parece posible que la representación de la “reconciliación nacional” del Parlamento abandone el teatro del Capitolio y se convierta en una realidad.