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19 abril 2024

Chavismo busca poner fin a un gobierno interino que intenta reestructurarse

El chavismo tiene todo listo para iniciar procedimientos penales contra Juan Guaidó y los diputados que aprobaron la “continuidad constitucional” de la Asamblea Nacional electa en 2015; mientras, el Gobierno interino da inicio a un proceso de reestructuración, con resultados inciertos, que busca mejorar los mecanismos de consenso dentro de la oposición. El escenario de la negociación luce poco probable en el corto plazo.

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Carlos Crespo | 05 enero 2021

Iniciar el año con dos Asambleas, dos Presidentes y hasta dos fiscales generales o dos tribunales supremos de justicia no es una novedad para los venezolanos. En lo que sí parece diferenciarse este comienzo de 2021 del inicio de 2018, 2019 y 2020 es en la correlación de fuerzas entre el Gobierno, crecientemente autoritario de Nicolás Maduro, y los movimientos agrupados en la Asamblea Nacional (AN). Un desbalance que ofrece una clara inclinación favorable al chavismo y que, de acuerdo con expertos consultados, hace poco probable el escenario de una negociación, en torno a la exigencia de elecciones libres en el corto plazo.

Sintiendo el viento a favor para avanzar en su proyecto hegemónico, como el mismo chavismo denominó alguna vez a su estrategia comunicacional, el gobierno de Maduro tiene todo dispuesto para lograr su objetivo de acabar con la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino presidido por Juan Guaidó. “El Gobierno quiere pasar la página y cerrar el capítulo de Guaidó y quiere cerrarlo completamente”, indicó el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG UCAB), Benigno Alarcón.

Son varios los elementos que favorecen una acción de este tipo contra Guaidó, y los diputados que decidieron aprobar la “continuidad constitucional” del cuerpo legislativo, quienes pudieran terminar presos o en el exilio. La instalación de los nuevos diputados este 5 de enero, más allá de los cuestionamientos nacionales e internacionales al 6D, ofrece la oportunidad de acusar de “usurpadores” a los legisladores opositores; asimismo, el cambio de gobierno en Estados Unidos y las dudas de Europa sobre reconocer a Guaidó también son elementos nuevos, que debilitan la postura del dirigente opositor, quien además es cuestionado por antiguos aliados como Henrique Capriles y María Corina Machado.

“Lo que sucede en un proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición está condicionado, no por lo bien que las partes lo hagan en la mesa, sino por lo que está sucediendo fuera de esta”

Benigno Alarcón, director del CEPyG UCAB

Para Alarcón, la estrategia del Gobierno se orienta a intentar que sea el propio Guaidó el que decida salir del país. “Van a tratar de lanzar una amenaza lo suficientemente creíble para que Guaidó salga. Hay una posibilidad alta de que si Guaidó no se va lo apresen, el Gobierno está acariciando esa posibilidad seriamente, si no logran sacarlo”, indicó.

Durante la semana pasada las acciones del Gobierno parecieron guiadas por este propósito. El lunes 28 de diciembre el propio Maduro, en un discurso frente a la Fuerza Armada Nacional (FAN), dijo que “se acabó la guachafita”, en alusión a los diputados que prorrogaron el funcionamiento de la AN. “No me temblará el pulso para actuar de acuerdo a la justicia y la ley”, advirtió.

Un día después la ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, denunciaba la existencia de un supuesto plan para “boicotear” la instalación de la nueva AN, en el que involucró a militantes de Voluntad Popular (VP). El miércoles el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la “nulidad absoluta” de la reforma del estatuto de la transición aprobado por la AN e instruyó al Ministerio Público (MP) y a la Contraloría General de la República a determinar las “responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan en las que hubieran incurrido los diputados”, quienes, bajo este razonamiento, pierden su inmunidad parlamentaria este martes 5 de enero.

Todo parece servido para una acción contra los diputados y el mensaje parece haber llegado a algunos de ellos. Este lunes 4 de enero varios parlamentarios indicaron que no continuarán con sus funciones. Los diputados Marialbert Barrios (PJ), Stalin González (UNT), Rafael Guzmán (PJ) y Dennis Fernández (AD) agradecieron a sus electores y hablaron del cierre de un “ciclo” o de un “capítulo” en su actividad política.

Stalin González había planteado su desacuerdo con la continuidad del Parlamento desde hace tiempo, dejado entrever que no seguiría en su cargo. Se desconoce cuántos legisladores podrían tomar una decisión similar o buscar refugio fuera de Venezuela, en caso de que se mantengan en sus cargos. La interrogante que se abre es ¿cuánto esperará el Gobierno antes de cumplir sus amenazas en contra de los diputados opositores?

