La criminalización de la actividad de los periodistas y de los medios de comunicación en Venezuela ha sido una práctica de años por parte de las autoridades, la cual se ha acentuado en lo poco que va de 2021 con ataques directos y hostigamientos, cuyo fin último es apagar el derecho de los ciudadanos a estar informados.
No solo se ataca a los medios y a los periodistas sino también a las Organizaciones No Gubernamentales, porque en el fondo lo que el régimen persigue es cesar la participación ciudadana en los asuntos públicos y minimizar cualquier posibilidad de asociación fuera de su ecosistema de control.
De hecho, en 2020 hubo más de 500 hechos de violencia contra trabajadores de la prensa a la par de una política de asfixia sobre los medios de comunicación. Solo en este mes de enero 2021 se han dado ataques directos contra VPItv, Tal Cual, Panorama, Efecto Cocuyo, El Pitazo, Fe y Alegría, y Caraota Digital, entre otros.
En esta oportunidad los ataques han sido contra La Gran Aldea y llegan de forma directa desde una Comisión Especial de la Asamblea Nacional surgida del proceso del pasado 6 de diciembre. El régimen, a través de sus distintos voceros y ejecutores, pasa de la persecución al hostigamiento y de allí a la difamación, siempre como formas de estructurar la censura en Venezuela.
Para quienes ejercen el poder en Venezuela, y que han dicho estar dispuestos a todo para perpetuarse en esas funciones, es necesario el “manejo” de las masas, lo que implica esconderles una base fundamental del conocimiento, bloquear el acceso a la información. Como ya hemos dicho desde esta tribuna, y reiteramos responsablemente en esta ocasión, un ser humano con ideas propias, capaz de cuestionarse a sí mismo y a su entorno, es un peligro para el logro de estos objetivos, porque ciudadanos informados y con sentido crítico dan lugar a la participación y a la acción, por lo tanto, son enemigos declarados de quienes fomentan las distintas formas de sumisión.
Estos ataques sistemáticos han sido documentados internacionalmente, incluso la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido a las autoridades venezolanas al respecto sin que hasta ahora esto haya generado un cambio en su proceder; al contrario, parecen constituir un desafío para quienes encuentran en el desmantelamiento de la institucionalidad democrática la única vía para sostenerse.
La Gran Aldea nació hace casi año y medio como un semillero para la generación de ideas y una vía para hacer comunidad, entendiendo que los venezolanos se encuentran hoy dentro y fuera de las fronteras del país, pero unidos por una preocupación común: Rescatar la democracia y construir un mejor país.
A pesar de esta nueva arremetida, en La Gran Aldea seguiremos comprometidos en ofrecer información para entender, trabajando por la defensa de la libertad de expresión y los derechos ciudadanos, y fortaleciendo la conexión entre los venezolanos, sabiendo que esa es una fuerza ciudadana poderosa capaz de pensar y aventurar soluciones para un país que así lo demanda.