Se necesitó más de tres horas para que Nicolás Maduro Moros se atreviera a arrojarnos algún dato sobre el estado de la economía en el país. El fenómeno ocurrió el pasado martes 12 de enero, durante la presentación de la memoria y cuenta del “presidente”. Su afirmación, aquella según la cual en Venezuela sólo hay un 17% de la población en pobreza y apenas un 4% en pobreza extrema, no sorprendió a ninguno de los que están acostumbrados a seguir los mensajes del oficialismo. Maduro nuevamente mintió y lo hizo sin inmutarse frente a todos los que seguíamos, con martirio, aquel largo rosario de consignas panfletarias que fue su mensaje a la nación.
Estos datos fueron justificados por un ardid teórico y metodológico, según el cual el pueblo venezolano disfruta de una amplia diversidad de logros de la revolución bolivariana, que son de difícil ponderación pero que, a la larga, implican una mejoría en la calidad de vida del venezolano, a saber: Las misiones socialistas; los sistemas de bonos a través del carnet de la patria; la “poderosa” red de salud; la educación “gratuita y de calidad”; las viviendas entregadas, y un conglomerado de servicios públicos (agua, luz, telefonía, gasolina y gas, ¡cuando se consiguen!) a precios subvencionados; en definitiva, todo un universo que, según los artesanos de las cifras “oficiales”, conforma aquello del “estado del bienestar en socialismo”.
“Estado de bienestar en socialismo”
Este concepto es de reciente creación (primeras semanas de diciembre de 2020) y parece ser una respuesta teórica y política a la crítica que se ha expresado en un sector de los aliados de la revolución, donde, de manera embrionaria y tímida, se ha alertado sobre la situación que atraviesa el país y las acuciantes condiciones de vida de los venezolanos. Una respuesta doctrinaria, con efectos concretos en las estadísticas oficiales, y que apuntaría desde ya, a un debate que es crucial para los rojos en los próximos años: La candidatura de Maduro a la reelección presidencial.
De momento aparquemos esa pelea entre aliados y revisemos un hecho que nos parece más importante: La ausencia de datos oficiales creíbles.
“Mentir sobre los datos es una forma de violencia, y la piedra angular para justificar nuevas razones para la persecución política”
La precariedad en las cifras oficiales (escasas, presentadas de manera esporádica y arrastrando dudas sobre su metodología) tiene implicaciones mayores de las que puede parecer. La ausencia de datos (económicos, sociales, sanitarios, derechos humanos) impide tener un panorama acerca de la verdadera situación del país, nos aísla en un submundo autorreferencial al impedir comparar nuestra situación con la del resto de las naciones. Además, detiene el trabajo de los difusores del conocimiento (investigadores, académicos, especialistas y periodistas); erosiona la capacidad del ciudadano de estar informado, exponiéndolo a cometer errores de juicio con efectos muy concretos en su biografía personal; e impone un silencio en la opinión pública al limitar la capacidad de cuestionar la marcha de los asuntos públicos sin datos objetivos concretos.
Pero hay algo más que no hay que perder de vista: A la larga, la ausencia o falsedad en las estadísticas oficiales termina convirtiéndose en un acto de violencia. Lo que comienza siendo una omisión o un error metodológico, se convierte en una “razón de Estado” para perseguir a los ciudadanos.
Traduciendo a Diosdado Cabello
Así lo confirmó el propio Diosdado Cabello, unas horas después del discurso de Maduro, cuando “invitó” a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela a pedir “disculpas públicas” por no haber acertado en sus proyecciones sobre el estado de la pandemia en Venezuela. Según el hombre del mazo, las cifras calculadas por la Academia (con una metodología abierta al escrutinio) no coinciden con los números rojos difundidos por el Gobierno (con una metodología desconocida desde la lógica de la “seguridad del Estado”), lo que confirmaría, explicó Cabello, la vocación desestabilizadora de los académicos y su aspiración de generar alarma en la población.
Esta es una de las razones del ataque que ha emprendido la revolución a medios y ONG. La presencia sobre el terreno de estas organizaciones, sus experiencias y la información que logran levantar y sistematizar desde sus áreas de conocimiento, son un desmentido de las cifras oficiales, una bocanada de verdad sobre lo que ocurre en el país, una brújula en medio de la ausencia de datos gubernamentales verificables.
Así opera la lógica de los “datos” en dictadura. Son “estadísticas” que escapan del universo del debate científico y se convierten en herramientas de propaganda que se presentan como cifras incuestionables; unos números rojos que no admiten debate y que su sólo cuestionamiento (fundamental para las ciencias) es señal de desestabilización política y conspiraciones en ciernes. Somos testigos de una pelea que se inicia con las academias de ciencias, se extiende a las ONG y los medios de comunicación, hasta llegar a morder la piel de los ciudadanos.
Mentir sobre los datos es una forma de violencia, y la piedra angular para justificar nuevas razones para la persecución política.