Los mensajes de la directiva

El politólogo Ricardo Sucre considera que, no necesariamente, el Gobierno va a apresar a Guaidó apenas se instale la nueva Asamblea Nacional. “Hay algunos como Diosdado Cabello o Iris Varela que dicen que hay que cortar cabezas. La posición de Maduro es: ‘Sí, hay que cortar cabezas, pero no llegando’. Se va a imponer la posición de Maduro, a través de algo como una comisión de la verdad. Creo que van por ese camino, más que detener a Guaidó”.

El experto acota, sin embargo, que esto depende de la percepción que tenga el Gobierno sobre la posibilidad de que exista algún tipo de plan insurreccional en su contra. Explica que, aunque piensa que para Maduro es “más costoso” apresar a Guaidó porque “corre el riesgo de revivir una figura que está de capa caída”, esto dependerá de cómo perciba la estrategia opositora. “El Gobierno siempre reacciona en función de sus percepciones, si percibe que hay conspiración van a cortar cabezas”.

Un primer indicio sobre la estrategia del chavismo puede verse en los nombres escogidos para la directiva del nuevo Parlamento. El anuncio, hecho por Diosdado Cabello, de que Jorge Rodríguezpresidirá el cuerpo legislativo parece indicar que Maduro logró imponer su visión dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Sin embargo, la designación de Iris Varela como primera vicepresidenta del organismo y del propio Cabello como jefe de bancada apunta a que la tendencia más pugnaz del PSUV no carecerá de poder dentro del Legislativo.

“La intención de Maduro es que el conflicto no se le salga de las manos. Está pensando en estas instancias que permiten manejar las presiones internas, sobre todo en su base. En la cúpula no veo diferencias, en la base sí”

Ricardo Sucre, politólogo

“La entrada de la AN la veo más con el propósito de bajar la tensión. Están conscientes de que hay muchos problemas, que tienen que cambiar, y que la tarea de la AN es que la sociedad vea que los problemas están siendo atendidos, canalizar el conflicto social por la AN, para que tenga un canal institucional. Por eso la insistencia de Maduro en que los interpelen, en que van a ir a rendir cuentas. (…) El problema del Gobierno es que su capacidad de respuesta es muy limitada”, indicó Sucre.

Otra interrogante es ¿qué papel jugarán los partidos que no son del Gran Polo Patriótico (GPP) dentro del Parlamento? El chavismo no los necesita para tomar ninguna decisión, pues controla 90% de las curules y ni siquiera los tomó en cuenta en la directiva, en donde algunos factores esperaban obtener la segunda vicepresidencia, puesto para el que fue designado el también integrante del GPP, Didalco Bolívar (Podemos).

A pesar de esto, es probable que los encuentren útiles para asegurar que dentro del Palacio Federal Legislativo está representada la oposición venezolana. De hecho, el Gobierno ya coordinó acciones con algunos de estos dirigentes. Por ejemplo, la diputada Arkiely Perfecto, cuyo video criticando al Gobierno de Maduro durante uno de los encuentros televisivos entre los candidatos del 6D se hizo viral, fue una de los 12 diputados que presentaron el recurso ante el TSJ para anular la reforma del Estatuto de la transición. El juzgado apenas tardó tres horas en sacar una sentencia en respuesta al texto introducido por estos legisladores.

Diputados como Perfecto y Luis Parra -cuya adjudicación por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue altamente cuestionada- fueron denunciados por sus colegas de la oposición por supuestamente recibir dinero de personas cercanas al Gobierno para instalar una AN paralela a inicios del año pasado, en lo que se conoce como la “Operación Alacrán”. Entre los diputados que introdujeron el recurso ante el TSJ la semana pasada estuvieron Oscar Ronderos; Ezequiel Pérez Roa; Guillermo Luces; José Antonio España; José Mavárez; José Gregorio Aparicio; Williams Gil; Franklin Duarte; Chaim Bucarán; Richard Arteaga, y Conrado Pérez.

Si bien el viento sopla a favor de la estrategia política de Maduro, esta deberá enfrentar un mar agitado en lo económico y en lo social. Con sus ingresos reducidos abismalmente tras el colapso de la industria petrolera, y las reservas internacionales también en mínimos históricos; el Gobierno ha permitido cierta apertura económica e incluso Maduro ya habla de las bondades de la dolarización, algo que también podría verse reflejado en la labor de la nueva AN y que podría ser motivo de diferencias en la coalición gobernante.

Para RicardoSucre, el Gobierno intentará usar la AN, el llamado “parlamento comunal” anunciado por Maduro, y un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pautado para este año, para intentar bajar tensiones dentro del chavismo y dar algún tipo de respuesta en materia de políticas públicas. “La intención de Maduro es que el conflicto no se le salga de las manos. Está pensando en estas instancias que permiten manejar las presiones internas, sobre todo en su base. En la cúpula no veo diferencias, en la base sí”, explicó.

Reestructuración de la oposición

Mientras el chavismo tiene todo listo para abrir procesos penales contra los diputados de la oposición, el Gobierno interino y la Asamblea Nacional atraviesan un proceso de reestructuración. La acumulación de cuestionamientos a la acción del Gobierno interino y su imposibilidad de cumplir con la ruta que este mismo se trazó de “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, llevaron a los cambios que se realizaron con la reforma de “Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución”, aprobada el pasado 26 de diciembre.

Muchos de los cambios parecen ser consecuencias de las críticas del partido Primero Justicia (PJ), que siempre cuestionó la falta de consenso en la toma de decisiones. Entre las principales modificaciones está la eliminación de llamado “mantra” del Gobierno interino, que se sustituye por la búsqueda prioritaria de elecciones libres, sin que esté el “cese de la usurpación” como paso previo. También resalta el nuevo esquema de funcionamiento de la AN, a través de la comisión delegada -integrada por la junta directiva y los presidentes de las 15 comisiones de la AN- y la sustitución del llamado “centro de gobierno”, que era presidido por Leopoldo López, por un “consejo político”, cuyos integrantes y reglamento de funcionamiento todavía se desconocen.

“El Gobierno quiere pasar la página y cerrar el capítulo de Guaidó, y quiere cerrarlo completamente”

Benigno Alarcón, director del CEPyG UCAB

Tanto la comisión delegada como el “consejo político” tendrán funciones “contraloras” sobre el Gobierno interino. El consejo político es definido como el “órgano de coordinación, seguimiento y evaluación de la acción de la presidencia encargada”. Se espera que permita mayores niveles de consenso, al menos entre los partidos del G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo) en la toma de decisiones. En episodios como los del 30 de abril de 2019 y la llamada “Operación Gedeón”, PJ cuestionó que estas acciones no contaron con la debida consulta dentro de la oposición.

Sin embargo, la reforma no fue compartida por todos. La Fracción 16 de Julio cuestionó que se haya cambiado la ruta de la transición para privilegiar la realización de elecciones, sobre el “cese de la usurpación”. El partido AD, por su parte, salvó su voto, considerando que la responsabilidad legislativa y contralora del Parlamento debía mantenerse en la plenaria y que es “innecesario” el consejo político, pues sus tareas son las mismas que debe cumplir la AN. Este Parlamento realizará una sesión el mismo martes, en paralelo con la que organizará el gobierno de Maduro, para cumplir con el acto de instalación pautado en la Constitución.

Para el politólogo Ricardo Sucre, con la reivindicación y el cuestionamiento de la reforma del Estatuto de la transición, PJ y AD buscaron un objetivo similar: Diferenciarse. Ambos partidos cuentan con gobernadores o alcaldes y aspirantes a esos cargos y, al menos una parte de esas organizaciones, parece no descartar participar en los comicios regionales de este año. En AD se habla de “presiones de las bases” para retomar la vía electoral; mientras que en PJ está la tendencia liderara por Capriles, así como la posición de algunos alcaldes favorables a la participación en los comicios. Es probable que el Gobierno intente usar las votaciones, una vez más, para dividir y fragmentar a la oposición.

“Se están diferenciando de manera muy elegante. AD está diciendo yo ya no doy cheques en blanco y PJ también dice su punto, que se necesita un contrapeso porque no se puede seguir haciendo lo que el cogollo y Guaidó quieran. PJ puede aducir que se aprobó esta gran norma, destacando el consejo político, que el foco serán las elecciones. PJ ha sido el más activo, tratando de llevar esta nueva etapa a su terreno y Guaidó cede porque ya no tiene esa fuerza, ni esa capacidad de poder imponer”, consideró Sucre.

Analistas como Benigno Alarcón y el politólogo Guillermo Tell Aveledo descartan la posibilidad de que se dé una negociación exitosa, ante la debilidad actual de la oposición y los escasos o inexistentes estímulos que tiene el gobierno de Maduro para celebrar elecciones que puedan implicar su salida del poder. Salvo un hecho político impredecible, pareciera que la oposición ya no dispone de opciones cortoplacistas y que deberá trazar una estrategia a largo plazo, que le permita tener una posición de fortaleza y mejorar su perspectiva frente a una eventual negociación.

“Se llega a acuerdos cuando lo que está en la mesa es superior a lo que se puede conseguir afuera de la mesa de negociación. Lo que sucede en un proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición está condicionado, no por lo bien que las partes lo hagan en la mesa, sino por lo que está sucediendo fuera de esta”, señaló Alarcón.

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